Una jueza federal en Maryland exigió este lunes garantías al gobierno de Estados Unidos de que no deportará al salvadoreño Kilmar Ábrego Garcia mientras se mantenga vigente una orden judicial que impide su expulsión del país. La medida se da luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificara su intención de enviarlo a Liberia tan pronto como este viernes.
Ábrego Garcia, quien reside desde hace años en Maryland, está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de un hijo nacido en EE.UU. Migró ilegalmente al país durante su adolescencia y, en 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra una deportación a El Salvador, debido a una amenaza creíble de violencia por parte de una pandilla que atacó a su familia.
Sin embargo, a inicios de este año fue deportado por error a El Salvador, donde fue recluido en el CECOT a pesar de no tener antecedentes penales. Su caso provocó una ola de indignación contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En junio, y tras la presión mediática y una orden judicial, la administración lo regresó a territorio estadounidense.
Durante una audiencia celebrada este lunes, la jueza Paula Xinis cuestionó por qué el gobierno no lo deporta a Costa Rica, país que, según la defensa de Ábrego Garcia, ha ofrecido recibirlo como inmigrante legal sin riesgo de repatriación a El Salvador.
“¿Por qué seguimos con esta audiencia si podrían enviarlo mañana mismo a un tercer país?”, cuestionó la magistrada al equipo legal del gobierno.
Los fiscales federales Drew C. Ensign y Jonathan Guynn no ofrecieron una respuesta concreta, pero indicaron que el tema podría aclararse en futuras presentaciones judiciales. Mientras tanto, ICE está preparando una entrevista para evaluar el temor expresado por Ábrego Garcia de ser deportado a Liberia.
Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que han recibido algunos documentos clasificados con promesas del gobierno liberiano sobre su tratamiento, pero no consideran suficientes dichas garantías. Incluso insinuó que Liberia solo estaría dispuesto a recibirlo temporalmente.
El caso también ha puesto nuevamente en el centro del debate los acuerdos de deportación de Estados Unidos con terceros países, criticados por organizaciones defensoras de derechos humanos que advierten que estas políticas violan el debido proceso y exponen a los migrantes a graves riesgos. Aunque en junio la Corte Suprema permitió deportaciones aceleradas a terceros países, la legalidad de estos traslados sigue en disputa.
Paralelamente, Ábrego Garcia enfrenta un proceso penal en Tennessee, donde fue acusado de tráfico de personas tras su retorno en junio. Él se ha declarado inocente y ha solicitado al juez la desestimación de los cargos. La audiencia para decidir sobre esa solicitud está programada para la próxima semana.
La jueza Xinis cuestionó que ICE pretenda deportarlo justo antes de esa vista judicial. “No parece coincidencia que quieran removerlo antes de la audiencia penal”, dijo, y recalcó que su orden judicial sigue vigente. “Si no levanto la medida, ¿están comprometidos a cumplirla y no lo van a deportar?”, preguntó al equipo gubernamental, quienes confirmaron que respetarán la decisión.
Ábrego Garcia también mantiene abierta una solicitud de asilo en la corte de inmigración.
