Etiqueta: Cristosal

  • La CIDH revisará denuncia de ONG sobre traslado "arbitrario" de 76 jueces en El Salvador

    La CIDH revisará denuncia de ONG sobre traslado «arbitrario» de 76 jueces en El Salvador

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará la denuncia de la organización humanitaria Cristosal sobre el traslado «arbitrario» de 76 jueces que fueron removidos de sus cargos en 2021, según informó este miércoles la ONG.

    Cristosal indicó en un comunicado que la CIDH «analizará» su denuncia sobre el «cese y traslado arbitrario» de los 76 jueces en el país que gobierna Nayib Bukele.

    Los jueces fueron removidos en septiembre de 2021 «mediante la reforma a la Ley de la Carrera Judicial» en una medida que «impuso jubilaciones forzosas y afectó la independencia judicial, incluso en procesos como el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños», precisó la misma fuente.

    Desde la perspectiva de Cristosal, el traslado de los jueces «formó parte del desmantelamiento democrático en el país, que inició con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021».

    La denuncia ante la CIDH fue presentada por la organización no gubernamental en septiembre de 2021 por «la falta de debido proceso, la violación al principio de legalidad, la restricción de sus derechos políticos, la ausencia de protección judicial efectiva y la afectación» al derecho al trabajo de los jueces.

    «Como se expone en la denuncia, estas medidas respondieron a un proceso de concentración de poder en el Órgano Ejecutivo y a la eliminación de controles institucionales independientes, lo que debilitó gravemente el Estado de Derecho en El Salvador», recalcó la nota de prensa.

    Cristosal añadió que espera que este proceso pueda «sentar un precedente significativo para impedir que prácticas autoritarias similares se reproduzcan en otros países».

    En julio pasado, Cristosal suspendió operaciones en El Salvador «ante la escalada de criminalización» en su contra, por lo que se trasladó a Guatemala y Honduras.

  • La APES anuncia que traslada su personería jurídica al extranjero por restricciones

    La APES anuncia que traslada su personería jurídica al extranjero por restricciones

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció este miércoles que ha trasladado su personería jurídica a otro país de la región, argumentando la necesidad de continuar su labor sin presiones derivadas de las normativas restrictivas que rigen actualmente en el país.

    “Ante las restricciones y desafíos que enfrenta el espacio cívico de El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador ha decidido trasladar su personería jurídica a otro país de la región con el objetivo principal de continuar su misión de defender los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, expresó el gremio en un comunicado difundido en redes sociales.

    La organización aclaró que seguirá defendiendo a los periodistas que trabajan en territorio salvadoreño y a quienes han debido exiliarse.

    “La APES se traslada para garantizar su continuidad y ampliar su impacto, pero seguirá luchando por mantener su personería jurídica en El Salvador, la cual, fundada en 1936, enfrenta por primera vez obstáculos persistentes y sin justificación clara en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación”, agregó.

    El gremio recordó que entre enero y junio de este año 43 periodistas abandonaron El Salvador, en su mayoría profesionales de medios digitales independientes con más de una década de trayectoria.

    “El éxodo periodístico implica un riesgo inmediato para el país de experimentar un apagón informativo, ante la falta de profesionales independientes y con experiencia ejerciendo su labor”, advirtió.

    El pasado 16 de septiembre, la APES ya había anunciado el cierre de oficinas y de proyectos financiados con cooperación internacional, denunciando las “asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones” que impone la Ley de Agentes Extranjeros, promovida por el presidente Nayib Bukele. Según la gremial, en los últimos 90 días se suspendieron, liquidaron y cerraron todos los proyectos con financiamiento externo.

    Otras organizaciones también han salido del país en medio del nuevo marco legal. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su disolución en septiembre tras 33 años de trabajo; Cristosal comunicó su salida a raíz de lo que calificó como una “escalada represiva”; y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) informó recientemente su cierre.

