La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este jueves un homicidio en el distrito de Suchitoto, en Cuscatlán Norte, luego de que un hombre de 25 años falleciera tras ser atacado con un corvo.
De acuerdo con el informe policial, la víctima fue lesionada el pasado martes 10 de marzo durante una agresión ocurrida en esa localidad. Tras el ataque, el hombre fue trasladado a un hospital de San Salvador para recibir atención médica.
Las autoridades confirmaron que el joven permaneció hospitalizado varios días debido a la gravedad de las heridas provocadas con el arma blanca.
Sin embargo, la víctima falleció la madrugada del jueves en el centro médico donde era atendido, lo que llevó a que el caso pasara de lesiones a homicidio.
La PNC indicó que el responsable fue capturado de inmediato tras el ataque inicial, por lo que ya se encontraba bajo custodia policial.
El detenido fue identificado como Manuel de Jesús Torres López, de 39 años, quien inicialmente fue acusado por el delito de lesiones. Con la muerte de la víctima, las autoridades informaron que el detenido será remitido ahora por el delito de homicidio ante las instancias judiciales correspondientes.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este miércoles a José Alfredo Robles Espinal, de 23 años, como presunto responsable del homicidio ocurrido el martes en una cervecería del municipio de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión Norte.
De acuerdo con el informe policial, el sospechoso llegó al establecimiento donde se encontraba la víctima y le disparó con arma de fuego, presuntamente debido a rencillas personales entre ambos.
Las autoridades indicaron que el ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba dentro del negocio, momento en el que el agresor ingresó al lugar, abrió fuego y posteriormente huyó del sitio a bordo de un vehículo.
Tras el hecho, la Policía desarrolló las investigaciones correspondientes que permitieron identificar al presunto responsable del crimen.
La PNC confirmó que el sujeto será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para que responda por el delito que se le atribuye.
Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas que originaron la discusión entre ambos involucrados.
José Misael Oliva Girón fue condenado a 22 años de prisión por el asesinato del director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, en el departamento de Usulután, informó la Fiscalía General de la República.
La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Usulután, tras comprobarse su responsabilidad en el crimen.
De acuerdo con la investigación, el homicidio ocurrió el el 31 de enero de 2025 en la segunda avenida norte de la ciudad de Jucuarán, donde Oliva Girón golpeó y asfixió a la víctima con el objetivo de robarle el teléfono celular. El ataque terminó con la muerte del director del centro educativo.
Las autoridades detallaron que, después de cometer el crimen, el imputado confesó lo ocurrido a una persona cercana. Días más tarde, intentó vender el dispositivo móvil a otro individuo, a quien también le reveló que era robado y que había ahorcado al propietario.
La confesión del acusado y el intento de comercializar el teléfono fueron elementos clave dentro del proceso judicial que permitió establecer su culpabilidad en el asesinato.
Con esta condena de 22 años de cárcel, el Tribunal de Sentencia de Usulután resolvió el caso y ordenó el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario del país.
El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, juramentó este miércoles al comisionado Rigoberto Oseguera como nuevo director general de la Policía Nacional, en una ceremonia realizada en Casa Presidencial que también incluyó la designación de altos mandos en la Secretaría de Seguridad.
Oseguera asumió el cargo tan solo dos días después de haber sido nombrado director de Operaciones. Es licenciado en Ciencias Policiales, abogado y posee una maestría en Criminología, Inteligencia e Investigación, además de contar con certificación en Sistemas de Gestión de Calidad.
Durante su carrera ha ocupado posiciones clave dentro de la institución, como director de Inteligencia, jefe regional de inteligencia y subinspector general. También se desempeñó durante más de dos años como enlace ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), una experiencia que, según el Ejecutivo, refuerza su capacidad para coordinar con otras entidades del Estado.
En el mismo acto, fueron juramentados los nuevos viceministros de Seguridad: Rommel Martínez Torres, a cargo de Asuntos Policiales, y Mesil Aguilar Amaya, en Asuntos Interinstitucionales. Ambos son comisionados generales retirados. Asimismo, Julissa del Carmen Martínez asumió la secretaría general de la Secretaría de Seguridad.
Durante su intervención, el presidente Asfura instó a los nuevos funcionarios a “redoblar esfuerzos” en la lucha contra el crimen, subrayando que la seguridad ciudadana es una prioridad central de su administración, iniciada el pasado 27 de enero.
El mandatario también llamó a las autoridades policiales a responder con eficacia ante las demandas de orden público que exige la ciudadanía hondureña.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un homicidio en el distrito de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, donde un hombre de 29 años fue asesinado tras una discusión mientras consumía bebidas alcohólicas en compañía de otros individuos.
