La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reportó a través de las sesiones de la Corte Plena que la implementación de la plataforma digital para la publicación de edictos judiciales generó un ahorro financiero de más de $28,000, durante su primer trimestre de funcionamiento.
El acta número 53, de la sesión del 17 de julio de 2025 de la Corte Plena, reveló que desde el 1 de abril, que la herramienta digital empezó a funcionar, hasta junio del presente año se emitieron un total de 256 edictos judiciales a través de la nueva plataforma, tanto en Juzgados como en Cámaras, y con ello eliminar el uso de publicaciones en medios tradicionales como prensa escrita.
Un edicto judicial es un anuncio oficial que realiza un juzgado o tribunal para comunicar públicamente una resolución, citación u otra actuación procesal, especialmente cuando no se puede notificar directamente a una persona involucrada en un proceso judicial. Estos edictos se publican para que cualquier interesado o parte afectada tenga conocimiento de la actuación judicial y pueda ejercer su derecho de defensa.
Del total de publicaciones, el 50 % (128) fueron emitidos en el departamento de San Salvador, el 41 % (105) en San Miguel y apenas un 9 % (23) fueron en el departamento de Santa Ana. En ese sentido, los magistrados expresaron durante la sesión que existe la necesidad de fortalecer el uso de la herramienta en las sedes con menor actividad digital y revisar las causas del bajo porcentaje registrado, como fue en el caso de Santa Ana.
Esta es la plataforma de los edictos judiciales de la CSJ. / Captura de pantalla.
La Corte destacó que desde el mes de abril que se habilitó la plataforma, ya no se reciben edictos para publicación tradicional y que con los 256 edictos publicados en el sitio web, el Órgano Judicial ha ahorrado un monto total de $28,482.
Tras los resultados por el uso de la plataforma en los primeros tres meses, se consultó si la plataforma podría extenderse a los tribunales de instrucción ordinaria, dado «el buen resultado» que ha tenido en su aplicación inicial dentro del área de crimen organizado. En respuesta, se indicó que la implementación en crimen organizado es solo un punto de partida y que se busca modernizar gradualmente todo el sistema de justicia mediante el uso de tecnologías digitales.
Además, señalaron que actualmente los juzgados contra el crimen organizado están en la fase de agrupamiento, por lo que probablemente después del mes de agosto el número incremente exponencialmente y sugieren que se incluya en la capacitación el sentido de la jurisprudencia constitucional para asegurar que el uso de la herramienta digital se mantenga dentro del marco legal vigente.
En ese sentido, se sugirió programar nuevas capacitaciones para aquellos tribunales que aún no están utilizando la plataforma, que se brinde información comparativa entre el método tradicional de publicación y el digital.
En marzo de 2025, la CSJ informó sobre el cambio en la publicación de los edictos judiciales con el propósito de facilitar el acceso a la información de procesos judiciales en los tribunales del país, así como el fortalecimiento de la transformación digital y la reducción de costos operativos en el sistema judicial.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invertirá más de $83,000 en la adquisición de armas de fuego para equipar al personal de seguridad del Órgano Judicial, según consta en una oferta publicada en el portal de compras de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).
De acuerdo con el documento, la compra contempla un lote de 37 armas, dividido en dos categorías. La primera incluye 20 armas «cortas», que corresponden a pistolas calibre 9 milímetros (mm), con un precio unitario de $1,168.20, lo que representa un total de $23,364.
Estas armas deberán tener una longitud de cañón de entre 3.5 a 5 pulgadas y un cargador con capacidad entre 15 y 17 cartuchos.
La segunda categoría comprende 17 armas «largas», clasificadas como pistolas o carabinas tipo subametralladora, de calibre 5.56 mm, semiautomáticas y con capacidad entre 20 y 30 cartuchos. El precio por unidad es de $3,564, sumando un total de $60,588.
En total, el monto destinado a esta adquisición de armas para el personal de seguridad de la Corte es de $83,952, que serán financiados por el Estado.
La CSJ también ha especificado que las armas deberán contar con una garantía mínima de un año contra desperfectos de fábrica y que los oferentes deberán anexar copia del Permiso Especial de Comercialización de Armas de Fuego y Municiones.
En caso de que las empresas no cuenten con los permisos de comercialización de armas de fuego o artículos similares vigente, la Corte indica que pueden ser subsanables con una declaración jurada, debidamente autenticada por notario, en la que se especifique que se encuentran en trámite los referidos permisos ante el Ministerio de la Defensa Nacional.
