Etiqueta: Corte Suprema de Justicia

  • Declaran culpable a exdirector de Fosofamilia y su esposa por enriquecimiento ilícito

    Declaran culpable a exdirector de Fosofamilia y su esposa por enriquecimiento ilícito

    El exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, y su esposa, Violeta Yanira Flores de Jenkins, fueron encontrados culpables este lunes del delito de enriquecimiento ilícito, según resolución emitida por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

    El fallo obliga a ambos a reintegrar $289,567.89 al Estado salvadoreño. Además, las magistradas ordenaron la inhabilitación de Jenkins por 10 años para ejercer cualquier cargo público, tras comprobarse un incremento patrimonial no justificado entre 2006 y 2010, período en que se desempeñó como titular de la institución.

    La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó 14 movimientos financieros irregulares, como depósitos bancarios, pagos de préstamos, cancelaciones de tarjetas de crédito y otros abonos sin respaldo legal. De ese total, $282,149.94 corresponden únicamente al exfuncionario.

    La Fiscalía General de la República respaldó el fallo y reiteró que los señalados no pudieron justificar el origen de los fondos, presuntamente obtenidos con dinero público durante su gestión al frente de Fosofamilia.

    El proceso civil contra ambos se inició en mayo de 2025, y con esta resolución, se confirma la tesis fiscal y se sienta un precedente en el combate a la corrupción en la administración pública.

     

  • Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    El Supremo de Justicia de Guatemala celebrará el próximo martes 3 de febrero una audiencia clave para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que suma ya 1.280 días en prisión preventiva.

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá decidir si confirma el amparo definitivo, lo que permitiría al fundador del extinto diario elPeriódico enfrentar el segundo de los tres procesos judiciales que enfrenta, en libertad, tras una detención que su defensa y familia califican de arbitraria.

    El anuncio de la diligencia fue dado a conocer por su hijo, José Carlos Zamora, quien detalló que la vista pública busca garantizar el derecho a la presunción de inocencia de su padre. Este avance legal coincide con un respiro para la prensa independiente, luego que este viernes, el Supremo cerró en definitiva el caso contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico.

    La CSJ negó un amparo al Ministerio Público (Fiscalía) y confirmó que las publicaciones de ocho comunicadores deben conocerse bajo la Ley de Emisión del Pensamiento y no por la vía penal. Según el colectivo No Nos Callarán, esta resolución frena el uso del derecho penal para perseguir publicaciones de interés público.

    No obstante, la presión judicial continúa. Su otro hijo, Ramón Zamora, informó que la fiscal general, Consuelo Porras, denunció al periodista por supuesta discriminación. Esta nueva acusación, tramitada por la Fiscalía de la Mujer, fijó la primera declaración del comunicador para el próximo 30 de abril.

    Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022, cinco días después de publicar críticas por corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

    El primer proceso inició por supuesto lavado de dinero de 300.000 quetzales. Pese a que el periodista acreditó que el origen era la venta de una obra de arte para pagar salarios, este caso fue el detonante de su captura.

    El segundo expediente, que aún lo mantiene bajo rejas, es por obstrucción a la justicia debido a una investigación de 2013, a la que se sumó una tercera imputación por presunta falsificación de firmas en documentos de viaje.

  • Defensa de exdiputado Guillermo Mata pide separar a magistradas de proceso civil por enriquecimiento ilícito

    Defensa de exdiputado Guillermo Mata pide separar a magistradas de proceso civil por enriquecimiento ilícito

    La defensa del exdiputado del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Guillermo Mata Bennett presentó ante la Cámara Ambiental Segunda Instancia de Santa Tecla, un escrito de recusación, en el que solicitan separar a las magistradas que conocen el caso donde es acusado por el delito de enriquecimiento ilícito.

    De acuerdo con el abogado, Romeo Pineda el argumento de la recusación, según el demandado, es por presuntas irregularidades en el proceso cometidas por dos magistradas de la referida Cámara Ambiental que actualmente son las encargadas de conocer el caso civil que enfrenta el exdiputado Mata.

