La Corte Suprema de Brasil iniciará el martes el juicio contra ocho acusados de planear un golpe de Estado, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro, exministros y altos mandos militares. El tribunal ha reservado cinco días, tres con sesiones dobles, para determinar responsabilidades en la trama que intentó desconocer el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
Bolsonaro, en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, responderá por cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.
La Fiscalía lo señala como “líder” y “principal articulador” del complot, acusándolo de presionar a la cúpula militar, avalar un plan para asesinar a Lula y difundir borradores de decretos golpistas.
Entre los otros acusados por la trama golpista en Brasil figuran:
Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro, cuyo testimonio fue clave para abrir la investigación.
Almir Garnier, excomandante de la Marina, señalado de ponerse a disposición de Bolsonaro en al menos dos ocasiones.
Walter Braga Netto, general retirado y exministro de Defensa, acusado de coordinar reuniones para financiar un plan contra Lula.
Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, señalado como enlace entre Bolsonaro y la cúpula castrense.
Anderson Torres, exministro de Justicia, en cuya casa se halló un borrador de decreto para una “intervención militar” en la Justicia Electoral.
Augusto Heleno, exjefe de Seguridad Institucional, acusado de conspirar para incumplir órdenes judiciales y sembrar dudas sobre los comicios.
Alexandre Ramagem, exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia y actual diputado, investigado por haber montado un “servicio secreto paralelo” para vigilar adversarios políticos.
Además de este grupo, la Fiscalía identificó a más de 20 implicados que serán juzgados en los próximos meses.
El juicio marca un capítulo clave en la lucha contra el golpismo en Brasil, pues por primera vez un expresidente y parte de su círculo más cercano enfrentan acusaciones formales de intentar quebrar el orden democrático.