     

  • Cristosal dedica carta a Ruth López en su cumpleaños por "su capacidad de resistir"

    Cristosal dedica carta a Ruth López en su cumpleaños por «su capacidad de resistir»

    La organización Cristosal ha publicado una carta este sábado dedicada a la abogada Ruth López, en su cumpleaños por capacidad de resistir.

    López lleva 133 días detenida acusada por la Fiscalía General de la República por por presuntamente haber colaborado con el exmagistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio en la sustracción de fondos del Estado.

    «Hoy, en su cumpleaños #48 celebramos su capacidad de resistir en medio de la adversidad. Su determinación de alzar la voz cuando otros callan y su fuerza para sostener lo que considera justo. Celebrar a Ruth es más que felicitarla, es también asumir un compromiso. El compromiso de no callar frente  las injusticias, de recordar que cada gesto honesto tiene valor y de mantener viva la llama de su ejemplo», dice parte de la carta de Cristosal, organización en la López trabajaba como jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción.

    En el documento, que la organización ha compartido en sus redes sociales, Cristosal  internacionalmente se ha reconocido el trabajo de la abogada, ya que en 2024 fue nombrada por la BBC entre las 100 mujeres más influyentes del mundo; en agosto de 2025, la American Bar Association le otorgó su Premio Internacional de Derechos Humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado salvadoreño que termina de forma inmediata su incomunicación y que revise su prisión preventiva y Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz también publicó que «en especial este día exige que se cumplan las medidas cautelares que decretó la CIDH a favor de Ruth, el pasado 23 de septiembre.

    «Oramos por Ruth López y la recordamos especialmente en este día de su cumpleaños. A la vez exigimos que se cumplan las medidas cautelares dictadas por la CIDH, para la protección de sus derechos», publicó la legisladora del partido Vamos en su cuenta de X.

    Ingrid Escobar, directora ejecutiva de Socorro Jurídico publicó «En su cumpleaños, deseamos mucha fortaleza para ella quien está presa injustamente en Izalco».

    Las medidas cautelares a favor de la abogada López fueron emitidas por la CIDH tras considerar que enfrenta una situación de “gravedad y urgencia” y que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de sufrir un daño irreparable.

    Según la CIDH, se encuentra en “estado de incomunicación absoluta”, sin contacto con sus familiares ni representantes legales, y señala que esto genera incertidumbre sobre su situación actual y su estado de salud, considerando que padece enfermedades crónicas.

    El Estado salvadoreño informó a la Comisión que la defensora recibe paquetes de higiene y alimentos, que participa en programas del centro penitenciario y que se han adoptado medidas para garantizar su salud, incluyendo un traslado a un penal con «condiciones adecuadas». El Estado sostuvo que no existen pruebas de que no reciba la atención médica necesaria.

  • Algunas organizaciones no se inscribirán el Registro de Agentes Extranjeros por funcionar con voluntariado

    Algunas organizaciones no se inscribirán el Registro de Agentes Extranjeros por funcionar con voluntariado

    El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y la Mesa por una Pensión Digna, Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), así como el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) no pidieron inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) creado por el Gobierno de El Salvador porque no reciben fondos extranjeros.

    “Nosotros no recibimos fondos del extranjero y, si así fuese, no inscribiría a la Mesa porque es un atentado hacerlo, debido a que van a buscar control contra nosotros”, respondió Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna, ante la pregunta si se inscribirían.

    Pineda reveló que la Mesa hace un esfuerzo de autofinanciamiento o voluntariado. “Compramos cositas para vender y vamos a las comunidades, muchos de nuestros miembros creen en nuestro proyecto y ellos voluntariamente aportan económicamente, y yo que pongo de mi bolsa”, detalló.

    Por su parte, la representante del SJH, Ingrid Escobar, advirtió que no percibirán donaciones del extranjero ya que se mantienen del voluntariado.

