La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del excomandante sandinista Bayardo Arce, quien permanece detenido desde julio de 2025 en Nicaragua, tras considerar que enfrenta una situación de riesgo grave.
En su resolución, el organismo señaló que Arce, de 77 años, y su núcleo familiar están expuestos a posibles daños irreparables en sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
El exasesor presidencial fue declarado culpable en enero por una supuesta estafa al Estado valorada en aproximadamente $5,000 millones, según la Procuraduría, en medio de cuestionamientos y denuncias contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La CIDH indicó que Arce se encuentra recluido en condiciones de aislamiento, sin acceso adecuado a atención médica pese a padecimientos crónicos, lo que agrava su estado de salud.
Asimismo, el organismo advirtió que sus familiares han sido objeto de vigilancia, intimidaciones y actos de persecución por parte de agentes estatales, sin que el Estado haya brindado información sobre el caso.
«Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho referidas en el presente asunto, la CIDH consideró que el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo y podría estar expuesto a una mayor afectación de sus derechos, dada su condición de persona mayor y privada de libertad», indicó la resolución.
Ante este escenario, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua adoptar medidas urgentes para proteger los derechos fundamentales de Arce, incluyendo garantizar condiciones de detención adecuadas conforme a estándares internacionales.
También pidió realizar una evaluación médica integral inmediata, asegurar acceso a tratamiento especializado y medicamentos, así como permitir la comunicación regular con sus familiares y representantes.
El organismo instó además a que se detengan las acciones de hostigamiento contra su familia, en un contexto donde al menos siete opositores han fallecido bajo custodia estatal en los últimos años.
Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde 2018, profundizada tras las elecciones de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un nuevo mandato en medio de fuertes críticas internacionales.
Leopoldo López, una de las caras más visibles de la oposición venezolana, espera que la salida del poder del depuesto presidente Nicolás Maduro lleve a la «democratización total de Venezuela», un camino, que según él, debe ser de transición «propia» y que no debería quedarse solo en la estabilización económica.
En una entrevista en Washington, adonde viajó como orador invitado a la Lipset Lecture, una prestigiosa conferencia anual sobre democracia en el mundo, el activista y exprisionero político reflexionó sobre el futuro de una Venezuela pos-Maduro, el papel de la oposición en este «inicio de la transición» y la noción de que «ninguna dictadura es para siempre».
PREGUNTA: Más de una semana después de la captura por fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro ¿cómo responde a quienes insisten en que las acciones de Washington tienen que ver más con el petróleo que con la democracia?
Creo que quien diga eso no conoce Venezuela y no sabe lo que ha significado vivir en Venezuela bajo Chávez y Maduro. Estamos en un escenario mejor que hace 10 días, pero todavía no estamos en democracia.
Estamos en un proceso de inicio de una transición que va a requerir estabilizar el país. Esperamos que este proceso culmine en una democratización total de Venezuela. No estamos allí. Hay una transición en donde el régimen se mantiene, pero la expectativa es que haya cambios que apuntalen el progreso hacia una democracia.
El peligro está en que se busque solo una estabilidad en lo económico que no construya el camino a la democracia, el cual corresponde a los venezolanos.
Cuando dicen que todo esto es para que los americanos tengan control del petróleo venezolano, no podemos olvidar que hoy los vínculos de Venezuela con su petróleo y su gas son con Rusia, con Irán y con China, vendido a unas tasas de descuento altísimas en un esquema que ha permitido a quienes están en el poder valerse de los recursos del Estado. Siempre se ha planteado la necesidad de abrir la industria petrolera al capital privado internacional y venezolano.
P. ¿Qué se requiere para eso?
R. En la reunión que tuvieron el presidente Trump y los representantes de las grandes empresas petroleras, lo dijeron. Estas son inversiones que requieren estabilidad no de años, sino de décadas. Y para que eso ocurra tiene que haber un Estado de derecho, unas garantías. Tiene que haber una estabilidad que hoy no representa la dictadura interina de Delcy Rodríguez.
P. ¿Cómo se vive este proceso en Venezuela?
R. Yo te diría que hay una alegría contenida porque el régimen se mantiene. En estos momentos sigue habiendo mucha represión en Venezuela y censura. Hay casi 1,000 presos políticos y solo han liberado a 20 (distintas ONGs hablan de algunas decenas más). El país no ha cambiado estructuralmente, lo que ha surgido es la posibilidad de que comience este cambio. Y para que comience, tendrá que ser a través de una elección transparente en donde se pueda participar abiertamente.
P. ¿Qué riesgo existe de que el Gobierno interino de Delcy Rodríguez se consolide en el poder sin una verdadera alternativa democrática? ¿Cuál es papel de la oposición?
R. Lo que hemos visto es que hay dos partes que en los últimos 10 días han hablado: el Gobierno de Estados Unidos, y la dictadura interina de Delcy Rodríguez y el gran tema ausente en esa conversación ha sido la democracia. ¿A quién le corresponde presentar esa agenda y proponer una ruta clara? Al liderazgo democrático en Venezuela, encabezado por la legitimidad de Edmundo González y María Corina Machado, premio Nobel de Paz, y todos los que estamos comprometidos con una Venezuela democrática.
P. ¿Qué importancia le confiere a la reunión entre María Corina Machado y Trump en la Casa Blanca?
R. Es una oportunidad para que quede muy claro el mensaje de democracia, el mensaje de libertad, que tenga que venir acompañado de una acción y una ruta concreta de cómo podemos llegar a la democracia.
P. ¿Todavía mantiene su propósito de regresar a Venezuela?
R. Claro que sí. Por supuesto que queremos contribuir con todo este esfuerzo al que le hemos dedicado la vida, estos 25 años de lucha. Y por supuesto que nuestra mayor aspiración, y hablo de un colectivo gigantesco de millones de personas, es poder regresar a Venezuela.
P. ¿Como ve el impacto de este proceso en la región, en países como Cuba y Nicaragua?
R. Creo que tienen impactos en distintas dimensiones. El primero de ellos es entender que las dictaduras no son para siempre. Luego entender que pueden venir momentos en donde se quiebren estos sistemas. Lo tercero es que la ciudadanía se tiene que mantener activa y esperanzada, y yo sí creo que estamos en el inicio de un proceso de cambio en el continente americano y además yo creo que para los EE.UU. es estratégico que el continente americano sea uno de democracia y libertad.
Y eso pasa no sólo por Venezuela, sino también por Cuba y por Nicaragua.
Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
En Nicaragua hay actualmente 62 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 28 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más graves: 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan silencio, miedo y hostigamiento», advirtió esa ONG.
De esas 62 personas privadas de libertad por razones políticas, 6 son mujeres y 56 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), anotó ese organismo.
Esa cifra (62) representa una disminución respecto al reporte anterior, que contabilizaba 77 detenidos, debido a la excarcelación de al menos 18 personas y la incorporación de tres nuevos casos, explicó.
La lista actualizada mantiene al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.
Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990), es además la persona privada de libertad con mayor edad: 81 años.
Otros que aparecen en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores.
También los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.
El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, ha advertido de que el número real de detenidos puede ser mayor debido a que hay familiares que no denuncian los casos por temor.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».