    «Estamos recusando porque consideramos que tenemos la capacidad de evidenciar actos que denotan inexistencia de su parcialidad, esa es la creencia de nosotros y tiene toda una fundamentación documental y por eso hacemos la presentación hoy a la Cámara para que sea remitido a la Sala de lo Civil para que conozca y resuelva la solicitud»,  expresó Pineda.

    Según explicó, con la recusación se solicita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia que separe a las magistradas que figuran como juzgadoras en el caso y se asignen a otros, con el objetivo de obtener un «juicio justo».

    «Existen consideraciones fundamentadas de que se está violentando el principio de imparcialidad, es decir que no es juez o magistrado imparcial a la hora de administrar justicia que es la labor encomendada por constitución», enfatizó el abogado.

    Por su parte, el exdiputado Guillermo Mata aseguró que desde que inició el proceso civil en su contra, en 2024, que «está plagado de violación al derecho del debido proceso», por lo que espera una resolución a dicha petición a su favor.

    «Este proceso está plagado de irregularidades, está plagado de ilegalidades, de violación al derecho del debido proceso desde que se hizo la audiencia preparatoria hasta este dia, entonces las magistradas que han estado llevando este proceso. Se ha evidenciado que no hay imparcialidad, que no puede ser un juicio justo», dijo Mata Bennett.

    Entre las presuntas irregularidades, la defensa señaló la existencia de criterios “adelantados” que vulneraría la presunción de inocencia del exfuncionario, así como inconsistencias en los informes periciales elaborados previo a las audiencias.

    Según detalló, en uno de los casos, tras el cambio de perito, se otorgó un plazo de 80 días para la elaboración de un nuevo informe; sin embargo, se habrían negado los equipos necesarios para escanear más de 10,000 folios y la asignación de un auxiliar contable. A juicio de la defensa, estas y otras situaciones evidencian una serie de irregularidades en el proceso, además del presunto incumplimiento de tratados internacionales.

    «Los abogados están amenazados por presentar recursos que permite la ley, entonces bajo esas condiciones no tenemos nosotros la garantía constitucional de tener un debido proceso y un juicio imparcial. Nosotros venimos a pedirle a la Sala de lo Civil a través de la Cámara que las recusen, es decir, que las quiten del proceso y pongan jueces con honestidad, capacidad y que se apeguen al debido proceso y la honestidad», sostuvo el exdiputado Mata.

    La Fiscalía General de la República (FGR) demandó al exdiputado Guillermo Mata y sus dos hijos por 15 irregularidades encontradas en sus declaraciones patrimoniales relacionadas a depósitos bancarios en efectivo, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito y compras de vehículos por una cantidad de $271,314.65.

    Al exfuncionario, la Fiscalía le cuestiona $13,270, mientras a sus hijos Guillermo Eduardo Mata Mayorga y Jorge Alberto Mata Mayorga, se les solicita que justifiquen las sumas de $251,685.80 y $6,357.85, respectivamente.

    La Fiscalía los señala de haberse enriquecido ilícitamente mientras el exdiputado fungió en la Asamblea Legislativa entre mayo de 2012 a abril del 2015, y en un segundo periodo de mayo de 2015 a abril del año 2018.

     

  • Corte Suprema de Justicia acuerda conversión y ampliación de competencias en juzgados en San Miguel

    Corte Suprema de Justicia acuerda conversión y ampliación de competencias en juzgados en San Miguel

    La Corte Suprema de Justicia notificó a la Asamblea Legislativa sobre una propuesta de reformas a la Ley Orgánica Judicial, aprobada en Corte Plena el pasado 4 de noviembre, con el objetivo de reestructurar y redistribuir la carga de trabajo en los juzgados del departamento de San Miguel.

    El plan contempla la conversión de los Juzgados de Primera Instancia de Ciudad Barrios y Chinameca en nuevos juzgados especializados, así como la ampliación de competencias territoriales para diversas sedes judiciales civiles, mercantiles, laborales y penales.

    Según uno de los considerandos, los controles estadísticos de la Corte revelaron una sobrecarga de trabajo en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel. Por ello, se propone una reorganización interna con los recursos existentes para garantizar un mejor acceso a la justicia.

