Etiqueta: Corte Suprema de Justicia

  • Corte Suprema de Justicia acuerda conversión y ampliación de competencias en juzgados en San Miguel

    Corte Suprema de Justicia acuerda conversión y ampliación de competencias en juzgados en San Miguel

    La Corte Suprema de Justicia notificó a la Asamblea Legislativa sobre una propuesta de reformas a la Ley Orgánica Judicial, aprobada en Corte Plena el pasado 4 de noviembre, con el objetivo de reestructurar y redistribuir la carga de trabajo en los juzgados del departamento de San Miguel.

    El plan contempla la conversión de los Juzgados de Primera Instancia de Ciudad Barrios y Chinameca en nuevos juzgados especializados, así como la ampliación de competencias territoriales para diversas sedes judiciales civiles, mercantiles, laborales y penales.

    Según uno de los considerandos, los controles estadísticos de la Corte revelaron una sobrecarga de trabajo en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel. Por ello, se propone una reorganización interna con los recursos existentes para garantizar un mejor acceso a la justicia.

    La Asamblea Legislativa debe dar por recibida la reforma y mandarla a publicar al Diario Oficial para que entre en vigencia.

    Principales reformas aprobadas en Corte Plena:

    Conversión de juzgados: El Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios se convierte en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Miguel, mientras que el de Chinameca será el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Miguel. Ambos mantendrán su sede original, pero asumirán competencia en todo el departamento.

    Ampliación de competencia: Los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel extenderán su jurisdicción a todos los distritos del departamento. Lo mismo aplicará para los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción, que asumirán procesos penales provenientes de los distritos de Ciudad Barrios y Chinameca.

    Juzgado de lo Laboral: El Juzgado de lo Laboral de San Miguel absorberá todos los procesos laborales activos e inactivos que estaban bajo la competencia de los juzgados convertidos.

    Redistribución penal: Los casos penales en trámite serán asignados de forma equitativa entre los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción, mediante la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas de San Miguel.

    Segunda instancia: La Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente será competente para conocer en apelación los casos tramitados en los Juzgados Cuarto y Quinto de lo Civil y Mercantil.

    Garantía de derechos laborales: El acuerdo garantiza el respeto pleno de los derechos laborales del personal de los juzgados convertidos. Su incorporación a los nuevos juzgados será evaluada por la Corte Suprema según criterios técnicos y el Manual de Clasificación de Cargos vigente.

    Además, se establece que durante los primeros cuatro meses a partir de la entrada en vigencia del decreto —la cual se dará 60 días después de su publicación en el Diario Oficial—, la recepción de nuevas demandas corresponderá exclusivamente a los Juzgados Cuarto y Quinto de lo Civil y Mercantil.

    Casos fenecidos y archivo judicial: Los expedientes cerrados de los juzgados convertidos serán enviados al Archivo Especializado Judicial. Las partes interesadas podrán solicitar certificaciones o constancias ante los nuevos juzgados, según corresponda.

    Los juzgados transformados deberán remitir todos los procesos activos o en trámite al Juzgado de lo Laboral y a los juzgados de Instrucción mencionados, en un plazo máximo de 90 días, a través de la Secretaría Receptora.

    Gestión tecnológica: La distribución de demandas y asignaciones podrá realizarse utilizando herramientas tecnológicas. La Secretaría Receptora comunicará digitalmente las asignaciones tanto a los juzgados como a los usuarios del sistema judicial.

    Finalmente, dicha Secretaría también será responsable de designar a los juzgados de instrucción encargados de conocer los casos provenientes de Juzgados de Paz de los distritos ubicados en los municipios de San Miguel Norte y San Miguel Oeste.

     

  • Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) continúa desmoronándose institucionalmente tras la renuncia de cinco magistrados en una semana, tres de ellos este martes: Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, quienes argumentaron motivos de salud o edad avanzada para abandonar el cargo, según informó la Asamblea Nacional.

    Las dimisiones de esta semana se suman a las de Yadira Centeno y Ellen Lewin, presentadas días antes por razones similares, y que fueron aceptadas de forma expedita por el pleno del Parlamento, controlado por el oficialismo.

