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Etiqueta: Corte Suprema de Justicia

  • Ordenan trabajos de utilidad pública para 12 aficionados de Alianza por agresión a hinchas de FAS

    Ordenan trabajos de utilidad pública para 12 aficionados de Alianza por agresión a hinchas de FAS

    Doce aficionados de Alianza Fútbol Club fueron condenados a dos años de prisión por el delito de desórdenes públicos por el Juzgado de Instrucción de San Juan Opico, sin embargo, la condena será sustituida por trabajo de utilidad pública tras aceptar cargos por el delito antes mencionado.

    Según informó Centros Judiciales de El Salvador, a través de su cuenta de la red social X, como resultado de esta sustitución se ordenó la liberación de los 12 condenados, sin embargo, deberán cumplir con las labores comunitarias que sean designadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla.

    La entidad judicial aseguró que en lo referente a la situación legal de los dos individuos restantes del grupo original, la instancia judicial ha fijado una nueva audiencia para el 4 de mayo de 2026. En esta fecha se determinará la responsabilidad penal de ambos.

    Un incidente ocurrido el 25 de octubre de 2025 se registró en el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico. Los hechos violentos coincidieron con la jornada 18 del Torneo Apertura 2025, en la cual el partido terminó con un marcador de 2-2.

    Según las investigaciones de las autoridades judiciales, una pelea entre aficionados resultó en agresiones contra un autobús que llevaba a seguidores del Club Deportivo FAS. Este incidente provocó daños materiales y dejó personas lesionadas.

    El comunicado de Centros Judiciales, una cuenta de la Corte Suprema de Justicia que difunde el acontecer de los juzgados, aclaró que los implicados ya habían llegado a un acuerdo previo, conciliando con las víctimas mediante el pago de indemnizaciones económicas por los delitos de lesiones y daños agravados. En su momento, la Policía Nacional Civil (PNC) publicó una fotografía en el que al menos 20 personas estuvieron involucradas en ese hecho.

    Un video de la corporación muestra que, mientras el autobús de los aficionados del FAS estaba detenido en la orilla de la carretera, una barra del Alianza se aproximó, iniciando así los disturbios que resultaron en varias personas lesionadas y daños (vidrios quebrados) al autobús que transportaba a la barra del FAS.

    A mediados de abril, el Juzgado Cuarto de Paz de San Miguel decretó medidas alternas a la detención para nueve aficionados de Club Deportivo Águila y de Club Deportivo FAS. Estas personas están siendo acusadas del delito de desórdenes públicos.

    Las medidas cautelares impuestas por el juzgado a los procesados son: la prohibición de abandonar el país y de cambiar de residencia. Adicionalmente, deben presentarse en la sede judicial que se les indique cada quince días y tienen restringida la asistencia a partidos de fútbol o a cualquier actividad que implique una gran concentración de personas.

     

  • Presidenta Corte Suprema Honduras renuncia para evitar juicio político

    Presidenta Corte Suprema Honduras renuncia para evitar juicio político

    La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, presentó este miércoles su “renuncia irrevocable” al cargo con el objetivo de evitar un juicio político que sería impulsado por el Parlamento.

    La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al Legislativo, en la que la magistrada expuso las razones que la llevaron a apartarse de la presidencia del máximo órgano judicial del país.

    En el documento, Obando explicó que su salida responde principalmente a cambios aprobados por el Congreso Nacional que modifican la estructura de poder dentro de la Corte Suprema de Justicia.

    Según detalló, el Parlamento avaló un decreto que trasladó al pleno de magistrados atribuciones que anteriormente correspondían de forma exclusiva a la presidencia del órgano judicial.

    “La razón fundamental” de su decisión radica en la aprobación de un decreto emitido por el poder Legislativo, “el cual transfirió al pleno de la Corte Suprema de Justicia las facultades que anteriormente correspondían a la presidencia”.

    La magistrada sostuvo que estos cambios reducen de manera significativa el alcance de sus funciones al frente de la institución.

    “Dicha reforma legislativa ha limitado de manera sustancial las atribuciones que me fueron conferidas al asumir la presidencia de este poder del Estado”.

    Ante este escenario, Obando consideró que su permanencia ya no era compatible con el nuevo esquema institucional definido por la reforma.

    “En aras de la institucionalidad, del respeto al nuevo marco legal y del fortalecimiento del carácter colegiado del poder Judicial, considero necesario dejar el cargo ejecutivo para que el pleno pueda ejercer plenamente las competencias que ahora le corresponden”.

