El Ministerio de Gobernación de Guatemala destituyó este martes al director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, y al subdirector de Operaciones, Esvin Jacinto Quiché, en medio de la crisis de seguridad desatada por el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el pasado 17 de octubre.
La decisión fue anunciada por las autoridades del Ministerio de Gobernación durante una rueda de prensa, después de que el titular de esa cartera, Marco Antonio Villeda, advirtiera que tomaría medidas contra los responsables de las irregularidades detectadas en el procedimiento policial relacionado con el crimen.
Villeda había adelantado que esperaría los resultados de una investigación interna sobre la actuación de los agentes involucrados en el caso para determinar responsabilidades y que iban a «rodar cabezas», en referencia a posibles destituciones dentro de la institución policial.
El asesinato de Solórzano Foppa ocurrió en unos campos deportivos de Ciudad de Guatemala, donde las autoridades capturaron ese mismo día a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, señalados inicialmente como sospechosos de participar en el crimen del exfiscal, quien también dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, ambos hermanos recuperaron su libertad después de que un juez dictara una resolución de falta de mérito. Los detenidos denunciaron que los policías les habían «plantado» un fusil que no correspondía con el arma utilizada en el asesinato, lo que provocó cuestionamientos sobre el procedimiento desarrollado por los agentes.
Las presuntas irregularidades derivaron en la captura de siete miembros de la PNC, entre ellos un comisario y un inspector, quienes permanecen detenidos mientras esperan rendir su primera declaración ante un juez. El Ministerio Público de Guatemala los investiga por los posibles delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.
Solórzano Foppa había denunciado anteriormente acontecimientos relacionados con la seguridad de Guatemala, entre ellos la fuga de 20 reclusos identificados como líderes del Barrio 18, registrada el pasado 12 de octubre. La investigación de su asesinato permanece bajo reserva judicial y las autoridades todavía no reportan capturas de los responsables materiales o intelectuales del crimen.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, se comprometió públicamente el 19 de octubre a esclarecer el «crimen horrible» y castigar a los responsables. Mientras tanto, Karlos de León, abogado de los hermanos Choc Toz, exigió al mandatario una disculpa pública y una indemnización económica por los daños psicológicos que, según denunció, sufrieron sus representados durante la detención irregular.
