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  • Presidente Noboa renueva por 30 días el estado de excepción en ocho provincias de Ecuador

    Presidente Noboa renueva por 30 días el estado de excepción en ocho provincias de Ecuador

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó este miércoles, por 30 días, el estado de excepción «por grave conmoción interna», que rige en ocho de las 24 provincias del país andino.

    La medida se aplica en las provincias de El Oro (fronteriza con Perú), Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Guayas (cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador), Los Ríos, Manabí, Pichincha (cuya capital es Quito), Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

    El gobernante dispuso, entre otras medidas, la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

    Noboa había decretado el pasado 15 de septiembre un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios del país y oficializó entonces un toque de queda nocturno que rigió desde el 17 hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.

    La renovación del estado de excepción se dio un día después de que terminara un toque de queda nocturno de diez días, que rigió entre las 00:00 y las 05:00 (05:00 y 10:00 GMT) —el cuarto decretado en Ecuador en lo que va de año— y que abarcó a las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

    En ese toque de queda fueron detenidas más de 2.600 personas y se decomisaron 2,5 toneladas de droga, entre otros resultados.

    La renovación del estado de excepción se da a unas dos semanas de los comicios locales, convocados para el próximo 29 de noviembre, en los que se designará a alcaldes, prefectos y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entre otras autoridades.

    Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

  • Detienen en Ecuador a excandidata presidencial Luisa González por delitos de financiamiento electoral

    Detienen en Ecuador a excandidata presidencial Luisa González por delitos de financiamiento electoral

    La excandidata presidencial de Ecuador, Luisa González, fue detenida este jueves en el marco de una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos electorales de su campaña de 2023, cuando disputó la Presidencia frente al actual mandatario, Daniel Noboa.

    González, de 48 años, fue arrestada durante la madrugada en la localidad de Canuto, provincia costera de Manabí, dentro de una investigación denominada ‘Laberinto’, que indaga «presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023».

    La detención ocurre mientras la Fiscalía ecuatoriana también investiga a González y al movimiento Revolución Ciudadana (RC) en el expediente ‘Caja Chica’, abierto a principios de este año por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de dinero. Las autoridades sospechan que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

    La dirigente, quien perdió las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 frente a Noboa, sostiene que el mandatario estaría detrás de las investigaciones judiciales contra el correísmo.

    González fue presidenta de Revolución Ciudadana desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026 y es considerada una de las figuras políticas más cercanas al expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.

    Una trayectoria vinculada al correísmo

    Nacida en Quito en 1977, González creció en Canuto, una comunidad rural de Manabí, donde sus padres residían. Es abogada, madre soltera de dos hijos y comenzó su trayectoria dentro del movimiento político de Correa cuando este llegó a la Presidencia en 2007. En 2010 asumió como coordinadora de Agenda Estratégica del mandatario, uno de sus primeros cargos dentro del Gobierno.

    Posteriormente ocupó diferentes responsabilidades públicas, entre ellas viceministra de Gestión Turística en 2014, secretaria general del Despacho Presidencial en 2015 y secretaria nacional de la Administración Pública en 2017. También ejerció funciones diplomáticas como vicecónsul en Madrid en 2011 y cónsul en Alicante en 2017, además de desempeñarse como secretaria general de la Intendencia de Compañías de Quito.

    Tras finalizar el Gobierno de Correa, González ingresó a la Asamblea Nacional en 2021, desde donde mantuvo una fuerte oposición al entonces presidente Guillermo Lasso, cuyo mandato terminó anticipadamente en 2023 después de aplicar el mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada».

    Esta decisión permitió disolver el Parlamento y convocar elecciones extraordinarias para completar el período presidencial 2021-2025. En esos comicios, Revolución Ciudadana eligió a González como candidata presidencial por encima del exvicepresidente Jorge Glas, quien acumula tres condenas por corrupción y fue capturado en 2024 durante el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito, cuando acababa de recibir asilo político.

    González continuó su oposición a Noboa después de perder las elecciones de 2023 y volvió a enfrentarlo en las presidenciales de 2025, cuando el mandatario consiguió la reelección para un período completo de cuatro años. Tanto la excandidata como Correa denunciaron un supuesto fraude electoral, aunque no presentaron pruebas fehacientes.