Según el informe policial, la víctima fue brutalmente vapuleada por cinco sujetos con quienes compartía en el momento del altercado.La agresión, originada por una disputa, terminó con la muerte del joven en el lugar.
Los cinco responsables del crimen ya fueron capturados por la PNC. Las autoridades los identificaron como Pedro Antonio Deras Sánchez, de 30 años; Andrés Abelino Hernández Rodríguez, de 48; Geo Esnal Martínez Zelaya, de 24; Santos Daniel Cañas Aguillón, de 25, e Isaias Eduardo Gavidia Ventura, también de 24 años.
Los detenidos serán remitidos ante las instancias correspondientes por el delito de homicidio agravado, según indicó la corporación policial.
Walter Oswaldo Ramos Hernández fue condenado el viernes a 42 años de prisión por haber atentado contra la vida de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un procedimiento en 2017, en el distrito de Talnique, La Libertad Oeste.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo declaró culpable por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, por el que recibió 40 años de cárcel, y otros dos años por daños agravados. Además, fue condenado a pagar $258.75 en concepto de responsabilidad civil a favor de la institución policial.
El ataque ocurrió el 20 de noviembre de 2017, cuando los agentes realizaban patrullaje preventivo e investigaciones de campo a bordo de un vehículo institucional. En ese momento, observaron a un sospechoso en bicicleta y decidieron darle seguimiento. Al ingresar a una zona donde se encontraban otros individuos, fueron emboscados con armas de fuego, pese a haberse identificado como policías.
Uno de los agentes resultó herido y el vehículo oficial sufrió daños materiales. La Fiscalía presentó prueba documental, testimonial y pericial que permitió establecer la participación directa del ahora condenado.
El tribunal ordenó el cumplimiento inmediato de la pena en un centro penitenciario. Otros individuos vinculados al ataque ya fueron juzgados y condenados en sedes judiciales distintas.
Al menos 26 feminicidios se registraron en El Salvador durante el año 2025, una reducción del 33.3 % en comparación con los 38 casos reportados en 2024, de acuerdo con datos divulgados este miércoles por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
La organización no gubernamental detalló que 13 de los crímenes fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el resto fueron cometidos por otros agresores. El análisis fue elaborado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa, con base en el monitoreo de noticias publicadas en medios de comunicación locales.
El reporte indica que el 34.6 % de los feminicidios se cometieron con arma blanca, el 30.7 % con arma de fuego, y el resto con otros tipos de objetos o métodos. Los meses con mayor incidencia fueron marzo y septiembre, con cuatro asesinatos cada uno.
Los departamentos de La Libertad, San Salvador y Usulután concentraron el 54 % del total de los feminicidios registrados, según la información compartida por Ormusa.
La organización enfatizó que las víctimas fueron principalmente mujeres jóvenes y adultas, aunque los rangos de edad van desde los 10 hasta los 80 años, lo que evidencia, según el informe, que “la violencia feminicida afecta de manera significativa a las mujeres en todo su curso de vida”.
Ormusa también alertó sobre los altos niveles de violencia intrafamiliar en el país, al señalar que la mitad de los feminicidios ocurrió dentro de relaciones de confianza, como noviazgos o matrimonios. “Esta tendencia reafirma que la violencia en el ámbito de las relaciones de confianza continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para las mujeres”, subrayó la organización.
El informe destaca la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y detección temprana, para que las autoridades puedan actuar oportunamente y prevenir crímenes letales.
Pese a que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres reconoce el delito de feminicidio y establece penas de 30 a 50 años de cárcel, las instituciones del Estado no publican estadísticas oficiales sobre estos casos, ni los tipifican conforme a la legislación vigente.
Ormusa también denunció que los datos sobre violencia contra las mujeres se mantienen bajo reserva o son negados por las autoridades, lo que limita la visibilización del fenómeno y la capacidad de respuesta institucional.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este martes un homicidio ocurrido en el distrito de Santa Ana, donde una mujer de 47 años perdió la vida tras ser asfixiada presuntamente por su pareja sentimental.
De acuerdo con el informe policial, el responsable fue identificado como Álvaro Adonay Linares, de 43 años, quien ya fue capturado por las autoridades y será procesado por el delito de homicidio.
Según la PNC, Linares intentó inicialmente desviar la atención de las autoridades al informar que la víctima presentaba complicaciones de salud. Sin embargo, al llegar al lugar, el personal médico constató que la mujer ya había fallecido.
Las primeras investigaciones establecen que la causa de la muerte fue asfixia, por lo que el hombre fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes.
Una mujer salvadoreña ha sido acusada en California por la muerte de su hija Arely, de tres años, ocurrida durante un supuesto “exorcismo” familiar, y ahora solicitó a un juez que desestime el proceso penal al alegar que es víctima de persecución por sus creencias religiosas.