    La Asamblea Legislativa debe dar por recibida la reforma y mandarla a publicar al Diario Oficial para que entre en vigencia.

    Principales reformas aprobadas en Corte Plena:

    Conversión de juzgados: El Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios se convierte en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Miguel, mientras que el de Chinameca será el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Miguel. Ambos mantendrán su sede original, pero asumirán competencia en todo el departamento.

    Ampliación de competencia: Los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel extenderán su jurisdicción a todos los distritos del departamento. Lo mismo aplicará para los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción, que asumirán procesos penales provenientes de los distritos de Ciudad Barrios y Chinameca.

    Juzgado de lo Laboral: El Juzgado de lo Laboral de San Miguel absorberá todos los procesos laborales activos e inactivos que estaban bajo la competencia de los juzgados convertidos.

    Redistribución penal: Los casos penales en trámite serán asignados de forma equitativa entre los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción, mediante la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas de San Miguel.

    Segunda instancia: La Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente será competente para conocer en apelación los casos tramitados en los Juzgados Cuarto y Quinto de lo Civil y Mercantil.

    Garantía de derechos laborales: El acuerdo garantiza el respeto pleno de los derechos laborales del personal de los juzgados convertidos. Su incorporación a los nuevos juzgados será evaluada por la Corte Suprema según criterios técnicos y el Manual de Clasificación de Cargos vigente.

    Además, se establece que durante los primeros cuatro meses a partir de la entrada en vigencia del decreto —la cual se dará 60 días después de su publicación en el Diario Oficial—, la recepción de nuevas demandas corresponderá exclusivamente a los Juzgados Cuarto y Quinto de lo Civil y Mercantil.

    Casos fenecidos y archivo judicial: Los expedientes cerrados de los juzgados convertidos serán enviados al Archivo Especializado Judicial. Las partes interesadas podrán solicitar certificaciones o constancias ante los nuevos juzgados, según corresponda.

    Los juzgados transformados deberán remitir todos los procesos activos o en trámite al Juzgado de lo Laboral y a los juzgados de Instrucción mencionados, en un plazo máximo de 90 días, a través de la Secretaría Receptora.

    Gestión tecnológica: La distribución de demandas y asignaciones podrá realizarse utilizando herramientas tecnológicas. La Secretaría Receptora comunicará digitalmente las asignaciones tanto a los juzgados como a los usuarios del sistema judicial.

    Finalmente, dicha Secretaría también será responsable de designar a los juzgados de instrucción encargados de conocer los casos provenientes de Juzgados de Paz de los distritos ubicados en los municipios de San Miguel Norte y San Miguel Oeste.

     

  • Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) continúa desmoronándose institucionalmente tras la renuncia de cinco magistrados en una semana, tres de ellos este martes: Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, quienes argumentaron motivos de salud o edad avanzada para abandonar el cargo, según informó la Asamblea Nacional.

    Las dimisiones de esta semana se suman a las de Yadira Centeno y Ellen Lewin, presentadas días antes por razones similares, y que fueron aceptadas de forma expedita por el pleno del Parlamento, controlado por el oficialismo.

    Con estas salidas, la CSJ queda integrada por solo 5 magistrados de los 16 que originalmente la conformaban. Desde 2019, tras el estallido de la crisis sociopolítica en el país, nueve jueces han renunciado y dos han fallecido, profundizando la inestabilidad del Poder Judicial.

    El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, presentó ya una lista de cinco nuevos candidatos para ocupar las vacantes, entre ellos, Ana Julia Guido, actual fiscal general y exsubdirectora de la Policía Nacional. Guido es conocida por su cercanía al círculo de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    También figuran Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, magistrados de apelaciones que han sido sancionados por EE. UU. por su papel en el retiro de la nacionalidad a más de 300 opositores nicaragüenses. Completan la lista Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo.

    Desde febrero de 2025, Nicaragua implementó una reforma constitucional profunda que redujo el número de magistrados de la CSJ de 16 a 10 y otorgó al presidente Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la facultad de nombrar al titular de la Corte por seis años. Esta misma reforma eliminó el equilibrio de poderes y subordinó formalmente al Poder Judicial bajo el control directo del Ejecutivo.