    El resultado otorgó a Noboa una ventaja superior a la prevista en las encuestas. La dirigente también participó en la oposición a iniciativas del Gobierno sometidas a referéndum y este año intentó, sin éxito, inscribir su candidatura a la prefectura de Manabí mediante otro partido, debido a la suspensión de Revolución Ciudadana solicitada por la Fiscalía.

     

  • Daniel Noboa asegura que Abelardo De la Espriella «no tolerará» que Colombia sea refugio de criminales ecuatorianos

    Daniel Noboa asegura que Abelardo De la Espriella «no tolerará» que Colombia sea refugio de criminales ecuatorianos

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este lunes que su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, no permitirá que Colombia se convierta en un lugar de refugio o descanso para los criminales ecuatorianos y destacó la cooperación entre ambos gobiernos.

    «El Gobierno anterior de Colombia (liderado por Gustavo Petro) lo que hizo fue regalarle un territorio en el sur a los ya exFARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), igual siguen siendo guerrilleros, se siguen cambiando el nombre, pero le entregó el sur, y nuestro vecino no era Colombia, nuestro vecino era la guerrilla», dijo Noboa durante una entrevista con radio Centro Digital.

    El mandatario ecuatoriano afirmó que la relación con De la Espriella permitió fortalecer la coordinación entre los dos países. «las cosas están mejorando, se ve una cooperación, hablamos una vez cada quince días por teléfono. Existe una muy buena relación y existe una cooperación también entre Fuerzas Armadas y Policía», dijo.

    «Abelardo no va a tolerar que Colombia» sea el lugar «de descanso de los criminales ecuatorianos (…) porque era su segunda casa. De aquí se iban, tenían casas en Cali, tenían casas en diferentes partes de Colombia. Hoy ya no les parece un lugar tan seguro a ellos», anotó Noboa.

    Las declaraciones se producen después de que Mariela Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fueran expulsadas de Colombia y llegaran a Ecuador el pasado 29 de septiembre. Ambas habían sido detenidas dos días antes en una operación policial realizada entre los dos países y el FBI.

    Las mujeres fueron localizadas en el departamento de Santander, al noreste de Colombia, tras una investigación y seguimiento internacional. Ambas habían sido expulsadas de Argentina en 2024 junto con otros familiares y, después de ser enviadas a Ecuador, volvieron a trasladarse a territorio colombiano, según el ministro del Interior, John Reimberg. Peñarrieta y Macías están en prisión y eran requeridas por la Justicia ecuatoriana por el presunto delito de lavado de activos dentro del caso denominado ‘Blanqueo Fito’.

    La cooperación entre ambos países también permitió que en junio Colombia expulsara a Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, hermano de alias Fito y considerado uno de los principales cabecillas de Los Choneros. El hombre, requerido mediante una notificación roja de Interpol, fue detenido en Bogotá en una operación conjunta de la Policía colombiana, autoridades ecuatorianas y organismos de inteligencia de ambos países.

    Los Choneros figura entre las bandas catalogadas como «terroristas» por el Gobierno de Noboa dentro de la «guerra» declarada en 2024 contra estos grupos, a los que se atribuye la escalada de violencia registrada en Ecuador. Estados Unidos y Argentina también declararon a Los Choneros y a Los Lobos, su principal rival en territorio ecuatoriano, como «organizaciones terroristas».

  • Ecuador aplica nuevo toque de queda contra violencia criminal

    Ecuador aplica nuevo toque de queda contra violencia criminal

    Ecuador inició el jueves un nuevo período de toques de queda nocturnos durante 15 días en cuatro provincias, como parte de las medidas del Gobierno del presidente Daniel Noboa para contener la violencia vinculada con el crimen organizado. Es la tercera ocasión durante 2026 en que el Ejecutivo recurre a este tipo de restricciones.

    El toque de queda estará vigente entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 de la mañana. Durante esas horas, la Policía y las Fuerzas Armadas realizan controles en las calles y allanamientos en zonas consideradas críticas por las autoridades, donde buscan a integrantes de organizaciones criminales.

    Noboa recurrió reiteradamente a estados de excepción y restricciones de movilidad desde enero de 2024, cuando declaró la «guerra» al crimen y calificó como «terroristas» a organizaciones criminales. Aunque los homicidios disminuyeron durante ese año, Ecuador cerró 2025 con un récord de 9,283 asesinatos, pese a que también fueron implementados al menos dos períodos de toques de queda relacionados con la inseguridad.