     

  • Sala de lo Constitucional fija reglas éticas para uso de inteligencia artificial

    Sala de lo Constitucional fija reglas éticas para uso de inteligencia artificial

    La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estableció los criterios éticos y legales para el uso de inteligencia artificial generativa en instituciones del Estado y tribunales de justicia, según informó el Órgano Judicial en un comunicado.

    La decisión se enmarca en la resolución del proceso de inconstitucionalidad 57-2025, en el que se detectó el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de quienes presentaron una demanda contra un artículo de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT).

    De acuerdo con la resolución divulgada, en el documento presentado se identificó un fragmento de texto que permitió inferir el uso de IA para sustentar los argumentos del caso.

    “Perfecto. A continuación, te presento un texto que integra directamente el análisis comparado con el contenido original, incorpora artículos constitucionales y legales de los países mencionados y vincula explícitamente los derechos vulnerados en la inconstitucionalidad, que son el derecho al honor y el derecho a la intimidad”, señala el extracto retomado en la resolución del 13 de marzo.

    Ante este hallazgo, los magistrados subrayaron que el uso de inteligencia artificial en la administración de justicia debe regirse bajo el respeto a los derechos fundamentales.

    Asimismo, recordaron que las Naciones Unidas han advertido que el derecho a un tribunal independiente e imparcial implica el acceso a un juez humano, así como el derecho a la defensa con un abogado también humano.

    La Sala también retomó criterios de jurisprudencia internacional, como los establecidos por la Corte Constitucional de Colombia, que incluyen principios de transparencia, responsabilidad, privacidad, verificación y control humano en el uso de estas tecnologías.

    En ese contexto, los jueces consideraron que la actuación de los demandantes en este caso «riñe con principios fundamentales» como la transparencia, la explicabilidad y la supervisión humana, por lo que declararon improcedente la demanda contra el artículo 46 de la LEIT, que permite intervenir telecomunicaciones cuando es «autorizada por uno de los participantes legítimos en la comunicación».

     

  • La Corte Suprema reestructura juzgados civiles y penales en San Miguel

    La Corte Suprema reestructura juzgados civiles y penales en San Miguel

    La estructura judicial del departamento de San Miguel implementará cambios a partir de este domingo 8 de marzo, informó la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    Según la disposición, los Juzgados de Primera Instancia de los distritos de Ciudad Barrios y Chinameca se convertirán en los Juzgados Cuarto y Quinto de lo Civil y Mercantil de San Miguel, respectivamente.

    Durante el período comprendido del 8 de marzo de 2026 al 8 de julio de este año, ambas fechas inclusive, estos tribunales recibirán nuevas demandas y solicitudes relacionadas con la competencia civil y mercantil de San Miguel, a través de la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas de San Miguel.

    Asimismo, a partir del 9 de julio de 2026, se ampliará la competencia territorial de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel, los cuales conocerán nuevas demandas o solicitudes en materia civil, mercantil e inquilinato de todo el departamento.

    La Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, con sede en San Miguel, conocerá en segunda instancia los procesos tramitados por los Juzgados Cuarto y Quinto.

    En materia penal, los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción de San Miguel asumirán los procesos procedentes de los Juzgados de Paz de los distritos de Ciudad Barrios, Nuevo Edén de San Juan, San Gerardo, San Luis de la Reina, Carolina, San Antonio del Mosco, así como de los distritos de Chinameca, Nueva Guadalupe, Lolotique, San Rafael Oriente, San Jorge y El Tránsito. La designación del juzgado competente se realizará mediante la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas de San Miguel.

    La Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas de San Miguel iniciará funciones el 9 de marzo de 2026 en la Torre Judicial, primer nivel, y será la encargada de recibir y distribuir de forma equitativa las demandas y procesos de los cinco juzgados civiles y mercantiles del departamento a partir del 9 de julio de 2026, como parte del proceso de reorganización judicial dispuesto por la CSJ.

     

  • Corte Suprema reorganiza juzgados en Chalatenango y crea Oficina Distribuidora de Procesos

    Corte Suprema reorganiza juzgados en Chalatenango y crea Oficina Distribuidora de Procesos

    La Corte Suprema de Justicia informó el jueves sobre sobre la reorganización y cambio de denominación de sedes judiciales en Chalatenango, así como el nuevo mecanismo para la recepción y distribución de procesos en distintas materias.

    El Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango pasó a denominarse Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, mientras que el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María ahora se llama Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango. Este último será el único que recibirá procesos o diligencias nuevas durante un período de 180 días, que inició el 1 de septiembre de 2025 y finalizará el 28 de febrero de 2026.

    La Corte detalló que la Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla será competente para conocer en segunda instancia los procesos sustanciados por los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango en materias civil, mercantil e inquilinato. En materia laboral, la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador conocerá las apelaciones derivadas de estas sedes judiciales.