    Críticas internacionales: ¿una dictadura constitucionalizada?

    La reforma ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y por diversas organizaciones de derechos humanos. Los críticos advierten que la reforma no solo legaliza el autoritarismo, sino que también establece el control absoluto del Ejecutivo sobre el Estado, eliminando la división de poderes.

    Entre los cambios más polémicos se incluyen:

    Ampliación del período presidencial de cinco a seis años.
    Establecimiento formal de la figura de copresidencia para Rosario Murillo.
    Reconfiguración de los «poderes del Estado», que pasan a ser “órganos” coordinados directamente por el Ejecutivo.
    Legalización de la apatridia, usada como castigo contra opositores.

    La renuncia masiva de magistrados y la concentración de poder en manos de Ortega y Murillo evidencian una crisis institucional sin precedentes en Nicaragua. Mientras el oficialismo reestructura el sistema judicial a su conveniencia, la comunidad internacional observa con preocupación lo que muchos consideran una consolidación de una dictadura bajo marco legal.

     

  • Sala de lo Constitucional avala que se demande a funcionarios municipales que notifican despidos ilegales

    Sala de lo Constitucional avala que se demande a funcionarios municipales que notifican despidos ilegales

    La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que no existe inconstitucionalidad en dos disposiciones de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal que permiten exigir el pago de salarios caídos al funcionario que notificó un despido ilegal.

    La Sala determinó que no existe inconstitucionalidad en el artículo 75 incisos 5º y 7º de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal por la supuesta vulneración al derecho de la propiedad en relación a la frase: “o del funcionario de nivel de dirección que notificó el despido de forma ilegal”.

    La Sala indicó que la disposición “solo es aplicable a los funcionarios de nivel de dirección que incurran en una notificación ilegal” y descarta la posibilidad de que se aplique de manera “automática”.

    Según la Sala, la posibilidad de dictar una acción ejecutiva contra el funcionario que notificó el despido “deberá entenderse” en los casos relacionados a las “atribuciones propias del cargo de los funcionarios de nivel de dirección, dejando fuera los casos en que un servidor actúe como mero ejecutor” de la notificación, y en casos considerados ilegales por falta de competencia o cuando la notificación viola “un derecho fundamental”.

    El inciso quinto del artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal establece que si se declara la nulidad del despido del empleados municipal, el juez ordenará la restitución y pago de salarios «por cuenta» de miembros del concejo, alcalde o «del funcionario de nivel de dirección que notificó el despido de forma ilegal». El inciso séptimo habilita al empleado a tomar acción ejecutiva contra el funcionario que le notificó ilegalmente el despido, además de alcalde y concejales.

    La demanda de inconstitucionalidad se originó desde el año 2023 de resoluciones judiciales de inaplicabilidad por parte de la Cámara Primera de lo Laboral de 11 despidos. Una demanda fue interpuesta contra el jefe de la Unidad de Servicios Municipales de Chalchuapa, quien notificó un despido.

    Los magistrados que suscribieron la sentencia fueron los magistrados propietarios Henry Alexander Mejía, Elsy Dueñas Lovos, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahún Martínez y el suplente Ramón Iván García.

  • Abogados de Rais piden a tribunal que gestione que Canadá juzgue a canadienses acusados por falsedad en El Salvador

    Abogados de Rais piden a tribunal que gestione que Canadá juzgue a canadienses acusados por falsedad en El Salvador

    Los abogados del empresario salvadoreño Enrique Rais solicitaron al Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador que pida cooperación judicial a Canadá para procesar a los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, señalados por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de su cliente.

    La petición fue presentada mediante un escrito firmado por el abogado Rafael Hernán Cortez Saravia, en calidad de apoderado judicial de Rais. En el documento se solicita a la Corte Suprema de Justicia emitir una carta rogatoria al gobierno canadiense con el objetivo de notificar formalmente a los acusados y trasladar el expediente judicial, con el fin de que el proceso se realice en Canadá. Esto debido a que no existe un tratado de extradición vigente entre ambos países.

