La crisis climática está afectando de manera desproporcionada a las niñas en América Latina y el Caribe, según un estudio publicado este miércoles por la organización Plan International, que urgió a incluir los derechos de la niñez en las decisiones políticas de foros como la COP30 que se desarrolla en Belém, Brasil.
El informe, titulado “Infancias y crisis climáticas en América Latina y el Caribe”, se elaboró entre mayo y julio de 2025 en diez países de la región: Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana. En sus hallazgos destaca cómo la emergencia climática agrava la desnutrición infantil, la exposición a enfermedades transmitidas por el agua, la interrupción prolongada de la educación y el aumento de la violencia de género.
La ONG advierte que las niñas son las más vulnerables ante esta situación, ya que “la escasez de agua dificulta el manejo de la higiene menstrual y aumenta el riesgo de infecciones”, además de que los roles de género tradicionales les asignan la tarea de recolectar agua en momentos de escasez, lo cual las expone a mayor riesgo de sufrir violencia sexual.
El informe también relaciona la crisis ambiental con un aumento del matrimonio infantil y el abandono escolar. “Muchas veces los padres tienden a sacar de la escuela primero a las niñas, entonces las niñas dejan de estudiar para poder atender a la familia, como cocinar y cosas así”, relató una adolescente ecuatoriana entrevistada por Plan International.
La directora ejecutiva de Plan International Brasil y delegada en la COP30, Cynthia Betti, hizo un llamado a los gobiernos para adoptar compromisos concretos: “La justicia climática implica garantizar que las niñas y adolescentes puedan participar, adaptarse y liderar soluciones ante la crisis climática”.
Betti también criticó las barreras económicas y logísticas que enfrentan las jóvenes delegadas para participar en las negociaciones internacionales. “No basta con reaccionar ante las emergencias: debemos transformar la forma en que se toman las decisiones y se distribuyen los recursos, asegurando una inclusión real, no meramente simbólica”, afirmó.