    Con estas salidas, la CSJ queda integrada por solo 5 magistrados de los 16 que originalmente la conformaban. Desde 2019, tras el estallido de la crisis sociopolítica en el país, nueve jueces han renunciado y dos han fallecido, profundizando la inestabilidad del Poder Judicial.

    El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, presentó ya una lista de cinco nuevos candidatos para ocupar las vacantes, entre ellos, Ana Julia Guido, actual fiscal general y exsubdirectora de la Policía Nacional. Guido es conocida por su cercanía al círculo de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    También figuran Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, magistrados de apelaciones que han sido sancionados por EE. UU. por su papel en el retiro de la nacionalidad a más de 300 opositores nicaragüenses. Completan la lista Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo.

    Desde febrero de 2025, Nicaragua implementó una reforma constitucional profunda que redujo el número de magistrados de la CSJ de 16 a 10 y otorgó al presidente Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la facultad de nombrar al titular de la Corte por seis años. Esta misma reforma eliminó el equilibrio de poderes y subordinó formalmente al Poder Judicial bajo el control directo del Ejecutivo.

    Críticas internacionales: ¿una dictadura constitucionalizada?

    La reforma ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y por diversas organizaciones de derechos humanos. Los críticos advierten que la reforma no solo legaliza el autoritarismo, sino que también establece el control absoluto del Ejecutivo sobre el Estado, eliminando la división de poderes.

    Entre los cambios más polémicos se incluyen:

    Ampliación del período presidencial de cinco a seis años.
    Establecimiento formal de la figura de copresidencia para Rosario Murillo.
    Reconfiguración de los «poderes del Estado», que pasan a ser “órganos” coordinados directamente por el Ejecutivo.
    Legalización de la apatridia, usada como castigo contra opositores.

    La renuncia masiva de magistrados y la concentración de poder en manos de Ortega y Murillo evidencian una crisis institucional sin precedentes en Nicaragua. Mientras el oficialismo reestructura el sistema judicial a su conveniencia, la comunidad internacional observa con preocupación lo que muchos consideran una consolidación de una dictadura bajo marco legal.

     

  • Sala de lo Constitucional avala que se demande a funcionarios municipales que notifican despidos ilegales

    Sala de lo Constitucional avala que se demande a funcionarios municipales que notifican despidos ilegales

    La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que no existe inconstitucionalidad en dos disposiciones de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal que permiten exigir el pago de salarios caídos al funcionario que notificó un despido ilegal.

    La Sala determinó que no existe inconstitucionalidad en el artículo 75 incisos 5º y 7º de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal por la supuesta vulneración al derecho de la propiedad en relación a la frase: “o del funcionario de nivel de dirección que notificó el despido de forma ilegal”.

    La Sala indicó que la disposición “solo es aplicable a los funcionarios de nivel de dirección que incurran en una notificación ilegal” y descarta la posibilidad de que se aplique de manera “automática”.

    Según la Sala, la posibilidad de dictar una acción ejecutiva contra el funcionario que notificó el despido “deberá entenderse” en los casos relacionados a las “atribuciones propias del cargo de los funcionarios de nivel de dirección, dejando fuera los casos en que un servidor actúe como mero ejecutor” de la notificación, y en casos considerados ilegales por falta de competencia o cuando la notificación viola “un derecho fundamental”.

    El inciso quinto del artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal establece que si se declara la nulidad del despido del empleados municipal, el juez ordenará la restitución y pago de salarios «por cuenta» de miembros del concejo, alcalde o «del funcionario de nivel de dirección que notificó el despido de forma ilegal». El inciso séptimo habilita al empleado a tomar acción ejecutiva contra el funcionario que le notificó ilegalmente el despido, además de alcalde y concejales.

    La demanda de inconstitucionalidad se originó desde el año 2023 de resoluciones judiciales de inaplicabilidad por parte de la Cámara Primera de lo Laboral de 11 despidos. Una demanda fue interpuesta contra el jefe de la Unidad de Servicios Municipales de Chalchuapa, quien notificó un despido.

    Los magistrados que suscribieron la sentencia fueron los magistrados propietarios Henry Alexander Mejía, Elsy Dueñas Lovos, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahún Martínez y el suplente Ramón Iván García.

