El Consejo Noruego de Refugiados (NRC) advirtió que dejar fuera a Líbano del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán podría provocar una nueva escalada de violencia en Oriente Medio.
La organización, con amplia presencia en la región, denunció además los recientes ataques lanzados contra Israel desde territorio libanés, en medio de la frágil tregua.
“Un alto el fuego que excluya al Líbano amenaza con alimentar una mayor escalada y socavar cualquier esperanza de estabilidad”, afirmó el secretario general del NRC, Jan Egeland.
El representante humanitario también denunció que Israel intensificó sus ofensivas en las últimas horas, con bombardeos sobre Beirut, el sur del país y el valle de la Bekaa.
Según Egeland, esta situación ha afectado directamente a la población civil, que esperaba regresar a sus hogares tras el anuncio de la tregua.
“Familias que al escuchar la noticia del alto el fuego estaban preparadas para abandonar los refugios colectivos y regresar a sus hogares han visto sus esperanzas destrozadas por los nuevos ataques”, lamentó.
Aunque calificó el alto el fuego como un alivio para los civiles en Irán y otras zonas afectadas, insistió en que el acuerdo debe ampliarse para incluir a toda la región y evitar nuevos enfrentamientos.
El diplomático noruego subrayó que todas las partes deben comprometerse a poner fin a las hostilidades más allá de las dos semanas inicialmente pactadas.
Además, el NRC alertó sobre la falta de financiamiento para atender la crisis humanitaria, ya que solo han recibido un tercio de los fondos solicitados para sus operaciones en Irán y Líbano.
La organización insistió en la necesidad de una respuesta internacional más amplia para evitar un deterioro mayor de la situación en Oriente Medio.
Cerca de 100,000 personas abandonaron la capital de Irán, Teherán, durante los dos primeros días posteriores a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel, según informó este jueves el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El organismo internacional indicó que miles de residentes han salido de la ciudad, principalmente hacia el norte del país.
“Se estima que 100,000 personas abandonaron Teherán en los dos primeros días tras los ataques, con entre 1,000 y 2,000 vehículos diarios que, según informes —de la Policía iraní— salieron de la capital”, detalló ACNUR en una nota informativa.
La agencia de la ONU advirtió que la situación humanitaria en la región ha sufrido un deterioro significativo en medio del conflicto, donde ya se contabilizan 24.6 millones de desplazados y personas retornadas.
El conflicto también se ha extendido a otros puntos de Oriente Medio. En Líbano se han registrado ataques cruzados entre el Ejército israelí y el grupo chií Hezbolá, lo que ha provocado nuevos desplazamientos de población.
Solo el lunes, casi 10,000 ciudadanos sirios y alrededor de 1,000 libaneses abandonaron el sur del Líbano y zonas del sur de Beirut para trasladarse hacia Damasco, en Siria.
La ministra de Asuntos Sociales de Líbano, Hanin el Sayed, indicó que el número de desplazados internos en el país supera los 83,000, mientras que organizaciones humanitarias estiman que la cifra podría superar las 180,000 personas. Las autoridades libanesas también informaron que hay 399 refugios habilitados para atender a la población desplazada.
ACNUR había advertido a inicios de la semana sobre el riesgo de nuevos movimientos de población debido a la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, que ha incluido ataques contra territorio israelí y contra intereses estadounidenses en la región.
El asedio petrolero de Washington contra Cuba cumplió el domingo un mes, en medio de una crisis humanitaria que se profundiza en la isla, con incertidumbre generalizada, señales políticas contradictorias y crecientes rumores de contactos bilaterales discretos.
La falta de combustible ha paralizado amplios sectores. Las gasolineras permanecen desabastecidas, hospitales reportan carencia de medicamentos y suspensión de tratamientos básicos y cirugías, mientras el transporte público prácticamente desapareció.
Los precios de los alimentos se han disparado y universidades y oficinas estatales operan a distancia, replicando esquemas aplicados durante la pandemia. Incluso el Ejército fue desplegado de emergencia para recoger acumulaciones de basura en varias ciudades.