    “Somos un equipo de voluntarios, no nos vamos a inscribir por el momento”, señaló Escobar, quien reside en el extranjero por temor a represalias por sus críticas al gobierno. Actualmente, la SJH únicamente apoya a familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción y las representa en demandas de hábeas corpus que son presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

    Escobar, quien usualmente es crítica del gobierno actual, explicó que el respaldo jurídico en las demandas de habeas corpus no requiere financiamiento.

    El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) tampoco solicitó la inscripción en el RAEX, que abrió el periodo de inscripción desde el 9 de junio, dos días después del inicio de la vigencia de la ley.

    Samuel Ramírez, representante del Movir, explicó que esta no es una organización no gubernamental (ONG u oenegé) ya que surgió desde un inicio como un movimiento temporal y que se iba a mantener mientras durara el régimen. “La lucha es legítima”, sostuvo. El régimen de excepción está por cumplir tres años y medio.

    Ramírez también es crítico de la nueva ley que busca fiscalizar a las organizaciones que reciben fondos extranjeros.

    “La idea de esta ley es tratar de bloquear, eliminar aquellas organizaciones incómodas, nosotros ni siquiera intentamos inscribirla porque no era la intención formar una oenegé, sino un movimiento de víctimas que luchara con las víctimas durante el régimen, pensando en que iba a durar poco tiempo, resulta que lleva más de tres años”, indicó. Agregó que tampoco es que sean ilegales.

    Por su parte, Ángel Flores, coordinador de MILPA, informó que tampoco se inscribirán porque no reciben fondos del extranjero. “MILPA es un sindicato de trabajadores y trabajadoras del campo indígena, que se sostiene por las aportaciones de sus miembros”, explicó.

    El representante de MILPA cree que la nueva Ley de Agentes Extranjeros “obstaculizará el trabajo de organizaciones no gubernamentales que atienden temas sensibles o vinculados a los derechos humanos y de fortalecimiento organizativo de las comunidades o de grupos vulnerables” y puede ser “ser instrumentalizada para criminalizar o perseguir” a oenegés “bajo el supuesto de que realizan trabajo político”.

    Según Flores, esta normativa también estaría facultando al Gobierno “apropiarse de fondos de la cooperación internacional”.

    Otras organizaciones esperan su inscripción en el RAEX. La Fundación Comunicándonos y Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), Colectivo Feminista, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la asociación Cristosal pidieron registrarse en el RAEX como agentes extranjeros, aunque Funde y Cristosal no solicitar ser calificadas como “sujetos excluidos” del pago del impuesto del 30 % sobre las donaciones o transferencias extranjeras que reciban.

  • Oenegés de El Salvador piden exención del impuesto a agentes extranjeros y esperan resolución del RAEX

    Oenegés de El Salvador piden exención del impuesto a agentes extranjeros y esperan resolución del RAEX

    Varias organizaciones no gubernamentales de El Salvador solicitaron al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) la exención del impuesto del 30 % al financiamiento extranjero que reciben regulado en la nueva Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) de El Salvador vigente desde junio. El plazo para que las oenegés solicitaran su inscripción finalizó ayer 4 de septiembre.

    Una representante de la “Colectiva Feminista” afirmó que tienen una calificación temporal de “sujeto excluido” por 20 días. “Le han dado calificación temporal excluida por 20 días sin explicación de qué actividades fundamentan la exclusión”, indicó una integrante de la organización.

    Otras han solicitado la calificación pero no han recibido respuesta sobre la exención y tampoco sobre la inscripción formal en el RAEX.

    La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), una entidad que realiza investigaciones sobre desigualdades estructurales e integración en Centroamérica, solicitó la inscripción en el RAEX y la respectiva exclusión del pago de impuesto, informó un representante, pero no han recibido una respuesta.

    La fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) también pidió la inscripción en el RAEX y la respectiva calificación como “sujeto excluido” pero no han sido notificados de manera directa de una calificación provisional o permanente. Tracoda, además de promover la transparencia, ha realizado festivales comunitarios para la cohesión social.

