Guatemala atraviesa una férrea pugna por el control del sistema judicial, en un proceso que incluye la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el relevo en la Fiscalía General, decisiones clave para el combate a la corrupción en el país centroamericano.
Esta semana, la elección de un magistrado titular de la CC por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se vio marcada por la intervención de última hora del Ministerio Público, lo que generó críticas locales e internacionales contra la institución dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
Pese a ello, la abogada Astrid Lemus fue electa para el período 2026-2031, decisión celebrada por Human Rights Watch (HRW), cuyo subdirector para las Américas, Juan Pappier, afirmó que las “trampas e intimidaciones” no lograron frustrar el proceso.
En paralelo, el Congreso deberá elegir este semestre a cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral para un período de seis años, a partir de una nómina propuesta por una Comisión de Postulación. Estos magistrados estarán a cargo de organizar las elecciones generales del próximo año, en un contexto donde la credibilidad del organismo ha sido cuestionada por presuntas irregularidades en comicios anteriores.
La Corte de Constitucionalidad, integrada por cinco magistrados designados por distintos órganos del Estado, es considerada la elección más trascendental, ya que sus fallos pueden definir el rumbo político del país. Analistas señalan que asegurar al menos tres magistrados comprometidos con la lucha contra la impunidad será determinante para el futuro institucional de Guatemala.
Además, en mayo se definirá el nuevo fiscal general que sustituirá a Consuelo Porras, cuyo mandato de ocho años ha estado marcado por señalamientos de socavar la democracia.
El presidente Bernardo Arévalo de León elegirá al sucesor de una lista de seis candidatos propuestos por una Comisión de Postulación, una decisión que marcará la orientación de la política criminal del país. La disputa por estos cargos ha elevado la tensión política, especialmente tras el allanamiento a las elecciones del CANG, recordando episodios similares ocurridos en 2023.