    Según la defensa, los imputados habrían proporcionado una dirección falsa en Canadá para evitar la acción de la justicia salvadoreña, lo que podría constituir un fraude procesal. Un informe privado fechado el 28 de junio de 2025 confirmó que dicha dirección no corresponde a ningún domicilio u oficina vinculada a los procesados.

    El abogado Cortez advirtió que, de no ejecutarse esta cooperación internacional, el juicio podría quedar en una formalidad vacía sin posibilidad de ejecutar una eventual condena. Como respaldo a su petición, citó una alerta de viaje del gobierno canadiense sobre el “riesgo de aplicación arbitraria de las leyes locales” en El Salvador, así como pronunciamientos de relatores de Naciones Unidas que alertan sobre reformas que afectan el debido proceso.

    En su escrito, Cortez invocó el principio jurídico internacional aut dedere aut judicare, que compromete a los Estados a juzgar en su territorio a sus nacionales acusados de delitos graves en otros países, si no se concede la extradición.

    En este caso, el abogado pidió que Canadá someta a juicio a Pasquale y Pacetti por el delito de falsedad ideológica, equiparable a la “falsificación” establecida en el artículo 366 del Código Penal canadiense.

    La audiencia preliminar en El Salvador está programada para el 30 de octubre de 2025, pero los acusados podrían no presentarse. Hasta ahora, las autoridades salvadoreñas solo han emitido edictos en medios de comunicación, sin emprender acciones consulares ni requerimientos internacionales efectivos.

    El abogado también denunció que varios documentos notariales y firmas presentadas por los acusados habrían sido falsificadas. Además, acusó a la Fiscalía General de la República de omitir diligencias clave, lo cual habría entorpecido el avance del caso judicial.

    Cortez solicitó formalmente suspender la audiencia preliminar prevista y reiteró la necesidad de notificar a los acusados a través de cooperación internacional, trasladar el caso a la jurisdicción canadiense y garantizar así justicia para la víctima y el respeto al debido proceso.

  • Plataforma digital de edictos judiciales dejó un ahorro de más de $28,000 en primer trimestre de funcionamiento, según CSJ

    Plataforma digital de edictos judiciales dejó un ahorro de más de $28,000 en primer trimestre de funcionamiento, según CSJ

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reportó a través de las sesiones de la Corte Plena que la implementación de la plataforma digital para la publicación de edictos judiciales generó un ahorro financiero de más de $28,000, durante su primer trimestre de funcionamiento.

    El acta número 53, de la sesión del 17 de julio de 2025 de la Corte Plena, reveló que desde el 1 de abril, que la herramienta digital empezó a funcionar, hasta junio del presente año se emitieron un total de 256 edictos judiciales a través de la nueva plataforma, tanto en Juzgados como en Cámaras, y con ello eliminar el uso de publicaciones en medios tradicionales como prensa escrita.

    Un edicto judicial es un anuncio oficial que realiza un juzgado o tribunal para comunicar públicamente una resolución, citación u otra actuación procesal, especialmente cuando no se puede notificar directamente a una persona involucrada en un proceso judicial. Estos edictos se publican para que cualquier interesado o parte afectada tenga conocimiento de la actuación judicial y pueda ejercer su derecho de defensa.

    Del total de publicaciones, el 50 % (128) fueron emitidos en el departamento de San Salvador, el 41 % (105) en San Miguel y apenas un 9 % (23) fueron en el departamento de Santa Ana. En ese sentido, los magistrados expresaron durante la sesión que existe la necesidad de fortalecer el uso de la herramienta en las sedes con menor actividad digital y revisar las causas del bajo porcentaje registrado, como fue en el caso de Santa Ana.

    Esta es la plataforma de los edictos judiciales de la CSJ. / Captura de pantalla.

    La Corte destacó que desde el mes de abril que se habilitó la plataforma, ya no se reciben edictos para publicación tradicional y que con los 256 edictos publicados en el sitio web, el Órgano Judicial ha ahorrado un monto total de $28,482.

