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  • CSJ destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco dependencias

    CSJ destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco dependencias

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco de sus dependencias, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    La licitación de compra con fecha del 11 de agosto de 2025, expone que el Órgano Judicial pretende adquirir 1,719 dispositivos para los sistemas de alarma contra incendios, los cuales serán distribuidos en las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ, los centros judiciales de Soyapango, Ciudad Delgado, Metapán, y el Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador.

    En detalle, se compraría cinco paneles de control de alarma de incendio direccionable, 1,105 detectores de humo fotoeléctrico, 74 detectores multicriterio humo/monóxido (para sótanos) y 92 detectores de temperatura

    Además de 207 luces estroboscópicas con sirena, 226 estación manual de incendio, cinco paneles de control y cinco teclados anunciadores.

    La instalación de los sistemas contra incendios se contempla con los siguientes costos: para las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, el monto asciende a $87,046.40.

    Mientras que para el Centro Judicial de Soyapango, $68,000; que para el Centro Judicial de Ciudad Delgado, $64,000; y para el Centro Judicial de Metapán por $60,000. En el caso del Instituto de Medicina Legal, la compra e instalación de los equipos está valorada en $76,000.

    En total, dichos insumos se comprarán por un monto total de $355,046.40 que serán financiados con fondos del Gobierno, según detalla la oferta de compra.

    En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

    La compra de vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por más de $182,000 y otros $54,000 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

    A estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,000 financiados con fondos del Estado; la adquisición de equipo de audio y videoconferencia para equipar las salas de audiencia de los centros judiciales del país por $1.8 millones y $2.4 millones para la compra de una nueva flota de vehículos para el uso de la institución

  • Avalan convertir Juzgado de Dulce Nombre de María a Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en Chalatenango

    Avalan convertir Juzgado de Dulce Nombre de María a Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en Chalatenango

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en sesión de la Corte Plena aprobó que el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María se convierta en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango con el propósito de reducir y equilibrar la carga judicial de las instancias de justicia de dicho sector.

    De acuerdo con lo discutido por los magistrados, la decisión corresponde a que el actual Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango registró en el último año más de 6oo causas, cifra que se asemeja a la carga laboral de los juzgados de San Salvador y en contraste al Juzgado Primera Instancia de Dulce Nombre de María, que aseguran «es la sede judicial que menos carga tiene de los juzgados con carga mixta a nivel nacional».

    Ante esta situación, la Corte consideró viable y necesaria la conversión, con el fin de redistribuir de forma más equitativa la carga de trabajo entre los órganos jurisdiccionales del departamento. Para ello, también se acordó redistribuir la competencia penal y laboral que actualmente maneja el Juzgado de Dulce Nombre de María.

    En ese sentido, la carga actual del Juzgado de Dulce Nombre de María se dividirá en partes iguales entre los juzgados de Instrucción de Tejutla y Chalatenango, mientras que los nuevos ingresos en materia civil y mercantil se asignarán exclusivamente al nuevo juzgado. Dicha redistribución busca mantener el equilibrio en cuanto a volumen y complejidad de los procesos judiciales que se puedan conocer en cada sede antes mencionada.

    Tras los cambios acordados, se determinó que el nombre del actual Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango pasará a ser Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, para su mejor organización.

    La redistribución se avaló el 24 de junio de 2025 y forma parte del Plan Estratégico Institucional, la cual fue previamente analizada por la Comisión de Modernización, según consta en el acta número 46 de la Corte Plena. Sin embargo, la CSJ publica las actas con varias semanas de retraso.

    Durante la sesión, algunos magistrados expresaron inquietudes sobre la asignación de casos y la complejidad de los asuntos que suelen ventilarse en las cabeceras departamentales. No obstante, se ratificó que el análisis realizado contempló esos aspectos, priorizando tanto la carga cuantitativa como la naturaleza de los casos.

    Otras aprobaciones

    Como parte del rediseño, los magistrados también aprobaron la creación de una Oficina Distribuidora de Procesos (ODP), que tendrá a su cargo la asignación equitativa de causas entre el nuevo Juzgado Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, así como para los Juzgados Primero y Segundo de Paz del mismo departamento.

    La propuesta incluye además una reforma a la Ley Orgánica Judicial, a fin de formalizar los cambios de denominación y competencia territorial. Dicha iniciativa será enviada a la Asamblea Legislativa como anteproyecto de decreto para su análisis y eventual aprobación.