    En el ámbito penal, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro conocerá en segunda instancia los procesos tramitados por los Juzgados de Instrucción de los distritos de Chalatenango y Tejutla.

    Asimismo, se creó la Oficina Distribuidora de Procesos (ODP) de Chalatenango, que iniciará funciones el 2 de marzo de 2026 y estará ubicada en colonia Cayaguanca, casa número tres, frente al Instituto de Medicina Legal de Chalatenango. Su correo institucional es odp.chalatenango@oj.gob.sv.

    A partir de esa fecha, los Juzgados Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango ya no recibirán demandas o solicitudes de forma directa, sino únicamente a través de la ODP. Esta oficina también recibirá y distribuirá de manera equitativa requerimientos fiscales, denuncias, solicitudes, comisiones procesales y auxilios judiciales en materias penal, civil y de familia, incluida Violencia Intrafamiliar, que deban conocer los Juzgados Primero y Segundo de Paz del distrito de Chalatenango, municipio de Chalatenango Sur.

     

  • Corte Suprema y Plan Internacional firman convenio contra la violencia contra mujeres y niños

    Corte Suprema y Plan Internacional firman convenio contra la violencia contra mujeres y niños

    El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctor Henry Alexander Mejía, y la representante de país de Plan Internacional, Anabell Berenice Amaya de Aquino, firmaron el martes un convenio de cooperación enfocado en reforzar las capacidades técnicas de los servidores judiciales, especialmente en el abordaje de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

    El acuerdo contempla compromisos conjuntos orientados a fortalecer la coordinación interinstitucional y la implementación de procesos de formación especializada para el personal del sistema judicial. Asimismo, incluye la articulación de mecanismos para la prevención, gestión y atención de casos relacionados con violencia y vulneración de derechos.

    Entre los objetivos del convenio destaca el impulso de acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del marco normativo especializado en derechos humanos, con énfasis en la protección de sectores en condición de vulnerabilidad. Las instituciones buscan optimizar la respuesta judicial frente a este tipo de delitos y asegurar una atención integral a las víctimas.

    El esfuerzo conjunto consolida una alianza estratégica que pretende mejorar la ejecución de acciones especializadas dentro del sistema de justicia, promoviendo una actuación más eficiente y articulada entre las entidades involucradas.

     

  • Habitantes de San Vicente presentan amparo a Corte Suprema por construcción de relleno en comunidad

    Habitantes de San Vicente presentan amparo a Corte Suprema por construcción de relleno en comunidad

    Representantes del Bloque de Resistencia Popular (BRP) y habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en el departamento de San Vicente, presentaron este lunes una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para detener la construcción de un basurero que consideran ilegal y lesivo para sus derechos fundamentales.

    “Hemos presentado una demanda de amparo y en esta demanda estamos describiendo una serie de hechos que están violentando los derechos fundamentales de las personas habitantes de San Francisco Angulo”, expresó Francisco Parada, representante del BRP.

    Parada recordó que en 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) concluyó que el sitio no era apto para la construcción de un relleno sanitario. A pesar de ello, las obras del llamado «Relleno Sanitario de Los Nonualcos» continúan, lo cual, según Parada, representa un acto de irrespeto a la ley y a la Constitución.

    El dirigente comunal denunció también que los habitantes han sido víctimas de “amenazas e intimidaciones”, al señalar que recientemente aparecieron carteles en maquinaria de construcción con mensajes que advertían que “iban a meter presos” a quienes se opusieran al proyecto.

    En su momento, la PDDH emitió medidas cautelares para detener las obras, con el objetivo de evitar que obstaculizaran diligencias de la Fiscalía relacionadas con exhumaciones pendientes por una masacre atribuida al Ejército durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992).

    Según consta en el expediente público, los habitantes advierten que el proyecto amenaza con destruir 24 manzanas de bosque natural, impactar la fauna silvestre y contaminar el río Salamar, fuente hídrica que abastece a los cantones San Francisco Angulo, Canta Rana y la colonia El Milagro. Además, podría poner en riesgo la salud de al menos 86 familias.

    También alertan que la obra entorpece la recuperación de restos humanos vinculados a crímenes de guerra. De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en septiembre de 2018 se realizaron exhumaciones por petición de familiares de víctimas, pero para diciembre de 2021 no se habían recuperado todas las osamentas.

    La comunidad exige la suspensión inmediata del proyecto y respeto a los derechos ambientales, históricos y humanos de los habitantes.