  • Abogados de Rais piden a tribunal que gestione que Canadá juzgue a canadienses acusados por falsedad en El Salvador

    Abogados de Rais piden a tribunal que gestione que Canadá juzgue a canadienses acusados por falsedad en El Salvador

    Los abogados del empresario salvadoreño Enrique Rais solicitaron al Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador que pida cooperación judicial a Canadá para procesar a los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, señalados por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de su cliente.

    La petición fue presentada mediante un escrito firmado por el abogado Rafael Hernán Cortez Saravia, en calidad de apoderado judicial de Rais. En el documento se solicita a la Corte Suprema de Justicia emitir una carta rogatoria al gobierno canadiense con el objetivo de notificar formalmente a los acusados y trasladar el expediente judicial, con el fin de que el proceso se realice en Canadá. Esto debido a que no existe un tratado de extradición vigente entre ambos países.

    Según la defensa, los imputados habrían proporcionado una dirección falsa en Canadá para evitar la acción de la justicia salvadoreña, lo que podría constituir un fraude procesal. Un informe privado fechado el 28 de junio de 2025 confirmó que dicha dirección no corresponde a ningún domicilio u oficina vinculada a los procesados.

    El abogado Cortez advirtió que, de no ejecutarse esta cooperación internacional, el juicio podría quedar en una formalidad vacía sin posibilidad de ejecutar una eventual condena. Como respaldo a su petición, citó una alerta de viaje del gobierno canadiense sobre el “riesgo de aplicación arbitraria de las leyes locales” en El Salvador, así como pronunciamientos de relatores de Naciones Unidas que alertan sobre reformas que afectan el debido proceso.

    En su escrito, Cortez invocó el principio jurídico internacional aut dedere aut judicare, que compromete a los Estados a juzgar en su territorio a sus nacionales acusados de delitos graves en otros países, si no se concede la extradición.

    En este caso, el abogado pidió que Canadá someta a juicio a Pasquale y Pacetti por el delito de falsedad ideológica, equiparable a la “falsificación” establecida en el artículo 366 del Código Penal canadiense.

    La audiencia preliminar en El Salvador está programada para el 30 de octubre de 2025, pero los acusados podrían no presentarse. Hasta ahora, las autoridades salvadoreñas solo han emitido edictos en medios de comunicación, sin emprender acciones consulares ni requerimientos internacionales efectivos.

    El abogado también denunció que varios documentos notariales y firmas presentadas por los acusados habrían sido falsificadas. Además, acusó a la Fiscalía General de la República de omitir diligencias clave, lo cual habría entorpecido el avance del caso judicial.

    Cortez solicitó formalmente suspender la audiencia preliminar prevista y reiteró la necesidad de notificar a los acusados a través de cooperación internacional, trasladar el caso a la jurisdicción canadiense y garantizar así justicia para la víctima y el respeto al debido proceso.

  • Plataforma digital de edictos judiciales dejó un ahorro de más de $28,000 en primer trimestre de funcionamiento, según CSJ

    Plataforma digital de edictos judiciales dejó un ahorro de más de $28,000 en primer trimestre de funcionamiento, según CSJ

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reportó a través de las sesiones de la Corte Plena que la implementación de la plataforma digital para la publicación de edictos judiciales generó un ahorro financiero de más de $28,000, durante su primer trimestre de funcionamiento.

    El acta número 53, de la sesión del 17 de julio de 2025 de la Corte Plena, reveló que desde el 1 de abril, que la herramienta digital empezó a funcionar, hasta junio del presente año se emitieron un total de 256 edictos judiciales a través de la nueva plataforma, tanto en Juzgados como en Cámaras, y con ello eliminar el uso de publicaciones en medios tradicionales como prensa escrita.

    Un edicto judicial es un anuncio oficial que realiza un juzgado o tribunal para comunicar públicamente una resolución, citación u otra actuación procesal, especialmente cuando no se puede notificar directamente a una persona involucrada en un proceso judicial. Estos edictos se publican para que cualquier interesado o parte afectada tenga conocimiento de la actuación judicial y pueda ejercer su derecho de defensa.

