Etiqueta: CSJ

  • Dan 12 años de prisión a hondureño que hurtó un vehículo a una empresa de renta

    Dan 12 años de prisión a hondureño que hurtó un vehículo a una empresa de renta

    La jueza dos del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó este jueves a un hombre de nacionalidad hondureña, identificado como Luis Fernando Alfaro Izaguirre, luego de ser encontrada culpable de los delitos de hurto agravado de vehículo automotor, uso y tenencia de documentos falsos y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.

    Según informó Centros Judiciales de El Salvador, que a través de su cuenta de la red social X comunica la actualidad de los juzgados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el sujeto ingresó a El Salvador haciéndose pasar por ciudadano guatemalteco, posteriormente, alquiló un vehículo a una empresa de arrendamiento durante ocho días, pero salió del país y no contestó llamadas telefónicas ni mensajes.

    Juzgados enfatizó que el dispositivo GPS del vehículo emitió la alerta de «manipulación», seguidamente fue capturado. Asimismo, juzgados de la CSJ comunicaron que se le condenó al pago de $22,000 en concepto de responsabilidad civil.

    Además de la condena a Alfaro Izaguirre, Rosieri Javier López, recibió una condena de hurto agravado de vehículo automotor y agrupaciones ilícitas. De acuerdo con las autoridades judiciales, en el dispositivo móvil se hallaron diálogos con Izaguirre, donde especificaba y categorizaba los automóviles que planeaban sustraer.

    Ante tales evidencias, la jueza manifestó que quedó plenamente demostrada la operatividad de una red criminal de carácter transnacional, la cual se especializaba en la falsificación de documentos de identidad con el objetivo de cometer hurtos de vehículos.

    Los sujetos fueron enviados a prisión provisional en abril de 2025 para continuar el proceso el presente año, informó Juzgados en su momento por medio de sus redes sociales.

  • Dan ocho años de cárcel a hombre que agredió sexualmente a un menor de 13 años de edad en Teotepeque 

    Dan ocho años de cárcel a hombre que agredió sexualmente a un menor de 13 años de edad en Teotepeque 

    Un hombre identificado como I. G. R. M. fue condenado este martes a ocho años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla debido a que fue encontrado culpable el delito de agresión sexual en menor e incapaz, informó Centros Judiciales de El Salvador en su cuenta de la red social X.

    La víctima, una adolescente de 13 años, fue agredida por el sujeto mientras volvía de su centro escolar. Luego, el ahora condenado la interceptó, obligándola bajo amenazas a ir a una zona deshabitada, donde cometió el delito, según informó la entidad judicial, que dio detalles sobre el trabajo de los Juzgados de la Corte Suprema de Justicia.

    Esta serie de hechos ocurrió en febrero de 2025 en el distrito de Teotepeque, perteneciente al municipio de La Libertad Costa, informó Juzgados quien aseguró que la investigación fiscal le permitió al tribunal dictaminar la sentencia.

    El proceso judicial se inició a raíz de la denuncia de los familiares de la víctima, quienes reportaron cambios en su conducta. Para proteger la identidad de la víctima y dada la naturaleza del caso, el tribunal declaró reserva total del proceso.

     


    En otras condenas relacionadas con delitos similares, un hombre identificado como J. E. H. V. recibió este martes 12 años de prisión y un mes por parte del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla por violar a una menor de 13 años de edad.

    Según el expediente, el 19 de enero de 2024, en la madrugada, el condenado aprovechó la confianza y que la víctima pernoctaba en casa de una tía para cometer el delito, informó Juzgados, posteriormente, fue condenado.

  • Retrasan hasta el 20 de abril habilitación de paso hacia la Asamblea en el sector de Medicina Legal luego de atraso por lluvias

    Retrasan hasta el 20 de abril habilitación de paso hacia la Asamblea en el sector de Medicina Legal luego de atraso por lluvias

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó este lunes que los trabajos de habilitación en el sector de Medicina Legal y el pasaje hacia la Asamblea Legislativa será entregado hasta el próximo lunes 20 de abril.

    De acuerdo con la institución, para dicho lunes se tiene previsto la habilitación de un carril que conduzca hacia el Palacio Judicial y Legislativo, sin embargo, advirtieron que el cumplimiento de esta fecha queda sujeto a condiciones climáticas favorables, ya que argumentaron que la empresa encargada de los trabajos realiza jornadas extendidas para agilizar dicha apertura.

    ¿Por qué ocurrió el retraso?