La oferta fue publicada el 11 de septiembre y estará abierta hasta el próximo 10 de noviembre de 2025, según se lee en la respectiva licitación de compra.
En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas por un costo de $54,741.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla instaló este martes la audiencia preparatoria dentro del proceso civil por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado Rigoberto Soto, junto a su esposa Vanessa María Handal de Lazo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en mayo la demanda por presunto enriquecimiento ilícito señalando 25 irregularidades detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Entre ellas destacan depósitos bancarios, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, así como la compra de vehículos, por un monto total de $392,989.62 no justificados.
La Cámara anunció que el próximo 17 de septiembre emitirá la resolución sobre la admisión de pruebas y el avance hacia la etapa probatoria del caso.
Rigoberto Soto, quien representó a la Asamblea Legislativa por el partido ARENA (2012-2015) y posteriormente a GANA, donde lideró el grupo parlamentario “Unidos por El Salvador” y más tarde se desempeñó como viceministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Nayib Bukele.
En 2022, solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción de un nuevo partido político denominado Fuerza Solidaria, tras anunciar su renuncia a GANA.
El Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora presentó este miércoles una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que declare inconstitucionales las reformas constitucionales que habilitan la reelección presidencial indefinida en El Salvador. La organización solicitó además la suspensión inmediata de la entrada en vigencia de dichas reformas, aprobadas y ratificadas por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de julio.
El abogado Patricio Pineda, miembro del movimiento, explicó que el recurso se fundamenta en que el procedimiento de reforma constitucional fue violentado y contradice el espíritu de la Constitución de 1983, redactada tras una Asamblea Constituyente electa democráticamente.
«Uno de los argumentos que más pesa en la demanda es que el procedimiento como tal para la reforma constitucional ha sido violentado; por otro lado hay un contexto histórico del que poco se habla y es que la Constitución vigente de 1983 se realizó por medio de elecciones del soberano, fueron convocadas en marzo de 1983 y llevó todo un proceso, para que en diciembre de ese mismo año estuviera entrando en vigencia y que estableció los artículos 152 y 154 que son los que limitan ese abuso de darle continuidad en el poder a un solo individuo», alegó Pineda.
Asimismo, los demandantes cuestionan la disposición transitoria que recorta el periodo presidencial 2024-2029 hasta el 2027, con el argumento de hacer coincidir las elecciones presidenciales con las municipales y legislativas. Para Pineda, esta maniobra representa una manipulación ilegítima de las reglas del juego electoral con fines populistas.
Para Pineda esa disposición obedece a que haber «cortado el período presidencial que era 2024-2029 y se lo han cortado hasta el 2027, esto es una salvaguarda, ellos están manipulando las reglas del juego, porque saben que de cara a la población, estos señores que están aquí en la Asamblea Legislativa están completamente derribados, ahí están las estadísticas, la nota que estos señores tienen no llega ni al 6, por tanto ellos necesitan agarrarse del populismo de la persona que está en Casa Presidencial y por ello han cambiado las reglas del juego de forma ilegítima».
Otro de los firmantes, Guillermo García, indicó que en la demanda se pide a la Sala de lo Constitucional decretar la suspensión inmediata del Acuerdo de Reforma Constitucional No. 3 y su decreto de ratificación. De no admitirse, los abogados afirmaron que acudirán a organismos internacionales para denunciar lo que consideran una amenaza grave a la democracia salvadoreña.
La demanda presentada este 21 de agosto se convierte en la tercera acción de inconstitucionalidad contra las reformas de reelección presidencial. La primera fue interpuesta por la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos el 8 de agosto, y la segunda por el Movimiento de Izquierda Salvadoreña, liderado por Walter Raudales, el 20 de agosto.
El abogado Luis Rivera, también firmante del recurso, advirtió que aunque la demanda cumple con los requisitos legales, la composición actual de la Sala de lo Constitucional responde a intereses políticos, lo que podría impedir su admisión.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco de sus dependencias, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).
La licitación de compra con fecha del 11 de agosto de 2025, expone que el Órgano Judicial pretende adquirir 1,719 dispositivos para los sistemas de alarma contra incendios, los cuales serán distribuidos en las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ, los centros judiciales de Soyapango, Ciudad Delgado, Metapán, y el Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador.