    La persistencia de la violencia llevó al Gobierno a establecer nuevas restricciones en marzo, mayo y septiembre de 2026, principalmente en provincias costeras con fuerte presencia de actividades criminales relacionadas con el narcotráfico. La consultora política en seguridad pública de Estado Katherine Herrera considera que sus resultados son principalmente temporales.

    «Temporalmente puede haber una baja que te sirve para que las Fuerzas Armadas o las autoridades de seguridad y control puedan realizar otras acciones, pero eso no es una solución sostenible y que afecta realmente al crimen organizado, pero, sobre todo, que te ayude a bajar los homicidios», explicó Herrera.

    Las cifras del Ministerio del Interior muestran que después del toque de queda aplicado en mayo en nueve provincias y cuatro municipios, los homicidios disminuyeron ligeramente de 697 en mayo a 693 en junio, pero aumentaron nuevamente hasta 704 durante julio.

    Según Herrera, las organizaciones criminales pueden desplazarse hacia otras provincias o reanudar sus operaciones una vez terminadas las restricciones.

    La especialista sostuvo que los operativos deben complementarse con inteligencia criminal y penitenciaria, investigaciones patrimoniales, control de armas y acciones focalizadas territorialmente.

    «Los homicidios van a reducirse siempre y cuando tú desarticules la estructura criminal, atiendas las necesidades que tiene la ciudadanía, fortalezcas mucho más la presencia del Estado de forma eficiente y eficaz, y garantices el cumplimiento de la pena. Para acabar con el crimen organizado, también hay que combatir impunidad y corrupción», resaltó.

    Herrera consideró que algunas acciones impulsadas por el Gobierno todavía no conforman una estrategia integral contra las estructuras criminales.

    «Están generando una guerra táctica, pero no una guerra estratégica», concluyó. La especialista advirtió que, sin políticas sostenidas que acompañen las restricciones de movilidad, sus efectos sobre los niveles de violencia pueden limitarse al período en que permanecen vigentes.

     

  • Ecuador aplicará toque de queda en cuatro provincias hasta el 30 de septiembre

    Ecuador aplicará toque de queda en cuatro provincias hasta el 30 de septiembre

    El Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció un nuevo toque de queda en las provincias ecuatorianas de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, que se aplicará entre el 17 y el 30 de septiembre como parte de su estrategia para reforzar las operaciones contra las organizaciones criminales.

    La restricción a la circulación estará vigente diariamente entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 de la mañana. La medida comenzará durante las primeras horas del 17 de septiembre y finalizará a las 11:59 de la noche del día 30, según lo anunciado por las autoridades.

    El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la intervención tendrá una duración limitada y se concentrará en las cuatro provincias, donde también aumentará la presencia de las fuerzas de seguridad. «El toque de queda será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad», afirmó.

    Las autoridades adelantaron que no entregarán salvoconductos para circular durante las cinco horas de restricción. Las excepciones estarán limitadas a trabajadores de servicios esenciales, personal sanitario y de emergencias, además de fiscales y abogados debidamente acreditados que deban participar en audiencias de flagrancia.

    Los periodistas también podrán movilizarse para realizar coberturas, siempre que estén identificados y acompañen a las fuerzas de seguridad. «Únicamente podrá circular durante esas horas personal de primera respuesta: personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia. En cuanto a medios de comunicación, únicamente podrán realizar coberturas debidamente identificados y siempre acompañando a las fuerzas del orden», precisó Reimberg.

    El resto de la población deberá permanecer en sus viviendas durante el horario establecido. El Ejecutivo pidió la colaboración de los habitantes y señaló que la medida busca facilitar las operaciones contra las estructuras criminales, además de fortalecer la seguridad en las zonas intervenidas.

    Este será el tercer toque de queda decretado en Ecuador durante 2026. El primero comenzó el 13 de marzo y afectó a Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras una segunda restricción fue aprobada el 28 de abril y abarcó un número mayor de provincias y cantones.

    Las medidas anteriores se adoptaron en el contexto de estados de excepción decretados por Noboa. El mandatario renovó el 14 de agosto, por otros 30 días, el estado de excepción por grave conmoción interna en varias provincias y cantones del país. El nuevo toque de queda queda pendiente de ser formalizado mediante el correspondiente decreto ejecutivo.

     

     

  • Rubio anuncia que EE.UU. declarará terroristas a Los Tiguerones

    Rubio anuncia que EE.UU. declarará terroristas a Los Tiguerones

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles en Quito que la Administración del presidente Donald Trump declarará como organización terrorista a Los Tiguerones, una de las bandas criminales vinculadas a la escalada de violencia que atraviesa Ecuador.

