El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso una nueva normativa que facultaría a los jueces de inmigración imponer multas civiles de entre $1,000 y $3,500 a inmigrantes, abogados y testigos que desacaten las órdenes emitidas por los tribunales migratorios.
La propuesta fue presentada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EIRO), entidad encargada de supervisar las cortes de inmigración. De ser aprobada, será la primera vez que estos jueces contarán con la facultad de imponer sanciones económicas por incumplimiento de sus resoluciones.
Sin embargo, la iniciativa excluye de estas sanciones a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), una diferencia que ha generado críticas entre especialistas en derecho migratorio.
Gregory Chen, director de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), cuestionó la medida al considerar que “totalmente sesgada”, y sostuvo que representa un nuevo intento de presionar a los abogados que representan a inmigrantes, “en consonancia con las tácticas de intimidación del presidente”.
Los tribunales de inmigración en Estados Unidos dependen administrativamente del Poder Ejecutivo y no del sistema judicial federal, una estructura que ha sido objeto de cuestionamientos porque permite al Departamento de Justicia modificar sus procedimientos mediante regulaciones administrativas.
La propuesta fue publicada en el Registro Federal y permanecerá durante 60 días en consulta pública, período en el que ciudadanos, organizaciones y expertos podrán presentar observaciones antes de que se decida su adopción definitiva.
La iniciativa forma parte de la política migratoria impulsada por la Casa Blanca para endurecer las sanciones económicas contra quienes incumplen las leyes de inmigración. Según datos citados por The New York Times, más de 100,000extranjeros han recibido notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informándoles que adeudan $998por cada día que permanecieron en Estados Unidos después de que un juez ordenara su salida del país.
Las sanciones económicas ya han alcanzado montos millonarios. Entre los casos citados figura el de una mujer mexicana, madre de tres ciudadanos estadounidenses, a quien las autoridades reclaman $1,820,352, al considerar que debía haber abandonado el país desde 2013.