En detalle, se compraría cinco paneles de control de alarma de incendio direccionable, 1,105 detectores de humo fotoeléctrico, 74 detectores multicriterio humo/monóxido (para sótanos) y 92 detectores de temperatura
Además de 207 luces estroboscópicas con sirena, 226 estación manual de incendio, cinco paneles de control y cinco teclados anunciadores.
La instalación de los sistemas contra incendios se contempla con los siguientes costos: para las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, el monto asciende a $87,046.40.
Mientras que para el Centro Judicial de Soyapango, $68,000; que para el Centro Judicial de Ciudad Delgado, $64,000; y para el Centro Judicial de Metapán por $60,000. En el caso del Instituto de Medicina Legal, la compra e instalación de los equipos está valorada en $76,000.
En total, dichos insumos se comprarán por un monto total de $355,046.40 que serán financiados con fondos del Gobierno, según detalla la oferta de compra.
En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.
La compra de vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por más de $182,000 y otros $54,000 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.
A estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,000 financiados con fondos del Estado; la adquisición de equipo de audio y videoconferencia para equipar las salas de audiencia de los centros judiciales del país por $1.8 millones y $2.4 millones para la compra de una nueva flota de vehículos para el uso de la institución
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en sesión de la Corte Plena aprobó que el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María se convierta en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango con el propósito de reducir y equilibrar la carga judicial de las instancias de justicia de dicho sector.
De acuerdo con lo discutido por los magistrados, la decisión corresponde a que el actual Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango registró en el último año más de 6oo causas, cifra que se asemeja a la carga laboral de los juzgados de San Salvador y en contraste al Juzgado Primera Instancia de Dulce Nombre de María, que aseguran «es la sede judicial que menos carga tiene de los juzgados con carga mixta a nivel nacional».
Ante esta situación, la Corte consideró viable y necesaria la conversión, con el fin de redistribuir de forma más equitativa la carga de trabajo entre los órganos jurisdiccionales del departamento. Para ello, también se acordó redistribuir la competencia penal y laboral que actualmente maneja el Juzgado de Dulce Nombre de María.
En ese sentido, la carga actual del Juzgado de Dulce Nombre de María se dividirá en partes iguales entre los juzgados de Instrucción de Tejutla y Chalatenango, mientras que los nuevos ingresos en materia civil y mercantil se asignarán exclusivamente al nuevo juzgado. Dicha redistribución busca mantener el equilibrio en cuanto a volumen y complejidad de los procesos judiciales que se puedan conocer en cada sede antes mencionada.
Tras los cambios acordados, se determinó que el nombre del actual Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango pasará a ser Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, para su mejor organización.
La redistribución se avaló el 24 de junio de 2025 y forma parte del Plan Estratégico Institucional, la cual fue previamente analizada por la Comisión de Modernización, según consta en el acta número 46 de la Corte Plena. Sin embargo, la CSJ publica las actas con varias semanas de retraso.
Durante la sesión, algunos magistrados expresaron inquietudes sobre la asignación de casos y la complejidad de los asuntos que suelen ventilarse en las cabeceras departamentales. No obstante, se ratificó que el análisis realizado contempló esos aspectos, priorizando tanto la carga cuantitativa como la naturaleza de los casos.
Otras aprobaciones
Como parte del rediseño, los magistrados también aprobaron la creación de una Oficina Distribuidora de Procesos (ODP), que tendrá a su cargo la asignación equitativa de causas entre el nuevo Juzgado Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, así como para los Juzgados Primero y Segundo de Paz del mismo departamento.
La propuesta incluye además una reforma a la Ley Orgánica Judicial, a fin de formalizar los cambios de denominación y competencia territorial. Dicha iniciativa será enviada a la Asamblea Legislativa como anteproyecto de decreto para su análisis y eventual aprobación.
El acuerdo fue respaldado con el voto de 14 magistrados, quienes coincidieron en la necesidad de implementar una reestructuración judicial que responda a la realidad operativa del territorio y facilite un proceso más especializada y accesible en materia de lo penal.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invertirá más de $2.4 millones para la adquisición de una nueva flota de vehículos para el uso de la institución, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).
La licitación de compra se lanzó el 21 de julio de 2025, la cual, contempla la adquisición de 153 vehículos, entre ellos, motocicletas, microbuses, unidades tipo sedán y camionetas que permitirán mejorar el desplazamiento del personal judicial.