    El anuncio ocurrió después de una reunión entre Rubio y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet. Con la designación, Los Tiguerones se sumarán a Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, otras tres organizaciones criminales ecuatorianas que Estados Unidos considera terroristas. “No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tiene armas y equipos que se parecen a un ejército nacional. No son grupos comunes. Participan en delitos comunes, pero tienen una capacidad terrorista, y hay que derrotarlos», manifestó Rubio.

    Los Tiguerones son señalados de protagonizar distintos hechos violentos, entre ellos la irrupción de hombres armados en las instalaciones del canal TC Televisión durante una transmisión en directo en enero de 2024. La organización tiene como máximo líder a William Alcívar, alias Willy, quien permanece en libertad después de ser detenido en España sin que se concretara su extradición a Ecuador.

    Rubio sostuvo que enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales requiere una coalición internacional y destacó la iniciativa Escudo de las Américas, promovida por Trump con la participación de gobiernos latinoamericanos aliados de Washington. “Esta alianza entre nuestros países es importantísima, y en la región no tenemos un mejor aliado para ello que Ecuador», aseveró Rubio. “Nuestras fuerzas de élite están trabajando conjuntamente a diario de una manera que no tiene precedente para desmantelar estos grupos que están haciendo tantos daño a la región», añadió.

    La visita del jefe de la diplomacia estadounidense ocurre mientras Estados Unidos desarrolla una campaña de bombardeos contra embarcaciones ecuatorianas de pesca en el Pacífico, bajo el argumento de que información de inteligencia las vincula con el apoyo a lanchas que presuntamente transportan grandes cantidades de cocaína desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica. Durante las últimas dos semanas, seis embarcaciones señaladas por Washington de colaborar con Los Choneros fueron hundidas.

    La presencia militar estadounidense en Ecuador también se hizo visible esta semana con la llegada de dos aeronaves MV-B22 Osprey, que participaron en un operativo desarrollado en Alto Punino, enclave de minería ilegal ubicado en la Amazonía ecuatoriana. La zona estaría bajo control de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    Como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral, Rubio anticipó que la Administración Trump solicitará al Congreso estadounidense autorización para destinar otros $45 millones a la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Además, confirmó una partida específica de $10 millones para combatir la minería ilegal, “que se está robando la riqueza del país».

    Estados Unidos también entregará a Ecuador una nueva embarcación de la Guardia Costera estadounidense de 61 pies de eslora y cinco interceptores adicionales. Con estos equipos, el número de embarcaciones proporcionadas este año ascenderá a doce, con el objetivo de fortalecer la capacidad marítima ecuatoriana frente a las organizaciones criminales.

     

  • Correa ve en las urnas su ruta de regreso a Ecuador entre presiones políticas y judiciales

    Correa ve en las urnas su ruta de regreso a Ecuador entre presiones políticas y judiciales

    El expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó este miércoles que la ruta para “recuperar la patria” pasa por volver a ganar elecciones, aunque aseguró que su prioridad no es regresar personalmente a la Presidencia, en medio de lo que denuncia como una operación política para vincularlo con el narcotráfico y cerrarle el camino de retorno a Ecuador.

    “La prioridad no es que yo regrese al poder, la prioridad es recuperar la patria”, dijo Correa en una entrevista con EFE en Ciudad de México, al afirmar que el primer paso para lograr este cometido es “ganar las elecciones”.

    El exmandatario, que gobernó entre 2007 y 2017, sostuvo que existe una estrategia para presionar a delincuentes o personas vinculadas a su movimiento a fin de que lo acusen de recibir recursos del narcotráfico.

    Según Correa, ese mecanismo forma parte de una ofensiva de la derecha latinoamericana y “está coordinado desde el norte”, una acusación que extendió a las persecuciones judiciales que, a su juicio, han sufrido dirigentes como el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y los expresidentes de Bolivia, Evo Morales (2006-2019); de Argentina, Cristina Fernández (2007-2015), y Colombia, Gustavo Petro (2022-2026).

    Correa, de 63 años, vinculó esa estrategia con el reciente encarcelamiento de José Serrano, su exministro del Interior, a quien calificó como un antiguo colaborador que después lo “traicionó”, pero rechazó la acusación que lo relaciona con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y la calificó de “ridícula” y «cantinflesca».