    Representantes de otras organizaciones como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y la Fundación Comunicándonos informaron que también solicitaron la exclusión en el pago de impuesto para agentes extranjeros pero no han recibido una notificación sobre la exención.

    Un representante de la Fundación Comunicándonos consideró que tienen derecho a la exclusión ya que es una entidad sin fines de lucro dedicada “a promover el uso estratégico de la comunicación social como herramienta para el desarrollo local, nacional e internacional” y buscan la “participación ciudadana, el acceso al conocimiento, el diálogo y la construcción de consensos”. “Nuestra solicitud se encuentra en trámites, dentro de los plazos que la misma ley estima. Estamos a la espera de la respuesta gubernamental”, indicó.

    La nueva LAEX, vigente desde el 7 de junio de 2025, obliga a todas las personas naturales y jurídicas que reciben fondos del extranjero registrarse en el RAEX, del Ministerio de Gobernación, a pagar un impuesto del 30 % por transferencias y a ser fiscalizados en sus actividades.

    Los sujetos obligados –personas naturales o jurídicas– pueden pedir al RAEX ser calificados como “sujetos excluidos” de dichas obligaciones tributarias dependiendo de la obra, bien o servicio que se ejecutará con los fondos. Esta calificación también podrá ser otorgada “de oficio” por el RAEX.

    Una representante de Ormusa consideró que el comunicado del RAEX publicado el 3 de septiembre por el Ministerio de Gobernación anuncia una exención provisional general, algo que no está claro para otras organizaciones.

    El miércoles, el RAEX informó que otorgó “Calificación Provisional de Sujeto Excluido a todos los Agentes Extranjeros que soliciten su trámite de exclusión hasta el 4 de septiembre” pero agregó: “Exceptuando a los sujetos obligados que les ha sido denegado el trámite de exclusión por este Registro”. En el comunicado informó que los sujetos obligados inscritos debían abrir cuentas bancarias especiales.

    Funde y Cristosal no solicitaron exención

    La Fundación para el Desarrollo Nacional (Funde), aunque sí solicitó su inscripción en el RAEX, no solicitó la exención general en el pago del impuesto.

    Tampoco pidió la exención Cristosal, una asociación que quiere mantener la personería jurídica en El Salvador pero que no proyecta realizar transferencias dentro del país ya que opera desde Guatemala.

    Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, explicó que decidieron suspender operaciones en El Salvador hace un mes pero presentaron su solicitud de inscripción en el RAEX porque creen que “la defensa de los derechos humanos es un derecho irrenunciable”, pero detalló que no pidieron la calificación de “sujeto excluido” porque ya pagan impuestos y no están operando en El Salvador.

    “Cristosal ya desde hace años paga impuestos; en un acto arbitrario del ministro de Hacienda nos quitaron la exención de impuestos como organización sin fines de lucro”, indicó.

    “Queremos mantener la personería jurídica para algún día, cuando exista un mínimo de seguridad jurídica, podemos regresar a trabajar”. Noah Bullock, director ejecutivo de la aasociación Cristosal.

    Ayer, la Fundación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador por las condiciones que establece la Ley de Agentes Extranjeros.

    AC sin notificación de “sujeto excluido”

    La organización Acción Ciudadana (AC), hasta ahora dedicada a investigaciones sobre financiamiento público y privado de partidos políticos, acceso de información y declaraciones patrimoniales de funcionarios, recibió del RAEX una notificación de inscripción como agente extranjero pero no de la calificación de “sujeto excluido”.

    “En la notitificación solo se señala que estamos inscritos pero no se dice nada de la exención del impuesto, como sí lo han hecho por otras organizaciones que están exentas”, indicó el director ejecutivo de la AC, Eduardo Escobar.