En detalle, entre los tipos de automotor a comprar están:
68 vehículos de tipo sedán con un precio de unidad de $19,404 y un total de $1,319,472.
19 pick up doble cabina 4×4 a un precio individual de $28,549.22 que suman $542,435.26.
10 pick up doble cabina 4×4 con cámper a un precio unitario de $29,041.06 y un total de $290,410.56.
2 microbuses tipo panel a un costo de $15,048 por unidad, que suman $30,096.
5 microbuses con capacidad para 14 o 15 pasajeros a un costo unitario de $29,041.06 por un total de $145,205.28.
49 motocicletas a un precio por unidad de $2,376 y total de $116,424.
El monto total asciende a $2,444,043.10 que serán financiados con fondos del Gobierno, según detalla la oferta de compra.
De igual forma, la Corte plantea la contratación de servicio de transporte para el personal del Órgano Judicial por $339,637.86, también finaciados por el Estado.
En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.
La compra de 4,572 vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por $182,880 y otros $54,741 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.
Asimismo, la oferta para la compra para suministros de medicamentos para abastecer las clínicas empresariales del órgano judicial, para este año, por un valor total de $231,101.97 y la compra de suministros de equipos médicos y de laboratorio para el Instituto de Medicina Legal por $628,259.47.
A estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,222.90, financiados con fondos del Estado.
Y la compra de equipo de audio y videoconferencia para equipar las salas de audiencia de los centros judiciales del país por $1,855,743.
Al menos 188 abogados y notarios han sido suspendidos del ejercicio de la profesión por la Corte Suprema Justicia (CSJ) en los primeros cinco meses del año 2025, según consta en los informes de la Corte Plena.
Las suspensiones se recopilan desde el mes de enero hasta el 22 de mayo del presente, fecha que figura en el acta número 37, que corresponde a la última publicada en el sitio web del Órgano Judicial.
Las sanciones impuestas en la Sesión de Investigación Profesional de la CSJ, responden a diversas faltas disciplinarias cometidas, entre ellas, mala conducta profesional, ignorancia grave e incumplimiento de obligaciones notariales.
Entre los sancionados figuran Diego Balmore Escobar Portillo, suspendido en el ejercicio de la abogacía por el término de un año y cuatro meses por la infracción calificada como mala conducta profesional, luego de haber sido declarado responsable de la comisión del delito conforme al artículo 324 del Código Penal, según se expone en el acta número 5 de la Corte Plena.
El referido artículo señala que “el funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentos que debiesen permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.
Escobar Portillo recibió en el año 2022 una condena de un año y cuatro meses con la suspensión condicional de la ejecución de la pena por haber divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), considerado un documento en reserva.
Otro caso fue José Tomás Mejía Castillo, exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) durante el periodo 2000-2006, por el partido Partido Acción Nacional (Pan). De acuerdo con el informe, el exlegislador fue suspendido del ejercicio del notariado por un año. La CSJ lo sancionó por incurrir en «ignorancia grave», al no haber dado audiencia al Registrador Nacional de las Personas Naturales en un proceso de establecimiento subsidiario del estado familiar de casada.
También fue suspendido por un año el notario Rodrigo Alejandro Escobar Bolaños, exdirector de Actas y Acuerdos del Consejo Ejecutivo Nacional de Alianza Republicana Nacionalista (Coena) del patido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
La sanción se estableció debido a que Escobar Bolaños cometió incumplimiento de obligaciones por elaborar una escritura de rectificación de dación en pago y no presentarse al acto de otorgamiento, de modo que el instrumento no fue leído por el mismo, ni firmado en su presencia, según el acta número 7 de la Corte Plena, del 23 de enero de 2025.
A ellos se agrega el notario Jaime Ramírez Ortega, quien fue sancionado con un año de suspensión notarial tras ser declarado responsable de ignorancia grave por autorizar un instrumento sin la presencia de los testigos requeridos, según el acta número 36.
Aplicar una suspensión implica que los abogados no pueden realizar ninguna autentificación de firmas, tampoco actos notariales durante el tiempo por el que fue sancionado.
La mayoría de las suspensiones registradas por la CSJ son por falta de entrega de los libros como se regula en la Ley de Notariado, los cuales deben ser entregados dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que termina el año de su vigencia a la Sección de Notariado de la CSJ o al Juzgado de Primera Instancia.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, en abril, enviar a juicio civil por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco exdiputados de la Asamblea Legislativa, tres de Arena y dos de GANA, junto a sus respectivos grupos familiares, tras determinar la existencia de indicios razonables de incrementos patrimoniales no justificados.