    El acuerdo fue respaldado con el voto de 14 magistrados, quienes coincidieron en la necesidad de implementar una reestructuración judicial que responda a la realidad operativa del territorio y facilite un proceso más especializada y accesible en materia de lo penal.

  • CSJ invertirá más de $2.4 millones para la compra de vehículos para la institución

    CSJ invertirá más de $2.4 millones para la compra de vehículos para la institución

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invertirá más de $2.4 millones para la adquisición de una nueva flota de vehículos para el uso de la institución, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    La licitación de compra se lanzó el 21 de julio de 2025, la cual, contempla la adquisición de 153 vehículos, entre ellos, motocicletas, microbuses, unidades tipo sedán y camionetas que permitirán mejorar el desplazamiento del personal judicial.

    En detalle, entre los tipos de automotor a comprar están:

    • 68 vehículos de tipo sedán con un precio de unidad de $19,404 y un total de $1,319,472.
    • 19 pick up doble cabina 4×4 a un precio individual de $28,549.22 que suman $542,435.26.
    • 10 pick up doble cabina 4×4 con cámper a un precio unitario de $29,041.06 y un total de $290,410.56.
    • 2 microbuses tipo panel a un costo de $15,048 por unidad, que suman $30,096.
    • 5 microbuses con capacidad para 14 o 15 pasajeros a un costo unitario de $29,041.06 por un total de $145,205.28.
    • 49 motocicletas a un precio por unidad de $2,376 y total de $116,424.

    El monto total asciende a $2,444,043.10 que serán financiados con fondos del Gobierno, según detalla la oferta de compra.

    De igual forma, la Corte plantea la contratación de servicio de transporte para el personal del Órgano Judicial por $339,637.86, también finaciados por el Estado.

    En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

    La compra de 4,572 vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por $182,880 y otros $54,741 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

    Asimismo, la oferta para la compra para suministros de medicamentos para abastecer las clínicas empresariales del órgano judicial, para este año, por un valor total de $231,101.97 y la compra de suministros de equipos médicos y de laboratorio para el Instituto de Medicina Legal por $628,259.47.

    A estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,222.90, financiados con fondos del Estado.

    Y la compra de equipo de audio y videoconferencia para equipar las salas de audiencia de los centros judiciales del país por $1,855,743.

  • Al menos 188 abogados y notarios fueron suspendidos del ejercicio de la profesión en primeros 5 meses del año

    Al menos 188 abogados y notarios fueron suspendidos del ejercicio de la profesión en primeros 5 meses del año

    Al menos 188 abogados y notarios han sido suspendidos del ejercicio de la profesión por la Corte Suprema Justicia (CSJ) en los primeros cinco meses del año 2025, según consta en los informes de la Corte Plena.

    Las suspensiones se recopilan desde el mes de enero hasta el 22 de mayo del presente, fecha que figura en el acta número 37, que corresponde a la última publicada en el sitio web del Órgano Judicial.

    Las sanciones impuestas en la Sesión de Investigación Profesional de la CSJ, responden a diversas faltas disciplinarias cometidas, entre ellas, mala conducta profesional, ignorancia grave e incumplimiento de obligaciones notariales.

    Entre los sancionados figuran Diego Balmore Escobar Portillo, suspendido en el ejercicio de la abogacía por el término de un año y cuatro meses por la infracción calificada como mala conducta profesional, luego de haber sido declarado responsable de la comisión del delito conforme al artículo 324 del Código Penal, según se expone en el acta número 5 de la Corte Plena.

    El referido artículo señala que “el funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentos que debiesen permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.

    Escobar Portillo recibió en el año 2022 una condena de un año y cuatro meses con la suspensión condicional de la ejecución de la pena por haber divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), considerado un documento en reserva.

    Otro caso fue José Tomás Mejía Castillo, exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) durante el periodo 2000-2006, por el partido Partido Acción Nacional (Pan). De acuerdo con el informe, el exlegislador fue suspendido del ejercicio del notariado por un año. La CSJ lo sancionó por incurrir en «ignorancia grave», al no haber dado audiencia al Registrador Nacional de las Personas Naturales en un proceso de establecimiento subsidiario del estado familiar de casada.