    La AC publicó un comunicado en el cual se asevera que se les cobrará “el impuesto del 30 % a las donaciones del extranjero” que reciban. “Con la inscripción, de momento, seguiremos operando”, informó.

    La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa luego de que fuera anunciada el 13 de mayo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, luego de una protesta que realizaron cerca de la vivienda del presidente habitantes de la cooperativa El Bosque, cuyo presidente está encarcelado. Bukele aseguró que con el nuevo impuesto del 30 % a las ONG resolvería «de una vez por todas» la situación de las 300 familias afectadas por la orden de desalojo contra la cual protestaban.

  • Por finalizar plazo para solicitar inscripción de “agentes extranjeros” en Gobernación

    Por finalizar plazo para solicitar inscripción de “agentes extranjeros” en Gobernación

    Este jueves 4 de septiembre finaliza el plazo de 90 días que tienen las personas naturales y jurídicas existentes para solicitar su inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial creado con la nueva Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador.

    La normativa está vigente desde el 7 de junio, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de mayo, y daba un plazo de 90 días, que concluyen al final del día jueves 4 de septiembre.

    Gobernación abrió formalmente el plazo de inscripción el 9 de junio.

    La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), la fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) y la Colectiva Feminista confirmaron que han solicitado su inscripción al RAEX pero por el momento continúan esperando la respuesta del RAEX.

    Hasta hoy, únicamente las organizaciones Acción Ciudadana y Cristosal informaron, el pasado 1 de septiembre, que su inscripción se ha hecho efectiva en el RAEX.

    La AC indicó que cumplieron con la obligación legal pero que mantienen la opinión sobre el carácter autoritario, confiscatorio y restrictivo del espacio cívico, la libertad de asociación y expresión, y el derecho al patrimonio que impone la nueva Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador.

    “Hemos sido inscritos en el Registro de Agentes Extranjeros”, anunció la AC en un comunicado, la AC es una organización especializada en analizar financiamiento público y privado de partidos políticos, acceso a la información pública, desempeño de la Fiscalía General de la República.

    Los obligados a inscribirse son las personas naturales y jurídicas que realizan actividades en El Salvador financiadas por mandantes extranjeros, que son los financistas y que según la redacción de la nueva ley también son sujetos obligados.

    La ley establece un control de las actividades obliga a tributar el 30 % de todas sus donaciones, la obligatoriedad de inscripción y faculta al RAEX de fiscalizar y controlar a los inscritos, así como de eximirles del impuesto.

    Formalmente, el Ministerio de Gobernación informó que el plazo vencía el 4 de septiembre.

    Fe de errata: Se hizo una corrección a la noticia original que equivocadamente indicaba que el plazo vencía el miércoles 3 de septiembre, cuando la fecha de vencimiento correcta es el jueves 4 de septiembre.

  • Cristosal: detenidos podrán permanecer por más de cinco años en prisión sin condena

    Cristosal: detenidos podrán permanecer por más de cinco años en prisión sin condena

    La asociación Cristosal aseveró que las personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador podrían permanecer en prisión por más de cinco años sin una condena, con la nueva reforma a la Ley especial contra el crimen organizado que extendió por dos años más el plazo máximo para que la Fiscalía los acuse formalmente.

    En un comunicado divulgado la noche del lunes, la organización explicó que estas reformas permitirán que “la fase de instrucción se prolongue por más de cinco años” sin que sean llevados a una audiencia ante un juez.

    Las reformas permiten que haya una “audiencia única” y que esta quede abierta hasta por dos años adicionales, algo que Cristosal consideró una “condena anticipada”, un “plazo irracional e injustificable”, una apertura a “condenas injustas masivas” y una “política de terror de Estado”.

    Según la asociación, la reforma “disminuye aún más las garantías judiciales para adolescentes detenidos”, ya que serán procesados con adultos.