La decisión de los magistrados se tomó con base a los informes de la Sección de Probidad, la cual fue discutida y votada en la sesión del 24 de abril de 2025, según consta en el acta número 30 de la Corte Plena.
Los exlegisladores enfrentarán procesos civiles por presunto enriquecimiento ilícito, con montos observados que van desde los $200,000 hasta más de $3 millones. Cada caso fue remitido a la cámara competente, según la jurisdicción correspondiente, para la continuación del proceso legal.
Silvia Ostorga, exdiputada de Arena. /Archivo DEM
El primer caso corresponde a la exdiputada de Arena, Silvia Estela Ostorga de Escobar y su esposo, a quienes se le atribuyen indicios de enriquecimiento ilícito por $3,822,778.28. El acta expone que la Sección de Probidad encontró 67 inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales correspondientes a tres períodos legislativos entre los años de 2012 y 2021.
Entre las irregularidades señaladas figuran depósitos bancarios sin origen comprobable, adquisición de inmuebles y vehículos, así como pagos de deudas sin respaldo documental. Incluso se incluyó una transferencia de $2,000a favor de su hija, quien no contaba con ingresos propios, aunque finalmente se decidió imputar ese monto directamente a la madre.
«Acerca de los depósitos a las cuentas de la declarante, se observaron porque se desconoce el origen de los fondos, no hay documento de soporte» Acta No. 30 de la Corte Plena
En el documento se expone que Ostorga argumentó que sus ingresos corresponden a un negocio de su propiedad y presentó como prueba de descargo documentos de impuesto a la renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como el pago a cuenta y estados financieros de los años investigados, «pero la documentación no es idónea para desvanecer los movimientos observados», resolvieron los magistrados.
Con 15 votos, los magistrados resolvió enviar el caso a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro con sede en San Salvador y dictar medidas cautelares sobre los bienes del grupo familiar y notificar a la Fiscalía General de la República (FGR).
Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, exdiputado de Arena.
El segundo se trata de Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, quien ocupó una curul en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2012-2015 por el patido Arena, la Sección de Probidad detectó un incremento patrimonial no justificado por un total de $214,683.22, atribuible tanto a él como a su cónyuge.
La investigación identificó nueve inconsistencias financieras, entre las que destacan depósitos en cuentas bancarias y transferencias internacionales sin respaldo documental. Señalar que, aunque su esposa presentó pruebas de descargo, estas consistieron en declaraciones juradas que señalan como origen de los fondos un negocio informal de lotería, sin documentación contable que permitiera verificar los ingresos.
Por su parte, el exlegislador no presentó justificación ante las observaciones ni ofreció pruebas que sustentaran su defensa. Tras descontar un superávit de ingresos personales por $26,897.04, el monto final sin justificar fue confirmado por la Corte Suprema. Con base en estos hallazgos, la Corte Plena resolvió, con 14 votos a favor, remitir el caso a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, decretar medidas cautelares sobre los bienes del grupo familiar y notificar a la Fiscalía.
Manuel Rigoberto Soto Lazo, exdiputado de Gana. Cortesía canal 21.
El siguiente es Manuel Rigoberto Soto Lazo, quien también fue diputado del partido Gana entre 2012 y 2015, enfrentará juicio civil junto a su esposa por enriquecimiento ilícito de $392,989.62. La Sección de Probidad detectó 25 inconsistencias, incluyendo depósitos bancarios sin origen identificado, compra de vehículos sin justificación y pagos de deudas.
El análisis expuso que se reportaron déficit entre sus ingresos y egresos, y con base a esa información, la CSJ decidió enviar el expediente de Soto Lazo a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, según el domicilio declarado por el exfuncionario. También se decretaron medidas sobre bienes y se notificó a la Fiscalía.
Jesús Grande, exdiputado de Gana./ Archivo DEM
El cuarto exdiputado es Jesús Grande, quien deberá responder ante la justicia civil por un presunto enriquecimiento no justificado de $352,119.41, mientras ocupo un puesto en la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2015.
La Sección de Probidad reportó 24 inconsistencias en sus finanzas personales y familiares, que incluían depósitos, compra de inmuebles, adquisición de vehículos y pagos de préstamos sin documentación válida. El caso será conocido por la Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente, y se ordenó la inmovilización de sus cuentas e inscripción preventiva de inmuebles.