    Según informó la CSJ, las lluvias reportadas desde el pasado Jueves Santo en gran parte del territorio salvadoreño, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), generaron retrasos en las excavaciones del lugar y daños “fortuitos” de agua potable entre cuatro y seis pulgadas de la tubería de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

    La CSJ aclaró que la empresa encargada trabajará de forma continua para completar las obras, además agradeció a la población, transeúntes y conductores la compresión “ante estos inconvenientes”.

    Hasta este lunes, únicamente la CSJ reportó que los sectores peatonales que rodean la Diagonal Universitaria, con rumbo al estacionamiento de la CSJ y el Centro Judicial Integrado de Derecho son las zonas habilitadas para el ingreso peatonal, junto al acceso hacia Medicina Legal.

    Anteriormente, el Viceministerio de Transporte (VMT) comunicó en sus redes sociales que el cierre en el tramo de la Diagonal Universitaria ubicado frente a la CSJ se mantendría durante un periodo de dos meses, debido a los trabajos.

    A mediados de 2024, la CSJ comenzó la construcción de un edificio de cuatro niveles, el cual fue diseñado para servir como estacionamiento para los vehículos (tanto automóviles como motocicletas) de los empleados de sus oficinas centrales y administrativas, según informó la institución en su momento.

    La CSJ informó previamente que cerraría sus operaciones durante la Semana Santa por vacaciones, reanudando sus labores, al igual que el resto de oficinas estatales, el próximo 7 de abril.

  • VMT anuncia cierre vehicular en tramo de Diagonal Universitaria por trabajos en la CSJ hasta finales de mayo

    VMT anuncia cierre vehicular en tramo de Diagonal Universitaria por trabajos en la CSJ hasta finales de mayo

    El paso vehicular en un tramo de la Diagonal Universitaria, frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), permanecerá cerrado a partir de este jueves y durante los próximos dos meses informó el Viceministerio de Transporte (VMT) en redes sociales.

    La institución  informó que esta decisión se debe a trabajos viales frente a la CSJ, por lo que se restringirá el tránsito vehicular en el tramo en sentido norte-sur, entre la 17 calle Poniente (Medicina Legal)  y la 15 calle Poniente (Correos),  justo enfrente de las instalaciones de la Corte.

    En el tramo que conduce de norte a sur, el VMT informó que se establecerá un doble sentido de circulación que proviene de la 13 calle Poniente, viniendo de la intersección con la alameda Juan Pablo II, en la entrada que llega al Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández.

    Las obras están programadas para llevarse a cabo en un periodo de más de dos meses. El inicio de los trabajos está fijado para este jueves 19, extendiéndose las labores de manera continua hasta  el 29 de mayo de este 2026.

     

     

    A mediados del 2024,  la CSJ inició la construcción de un edificio de cuatro niveles para parqueos de empleados judiciales de las oficinas centrales y administrativas de la institución.

    El estacionamiento se diseñó como un edificio de cuatro plantas con espacios destinados tanto para automóviles como para motocicletas, indicó la CSJ en su momento.

    El edificio de parqueos fue anunciado con paneles solares en su cubierta y con un parqueo para aproximadamente 400 vehículos, destinados a los empleados de las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ.

  • Fallece la exmagistrada de la Corte Suprema, Doris Luz Rivas Galindo 

    Fallece la exmagistrada de la Corte Suprema, Doris Luz Rivas Galindo 

    Este jueves se confirmó el fallecimiento de la exmagistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre 2012 hasta 2020, Doris Luz Rivas Galindo a los 69 años de edad debido a una enfermedad, de acuerdo a reportes.

    Rivas Galindo, nacida en San Miguel fungió como presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, se graduó de la Universidad de El Salvador (UES) como licenciada de la carrera de Ciencias Jurídicas en 1987.

    Tras ello y una larga carrera como abogada, también se desempeño como docente de la UES y de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. Además fue docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en la Universidad Universidad Nueva San Salvador, en la Universidad Tecnológica del el Salvador, en la Universidad Militar.

    Rivas Galindo ejerció como jueza de paz en el municipio de Colón, La Libertad. También ocupó los cargos de jueza de menores y magistrada de la Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro.

    Dentro de su periodo como magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) participó en la creación y aprobación de los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

    Tras su deceso, la UES manifestó sus condolencias a la familia de Rivas Galindo, a quien calificó como “pionera en la Jurisdicción Especializada para una vida libre de violencia para las mujeres”. Asimismo, otras instituciones, como el Instituto de Estudios Económicos y Jurídicos, también extendieron sus respectivos pésames.

  • A estos funcionarios eligió la Asamblea Legislativa en 2025: ¿por quiénes hubo polémica?

    A estos funcionarios eligió la Asamblea Legislativa en 2025: ¿por quiénes hubo polémica?