El Coordinador Residente de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, advirtió esta semana sobre el riesgo de “crisis humanitaria” en la isla. En la misma línea, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Völker Türk, sostuvo que este bloqueo, calificado por su oficina como contrario al derecho internacional, está “empujando al país al borde del colapso”.
El impacto económico es generalizado. Grandes cadenas hoteleras como Meliá Hotels International e Iberostar han cerrado instalaciones, mientras la minera canadiense Sherritt International detuvo la extracción de níquel y cobalto por falta de combustible.
Una encuesta de la firma cubana Auge revela que un 78 % de las pequeñas y medianas empresas privadas reporta caídas en sus ventas. “El impacto es sistémico”, señala el informe.
El experto cubano Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, advirtió que si no ingresaba más petróleo, Cuba agotaría sus reservas estratégicas en marzo y entraría en una “grave crisis”.
Desde el inicio del asedio solo un tanquero internacional ha arribado a puertos cubanos. No obstante, esta semana comenzaron a llegar los primeros isotanques con diésel importados principalmente desde Miami, así como desde México y Colombia, gestionados por pequeñas empresas privadas.
En paralelo, varios países han enviado ayuda humanitaria, con México liderando los envíos tras entregar 1,200 toneladas de alimentos en La Habana. Canadá, Chile y España también han expresado su solidaridad. A su vez, Estados Unidos adoptó medidas que permiten la entrada limitada de combustible para el sector privado, lo que ofrece un alivio parcial pero no resuelve el déficit estructural, ya que Cuba apenas produce un tercio de sus necesidades energéticas y su crudo no es refinado.
El contexto se tensó tras el incidente de una lancha rápida con matrícula de Florida que ingresó en aguas cubanas. La Tropa Guardafrontera abatió a cuatro ocupantes luego de que, según La Habana, abrieran fuego en un “intento de infiltración con fines terroristas”.
Las autoridades informaron que en la embarcación se hallaron 14 rifles de asalto, 11 pistolas y cerca de 13,000 balas. Pese al potencial desestabilizador, la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con moderación y manifestó su intención de esclarecer el hecho de manera independiente.
Medios estadounidenses como Axios y Miami Herald han publicado reportes sobre supuestos contactos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro. Se habla de conversaciones preliminares sobre reformas económicas graduales y una posible retirada escalonada de sanciones, aunque el Gobierno cubano no ha confirmado dichos contactos.
Analistas consideran plausible la existencia de intercambios informales, aunque advierten que ello no implica necesariamente negociaciones formales ni una reducción inmediata de la presión estadounidense.
El empresario cubanoamericano Hugo Cancio animó el sábado a La Habana a aprovechar la “oportunidad única” de sentarse a negociar con el Gobierno de Estados Unidos, pese a reconocer que es “difícil” hacerlo bajo presión.
En entrevista con EFE desde Miami, el propietario de la plataforma Katapulk y del medio OnCuba consideró que la actual coyuntura abre una puerta que no debería desaprovecharse.
“Yo no creo que es saludable a negociar bajo presión. Pero a veces hay que hacer lo que toca, no lo que uno quiere (…) El Estado cubano tiene en este momento una oportunidad única de sentarse a negociar con el Gobierno los Estados Unidos”, afirmó.
Cancio destacó que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “ha tomado la iniciativa” para buscar un entendimiento, aun cuando dispone de “todas las herramientas del mundo” para forzar cambios en Cuba.
El empresario calificó como “una transacción -llamémoslo inhumano, llamémoslo incoherente, lo que queramos-, pero es una oportunidad, una puerta que está abierta, que hay que aprovecharla”.
También consideró positivo que el secretario de Estado, Marco Rubio, señalara que “la apertura económica es un buen comienzo” y valoró la reciente flexibilización de restricciones sobre exportación de combustibles al sector privado en la isla.
Cancio reconoció que el asedio petrolero y las sanciones estadounidenses han “profundizando” la “crisis humanitaria” en Cuba y las calificó como una política “extremadamente injusta” para el pueblo cubano. Sin embargo, llamó a abandonar el “pimpón de la culpabilidad” entre ambas orillas y buscar una reforma económica que permita el regreso de la diáspora y la inversión privada desde el exterior.