La acusada, identificada como Claudia Elisa Hernández, a finales de sus 20 años, comparecerá ante un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara el próximo 22 de enero, más de tres años después de la muerte de su hija Arely, según documentos judiciales citados por el medio estadounidense Daily Beast.
De acuerdo con los reportes policiales, Hernández participó junto a su padre y su hermano en la agresión contra la menor, a quien creían “poseída por un espíritu maligno” luego de que la niña despertara gritando. Las autoridades señalan que el supuesto ritual se prolongó durante horas y terminó con la muerte de la menor.
“Llegaron a las 6:30 a.m. [24 de septiembre de 2022], y durante las siguientes 12 horas, la inmovilizaron violentamente y le metieron los dedos en la garganta para hacerla vomitar, lo que creían que la ayudaría a expulsar el espíritu”, escribieron los agentes en el informe policial.
Arely, de tres años, la presunta víctima de su madre, Claudia Elisa Hernández.
Durante el ataque, la niña suplicó en repetidas ocasiones que se detuvieran y le decía a su madre: “Te amo”, según han detallado las autoridades.
Antes de ser arrestada, Hernández publicó un video en YouTube en el que defendió sus acciones ante las críticas. “No puedo cambiar lo que es. Es lo que es”, expresa la madre en esta grabación.
La defensa legal de Hernández, junto a la de su padre y hermano —ambos coacusados— presentó una moción conjunta argumentando que las autoridades los investigaron y procesaron debido a su religión y origen cultural. Los abogados invocaron la Ley de Justicia Racial de California, vigente desde 2021, que permite impugnar procesos judiciales si se considera que hubo sesgo por raza, etnia u origen nacional, incluso sin probar discriminación intencional.
Según el documento, la familia profesa el cristianismo pentecostal y sostiene creencias sobre posesión demoníaca y sanación divina. El padre de Hernández, un pastor que emigró desde El Salvador, había participado anteriormente en rituales de oración para expulsar espíritus malignos.
Los abogados alegan que los investigadores mostraron prejuicios al cuestionar reiteradamente a la familia sobre supuestas enfermedades mentales y al referirse a su iglesia como un lugar de culto “improvisado” o ilegítimo.
No obstante, expertos legales descartaron que la solicitud prospere ya que la libertad religiosa no ampara actos que pongan en riesgo la vida de un menor.
La Fiscalía solicita 25 años de prisión a cadena perpetua para los acusados por la muerte de la menor.
El primer aniversario del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, coincide este 4 de diciembre con un fenómeno inesperado alrededor del presunto homicida, Luigi Mangione, quien enfrenta cargos que podrían llevarlo a la pena de muerte. A sus 27 años, el acusado ha generado un fervoroso fandom que ha recaudado $1.4 millones para su defensa y que llena las audiencias judiciales en Manhattan.
El club de seguidoras surgió tras la difusión de las primeras fotografías del joven, a quien muchas defienden tanto por su supuesta causa contra la industria aseguradora como por su apariencia física. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de memes, imágenes sin camiseta, y todo tipo de merchandising, desde velas donde Mangione aparece como santo, hasta camisetas con el mensaje “Free Luigi” o alusiones al personaje de Super Mario Bros. que comparte su nombre.
El apoyo también se ha manifestado por correo: Mangione ha recibido más de 6,000 cartas en prisión, enviadas desde distintas partes del país. La campaña de recaudación, impulsada por admiradoras, registra una donación promedio de $15, un monto que ha sorprendido incluso a expertos en justicia penal por la magnitud del respaldo.
Las muestras de apoyo se han trasladado esta semana a los tribunales. Decenas de jóvenes han esperado horas bajo temperaturas bajo cero para acceder a la sala donde se desarrolla la audiencia estatal. Muchas asistieron con vestidos verdes, imitando el color característico del personaje Luigi, y otras portaban camisetas con mensajes como: “Sin orden judicial, no es un registro. Es una violación. Luigi Mangione tiene derecho a un juicio justo”.
El fenómeno no está exento de rechazo. También se han presentado manifestantes en contra del acusado, entre ellos el artista Scott Lo Baido, quien en abril llevó su escultura “Deep Fried Luigi” a las escalinatas del tribunal para demandar que Mangione reciba la pena capital.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa. Mangione se declaró inocente del homicidio y busca evitar que se acepten como evidencia el arma, el cargador y los escritos hallados en una mochila que presuntamente escondió en Central Park. Su defensa también pide anular declaraciones hechas entre el 9 y el 19 de diciembre, antes de su extradición a Nueva York.
La audiencia coincide con un caso judicial complejo y un fenómeno cultural que coloca a Mangione en un lugar inesperado: no solo en la mira de la justicia, sino también en el centro de un movimiento fan que, lejos de disminuir, sigue creciendo.