    También, interpretó como una amenaza política el mensaje del presidente, Daniel Noboa, tras la llegada de Serrano a Ecuador, en el que escribió dirigido a Correa: “Ya mismo te toca a ti”.

    El expresidente afirmó que tiene asilo político en Bélgica y sostuvo que cinco países le concedieron protección, además de asegurar que Interpol ha rechazado numerosas solicitudes de alerta roja relacionadas con su caso, con lo que, aseguró, ha demostrado que existe una persecución política en su contra.

    Sobre su condena en el caso Sobornos, Correa volvió a denunciar persecución judicial y aseguró que fue sentenciado sin pruebas.

    También, criticón a Lenín Moreno (2017-2021), quien llegó a la Presidencia ecuatoriana respaldado por su movimiento y después rompió con él.

    Correa lo acusó de traicionar el programa con el que fue elegido, perseguir a antiguos compañeros y promover acusaciones de corrupción contra su Gobierno.

    Tras la reciente condena de Moreno, Correa sostuvo que se demostró que su antiguo vicepresidente era corrupto y sugirió que Estados Unidos pudo conocer esa situación y utilizarla para favorecer su ruptura política.

    Pese al panorama, Correa insistió en que su proyecto no renunciará a recuperar el poder político y afirmó que Ecuador atraviesa una “dictadura” que, según él, obstaculiza la participación electoral de su movimiento en próximas elecciones locales de Ecuador, donde su partido, la Revolución Ciudadana (RC) ha sido suspendido a solicitud de la Fiscalía por una investigación por presunta financiación irregular de sus últimas campañas electorales.

  • Cómo Ecuador se convirtió gradualmente en plataforma del narcotráfico

    Cómo Ecuador se convirtió gradualmente en plataforma del narcotráfico

    Ecuador pasó de ocupar una posición marginal a convertirse progresivamente en un protagonista del narcotráfico internacional, producto de un proceso de varias décadas favorecido por el debilitamiento institucional y la expansión de diferentes economías ilícitas, según una investigación publicada recientemente.

    «Hay grupos criminales que han estado vinculados al narco desde finales del siglo XX. Esta vinculación hizo que Ecuador sea un actor marginal dentro del escenario internacional, y poco a poco se convirtió en protagonista», explicó Carla Álvarez, una de las editoras del libro El narcotráfico en Ecuador: orígenes, instituciones y convergencias criminales, publicado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

    La obra reúne investigaciones de 12 especialistas que reconstruyen la transformación del país, que durante años se consideró una «isla de paz», hasta convertirse en una de las naciones con mayores incautaciones de cocaína del mundo y entre las más violentas de América Latina.

    «Era necesario reconstruir el rompecabezas de la historia del narcotráfico en Ecuador. Queríamos hacer una cronología, pero no es una historia lineal que sigue año a año una serie de acontecimientos, sino son convergencias que era necesario narrar», afirmó Álvarez.

    La investigadora sostiene que no existe un único punto de inflexión que explique la actual crisis de violencia. Entre las transformaciones ocurridas durante décadas mencionó el cambio en la concepción de las drogas, que a comienzos de los años 90 pasaron de considerarse un asunto de salud pública a uno de seguridad, además de la dolarización y la posterior reducción de instituciones y capacidades estatales.

    Ese deterioro institucional comenzó a «abrir espacios en los que el narcotráfico se infiltró», mientras las condiciones del mercado internacional favorecieron simultáneamente otras economías ilegales, entre ellas la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de armas.

    Álvarez explicó que durante años Ecuador consideró que la problemática del narcotráfico que enfrentaba Colombia no terminaría afectándolo con la misma intensidad.

    El libro también examina la cooperación de Estados Unidos en el combate contra las drogas, caracterizada por operaciones militares y estrategias de corto plazo vinculadas a la agenda estadounidense de seguridad.

    «Ha sido un error asumir una agenda internacional de lucha contra el narcotráfico sin establecer prioridades nacionales. Eso nos ha hecho desatender otros problemas locales como el consumo de drogas», explicó Álvarez.

    Según la académica, esa estrategia también provocó que los esfuerzos se concentren en perseguir a narcotraficantes que pueden ser reemplazados dentro de las organizaciones, en lugar de alcanzar a quienes controlan los recursos económicos, mientras persisten debilidades en el sistema de Inteligencia. Aunque considera necesaria la «mano dura», sostiene que aplicarla de manera aislada no permite enfrentar las causas estructurales de la crisis que atraviesa Ecuador.