    Cristosal dice que esta reforma viola los artículos 1, 2, 11, 12 y 13 de la Constitución de la República, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Insistió en que “la gran mayoría de detenciones durante el régimen de excepción han sido arbitrarias”.

    Las autoridades salvadoreñas han reportado más de 88,000 personas capturadas y al menos 860 días sin homicidios durante el régimen de excepción aplicado desde el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

    Mientras, Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, organizaciones cuyos directores se retiraron de El Salvador, han reportado más de 6,500 violaciones a derechos humanos, torturas y la muerte de más de 400 detenidos bajo custodia estatal durante el régimen de excepción. La medida, que es prorrogada cada mes por la Asamblea Legislativa, suspende derechos constitucionales de defensa, plazo máximo de 72 horas de detención sin audiencia y privacidad de las telecomunicaciones.

  • Arzobispo pide en su homilía que diputados reconsideren reforma a Constitución por falta de consulta al pueblo

    Arzobispo pide en su homilía que diputados reconsideren reforma a Constitución por falta de consulta al pueblo

    El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, durante la misa solemne del Divino Salvador del Mundo, hizo dos peticiones a los diputados de la Asamblea Legislativa: que revivan la prohibición de la minería metálica en El Salvador y que reconsideren la reforma constitucional por considerarla ilegítima ya que no fue consultada.

    “Con todo respeto y sin otro interés más que el bien de nuestro pueblo, hacemos dos peticiones a la Asamblea nacional Legislativa”, anunció durante su homilía de este miércoles 6 de agosto.

     

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    “La primera, que cumplan con la deuda que tienen con este pueblo, de derogar la Ley de la Minería. Pedimos a los señores diputados que le devuelvan al pueblo la Ley que derogaron, la que protege el medio ambiente, la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas, la ley que prohíbe la explotación minera”, expresó, en referencia a la Ley de Prohibición de Minería Metálica derogada el 23 de diciembre de 2024.

    “La segunda petición es que los señores diputados reconsideren las reformas a la Constitución recientemente aprobadas por ese pleno legislativo de manera inconsulta, pues, para la legitimidad de una reforma constitucional, el pueblo debe ser consultado”, agregó el líder católico, antes de aplausos.

    Escobar Alas sostuvo que el “pueblo salvadoreño es capaz de producir grandes riquezas, pues sabemos que es un pueblo trabajador y emprendedor, es un pueblo noble y valiente” que ha salido adelante en medio de tragedias naturales, guerras y pandillas. “Nada lo ha doblegado porque Cristo ha caminado junto con él”, indicó en sus palabras en la misma en la cual los católicos celebran la fiesta de la Transfiguración de Jesucristo.

    Durante su homilía, mencionó la persecución de la que fue víctima monseñor Óscar Arnulfo Romero. “Hoy nos gloriamos de tener una gran lista de testigos de la fe”, indicó.

    El religioso también pidió a las autoridades de Estados Unidos que detengan la persecución contra los migrantes. “Desde lo más profundo del corazón, pedimos a las autoridades de Estados Unidos detener la persecución contra nuestros hermanos migrantes, pedimos que se les respeten sus derechos y el derecho a la migración es fundamental”, indicó. También pidió a los gobernantes de la región encontrar modos de combatir la pobreza.

    El 31 de julio por la noche, la Asamblea Legislativa ratificó dos reformas constitucionales, una que suprimió al Parlamento Centroamericano (Parlacen) de la Constitución y otra que permite la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

    La reforma fue rechazada por las asociaciones Cristosal, Acción Ciudadana, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), así como Human Rights Watch (HRW), WOLA, entre otras.

    Mientras, el presidente salvadoreño Nayib Bukele expresó dos días después de la reforma que el 90 % de los países desarrollados permite la reelección indefinida de su jefe de gobierno “y a nadie le importa”, indicó en X.

    El gobierno de Estados Unidos, según la agencia EFE, se pronunció la comparación de El Salvador con los cambios constitucionales que han realizado regímenes dictatoriales para perpetuarse en el poder, como lo han hecho organizaciones locales ante la reforma.