David Reyes, exdiputado de Arena. /Archivo DEM
Por último, se ordenó enviar a juicio por enriquecimiento ilícito a David Ernesto Reyes Molina, exdiputado de Arena, quien ocupó un escaño en los periodos 2012 y 2021, periodos que le fueron identificados con un incremento patrimonial injustificado de $225,942.49, correspondiente a él y su esposa. En total, se encontraron 33 inconsistencias en sus tres períodos, entre ellas depósitos bancarios y adquisición de bienes.
El acta indica que el exdiputado alegó que los fondos provenían de donaciones y ayuda familiar, pero no presentó documentación válida. Según la Sección de Probidad, algunos recibos habían sido elaborados por el propio investigado.
El informe también señala que el exfuncionario habría salido del país y se deshizo de algunos bienes, por lo que no se logró imponer medidas cautelares en su contra. Su caso fue enviado a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con sede en San Salvador con 15 votos del Pleno.
La información expuesta sobre dichos casos fue dada a conocer hasta esta semana, debido a que la Corte Suprema de Justicia publica en su sitio web las actas con varios meses de retraso.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación del Sistema de Información de Gestión Penal (SIGIP), una herramienta que permitirá mejorar recolección y el procesamiento de la información para el seguimiento de casos relacionados con los delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción.
El proyecto presentado por la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, forma parte de una estrategia integral que permitirá, ademas de la recopilación de información, facilitar el acceso controlado y dar seguimiento técnico a los casos judiciales y mejorar la transparencia en el manejo de procesos penales vinculados a delitos financieros, regulados en la Ley Especial Contra el Lavado de Dinero y Activos, según consta en el acta número 34 de la Corte Plena, con fecha del 13 de mayo de 2025.
«Se ha contemplado una etapa de monitoreo y evaluación, a fin de realizar ajustes al sistema de acuerdo a las necesidades de las sedes judiciales a medida que el sistema se alimente con información», se expone en el acta.
Según explicaron los magistrados, el plan aprobado contempla el diseño e implementación escalonada del sistema SIGIP, el cual se desarrollará en tres etapas, iniciando con una prueba piloto en las sedes judiciales de los departamentos de San Salvador y La Libertad y con ello, la capacitación para sus usuarios.
La primera etapa dio inicio el 6 de junio de 2025 y finalizará el 15 de enero de 2026 e incluirá los Juzgados de Paz, Tribunales de Sentencia y Tribunales contra el Crimen Organizado. Mientras que la segunda etapa, se prevé del 12 de febrero al 18 de septiembre de 2026, que abarcará los Juzgados de Menores, Cámaras de lo Penal, Cámaras contra el Crimen Organizado, así como las Cámaras con competencia para conocer los procesos civiles de enriquecimiento ilícito y el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio.
Por ultimo, la tercera fase, daría inicio el 3 de noviembre de 2026 para finalizar el 21 de junio de 2027, que incluirá los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Instrucción, Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena y Juzgados de Ejecución de Medidas al Menor.
Orientación
Por otra parte, los magistrados de la Corte Plena señalaron que el nuevo sistema contempla las capacitaciones para el personal judicial a través de Microsoft Teams, así como la elaboración de guías y videos pedagógicos que faciliten el uso del SIGIP. Además, que las sedes judiciales deberán designar personal para asumir los roles de encargado y digitador del sistema, previa notificación mediante memorándum institucional.
«Se establece que Corte en Pleno acuerda el plan de trabajo del SIGIP, su respectivo cronograma de trabajo en las sedes judiciales correspondientes, así como ordenar a la Secretaría General emitir circular dirigida a las sedes judiciales involucradas informándoles sobre la aprobación del SIGIP, las disposiciones para su funcionamiento y el cronograma del plan de trabajo para su ejecución», indica el acta.
De igual forma, se determinó que la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción realizará el control de calidad de la información, mientras que la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Información estará a cargo de la evaluación de riesgos, con participación de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.
El proceso se contempla una etapa de monitoreo y evaluación constante para ajustar el sistema según las necesidades reales que surjan en las sedes judiciales conforme se avance en su implementación.
El nuevo proyecto se aprobó con el voto de 13 magistrados que conforman la Corte Plena, el 13 de mayo del presente año. Sin embargo, dicha información fue conocida recientemente debido a que la CSJ publica las actas con varios meses de retraso.