“Abrir el marco jurídico para que el sector privado en Cuba tenga más capacidad de movimiento”, propuso, al asegurar que las empresas privadas importaron el año pasado $1,000 millones y que las plataformas digitales realizan unas 20,000 transacciones diarias.
El empresario sostuvo que los cambios deben ir más allá de la economía y apuntar a “una Cuba mucho más democrática, más plural, más inclusiva, más participativa, que reciba a todos sus hijos”. A su juicio, el papel de Estados Unidos puede centrarse en el ámbito económico, mientras que el futuro político corresponde a los cubanos.
“Yo le he dedicado prácticamente toda mi vida como ciudadano privado a eso, a que mi país natal, mi país de origen y mi país adoptivo concilien sus diferencias y no he parado de hacerlo”, subrayó.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) expresó este sábado su “profunda preocupación” por el deterioro económico y social que atraviesa la isla, y llamó a emprender “cambios estructurales” sin causar más sufrimiento a la población.
En un mensaje divulgado en su sitio web, los obispos afirmaron que “Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor”. La declaración surge en medio de una nueva tensión geopolítica tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.
Trump firmó el jueves una orden ejecutiva en la que calificó a Cuba como “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de EE.UU., una medida que podría paralizar el suministro de combustible a la isla.
La nueva sanción se produce semanas después del cese del envío de crudo venezolano a La Habana, consecuencia de la caída del presidente Nicolás Maduro, depuesto el pasado 3 de enero tras una intervención militar estadounidense. Según Trump, impedir el acceso a petróleo acelerará un “cambio de régimen” en Cuba, cuyo gobierno enfrenta una aguda crisis.
En respuesta, los obispos cubanos reiteraron que desean “una Cuba renovada, próspera y feliz, pero sin aumentar el sufrimiento de los pobres, de los ancianos, de los enfermos, de los niños cubanos”.
La COCC insistió en que “los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia, nunca por la coerción o la violencia”, y abogó por “un ambiente de pluralidad y respeto dentro del país”.
La isla enfrenta una crisis profunda desde hace más de cinco años, con severas afectaciones en la generación de electricidad, abastecimiento de agua, transporte público, servicios de salud y escasez de productos básicos. La situación se agrava con apagones diarios, elevada inflación, creciente dolarización y una migración masiva que sigue en aumento.
Más de 8,100 personas fueron asesinadas en Haití entre enero y noviembre de 2025, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), el cual advierte que la cifra real podría ser mayor debido al acceso limitado a zonas controladas por bandas armadas.
La violencia se ha intensificado en zonas urbanas y periféricas, donde las pandillas operan con armas de alto calibre y ejecutan ataques coordinados. Además, la expansión de estos grupos más allá de Puerto Príncipe ha deteriorado aún más el control del Estado, obstaculizando rutas humanitarias y comerciales clave.
Entre septiembre y noviembre de 2025, el país registró 1,991 víctimas de homicidio, incluidas 142 mujeres, 12 niñas y 44 niños, lo que representa una reducción del 6.2 % en comparación con el trimestre anterior. No obstante, los asesinatos se incrementaron en zonas fuera de la capital, especialmente en los departamentos de Artibonite y Centro, donde se reportaron 1,916 homicidios, frente a los 1,050 del mismo período en 2024.
La Policía Nacional de Haití, con apoyo de las Fuerzas Armadas y unidades internacionales de represión contra pandillas, lanzó operativos en el área metropolitana de Puerto Príncipe y sectores clave de Artibonite, logrando reabrir varias carreteras estratégicas.
Un integrante de la Policía Nacional de Haití (PNH) patrulla tras el ataque de una pandilla, en Kenscoff, Haití. EFE
Pandillas imponen el terror
El informe denuncia que los asesinatos voluntarios se dirigen contra personas sospechosas de colaborar con la policía o resistirse al control de las pandillas. La violencia sexual, principalmente contra mujeres y niñas, ha sido utilizada como táctica de castigo.