     

  • Periodista José Rubén Zamora denuncia “laberinto judicial” en Guatemala tras más de 1,280 días preso

    Periodista José Rubén Zamora denuncia “laberinto judicial” en Guatemala tras más de 1,280 días preso

    El periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde julio de 2022, exigió su libertad durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva bajo lo que calificó como un proceso lleno de irregularidades.

    “Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora, al denunciar que ha sido víctima de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” en el que la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.

    Durante la diligencia, su defensa aseguró que se han vulnerado derechos constitucionales al revocarse medidas sustitutivas con base en “premisas falsas”, entre ellas la supuesta escucha de audios por parte del Ministerio Público en audiencias en las que nunca estuvo presente. Su abogado, Francisco Vivar, acusó a las autoridades de manipular el proceso para mantenerlo detenido.

    Zamora también denunció condiciones inhumanas en la base militar Mariscal Zavala, donde guarda prisión. Afirmó que se le restringen visitas familiares sin previo aviso, se bloquea el ingreso de medicamentos y se aplican tratos “sádicos” a los internos, bajo órdenes arbitrarias del comandante de la base.

    El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta nuevas acusaciones, como una denuncia por discriminación interpuesta por la fiscal general, Consuelo Porras. El periodista sostuvo que su derecho a criticar a los funcionarios debe prevalecer y calificó la actitud de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, subrayó.

    La detención de Zamora ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —por supuesto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como “fabricados y espurios”. Su arresto ocurrió cinco días después de que su medio publicara señalamientos de corrupción contra el expresidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.

     

  • Declaran culpable a exdirector de Fosofamilia y su esposa por enriquecimiento ilícito

    Declaran culpable a exdirector de Fosofamilia y su esposa por enriquecimiento ilícito

    El exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, y su esposa, Violeta Yanira Flores de Jenkins, fueron encontrados culpables este lunes del delito de enriquecimiento ilícito, según resolución emitida por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

    El fallo obliga a ambos a reintegrar $289,567.89 al Estado salvadoreño. Además, las magistradas ordenaron la inhabilitación de Jenkins por 10 años para ejercer cualquier cargo público, tras comprobarse un incremento patrimonial no justificado entre 2006 y 2010, período en que se desempeñó como titular de la institución.

    La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó 14 movimientos financieros irregulares, como depósitos bancarios, pagos de préstamos, cancelaciones de tarjetas de crédito y otros abonos sin respaldo legal. De ese total, $282,149.94 corresponden únicamente al exfuncionario.

    La Fiscalía General de la República respaldó el fallo y reiteró que los señalados no pudieron justificar el origen de los fondos, presuntamente obtenidos con dinero público durante su gestión al frente de Fosofamilia.

    El proceso civil contra ambos se inició en mayo de 2025, y con esta resolución, se confirma la tesis fiscal y se sienta un precedente en el combate a la corrupción en la administración pública.

     

  • Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    El Supremo de Justicia de Guatemala celebrará el próximo martes 3 de febrero una audiencia clave para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que suma ya 1.280 días en prisión preventiva.

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá decidir si confirma el amparo definitivo, lo que permitiría al fundador del extinto diario elPeriódico enfrentar el segundo de los tres procesos judiciales que enfrenta, en libertad, tras una detención que su defensa y familia califican de arbitraria.

    El anuncio de la diligencia fue dado a conocer por su hijo, José Carlos Zamora, quien detalló que la vista pública busca garantizar el derecho a la presunción de inocencia de su padre. Este avance legal coincide con un respiro para la prensa independiente, luego que este viernes, el Supremo cerró en definitiva el caso contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico.

    La CSJ negó un amparo al Ministerio Público (Fiscalía) y confirmó que las publicaciones de ocho comunicadores deben conocerse bajo la Ley de Emisión del Pensamiento y no por la vía penal. Según el colectivo No Nos Callarán, esta resolución frena el uso del derecho penal para perseguir publicaciones de interés público.

    No obstante, la presión judicial continúa. Su otro hijo, Ramón Zamora, informó que la fiscal general, Consuelo Porras, denunció al periodista por supuesta discriminación. Esta nueva acusación, tramitada por la Fiscalía de la Mujer, fijó la primera declaración del comunicador para el próximo 30 de abril.

    Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022, cinco días después de publicar críticas por corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

    El primer proceso inició por supuesto lavado de dinero de 300.000 quetzales. Pese a que el periodista acreditó que el origen era la venta de una obra de arte para pagar salarios, este caso fue el detonante de su captura.

    El segundo expediente, que aún lo mantiene bajo rejas, es por obstrucción a la justicia debido a una investigación de 2013, a la que se sumó una tercera imputación por presunta falsificación de firmas en documentos de viaje.