  • El Salvador y EE.UU. son responsables de posibles violaciones a derechos humanos de venezolanos que estuvieron en el CECOT, dice Cristosal

    El Salvador y EE.UU. son responsables de posibles violaciones a derechos humanos de venezolanos que estuvieron en el CECOT, dice Cristosal

    Un análisis de la asociación Cristosal responsabilizó a los Estados salvadoreño y estadounidense por las posibles violaciones a derechos humanos que se hayan cometido en perjuicio de los 252 venezolanos que estuvieron apresados en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una cárcel salvadoreña,  construida exclusivamente para pandilleros.

    El documento recoge la respuesta del estado salvadoreño frente al Grupo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que no ha sido divulgada públicamente, pero que indica que El Salvador se desliga de haber sido responsable de la situación de los detenidos. 

    Lo anterior, bajo el argumento que no hizo detenciones ni transferencias y que «sus acciones se ven limitadas a la aplicación de un mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado», que no es mencionado, pero que hace referencia a Estados Unidos, «en virtud del cual se ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria de El Salvador para custodiar personas detenidas bajo el alcance legal y jurisdicción de ese otro Estado».

    En conclusión, para El Salvador la responsabilidad de los 252 venezolanos recae exclusivamente sobre Estados Unidos; no obstante, el análisis cita la postura del gobierno del presidente Donald Trump , que ha «asumido y expresado que luego de la deportación de las personas venezolanas y su transferencia a El Salvador, su país carece de jurisdicción sobre ellas». 

    «Tanto El Salvador como Estados Unidos son responsables sobre las víctimas, y deben asumir su responsabilidad en la dimensión que le corresponde a cada uno…El Estado salvadoreño debe asumir su responsabilidad respecto del control material que ejerció sobre las víctimas, y asegurar la reparación de los daños causados, así como prevenir futuras dinámicas de desaparición forzada de acuerdo a los estándares internacionales».
    Análisis de Cristosal. 

    Cristosal señala que ninguna persona puede quedar desprotegida, según estándares internacionales de derechos humanos y que la protección de la dignidad humana debe prevalecer sobre obstáculos internacionales.

    Indica también que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas e indica que ésta reconoce que la «mera presencia en el territorio de un Estado, de una persona cuya desaparición forzada se presume, genera obligaciones directas sobre dicho Estado».

    Cristosal dió seguimiento a al menos 152 venezolanos que estuvieron presos en el CECOT, de los cuales, el 90 % no tenía antecedentes penales, según sus indagaciones. La asociación documentó que hubo privación de libertad arbitraria, sin abogados ni atención médica y tampoco se informó a las familias.

    Prisioneros

    Los 252 venezolanos que El Salvador tenía en custodia fueron canjeados el pasado viernes 18 de julio por 10 estadounidenses y más de 80 presos políticos venezolanos, que el régimen de Nicolás Maduro mantenía en su poder.

    Ante esto, Cristosal concluye que este mecanismo de retorno «se acerca más a un intercambio de rehenes ejecutado por fuera de todo control del derecho internacional humanitario, lo que implica que los Estados involucrados han reconocido tener prisioneros retenidos de forma ilegítima, en contra de normas internacionales de derechos humanos».

    «Dos poderes políticos decidiendo impunemente sobre la vida de cientos de personas sin responder a criterios democráticos o legales, utilizando prisioneros como moneda de cambio en un juego político».
    Análisis de Cristosal.

    ¿Se vale mantener en secreto el acuerdo?

    La asociación Cristosal también pone sobre el tintero el hecho que ambos países han dicho que el acuerdo suscrito para trasladar venezolanos a El Salvador sea secreto; en el caso salvadoreño, la asociación pidió información a la dirección general de Centros Penales, la cual, fue declarada bajo reserva mientras que la Presidencia de la República se declaró incompetente de otorgar ese tipo de información.