    Del total de publicaciones, el 50 % (128) fueron emitidos en el departamento de San Salvador, el 41 % (105) en San Miguel y apenas un 9 % (23) fueron en el departamento de Santa Ana. En ese sentido, los magistrados expresaron durante la sesión que existe la necesidad de fortalecer el uso de la herramienta en las sedes con menor actividad digital y revisar las causas del bajo porcentaje registrado, como fue en el caso de Santa Ana.

    Esta es la plataforma de los edictos judiciales de la CSJ. / Captura de pantalla.

    La Corte destacó que desde el mes de abril que se habilitó la plataforma, ya no se reciben edictos para publicación tradicional y que con los 256 edictos publicados en el sitio web, el Órgano Judicial ha ahorrado un monto total de $28,482.

    Tras los resultados por el uso de la plataforma en los primeros tres meses, se consultó si la plataforma podría extenderse a los tribunales de instrucción ordinaria, dado «el buen resultado» que ha tenido en su aplicación inicial dentro del área de crimen organizado. En respuesta, se indicó que la implementación en crimen organizado es solo un punto de partida y que se busca modernizar gradualmente todo el sistema de justicia mediante el uso de tecnologías digitales.

    Además, señalaron que actualmente los juzgados contra el crimen organizado están en la fase de agrupamiento, por lo que probablemente después del mes de agosto el número incremente exponencialmente y sugieren que se incluya en la capacitación el sentido de la jurisprudencia constitucional para asegurar que el uso de la herramienta digital se mantenga dentro del marco legal vigente.

    En ese sentido, se sugirió programar nuevas capacitaciones para aquellos tribunales que aún no están utilizando la plataforma, que se brinde información comparativa entre el método tradicional de publicación y el digital.

    En marzo de 2025, la CSJ informó sobre el cambio en la publicación de los edictos judiciales con el propósito de facilitar el acceso a la información de procesos judiciales en los tribunales del país, así como el fortalecimiento de la transformación digital y la reducción de costos operativos en el sistema judicial.

  • CSJ comprará armas de fuego para personal de seguridad por más de $83,000

    CSJ comprará armas de fuego para personal de seguridad por más de $83,000

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invertirá más de $83,000 en la adquisición de armas de fuego para equipar al personal de seguridad del Órgano Judicial, según consta en una oferta publicada en el portal de compras de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    De acuerdo con el documento, la compra contempla un lote de 37 armas, dividido en dos categorías. La primera incluye 20 armas «cortas», que corresponden a pistolas calibre 9 milímetros (mm), con un precio unitario de $1,168.20, lo que representa un total de $23,364.

    Estas armas deberán tener una longitud de cañón de entre 3.5 a 5 pulgadas y un cargador con capacidad entre 15 y 17 cartuchos.

    La segunda categoría comprende 17 armas «largas», clasificadas como pistolas o carabinas tipo subametralladora, de calibre 5.56 mm, semiautomáticas y con capacidad entre 20 y 30 cartuchos. El precio por unidad es de $3,564, sumando un total de $60,588.

    En total, el monto destinado a esta adquisición de armas para el personal de seguridad de la Corte es de $83,952, que serán financiados por el Estado.

    La CSJ también ha especificado que las armas deberán contar con una garantía mínima de un año contra desperfectos de fábrica y que los oferentes deberán anexar copia del Permiso Especial de Comercialización de Armas de Fuego y Municiones.

    En caso de que las empresas no cuenten con los permisos de comercialización de armas de fuego o artículos similares vigente, la Corte indica que pueden ser subsanables con una declaración jurada, debidamente autenticada por notario, en la que se especifique que se encuentran en trámite los referidos permisos ante el Ministerio de la Defensa Nacional.

    La oferta fue publicada el 11 de septiembre y estará abierta hasta el próximo 10 de noviembre de 2025, según se lee en la respectiva licitación de compra.

    En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas por un costo de $54,741.

  • Cámara instala audiencia por enriquecimiento ilícito contra exdiputado de Gana, Rigoberto Soto

    Cámara instala audiencia por enriquecimiento ilícito contra exdiputado de Gana, Rigoberto Soto

    La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla instaló este martes la audiencia preparatoria dentro del proceso civil por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado Rigoberto Soto, junto a su esposa Vanessa María Handal de Lazo.