    Álvarez planteó que las estrategias regionales contra el crimen también deben incorporar políticas para la construcción de paz y prevención del reclutamiento de menores.

    «Necesitamos darles alternativas a niños y adolescentes para que no sean reclutados por el crimen. Hay que reconstruir el tejido social, fortalecer las prácticas de convivencia», sostuvo.

     

  • Ecuador y Colombia iniciarán operaciones conjuntas contra el narcotráfico a partir de agosto

    Ecuador y Colombia iniciarán operaciones conjuntas contra el narcotráfico a partir de agosto

    Ecuador y Colombia pondrán en marcha operaciones conjuntas contra el crimen organizado y el narcotráfico a partir del próximo 7 de agosto, cuando asuma la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella, según anunció este martes el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

    El funcionario aseguró que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ya sostuvo conversaciones con el equipo del mandatario electo para coordinar las primeras acciones de seguridad en la frontera común, con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales que operan entre ambos países.

    «El presidente Daniel Noboa ha tenido conversaciones, parte del equipo también. Esto es un tema que debe comenzarse desde el día número uno. Esa es la voluntad que entiendo que el Gobierno electo colombiano tiene. Acá estamos listos, las fuerzas están listas», declaró Reimberg al finalizar un acto oficial en Quito.

    El ministro sostuvo que durante los últimos cuatro años Colombia permitió el fortalecimiento de estructuras vinculadas al narcotráfico y grupos armados ilegales, por lo que consideró necesario ejecutar una respuesta conjunta entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

    «Hay que entrar con fuerza, con determinación, y en conjunto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número uno», afirmó el funcionario, aunque no ofreció detalles sobre las operaciones previstas.

    A lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia operan organizaciones criminales vinculadas con disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

    Las relaciones entre ambos países atravesaron tensiones entre febrero y junio de este año debido a una guerra comercial impulsada por el Gobierno de Noboa, que elevó progresivamente los aranceles a productos colombianos para presionar por un mayor control fronterizo frente al ingreso de cocaína hacia territorio ecuatoriano.

    El conflicto comercial concluyó tras la mediación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). No obstante, Noboa atribuyó el acercamiento bilateral al entendimiento alcanzado previamente con De la Espriella, quien, según el mandatario ecuatoriano, expresó su disposición de impulsar una estrategia conjunta para combatir el narcoterrorismo en la región.

     

     

  • Noboa declara política pública el nuevo plan nacional de seguridad de Ecuador hasta 2029

    Noboa declara política pública el nuevo plan nacional de seguridad de Ecuador hasta 2029

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes como política pública de aplicación nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, una estrategia con la que el Gobierno busca orientar las acciones del Estado en materia de seguridad durante los próximos cuatro años.

    La decisión fue oficializada mediante un decreto ejecutivo que pone en marcha el plan aprobado el pasado 9 de marzo por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) y deja sin efecto el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030, que había sido declarado política pública en 2021.

    El decreto establece que la ejecución del nuevo plan estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, además del Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, instituciones que deberán coordinar acciones de acuerdo con sus competencias.

    Según el documento oficial, la nueva estrategia adopta un enfoque de seguridad multidimensional e integral, con una visión de largo plazo basada en los intereses nacionales y en la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado frente a las amenazas actuales.

    El Gobierno ecuatoriano indicó que el plan también busca articular el trabajo de las distintas instituciones públicas en el contexto del «conflicto armado interno», declarado por Noboa en 2024 para combatir a las organizaciones criminales que operan en el país.

    Asimismo, la estrategia contempla fortalecer la cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado transnacional, considerado por las autoridades como una de las principales amenazas para la seguridad nacional debido a su relación con el narcotráfico y la minería ilegal.

    El Ejecutivo señaló que el documento servirá como una hoja de ruta para las acciones de prevención, protección, respuesta y recuperación frente a los riesgos que afectan al país, mediante una actuación coordinada entre las diferentes entidades estatales.

    Ecuador permanece bajo la declaratoria de conflicto armado interno desde 2024, medida con la que el Gobierno intensificó la ofensiva contra las bandas criminales, a las que calificó de organizaciones terroristas. Pese a ello, el país registró durante 2025 alrededor de 9,300 homicidios, la cifra más alta de su historia, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.