    La Comisión Política de la Asamblea Legislativa realizó tres procesos de elección de funcionarios de segundo grado este 2025: de procurador general de la República (PGR), para presidente del Tribunal del Servicio Civil y para titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

    En el primer proceso, para elegir al titular de la PGR, se postularon ocho candidatos, entre ellos quien era el actual procurador René Escobar Álvarez, quien al final fue reelecto en el cargo con 57 votos del oficialismo y aliados. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos votaron en contra de la elección.

    Escobar inició el periodo en la PGR el 2 de mayo de 2025 y concluirá el 1 de mayo de 2028.

    El segundo proceso de elección fue el de presidente del Tribunal del Servicio Civil, para el cual se postularon cuatro candidatos, entre ellos, el entonces actual presidente del TSC, Franklin Josué Nolasco Morales, quien es gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa.

    Nolasco Morales fue reelecto y tomó juramento de cumplir la Constitución de la República para el periodo 2025-2028, con 59 votos, incluidos los dos votos de Arena. Vamos votó en contra.

    Para su primer período, Nolasco Morales fue nombrado presidente del TSC el 29 de junio de 2022 y concluyó el 27 de junio de 2025. Fue reelecto en el cargo para el periodo del 28 de junio de 2025 hasta el 27 de junio de 2028.

    El tercer proceso de elección de segundo grado que realizó el Legislativo fue para reelegir a la titular de la PDDH: se postularon cinco candidatos, incluida la procuradora actual, Raquel Caballero de Guevara, quien ha sido cuestionada por un caso de nepotismo y duramente criticada por organizaciones no gubernamentales y diputadas de oposición debido a su pasividad ante las denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.

    Además, es criticada por su silencio en el caso de desfalco millonario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L (COSAVI) y la reserva de información que impuso sobre los viajes que realiza.

    La funcionaria se defendió diciendo que ya había sido multada en la denuncia de nepotismo. «No he recibido ni un caso de tortura en este periodo”, dijo sobre las denuncias contra el régimen de excepción. “Le aseguro mil por mil que no me fui a ningún estadio”, expresó sobre la reserva a los gastos de los viajes y justificó la reserva con que la PDDH había recibido «demasiadas solicitudes» de información.

    Finalmente, el 15 de octubre, Caballero de Guevara fue reelecta como procuradora para la PDDH bajo fuertes críticas de la diputada Marcela Villatoro, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos.

    «Dejen de justificar la elección de una persona que no ha hecho nada y necesitan a alguien que  no haya hecho nada, y necesitan que sea cómplice, que guarde silencio, una persona genuflexa, que solo diga que sí, porque un verdadero procurador de derechos humanos no le importa quién esté en el poder, va a velar por la gente, le guste o no le guste al gobierno, aquí nadie está defendiendo mareros, estamos hablando por el salvadoreño de bien», aseveró Villatoro.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, expresó que este día «es muy triste para  la democracia en El Salvador y para la protección de la dignidad humana en nuestro país», cuestionando la falta de idoneidad de la procuradora para seguir en el cargo.

    Finalmente, Guevara fue reelecta en el cargo con 57 votos a favor y tres en contra para un tercer período (2025-2028), y expresó: «Asumo mi tercer periodo como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos con gran compromiso a favor de la Dignidad Humana, mi labor seguirá siendo centrada en las personas, a favor de la vida en todas sus dimensiones».

    La Asamblea Legislativa también eligió y juramentó el 23 de julio a dos magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que al inicio del proceso, el oficialista partido Nuevas Ideas propuso candidatos para siete cargos vacantes, propuesta aprobada en la primera parte de la plenaria, pero que, al retornar del receso, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, solicitó una modificación de agenda para anular las propuestas y dejar sin efecto la votación realizada.

    Basándose en el artículo 90 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), propuso elegir únicamente a Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández como magistrados suplentes de la CSJ, para un período que concluirá el 23 de septiembre de 2033. No explicó cuándo se retomará el proceso de elección para cubrir los otros cuatro cargos restantes de magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia.

  • CSJ destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco dependencias

    CSJ destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco dependencias

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco de sus dependencias, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    La licitación de compra con fecha del 11 de agosto de 2025, expone que el Órgano Judicial pretende adquirir 1,719 dispositivos para los sistemas de alarma contra incendios, los cuales serán distribuidos en las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ, los centros judiciales de Soyapango, Ciudad Delgado, Metapán, y el Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador.

    En detalle, se compraría cinco paneles de control de alarma de incendio direccionable, 1,105 detectores de humo fotoeléctrico, 74 detectores multicriterio humo/monóxido (para sótanos) y 92 detectores de temperatura

    Además de 207 luces estroboscópicas con sirena, 226 estación manual de incendio, cinco paneles de control y cinco teclados anunciadores.

