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Costa Rica, un país reconocido a nivel internacional por su estabilidad democrática y política, se encamina a una decisión inédita: levantar o no el fuero al presidente del país, Rodrigo Chaves, para que enfrente un proceso penal por un caso de supuesto manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La Asamblea Legislativa conformó el pasado miércoles una comisión integrada por tres diputados, la cual deberá analizar la acusación contra el mandatario remitida este mes por la Corte Suprema de Justicia y rendir un informe en un plazo de 20 días prorrogable por otros 20, para que el Plenario vote si levanta el fuero o no.

Para que el fuero sea levantado se necesitan 38 votos, es decir, dos terceras partes del Legislativo, que mayoritariamente está integrado por partidos de oposición.

Si el fuero es levantado, la Fiscalía podrá seguir investigando y eventualmente indagar al presidente. Si la votación no prospera, el caso retornará al Poder Judicial a la espera de que el mandatario termine su período en mayo de 2026.

Desde la última guerra civil de este país ocurrida en 1948 y la abolición del ejército a finales de ese año, Costa Rica ha celebrado procesos electorales ininterrumpidos, todos los presidentes han terminado sus periodos sin mayor inconveniente y a ninguno se le ha levantado el fuero, aunque varios sí han estado envueltos en procesos judiciales.

El caso BCIE

La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión en la contratación, aparentemente a la medida, para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación para la Presidencia con 405.000 dólares donados por el BCIE.

La acusación de la Fiscalía también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de Despacho del presidente Chaves, y Federico Cruz, quien fue asesor de campaña electoral y personal del mandatario.

Según la acusación, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación, luego de sostener reuniones en la Casa Presidencial.

Además del caso relacionado con los fondos del BCIE, el presidente Chaves enfrenta otra acusación de la Fiscalía General por la aparente utilización de dos estructuras paralelas de financiación en la campaña electoral.

Esta acusación se encuentra desde junio pasado en estudio por la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si la traslada al Congreso para que se inicie el proceso de levantamiento del fuero.

Acusaciones «absurdas» y los roces con el fiscal

En reiteradas ocasiones Chaves, quien goza de una popularidad superior al 50 % según las encuestas, ha tildado de «absurdas», «ridículas» y «politiqueras» las acusaciones en su contra, en el marco de un tensa relación con el fiscal general, Carlo Díaz.

«Era cuestión de tiempo para que la Corte Plena, vestida con la toga de la institucionalidad, hiciera política de la más barata enviándole la brasa caliente de la acusación absurda que se montó (el fiscal general) Carlo Díaz a la Asamblea Legislativa para que me levanten el fuero», declaró Chaves el pasado 1 de julio tras conocer que la Corte Suprema de Justicia trasladó la acusación al Congreso.

Los roces del presidente con el fiscal general han sido constantes. Incluso en marzo pasado Chaves participó en una marcha junto a cientos de sus seguidores para pedir la renuncia de Díaz.

Entonces, el fiscal calificó la marcha como «una señal más del debilitamiento que él pretende de la división de poderes y de la institucionalidad», y aseguró que las investigaciones que lleva adelante fueron el motivo de la manifestación.

Además de los procesos judiciales, Chaves también enfrenta varias denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por beligerancia política, y ya ha sido advertido de que no debe referirse a temas electorales en momentos en que se acerca el inicio oficial de la campaña rumbo a los comicios de febrero de 2026.

En Costa Rica no está permitida la reelección consecutiva, pero el mandatario y su círculo cercano han insistido durante actos públicos en que el próximo Gobierno necesita una mayoría calificada de diputados para hacer reformas profundas.

Durante los últimos meses circuló el rumor de que Chaves podría renunciar para competir en las elecciones de 2026 por un puesto como diputado, pero el mandatario finalmente lo descartó el pasado miércoles, al filo de que venciera el plazo de ley para que los funcionarios de los supremos poderes con aspiraciones electorales dejaran sus cargos.