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Etiqueta: criminalidad

  • El jefe de la policía peruana renuncia ante el aumento de la criminalidad

    El jefe de la policía peruana renuncia ante el aumento de la criminalidad

    El jefe de la Policía Nacional de Perú (PNP), Óscar Arriola, presentó este lunes su renuncia en medio de críticas por el aumento de la criminalidad, mientras el Gobierno anunció que el general Fredy López Mendoza asumirá la dirección de la institución.

    El primer ministro peruano, Luis Galarreta, confirmó desde el Palacio de Gobierno que López Mendoza, hasta ahora jefe del Estado Mayor de la PNP, sustituirá a Arriola. «se designará al general de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace en el cargo correspondiente al general Arriola». «Esta designación también atiende una transferencia, repito, institucional», afirmó.

    Galarreta sostuvo que el Estado «no puede permitir» el desafío planteado por la delincuencia y defendió la necesidad de fortalecer las capacidades policiales. «este es un momento de actuar con firmeza, respaldar la labor constitucional de nuestra Policía Nacional, dotarla de nuevas herramientas tecnológicas y de recursos», señaló.

    El Ejecutivo indicó que la designación pretende garantizar una transición «respetuosa» dentro de la institución policial. Galarreta agregó que el objetivo del Gobierno «es uno solo y no admite ambivalencias». «Defender la vida humana y construir de manera definitiva un Perú seguro», sostuvo.

    El primer ministro adelantó además que en las próximas semanas el Gobierno presentará nuevas acciones y estrategias para combatir la delincuencia. Las medidas formarán parte de las políticas de seguridad de la presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el cargo a finales de julio.

    Arriola, por su parte, pidió a los integrantes de la Policía continuar con sus labores contra las organizaciones criminales. «Sigan adelante, no pueden vencernos. Nunca nos venció ni el terrorismo ni ninguna de las modalidades de criminalidad organizada. Esta vez no va a ser la excepción», manifestó tras presentar su dimisión.

    La salida del jefe policial ocurre después de crecientes cuestionamientos a su gestión y en medio de un repunte de la violencia. Cerca de 150 homicidios se registraron a escala nacional desde el 28 de julio, fecha de la toma de posesión de Fujimori, según los datos citados en la información.

    Las críticas contra Arriola aumentaron después del secuestro de un empresario a finales de agosto en Trujillo, en el noroeste de Perú, un episodio que dejó cuatro muertos y provocó nuevos llamados para que abandonara el cargo. López Mendoza asumirá ahora la conducción policial mientras el Ejecutivo prepara su nueva estrategia contra la delincuencia.

     

     

  • Gobierno de Perú declara estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar criminalidad

    Gobierno de Perú declara estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar criminalidad

    El Gobierno de Perú declaró este viernes el estado de emergencia durante 60 días en Lima Metropolitana y la vecina provincia del Callao, con el objetivo de «hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia», una medida implementada desde 2024 y prorrogada progresivamente.

    La disposición fue oficializada mediante un decreto supremo por el Ejecutivo de la presidenta Keiko Fujimori y establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas durante el período de emergencia.

    La PNP determinará las zonas donde realizará sus intervenciones con base en información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otras herramientas. Aunque la medida amplía las facultades de las autoridades, se prevé que los ciudadanos perciban pocos cambios en las calles.

    El estado de emergencia permite suspender o restringir derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito dentro del territorio peruano, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Además, las actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo y público deberán solicitar autorización ante las instituciones correspondientes.

    El decreto también establece que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) permanecerá en sesión permanente mientras esté vigente la emergencia y ordena conformar el Comando de Coordinación Operativa Unificada, que será presidido por el comandante general de la Policía Nacional.

    Las autoridades crearán además un Comité de Fiscalización, encabezado por la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía, para desarrollar operativos en zonas identificadas con actividades relacionadas con trata de personas, comercialización ilegal de drogas, tráfico de armas y venta de teléfonos móviles de dudosa procedencia, entre otros delitos.

    Las medidas también alcanzarán a las cárceles e incluyen apagones eléctricos dentro de las celdas, mientras se permitirá únicamente la iluminación exterior o general. El Sistema de Inteligencia Nacional realizará además pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo labores de vigilancia y apoyo en el perímetro de los centros penitenciarios.

    Como parte del soporte logístico, el Gobierno utilizará imágenes satelitales proporcionadas por la Agencia Espacial del Perú (Conida) para vigilar áreas con alta incidencia delictiva. La disposición también contempla el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicaciones ilícitas como parte de las acciones para enfrentar la criminalidad.