    La instalación de los sistemas contra incendios se contempla con los siguientes costos: para las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, el monto asciende a $87,046.40.

    Mientras que para el Centro Judicial de Soyapango, $68,000; que para el Centro Judicial de Ciudad Delgado, $64,000; y para el Centro Judicial de Metapán por $60,000. En el caso del Instituto de Medicina Legal, la compra e instalación de los equipos está valorada en $76,000.

    En total, dichos insumos se comprarán por un monto total de $355,046.40 que serán financiados con fondos del Gobierno, según detalla la oferta de compra.

    En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

    La compra de vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por más de $182,000 y otros $54,000 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

    A estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,000 financiados con fondos del Estado; la adquisición de equipo de audio y videoconferencia para equipar las salas de audiencia de los centros judiciales del país por $1.8 millones y $2.4 millones para la compra de una nueva flota de vehículos para el uso de la institución

  • Avalan convertir Juzgado de Dulce Nombre de María a Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en Chalatenango

    Avalan convertir Juzgado de Dulce Nombre de María a Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en Chalatenango

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en sesión de la Corte Plena aprobó que el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María se convierta en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango con el propósito de reducir y equilibrar la carga judicial de las instancias de justicia de dicho sector.

    De acuerdo con lo discutido por los magistrados, la decisión corresponde a que el actual Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango registró en el último año más de 6oo causas, cifra que se asemeja a la carga laboral de los juzgados de San Salvador y en contraste al Juzgado Primera Instancia de Dulce Nombre de María, que aseguran «es la sede judicial que menos carga tiene de los juzgados con carga mixta a nivel nacional».

    Ante esta situación, la Corte consideró viable y necesaria la conversión, con el fin de redistribuir de forma más equitativa la carga de trabajo entre los órganos jurisdiccionales del departamento. Para ello, también se acordó redistribuir la competencia penal y laboral que actualmente maneja el Juzgado de Dulce Nombre de María.

    En ese sentido, la carga actual del Juzgado de Dulce Nombre de María se dividirá en partes iguales entre los juzgados de Instrucción de Tejutla y Chalatenango, mientras que los nuevos ingresos en materia civil y mercantil se asignarán exclusivamente al nuevo juzgado. Dicha redistribución busca mantener el equilibrio en cuanto a volumen y complejidad de los procesos judiciales que se puedan conocer en cada sede antes mencionada.

    Tras los cambios acordados, se determinó que el nombre del actual Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango pasará a ser Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, para su mejor organización.

    La redistribución se avaló el 24 de junio de 2025 y forma parte del Plan Estratégico Institucional, la cual fue previamente analizada por la Comisión de Modernización, según consta en el acta número 46 de la Corte Plena. Sin embargo, la CSJ publica las actas con varias semanas de retraso.

    Durante la sesión, algunos magistrados expresaron inquietudes sobre la asignación de casos y la complejidad de los asuntos que suelen ventilarse en las cabeceras departamentales. No obstante, se ratificó que el análisis realizado contempló esos aspectos, priorizando tanto la carga cuantitativa como la naturaleza de los casos.

    Otras aprobaciones

    Como parte del rediseño, los magistrados también aprobaron la creación de una Oficina Distribuidora de Procesos (ODP), que tendrá a su cargo la asignación equitativa de causas entre el nuevo Juzgado Primero y Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, así como para los Juzgados Primero y Segundo de Paz del mismo departamento.

    La propuesta incluye además una reforma a la Ley Orgánica Judicial, a fin de formalizar los cambios de denominación y competencia territorial. Dicha iniciativa será enviada a la Asamblea Legislativa como anteproyecto de decreto para su análisis y eventual aprobación.

    El acuerdo fue respaldado con el voto de 14 magistrados, quienes coincidieron en la necesidad de implementar una reestructuración judicial que responda a la realidad operativa del territorio y facilite un proceso más especializada y accesible en materia de lo penal.

  • CSJ invertirá más de $2.4 millones para la compra de vehículos para la institución

    CSJ invertirá más de $2.4 millones para la compra de vehículos para la institución

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invertirá más de $2.4 millones para la adquisición de una nueva flota de vehículos para el uso de la institución, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    La licitación de compra se lanzó el 21 de julio de 2025, la cual, contempla la adquisición de 153 vehículos, entre ellos, motocicletas, microbuses, unidades tipo sedán y camionetas que permitirán mejorar el desplazamiento del personal judicial.