Además, las bandas continúan con secuestros, extorsiones y destrucción de propiedades, lo que limita el acceso a servicios básicos como salud y educación y profundiza la inseguridad alimentaria y la crisis económica. La trata de niños también ha aumentado, utilizándolos en tareas logísticas y ataques armados.
El representante especial del secretario general de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, advirtió que 2026 debe ser un punto de inflexión.
“Es imperativo que los actores nacionales dejen de lado sus diferencias y se enfoquen en organizar elecciones creíbles. El país no tiene más tiempo que perder en luchas internas prolongadas”, afirmó ante el Consejo de Seguridad.
Ruiz Massieu instó a autoridades, partidos políticos, sociedad civil, sector privado y líderes comunitarios a actuar con responsabilidad y priorizar el interés nacional.
Actualmente, cerca de 6.4 millones de personas en Haití requieren ayuda humanitaria, lo que sitúa al país entre los más golpeados por la crisis en toda la región.
“El período que se avecina es crucial para Haití. El manejo del calendario político, el apoyo a la estabilización y la atención de las urgencias humanitarias determinarán si el país logra avanzar hacia un funcionamiento institucional normal”, concluyó el funcionario de la ONU.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió el viernes que los niños en Ucrania enfrentan un escenario devastador, marcado por temperaturas extremas bajo cero y ataques constantes del Ejército ruso contra la infraestructura energética, lo que mantiene a millones de familias “en un estado constante de supervivencia”.
Desde Ginebra, el representante de UNICEF en Ucrania, Munir Mammadzade, describió un panorama crítico.
“Millones de familias pasan días enteros sin calefacción, electricidad ni agua potable. El escenario invernal que tanto temíamos ya es una realidad”, afirmó Mammadzade.
El funcionario detalló que las condiciones climáticas han agravado el impacto de la guerra sobre los más vulnerables.
“Niños, niñas y sus familias viven en edificios de varios pisos sin calefacción, a -18 grados centígrados, resguardándose de bombardeos y resistiendo temperaturas extremas”, lamentó.
El representante explicó que la situación no solo pone en riesgo la salud física de los menores, sino también su estabilidad emocional.
“La oscuridad, el frío y el estrés agravan enfermedades respiratorias y generan un miedo constante. Los recién nacidos y lactantes, por su fragilidad, están en mayor riesgo de hipotermia y enfermedades que pueden volverse mortales sin la atención médica adecuada”, alertó.
Además, la educación de los niños también se ha visto severamente afectada. Las escuelas en Kiev y otras regiones del país han debido migrar completamente a clases virtuales debido al frío, pero los apagones frecuentes dificultan incluso esta modalidad, dejando a miles sin acceso a la enseñanza.
Frente a este panorama, UNICEF ha intensificado su respuesta invernal con el envío de cerca de 80 generadores de alta capacidad para apoyar a empresas de agua y calefacción en distintas regiones. El objetivo es reducir interrupciones en los servicios esenciales y ofrecer soluciones sostenibles en medio de la crisis.
“Es una carrera contrarreloj”, subrayó Mammadzade, destacando el trabajo inmediato de los técnicos en cuanto se registran daños a las infraestructuras.
Siria conmemora este lunes un año desde la caída del régimen de Bashar al Assad, derrocado por una ofensiva combinada de rebeldes y yihadistas liderados por el grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS). En este periodo, el país ha experimentado un frágil proceso de transición encabezado por el exlíder de HTS, Ahmed al Shara, quien busca legitimidad internacional mientras enfrenta una aguda crisis humanitaria y severos desafíos en seguridad y gobernabilidad.
El colapso del régimen, que se mantuvo en el poder desde 1971 tras un golpe de Estado liderado por Hafez al Assad y sucedido por su hijo Bashar en 2000, se consolidó entre el 27 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024, cuando los rebeldes tomaron control de Damasco tras avanzar desde Idlib. Bashar al Assad huyó a Rusia en medio del desplome de su estructura militar y política.