  • Bukele tilda de «idioteces» excusas internacionales sobre la criminalidad

    Bukele tilda de «idioteces» excusas internacionales sobre la criminalidad

    El presidente Nayib Bukele, cuestionó el miércoles lo que consideró argumentos recurrentes en otros países para justificar la persistencia de la criminalidad. A través de sus redes sociales, el mandatario enumeró varias frases que, según dijo, circulan en el debate público internacional y que calificó como “idioteces”.

    Entre las expresiones mencionadas por el jefe de Estado figuran: “Nuestros criminales son los mejores”, “nadie puede contra nuestros criminales”, “nuestro país es tan, pero tan grande que estamos condenados a vivir en el terror”, “ningún país grande puede acabar con el crimen” y “los países que son mucho más grandes que el nuestro con bajas tasas de criminalidad no cuentan”.

    Las declaraciones del Presidente de El Salvador surgen en medio de discusiones en redes sociales, particularmente en México, donde se ha intensificado el debate tras una reciente ola de violencia vinculada a la muerte de un importante capo del narcotráfico a manos de fuerzas de seguridad.

    “Las idioteces que se leen a veces. Pero bueno, cada quien cosecha lo que siembra”, subrayó el mandatario en su publicación. Asimismo, agregó: “Ojalá algún día piensen diferente”.

    El pronunciamiento se enmarca en el discurso del Gobierno salvadoreño que sostiene que es posible reducir drásticamente los índices de criminalidad mediante medidas firmes de seguridad pública, frente a posturas que consideran inevitable el avance del crimen organizado en determinados contextos.

    Bukele ha impulsado una política de mano dura contra la criminalidad y el próximo 27 de marzo cumplirá cuatro años la imposición de un régimen de excepción que llevó a una drástica reducción de homicidios en El Salvador, así como a la desarticulación de las pandillas criminales que azotaban el país.

    Más de 90 mil pandilleros y colaboradores han sido encarcelados desde entonces. La medida también ha generado críticas de organismos locales e internacionales de derechos humanos por denuncias de abusos, algo que el gobierno salvadoreño ha negado.

     

  • Piden a tribunal prohibir visita de Bukele en plena campaña electoral de Costa Rica

    Piden a tribunal prohibir visita de Bukele en plena campaña electoral de Costa Rica

    Un ciudadano interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica en contra de la visita al país la próxima semana del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se efectuará en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero próximo.

    La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, dijo este viernes a los periodistas que la entidad estudia un recurso de amparo electoral en el cual «se solicita por parte de un ciudadano que se prohíba el ingreso del presidente Bukele a Costa Rica».

    La magistrada dijo que no puede referirse más a profundidad al asunto debido a que el recurso se encuentra en estudio.

    La Constitución Política de Costa Rica prohíbe la influencia de extranjeros en las campañas políticas del país.

    El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el miércoles que Bukele «inspeccionará» el 14 de enero los avances de la construcción de una cárcel llamada Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco), inspirada en el modelo salvadoreño.

    La cárcel, que costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad aproximada para 1.200 presos y con una capacidad total de 5.100 reclusos, y según ha dicho el propio Gobierno está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la «guerra» del Gobierno de Bukele contra estas bandas.

    El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades judiciales a la lucha entre bandas de narcotraficantes.

    En diciembre pasado, Chaves realizó una visita oficial a El Salvador, la cual incluyó reuniones con Bukele y un recorrido por el CECOT.

    Por su parte, Bukele visitó Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, y, entre otras actividades, recorrió la principal cárcel de ese país, conocida como La Reforma, y alertó de «síntomas» de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.

    El pasado 24 de septiembre, durante un acto oficial de inauguración de escáneres en puertos, la Casa Presidencial de Costa Rica divulgó un video en el que Bukele lanza un mensaje a favor de la «continuidad» de proyectos del actual Gobierno de Rodrigo Chaves, lo cual fue aprovechado por la candidata oficialista, Laura Fernández, para su campaña.

    «Si la próxima Administración le da continuidad a los proyectos de este Gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir, una Costa Rica más segura y más próspera», dijo Bukele en el video de septiembre pasado.

  • Empresarios peruanos alertan del impacto de la inseguridad en sus operaciones

    Empresarios peruanos alertan del impacto de la inseguridad en sus operaciones

    La criminalidad se ha convertido en la principal amenaza para las grandes empresas de Perú, con un 13 % que reporta haber sido víctima de amenazas o extorsiones y un 40 % que ha debido incrementar sus gastos en seguridad privada, reveló este miércoles una encuesta presentada en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos), el principal foro empresarial del país.