    En detalle, entre los tipos de automotor a comprar están:

    • 68 vehículos de tipo sedán con un precio de unidad de $19,404 y un total de $1,319,472.
    • 19 pick up doble cabina 4×4 a un precio individual de $28,549.22 que suman $542,435.26.
    • 10 pick up doble cabina 4×4 con cámper a un precio unitario de $29,041.06 y un total de $290,410.56.
    • 2 microbuses tipo panel a un costo de $15,048 por unidad, que suman $30,096.
    • 5 microbuses con capacidad para 14 o 15 pasajeros a un costo unitario de $29,041.06 por un total de $145,205.28.
    • 49 motocicletas a un precio por unidad de $2,376 y total de $116,424.

    El monto total asciende a $2,444,043.10 que serán financiados con fondos del Gobierno, según detalla la oferta de compra.

    De igual forma, la Corte plantea la contratación de servicio de transporte para el personal del Órgano Judicial por $339,637.86, también finaciados por el Estado.

    En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

    La compra de 4,572 vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por $182,880 y otros $54,741 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

    Asimismo, la oferta para la compra para suministros de medicamentos para abastecer las clínicas empresariales del órgano judicial, para este año, por un valor total de $231,101.97 y la compra de suministros de equipos médicos y de laboratorio para el Instituto de Medicina Legal por $628,259.47.

    A estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,222.90, financiados con fondos del Estado.

    Y la compra de equipo de audio y videoconferencia para equipar las salas de audiencia de los centros judiciales del país por $1,855,743.

  • Al menos 188 abogados y notarios fueron suspendidos del ejercicio de la profesión en primeros 5 meses del año

    Al menos 188 abogados y notarios fueron suspendidos del ejercicio de la profesión en primeros 5 meses del año

    Al menos 188 abogados y notarios han sido suspendidos del ejercicio de la profesión por la Corte Suprema Justicia (CSJ) en los primeros cinco meses del año 2025, según consta en los informes de la Corte Plena.

    Las suspensiones se recopilan desde el mes de enero hasta el 22 de mayo del presente, fecha que figura en el acta número 37, que corresponde a la última publicada en el sitio web del Órgano Judicial.

    Las sanciones impuestas en la Sesión de Investigación Profesional de la CSJ, responden a diversas faltas disciplinarias cometidas, entre ellas, mala conducta profesional, ignorancia grave e incumplimiento de obligaciones notariales.

    Entre los sancionados figuran Diego Balmore Escobar Portillo, suspendido en el ejercicio de la abogacía por el término de un año y cuatro meses por la infracción calificada como mala conducta profesional, luego de haber sido declarado responsable de la comisión del delito conforme al artículo 324 del Código Penal, según se expone en el acta número 5 de la Corte Plena.

    El referido artículo señala que “el funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentos que debiesen permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.

    Escobar Portillo recibió en el año 2022 una condena de un año y cuatro meses con la suspensión condicional de la ejecución de la pena por haber divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), considerado un documento en reserva.

    Otro caso fue José Tomás Mejía Castillo, exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) durante el periodo 2000-2006, por el partido Partido Acción Nacional (Pan). De acuerdo con el informe, el exlegislador fue suspendido del ejercicio del notariado por un año. La CSJ lo sancionó por incurrir en «ignorancia grave», al no haber dado audiencia al Registrador Nacional de las Personas Naturales en un proceso de establecimiento subsidiario del estado familiar de casada.

    También fue suspendido por un año el notario Rodrigo Alejandro Escobar Bolaños, exdirector de Actas y Acuerdos del Consejo Ejecutivo Nacional de Alianza Republicana Nacionalista (Coena) del patido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

    La sanción se estableció debido a que Escobar Bolaños cometió incumplimiento de obligaciones por elaborar una escritura de rectificación de dación en pago y no presentarse al acto de otorgamiento, de modo que el instrumento no fue leído por el mismo, ni firmado en su presencia, según el acta número 7 de la Corte Plena, del 23 de enero de 2025.

    A ellos se agrega el notario Jaime Ramírez Ortega, quien fue sancionado con un año de suspensión notarial tras ser declarado responsable de ignorancia grave por autorizar un instrumento sin la presencia de los testigos requeridos, según el acta número 36.

    Aplicar una suspensión implica que los abogados no pueden realizar ninguna autentificación de firmas, tampoco actos notariales durante el tiempo por el que fue sancionado.

    La mayoría de las suspensiones registradas por la CSJ son por falta de entrega de los libros como se regula en la Ley de Notariado, los cuales deben ser entregados dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que termina el año de su vigencia a la Sección de Notariado de la CSJ o al Juzgado de Primera Instancia.