    «Merece la pena reflexionar si un acuerdo celebrado entre dos Estados puede mantenerse en secreto aun cuando ha significado costos devastadores para la vida de tantas personas», cuestiona el análisis que cita el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce como derecho el acceso a la información pública, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la misma línea, así mismo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha señalado que «la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión de dicho ilícito».

    El pasado lunes 21 de julio Venezuela anunció que abrió una investigación en contra del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su gobierno por torturas y violaciones a derechos humanos. 

    Los 252 venezolanos llegaron al país el 16 de marzo en la madrugada en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que los trasladó del aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez hacia el CECOT, en ese momento, tanto el gobierno salvadoreño como el gobierno estadounidense los señalaron como miembros del Tren de Aragua, la peligrosa banda venezolana; sin embargo, familiares de los detenidos que los reconocieron en los videos publicados manifestaron que en su mayoría se trataba de migrantes que habían sido detenidos en Estados Unidos en las redadas ordenadas por Trump.

  • CIDH, relatora de la ONU y Amnistía Internacional lamentan salida de Cristosal de El Salvador

    CIDH, relatora de la ONU y Amnistía Internacional lamentan salida de Cristosal de El Salvador

    Los relatores de libertad de asociación de las Naciones Unidas y de libertad de expresión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la CIDH y las organizaciones internacionales Amnistía Internacional, Human Right Watch y la Fundación Kennedy Human Rights mostraron preocupación por la salida de Cristosal de El Salvador.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó este viernes que “las organizaciones defensoras de derechos humanos son un pilar de toda democracia y los Estados deben garantizar que realicen sus actividades sin temor ni represalias y libres de restricciones”. La CIDH advirtió en X que Cristosal argumentó la criminalización de personas defensoras y la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros como obstáculos a su labor.

    También, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, se solidarizó el jueves con Cristosal y consideró su salida de El Salvador de “inaceptable” como protección ante la “persecución sistemática”.

    “Es inaceptable que la estigmatización, criminalización y persecusión sistemática de organizaciones de la sociedad civil genere cierre de sus actividades como método de protección. Mi solidaridad con Cristosal”, indicó Romero.

    El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, publicó el jueves en X su “preocupación” por la suspensión de operaciones de Cristosal y el exilio de su personal.

    “Cristosal es una voz trascendental para la defensa de los derechos humanos en el país. El Salvador debe tener más, y no menos, ojos y voces que registren lo que está pasando”, indicó.

    La organización Amnistía Internacional Américas también manifestó su solidaridad por el cierre de la sede de Cristosal en El Salvador y exhortó a “la comunidad internacional» a «hoy más que nunca respaldar las voces que no se callan, que mantienen viva la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas”.

    También, las organizaciones Human Rights Watch (HRW), la fundación Robert F. Kennedy Human Rights lamentaron el jueves la salida de Cristosal de El Salvador.

    “Lo que está ocurriendo en El Salvador es devastador. Expreso toda mi solidaridad con Noah Bullock y el valiente equipo de Cristosal, forzados al exilio por defender los derechos humanos”. Kerry Kennedy, presidente de la Fundación Kennedy Human Rights.

    “El destacado grupo de derechos humanos Cristosal ha errado sus oficinas en El Salvador en medio de una intensificación de la represión contra la sociedad civil por parte del gobierno de Bukele. El costo: menos justicia para las víctimas, menos supervisión de los abusos y menos espacios para el disenso”. Juanita Gobertus, directora de la división de las Américas HRW.

    La organización Cristosal anunció el cierre de su oficina instalada en El Salvador ante una “situación insostenible de acoso estatal”, al señalar que han sido objeto de acoso legal, vigilancia, espionaje, difamación, amenazas directas contra su personal y la captura de una de sus integrantes, Ruth López. Mientras, el presidente salvadoreño Nayib Bukele