    También fue suspendido por un año el notario Rodrigo Alejandro Escobar Bolaños, exdirector de Actas y Acuerdos del Consejo Ejecutivo Nacional de Alianza Republicana Nacionalista (Coena) del patido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

    La sanción se estableció debido a que Escobar Bolaños cometió incumplimiento de obligaciones por elaborar una escritura de rectificación de dación en pago y no presentarse al acto de otorgamiento, de modo que el instrumento no fue leído por el mismo, ni firmado en su presencia, según el acta número 7 de la Corte Plena, del 23 de enero de 2025.

    A ellos se agrega el notario Jaime Ramírez Ortega, quien fue sancionado con un año de suspensión notarial tras ser declarado responsable de ignorancia grave por autorizar un instrumento sin la presencia de los testigos requeridos, según el acta número 36.

    Aplicar una suspensión implica que los abogados no pueden realizar ninguna autentificación de firmas, tampoco actos notariales durante el tiempo por el que fue sancionado.

    La mayoría de las suspensiones registradas por la CSJ son por falta de entrega de los libros como se regula en la Ley de Notariado, los cuales deben ser entregados dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que termina el año de su vigencia a la Sección de Notariado de la CSJ o al Juzgado de Primera Instancia.

  • CSJ aprueba nuevo sistema para el seguimiento de delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción

    CSJ aprueba nuevo sistema para el seguimiento de delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación del Sistema de Información de Gestión Penal (SIGIP), una herramienta que permitirá mejorar recolección y el procesamiento de la información para el seguimiento de casos relacionados con los delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción.

    El proyecto presentado por la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, forma parte de una estrategia integral que permitirá, ademas de la recopilación de información, facilitar el acceso controlado y dar seguimiento técnico a los casos judiciales y mejorar la transparencia en el manejo de procesos penales vinculados a delitos financieros, regulados en la Ley Especial Contra el Lavado de Dinero y Activos, según consta en el acta número 34 de la Corte Plena, con fecha del 13 de mayo de 2025.

    «Se ha contemplado una etapa de monitoreo y evaluación, a fin de realizar ajustes al sistema de acuerdo a las necesidades de las sedes judiciales a medida que el sistema se alimente con información», se expone en el acta.

    Según explicaron los magistrados, el plan aprobado contempla el diseño e implementación escalonada del sistema SIGIP, el cual se desarrollará en tres etapas, iniciando con una prueba piloto en las sedes judiciales de los departamentos de San Salvador y La Libertad y con ello, la capacitación para sus usuarios.

    La primera etapa dio inicio el 6 de junio de 2025 y finalizará el 15 de enero de 2026 e incluirá los Juzgados de Paz, Tribunales de Sentencia y Tribunales contra el Crimen Organizado. Mientras que la segunda etapa, se prevé del 12 de febrero al 18 de septiembre de 2026, que abarcará los Juzgados de Menores, Cámaras de lo Penal, Cámaras contra el Crimen Organizado, así como las Cámaras con competencia para conocer los procesos civiles de enriquecimiento ilícito y el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio.

    Por ultimo, la tercera fase, daría inicio el 3 de noviembre de 2026 para finalizar el 21 de junio de 2027, que incluirá los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Instrucción, Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena y Juzgados de Ejecución de Medidas al Menor.

    Orientación

    Por otra parte, los magistrados de la Corte Plena señalaron que el nuevo sistema contempla las capacitaciones para el personal judicial a través de Microsoft Teams, así como la elaboración de guías y videos pedagógicos que faciliten el uso del SIGIP. Además, que las sedes judiciales deberán designar personal para asumir los roles de encargado y digitador del sistema, previa notificación mediante memorándum institucional.

    «Se establece que Corte en Pleno acuerda el plan de trabajo del SIGIP, su respectivo cronograma de trabajo en las sedes judiciales correspondientes, así como ordenar a la Secretaría General emitir circular dirigida a las sedes judiciales involucradas informándoles sobre la aprobación del SIGIP, las disposiciones para su funcionamiento y el cronograma del plan de trabajo para su ejecución», indica el acta.

    De igual forma, se determinó que la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción realizará el control de calidad de la información, mientras que la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Información estará a cargo de la evaluación de riesgos, con participación de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.

    El proceso se contempla una etapa de monitoreo y evaluación constante para ajustar el sistema según las necesidades reales que surjan en las sedes judiciales conforme se avance en su implementación.

    El nuevo proyecto se aprobó con el voto de 13 magistrados que conforman la Corte Plena, el 13 de mayo del presente año. Sin embargo, dicha información fue conocida recientemente debido a que la CSJ publica las actas con varios meses de retraso.