    El estudio, realizado por la encuestadora Ipsos, indica que en el último año un 9 % de las compañías enfrentó amenazas directas, mientras que un 6 % fue blanco de cobros ilegales o extorsiones por parte de organizaciones criminales.

    A raíz de esta creciente ola de inseguridad, los empresarios reportan consecuencias directas en sus operaciones: un 24 % ha debido paralizar o reducir actividades, un 21 % ha sufrido robos de productos o activos, y un 20 % experimentó dificultades para contratar o retener personal.

    En cuanto a la percepción sobre los principales problemas que afectan al país, la delincuencia ocupa el primer lugar con un 85 %, seguida de la corrupción (81 %) y la crisis política (36 %). Además, un 89 % considera que Perú ha retrocedido en la lucha contra el crimen, y un 60 % opina lo mismo respecto a la corrupción.

    Por primera vez en tres décadas, la inseguridad y el avance de la delincuencia se posicionan como el mayor riesgo político y social para el entorno empresarial (64 %), por encima del aumento de la corrupción en el Estado (40 %) y el debilitamiento institucional (31 %).

    Entre las medidas prioritarias que podrían reactivar la inversión privada, el 79 % de los empresarios encuestados cree que combatir la inseguridad tendría mayor impacto, seguido del combate a la corrupción (69 %) y la ejecución de proyectos de infraestructura de gran escala (47 %).

    Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial —organizador del evento— urgió al gobierno de transición, presidido por José Jerí, a priorizar el restablecimiento de la seguridad. “La inseguridad no solo está afectando la operatividad de las empresas, sino que los sobrecostes están erosionando la capacidad operativa”, advirtió.

    Además, destacó que la criminalidad también afecta el tejido emprendedor del país. “La inseguridad está lesionando el espíritu emprendedor de los peruanos, que nos ha salvado cuando han llegado crisis. Es fundamental mantenerlo y no puede ser erosionado de manera tan dolorosa como está sucediendo por la inseguridad”, puntualizó.

    La encuesta fue realizada por Ipsos Perú entre el 17 y el 29 de octubre, con una muestra de 245 ejecutivos de alto nivel pertenecientes a las 5,000 empresas más grandes del país.

     

  • Haití suma otra misión internacional sin garantía de éxito

    Haití suma otra misión internacional sin garantía de éxito

    El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este martes una nueva misión internacional en Haití, luego del fracaso de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que concluye esta semana. Pese a su objetivo de combatir la violencia armada, la MSS no logró frenar a las pandillas, responsables de más de 16,000 muertes desde 2022, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

    La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, autoriza el despliegue de hasta 5,500 agentes bajo la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), con la finalidad de contener a los grupos criminales que controlan vastas zonas del país.

    Marie Rosy Auguste Ducéna, directora de programas de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), lamentó la falta de resultados de la MSS.

    “No es una sorpresa que la MSS no tuviera éxito. Nos preocupaba la forma en que se decidió llevarla a cabo”, declaró Auguste Ducéna a EFE.

    También criticó que la misión llegara sin equipamiento adecuado para enfrentar a las bandas armadas.

    La activista apuntó que la MSS tenía como objetivo inicial asegurar las carreteras y proteger infraestructuras críticas, pero en la práctica “ni siquiera se les ve”. Mencionó el caso del departamento de Artibonite, donde “más del 50 % de los 15 municipios han sido atacados o están bajo control de pandillas”.

    Un integrante de la Policía haitiana patrullando, en Liancourt, Haití, frente a una patrulla baleada por pandilleros. EFE

    En cuanto a la GSF, Ducéna reconoció que hay un diseño distinto que podría jugar a su favor, con más apoyo internacional y mejor preparación para ejecutar operaciones.

    “Estará mejor equipada y tendrá mayor autonomía que la MSS”, indicó. Sin embargo, subrayó que el problema de fondo sigue sin resolverse.

    “Cuando hablamos de seguridad a mediano y largo plazo, se trata ante todo de una cuestión de gobernanza. La seguridad va de la mano del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Si no se hace nada al respecto, la llegada de más fuerzas extranjeras no cambiará la situación estructural”, explicó Ducéna.

    Desde 1990, Haití ha sido escenario de más de diez misiones internacionales, ninguna con resultados duraderos. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), activa entre 2004 y 2017, dejó un recuerdo amargo: provocó un brote de cólera que mató a unas 10,000 personas y fue acusada de casos de explotación sexual y represión civil.

    Para Ducéna, “son las autoridades haitianas las que deben decidir qué quieren hacer con este país”, advirtiendo que, sin voluntad política y fortalecimiento institucional, Haití continuará atrapado en el ciclo de inseguridad, dependencia y violencia.