El Gobierno de Guatemala aseguró este sábado que no negociará con los líderes de la pandilla Barrio 18, responsables de motines simultáneos en tres centros penitenciarios del país, donde mantienen retenidos a 46 empleados del Sistema Penitenciario como medida de presión para recuperar privilegios perdidos.
Los disturbios se registran en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla, así como en Fraijanes II y en el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital guatemalteca.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, atribuyó los motines a una reacción directa del crimen organizado ante las recientes requisas realizadas por las autoridades para retomar el control estatal, desarticular “call centers” utilizados para extorsiones y frenar el ingreso de objetos ilícitos a las prisiones.
“Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones”, declaró Villeda, al descartar cualquier tipo de diálogo condicionado.
Según información oficial, las exigencias habrían sido formuladas por Aldo López Ochoa, alias “Lodo”, identificado como líder del Barrio 18, quien demandaba su traslado a otro penal y comodidades como aire acondicionado, ingreso de alimentos de restaurantes y una cama tipo King Size en su celda.
Las autoridades confirmaron que actualmente los reclusos mantienen como rehenes a nueve guardias en Renovación I, otros nueve en el Centro Preventivo de la zona 18 y 28 agentes penitenciarios en Fraijanes II. Además, se reportaron acciones externas para generar caos, entre ellas la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico.
El ministro responsabilizó directamente a los reclusos por la integridad física de los empleados retenidos y advirtió que el Estado está dispuesto a usar la fuerza pública para restablecer el orden. “Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado (…) Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros y dar cumplimiento a esta orden, lo vamos a hacer”, sentenció.
La Policía Nacional Civil y el Ejército mantienen desplegados anillos de seguridad alrededor de los centros penitenciarios afectados para evitar fugas, proteger a la población civil y evaluar una eventual incursión táctica que permita liberar al personal retenido.
