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  • El juicio al exministro Gutiérrez reabre el caso del Bulevar Diego de Holguín, una obra que fue símbolo de la corrupción

    El juicio al exministro Gutiérrez reabre el caso del Bulevar Diego de Holguín, una obra que fue símbolo de la corrupción

    El anuncio de un juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública, reabre un sonado caso de corrupción por el que el estado salvadoreño vio multiplicada varias veces las millonarias cifras sobre su presupuesto inicial.

    El proceso iniciado por el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador está relacionado con el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, actualmente bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

    La acusación fiscal sostiene que los hechos ocurrieron entre diciembre de 2005 y enero de 2007, durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, cuando Gutiérrez dirigía el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Entonces era un ministro todopoderoso con enorme influencia política.

    La Fiscalía atribuye al exministro presuntas omisiones e incumplimientos que habrían permitido desembolsos y pagos indebidos. Una pericia financiera contable incorporada al proceso estableció un supuesto perjuicio de $10,643,278.98, mientras una pericia técnica examinó las actuaciones relacionadas con la supervisión y ejecución de la obra. En 2023, la Fiscalía informó que cuando había transcurrido la mitad del plazo contractual el avance era de apenas 39 %.

    El expediente penal es parte de una historia de irregularidades señaladas durante años alrededor de la construcción de la vía.

    El entonces ministro de Obras Públicas David Gutiérrez junto al entonces presidente Antonio Saca, en una foto de archivo.

    La Fiscalía originalmente presentó en 2022 un requerimiento contra Gutiérrez por un monto de $13,723,132.60, relacionado con pagos efectuados durante la ejecución del tramo II, aunque la pericia financiera incorporada posteriormente fijó en $10,643,278.98 el supuesto perjuicio económico que sustenta el proceso actual.

    El caso también fue examinado por la Corte de Cuentas de la República (CCR). Su Cámara de Segunda Instancia confirmó una sentencia que estableció responsabilidad patrimonial por $3,234,541.52 contra exfuncionarios vinculados al proyecto.

    La construcción comenzó en 2005 dividida en dos tramos. El primero, de casi cuatro kilómetros entre la colonia Las Delicias y el bulevar Merliot, fue contratado por $20.7 millones y terminó en diciembre de 2007, después de atrasos. El segundo, de 3.9 kilómetros entre Merliot y Los Próceres, tenía un costo inicial superior a $25.6 millones, pero quedó abandonado a finales de 2008 después de retrasos y un arbitraje que implicó otro millonario desembolso estatal.

    El MOP retomó el tramo inconcluso en 2011 y, después de dos licitaciones declaradas desiertas, adjudicó a DISA y OMNI un nuevo contrato por $33.1 millones para terminarlo.

    La pista principal de concreto hidráulico quedó terminada el 14 de noviembre de 2012. Registros periodísticos de la época calcularon en $56,408,998 el costo acumulado del tramo II y en $99,350,354.34 el costo total de los 8.63 kilómetros, incluidos el tramo I y los arbitrajes.