La ofensiva coincidió con un alto el fuego en Líbano entre Israel y Hezbolá, mientras aliados clave del régimen, como Irán y Rusia, se encontraban debilitados o distraídos por otros conflictos, dejando al gobierno sirio expuesto tras años de guerra civil.
Desde su llegada al poder, Al Shara —también conocido como ‘Abú Mohamed al Golani’— ha buscado reformar la imagen del nuevo gobierno ante la comunidad internacional. Su participación en septiembre ante la Asamblea General de la ONU y su histórica visita en noviembre a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reflejan su intento de legitimación. Durante esa visita, incluso se fotografió jugando baloncesto con altos mandos militares estadounidenses.
Este giro diplomático ha dado frutos parciales. Países como Estados Unidos, Reino Unido y miembros de la Unión Europea han levantado algunas sanciones, lo que ha sido presentado por Al Shara como un esfuerzo para reactivar la economía y facilitar la llegada de ayuda humanitaria.
El presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa (c), en una imagen de archivo. EFE
Persisten los conflictos y las denuncias
Pese a los avances internacionales, la situación interna de Siria sigue marcada por conflictos armados, abusos y tensión social. La desarticulación del aparato de seguridad vinculado al régimen alauita generó conflictos entre antiguos oficiales y nuevas fuerzas, ahora conformadas por exrebeldes y yihadistas. En marzo, un levantamiento liderado por un exfuncionario de Al Assad fue aplastado violentamente, con denuncias de ejecuciones sumarias y desapariciones.
En la provincia de Sueida, los enfrentamientos entre comunidades beduinas y drusas dejaron más de 1,000 muertos y obligaron al desplazamiento de decenas de miles. La intervención de las fuerzas de seguridad a favor de los beduinos desató una crisis regional, que Israel aprovechó para lanzar ataques aéreos y ocupar posiciones estratégicas en defensa de los drusos.
El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Thameen al Keethan, reconoció que las nuevas autoridades han tomado algunos pasos positivos, pero advirtió que son “solo el inicio” de un proceso más amplio de justicia. Mencionó casos de asesinatos arbitrarios, secuestros y ataques selectivos contra minorías o personas relacionadas con el régimen anterior.
Israel, por su parte, ha intensificado su presencia militar en Siria. Aunque se ha mostrado dispuesto a negociar con el nuevo gobierno, exige como condición una zona tapón desmilitarizada en la frontera. En paralelo, sectores radicales han criticado a Al Shara por su acercamiento a Occidente y por sumarse a la coalición internacional contra el Estado Islámico, considerando que ha traicionado los principios yihadistas de su pasado.
Crisis humanitaria y pobreza extrema
A nivel humanitario, Siria sigue enfrentando condiciones críticas. La Agencia de la ONU para los Refugiados estima que más de 16 millones de personas necesitan asistencia urgente. Las infraestructuras básicas como agua potable, centros de salud y escuelas están destruidas o colapsadas, mientras que la mayoría de refugiados que han retornado encuentran condiciones igualmente precarias.
Desde la caída del régimen de Al Assad, más de 1.2 millones de refugiados y 1.9 millones de desplazados internos han regresado a sus hogares, según datos de la organización Save the Children. No obstante, el 90 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado.
Rasha Muhrez, directora de Save the Children en Siria, advirtió que “muchas personas quieren regresar a sus hogares, pero se encuentran con la devastación y la falta de servicios básicos”. Añadió que la infancia debe estar al centro de la reconstrucción y urgió a la comunidad internacional a mantener la inversión. “La crisis está lejos de haber terminado”, concluyó.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) alertó este miércoles que miles de desplazados en la Franja de Gaza carecen de refugios adecuados para afrontar el invierno, en medio de intensas lluvias y un marcado descenso de temperaturas.
“Miles de personas desplazadas por la fuerza en la Franja luchan por encontrar un refugio seguro ante el inminente frío. La gente no tiene más remedio que improvisar tiendas de campaña. Se necesitan más refugios”, publicó la agencia en su cuenta oficial en X.