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en mayo la demanda por presunto enriquecimiento ilícito señalando 25 irregularidades detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    Entre ellas destacan depósitos bancarios, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, así como la compra de vehículos, por un monto total de $392,989.62 no justificados.

    La Cámara anunció que el próximo 17 de septiembre emitirá la resolución sobre la admisión de pruebas y el avance hacia la etapa probatoria del caso.

    Rigoberto Soto, quien representó a la Asamblea Legislativa por el partido ARENA (2012-2015) y posteriormente a GANA, donde lideró el grupo parlamentario “Unidos por El Salvador” y más tarde se desempeñó como viceministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Nayib Bukele.

    En 2022, solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción de un nuevo partido político denominado Fuerza Solidaria, tras anunciar su renuncia a GANA.

     

  • Presentan una tercera demanda de inconstitucionalidad contra reforma que autoriza la reelección presidencial indefinida

    Presentan una tercera demanda de inconstitucionalidad contra reforma que autoriza la reelección presidencial indefinida

    El Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora presentó este miércoles una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que declare inconstitucionales las reformas constitucionales que habilitan la reelección presidencial indefinida en El Salvador. La organización solicitó además la suspensión inmediata de la entrada en vigencia de dichas reformas, aprobadas y ratificadas por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de julio.

    El abogado Patricio Pineda, miembro del movimiento, explicó que el recurso se fundamenta en que el procedimiento de reforma constitucional fue violentado y contradice el espíritu de la Constitución de 1983, redactada tras una Asamblea Constituyente electa democráticamente.

    «Uno de los argumentos que más pesa en la demanda es que el procedimiento como tal para la reforma constitucional ha sido violentado; por otro lado hay un contexto histórico del que poco se habla y es que la Constitución vigente de 1983 se realizó por medio de elecciones del soberano, fueron convocadas en marzo de 1983 y llevó todo un proceso, para que en diciembre de ese mismo año estuviera entrando en vigencia y que estableció los artículos 152 y 154 que son los que limitan ese abuso de darle continuidad en el poder a un solo individuo», alegó Pineda.

    Asimismo, los demandantes cuestionan la disposición transitoria que recorta el periodo presidencial 2024-2029 hasta el 2027, con el argumento de hacer coincidir las elecciones presidenciales con las municipales y legislativas. Para Pineda, esta maniobra representa una manipulación ilegítima de las reglas del juego electoral con fines populistas.

    Para Pineda esa disposición obedece a que haber «cortado el período presidencial que era 2024-2029 y se lo han cortado hasta el 2027, esto es una salvaguarda, ellos están manipulando las reglas del juego, porque saben que de cara a la población, estos señores que están aquí en la Asamblea Legislativa están completamente derribados, ahí están las estadísticas, la nota que estos señores tienen no llega ni al 6, por tanto ellos necesitan agarrarse del populismo de la persona que está en Casa Presidencial y por ello han cambiado las reglas del juego de forma ilegítima».

    Otro de los firmantes, Guillermo García, indicó que en la demanda se pide a la Sala de lo Constitucional decretar la suspensión inmediata del Acuerdo de Reforma Constitucional No. 3 y su decreto de ratificación. De no admitirse, los abogados afirmaron que acudirán a organismos internacionales para denunciar lo que consideran una amenaza grave a la democracia salvadoreña.

    La demanda presentada este 21 de agosto se convierte en la tercera acción de inconstitucionalidad contra las reformas de reelección presidencial. La primera fue interpuesta por la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos el 8 de agosto, y la segunda por el Movimiento de Izquierda Salvadoreña, liderado por Walter Raudales, el 20 de agosto.

    El abogado Luis Rivera, también firmante del recurso, advirtió que aunque la demanda cumple con los requisitos legales, la composición actual de la Sala de lo Constitucional responde a intereses políticos, lo que podría impedir su admisión.

     

     

  • CSJ destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco dependencias

    CSJ destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco dependencias

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco de sus dependencias, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    La licitación de compra con fecha del 11 de agosto de 2025, expone que el Órgano Judicial pretende adquirir 1,719 dispositivos para los sistemas de alarma contra incendios, los cuales serán distribuidos en las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ, los centros judiciales de Soyapango, Ciudad Delgado, Metapán, y el Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador.

