La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, denunció este lunes que Estados Unidos impuso sanciones a nueve funcionarios de la institución, colocándolos “al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes”, en respuesta a las investigaciones por crímenes de guerra que involucran a Israel y Palestina.
Durante la apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte, celebrada en La Haya, Akane calificó estas medidas como “ataques sin precedentes” y aseguró que la independencia del tribunal “permanece intacta”, a pesar de las presiones derivadas de la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
Las sanciones, impuestas este año por el gobierno estadounidense, alcanzan a seis jueces y tres fiscales. La presidenta explicó que estas restricciones han afectado severamente la vida personal y familiar de los sancionados, incluso limitando sus operaciones financieras en países miembros de la CPI, incluidos algunos en Europa.
En paralelo, Rusia también ha intensificado su ofensiva legal contra el tribunal. Moscú emitió órdenes de detención contra nueve jueces y contra la Presidencia de la CPI, luego de que esta dictara una orden de arresto contra Putin por la deportación forzada de niños ucranianos durante el conflicto en ese país.
“Estas medidas buscan socavar la existencia misma de la Corte”, advirtió Akane ante representantes de los Estados Parte. Sin embargo, reafirmó el compromiso de la institución con la justicia internacional y subrayó que los procedimientos judiciales seguirán avanzando “con eficacia y expedición”.
La presidenta recordó que cualquier disputa con el tribunal debe resolverse conforme al Estatuto de Roma, y urgió a los países a utilizar los mecanismos de consulta previstos, antes de desatender las órdenes judiciales emitidas por la CPI.
Uno de los incidentes más recientes ocurrió en julio, cuando Hungría no ejecutó la orden de detención contra Netanyahu durante su visita a ese país, lo que llevó a la Corte a denunciar el hecho como un incumplimiento de sus obligaciones legales. En enero, Italia dejó en libertad al jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, pese a una orden internacional de arresto por crímenes cometidos en la prisión de Mitiga, en Trípoli.