La UNRWA aseguró que al menos 79,000 gazatíes viven actualmente en 85 refugios que gestiona, tras ser forzados a abandonar sus hogares por los continuos ataques del Ejército israelí.
Desde hace más de dos años, las fuerzas del primer ministro Benjamín Netanyahu han ejecutado bombardeos bajo el argumento de que se trata de “objetivos terroristas”. Sin embargo, han alcanzado no solo zonas residenciales, sino también escuelas y edificios de la UNRWA habilitados como refugios temporales.
Las lluvias registradas el martes provocaron inundaciones en decenas de improvisadas carpas donde subsisten cientos de familias palestinas. Esta situación se ha repetido en las últimas semanas, agravando aún más las condiciones de vida de los desplazados.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, alertó que la población gazatí es “extremadamente vulnerable” ante las duras condiciones climáticas, y criticó que las autoridades israelíes sigan impidiendo la entrada de tiendas y viviendas prefabricadas que podrían aliviar la crisis.
Según cifras publicadas por la agencia oficial palestina Wafa, en Gaza se requieren al menos 300,000 tiendas de campaña y estructuras habitacionales temporales para cubrir las necesidades mínimas de los desplazados, la mayoría de los cuales ha perdido su vivienda como resultado de los bombardeos israelíes.
La economía palestina ha entrado en una fase de «colapso casi total» debido a dos años de operaciones militares israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, según advirtió este martes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El organismo de la ONU afirma que este deterioro económico es uno de los peores registrados en el mundo desde 1960.
El informe ‘Evolución de la economía de los Territorios Palestinos Ocupados’ señala que, al cierre de 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) palestino retrocedió a niveles observados en 2010. El PIB per cápita, por su parte, se redujo al equivalente de los niveles de 2003, lo que implica la pérdida de 22 años de progreso en desarrollo económico y social.
UNCTAD destaca que la situación en Gaza es crítica: entre 2023 y 2024, su PIB se contrajo un 87 %, alcanzando apenas $362 millones. A su vez, el PIB per cápita cayó a $161, uno de los más bajos del mundo. “La pobreza es multidimensional en Gaza, mientras que en Cisjordania se vive la recesión más grave de la que se tiene constancia”, alerta el documento.
La destrucción de infraestructura, la pérdida de capacidad productiva y el desplazamiento masivo de personas han generado “daños duraderos al capital humano”. Las interrupciones en educación y servicios básicos podrían tener “efectos a largo plazo en los medios de vida y en la resiliencia social”.
“El tamaño del daño plantea enormes desafíos para la recuperación económica. Incluso con ayuda internacional significativa, regresar a los niveles económicos previos a octubre de 2023 podría llevar décadas”, subraya el informe. Según estimaciones, se necesitarían al menos $70,000 millones para reconstruir Gaza.
UNCTAD llama a la comunidad internacional a intervenir de inmediato para frenar “la caída libre de la economía”, enfrentar la crisis humanitaria y sentar las bases de una paz sostenible.
“Las operaciones militares repetidas y las severas restricciones de entrada han desmantelado por completo la base productiva de Gaza y creado una dependencia casi total de la ayuda exterior”, concluye.
En Cisjordania, más de 3.3 millones de personas están afectadas por restricciones de movimiento, expansión de asentamientos y bloqueo del acceso a tierras y mercados. Desde finales de 2023, el PIB cayó un 17 % y el PIB per cápita bajó un 18.8 %, cifras que no se veían desde 2014 y 2008.
Las causas del deterioro económico incluyen la reducción de ayuda internacional, el recorte de ingresos fiscales y el efecto de las transferencias retenidas por Israel. Entre 2019 y abril de 2025, estas deducciones ascendieron a $1,760 millones, equivalente al 12.8 % del PIB de 2024.
Frente a este escenario, UNCTAD exhorta a la comunidad internacional a garantizar el alto el fuego, reanudar las transferencias fiscales, permitir el comercio e inversión, y elaborar un plan de recuperación integral que devuelva dignidad y estabilidad económica a la población palestina.