    En detalle, se compraría cinco paneles de control de alarma de incendio direccionable, 1,105 detectores de humo fotoeléctrico, 74 detectores multicriterio humo/monóxido (para sótanos) y 92 detectores de temperatura

    Además de 207 luces estroboscópicas con sirena, 226 estación manual de incendio, cinco paneles de control y cinco teclados anunciadores.

    La instalación de los sistemas contra incendios se contempla con los siguientes costos: para las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, el monto asciende a $87,046.40.

    Mientras que para el Centro Judicial de Soyapango, $68,000; que para el Centro Judicial de Ciudad Delgado, $64,000; y para el Centro Judicial de Metapán por $60,000. En el caso del Instituto de Medicina Legal, la compra e instalación de los equipos está valorada en $76,000.

    En total, dichos insumos se comprarán por un monto total de $355,046.40 que serán financiados con fondos del Gobierno, según detalla la oferta de compra.

    En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

    La compra de vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por más de $182,000 y otros $54,000 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

    A estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,000 financiados con fondos del Estado; la adquisición de equipo de audio y videoconferencia para equipar las salas de audiencia de los centros judiciales del país por $1.8 millones y $2.4 millones para la compra de una nueva flota de vehículos para el uso de la institución

  • Avalan convertir Juzgado de Dulce Nombre de María a Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en Chalatenango

    Avalan convertir Juzgado de Dulce Nombre de María a Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en Chalatenango

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en sesión de la Corte Plena aprobó que el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María se convierta en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango con el propósito de reducir y equilibrar la carga judicial de las instancias de justicia de dicho sector.

    De acuerdo con lo discutido por los magistrados, la decisión corresponde a que el actual Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango registró en el último año más de 6oo causas, cifra que se asemeja a la carga laboral de los juzgados de San Salvador y en contraste al Juzgado Primera Instancia de Dulce Nombre de María, que aseguran «es la sede judicial que menos carga tiene de los juzgados con carga mixta a nivel nacional».

    Ante esta situación, la Corte consideró viable y necesaria la conversión, con el fin de redistribuir de forma más equitativa la carga de trabajo entre los órganos jurisdiccionales del departamento. Para ello, también se acordó redistribuir la competencia penal y laboral que actualmente maneja el Juzgado de Dulce Nombre de María.

    En ese sentido, la carga actual del Juzgado de Dulce Nombre de María se dividirá en partes iguales entre los juzgados de Instrucción de Tejutla y Chalatenango, mientras que los nuevos ingresos en materia civil y mercantil se asignarán exclusivamente al nuevo juzgado. Dicha redistribución busca mantener el equilibrio en cuanto a volumen y complejidad de los procesos judiciales que se puedan conocer en cada sede antes mencionada.

    Tras los cambios acordados, se determinó que el nombre del actual Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango pasará a ser Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, para su mejor organización.

    La redistribución se avaló el 24 de junio de 2025 y forma parte del Plan Estratégico Institucional, la cual fue previamente analizada por la Comisión de Modernización, según consta en el acta número 46 de la Corte Plena. Sin embargo, la CSJ publica las actas con varias semanas de retraso.

    Durante la sesión, algunos magistrados expresaron inquietudes sobre la asignación de casos y la complejidad de los asuntos que suelen ventilarse en las cabeceras departamentales. No obstante, se ratificó que el análisis realizado contempló esos aspectos, priorizando tanto la carga cuantitativa como la naturaleza de los casos.

    Otras aprobaciones

    Como parte del rediseño, los magistrados también aprobaron la creación de una Oficina Distribuidora de Procesos (ODP), que tendrá a su cargo la asignación equitativa de causas entre el nuevo Juzgado Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, así como para los Juzgados Primero y Segundo de Paz del mismo departamento.

    La propuesta incluye además una reforma a la Ley Orgánica Judicial, a fin de formalizar los cambios de denominación y competencia territorial. Dicha iniciativa será enviada a la Asamblea Legislativa como anteproyecto de decreto para su análisis y eventual aprobación.

    El acuerdo fue respaldado con el voto de 14 magistrados, quienes coincidieron en la necesidad de implementar una reestructuración judicial que responda a la realidad operativa del territorio y facilite un proceso más especializada y accesible en materia de lo penal.