    Tras los resultados por el uso de la plataforma en los primeros tres meses, se consultó si la plataforma podría extenderse a los tribunales de instrucción ordinaria, dado «el buen resultado» que ha tenido en su aplicación inicial dentro del área de crimen organizado. En respuesta, se indicó que la implementación en crimen organizado es solo un punto de partida y que se busca modernizar gradualmente todo el sistema de justicia mediante el uso de tecnologías digitales.

    Además, señalaron que actualmente los juzgados contra el crimen organizado están en la fase de agrupamiento, por lo que probablemente después del mes de agosto el número incremente exponencialmente y sugieren que se incluya en la capacitación el sentido de la jurisprudencia constitucional para asegurar que el uso de la herramienta digital se mantenga dentro del marco legal vigente.

    En ese sentido, se sugirió programar nuevas capacitaciones para aquellos tribunales que aún no están utilizando la plataforma, que se brinde información comparativa entre el método tradicional de publicación y el digital.

    En marzo de 2025, la CSJ informó sobre el cambio en la publicación de los edictos judiciales con el propósito de facilitar el acceso a la información de procesos judiciales en los tribunales del país, así como el fortalecimiento de la transformación digital y la reducción de costos operativos en el sistema judicial.

  • CSJ comprará armas de fuego para personal de seguridad por más de $83,000

    CSJ comprará armas de fuego para personal de seguridad por más de $83,000

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invertirá más de $83,000 en la adquisición de armas de fuego para equipar al personal de seguridad del Órgano Judicial, según consta en una oferta publicada en el portal de compras de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    De acuerdo con el documento, la compra contempla un lote de 37 armas, dividido en dos categorías. La primera incluye 20 armas «cortas», que corresponden a pistolas calibre 9 milímetros (mm), con un precio unitario de $1,168.20, lo que representa un total de $23,364.

    Estas armas deberán tener una longitud de cañón de entre 3.5 a 5 pulgadas y un cargador con capacidad entre 15 y 17 cartuchos.

    La segunda categoría comprende 17 armas «largas», clasificadas como pistolas o carabinas tipo subametralladora, de calibre 5.56 mm, semiautomáticas y con capacidad entre 20 y 30 cartuchos. El precio por unidad es de $3,564, sumando un total de $60,588.

    En total, el monto destinado a esta adquisición de armas para el personal de seguridad de la Corte es de $83,952, que serán financiados por el Estado.

    La CSJ también ha especificado que las armas deberán contar con una garantía mínima de un año contra desperfectos de fábrica y que los oferentes deberán anexar copia del Permiso Especial de Comercialización de Armas de Fuego y Municiones.

    En caso de que las empresas no cuenten con los permisos de comercialización de armas de fuego o artículos similares vigente, la Corte indica que pueden ser subsanables con una declaración jurada, debidamente autenticada por notario, en la que se especifique que se encuentran en trámite los referidos permisos ante el Ministerio de la Defensa Nacional.

    La oferta fue publicada el 11 de septiembre y estará abierta hasta el próximo 10 de noviembre de 2025, según se lee en la respectiva licitación de compra.

    En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas por un costo de $54,741.

  • Cámara instala audiencia por enriquecimiento ilícito contra exdiputado de Gana, Rigoberto Soto

    Cámara instala audiencia por enriquecimiento ilícito contra exdiputado de Gana, Rigoberto Soto

    La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla instaló este martes la audiencia preparatoria dentro del proceso civil por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado Rigoberto Soto, junto a su esposa Vanessa María Handal de Lazo.

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en mayo la demanda por presunto enriquecimiento ilícito señalando 25 irregularidades detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    Entre ellas destacan depósitos bancarios, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, así como la compra de vehículos, por un monto total de $392,989.62 no justificados.

    La Cámara anunció que el próximo 17 de septiembre emitirá la resolución sobre la admisión de pruebas y el avance hacia la etapa probatoria del caso.

    Rigoberto Soto, quien representó a la Asamblea Legislativa por el partido ARENA (2012-2015) y posteriormente a GANA, donde lideró el grupo parlamentario “Unidos por El Salvador” y más tarde se desempeñó como viceministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Nayib Bukele.

    En 2022, solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción de un nuevo partido político denominado Fuerza Solidaria, tras anunciar su renuncia a GANA.