El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador reporta que únicamente 25 de los 228 proveedores de servicios de bitcóin registrados se encuentran operando, lo que representa apenas un 11 % del total. El resto, equivalente al 89 %, permanece inactivo o incumple los requisitos establecidos por la normativa local.
Según el registro oficial consultado este martes por EFE, 203 empresas están clasificadas como «proveedor no operando». De ellas, al menos 22 no han cumplido con el artículo 4 del Reglamento de la Ley Bitcóin, que establece parámetros de supervisión a cargo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Dicho artículo exige que los proveedores mantengan altos estándares de integridad y honestidad, además de contar con mecanismos sólidos de prevención de lavado de dinero, programas de ciberseguridad ajustados a la naturaleza de los servicios ofrecidos y registros contables precisos de sus activos y pasivos.
Entre las 25 entidades activas figuran la billetera digital gubernamental Chivo Wallet, Osmo El Salvador y la plataforma internacional Binance. Estas empresas sí han completado los requisitos regulatorios para operar dentro del marco legal establecido por el Estado salvadoreño.
El Salvador adoptó el bitcóin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, en paralelo al dólar estadounidense, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo. Esta decisión formó parte de la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele, quien promovió su implementación como un instrumento de inclusión financiera e innovación tecnológica.
Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,400 millones, la Asamblea Legislativa modificó la ley para eliminar la obligatoriedad del uso del bitcóin como moneda de curso legal. También se desligó al Estado de su papel en los intercambios con criptomonedas.
A pesar de esta reforma y de las condiciones impuestas por el FMI —entre ellas, evitar el uso de fondos públicos para comprar criptomonedas—, el Gobierno salvadoreño ha seguido adquiriendo bitcoines. Actualmente, posee más de 6,329 unidades, valoradas en más de $700 millones, lo que ha generado preocupación entre sectores de la oposición por el posible impacto en el acuerdo con el organismo internacional.