Las autoridades de Costa Rica extraditaron este viernes a Estados Unidos al exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa, y a su supuesto socio Edwin López, acusados de narcotráfico y asociación ilícita.
Se trata de la primera extradición de ciudadanos costarricenses tras la reciente reforma constitucional que permite este procedimiento en casos de narcotráfico y terrorismo.
Ambos fueron entregados a agentes estadounidenses y trasladados en un avión de la DEA que despegó a las 08:54 hora local desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, con destino a Texas.
«El día de hoy se materializa la primera extradición de ciudadanos costarricenses a solicitud del Gobierno de Estados Unidos, lo cual marca un hito trascendental en la lucha contra el tráfico internacional de drogas», afirmó el fiscal general Carlo Díaz.
El funcionario aseguró que esta acción envía un mensaje claro contra la impunidad. «Nadie podrá utilizar nuestra nacionalidad como escudo para evadir la justicia».
Gamboa enfrenta cargos en el Distrito Este de Texas por asociación ilícita y distribución internacional de cocaína, y es señalado como uno de los principales narcotraficantes del país.
Según las autoridades estadounidenses, el exfuncionario habría facilitado el envío de cargamentos de droga desde Colombia hacia Estados Unidos, con un valor de decenas de millones de dólares.
Además, se le acusa de utilizar sus contactos dentro del Gobierno para obtener información sobre investigaciones antidrogas y venderla a otros grupos criminales.
La acusación también señala que habría lavado dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star.
Gamboa, de 49 años, ocupó cargos como ministro de Seguridad entre 2014 y 2015, director de Inteligencia y Seguridad Nacional y magistrado de la Sala Tercera, hasta su suspensión por un escándalo de corrupción.
La reforma que permitió la extradición fue aprobada en mayo de 2025, y desde entonces cerca de una veintena de costarricenses han sido solicitados por Estados Unidos.
Para concretar el proceso, Estados Unidos garantizó que, en caso de condena, la pena no superará los 50 años de prisión, conforme a la legislación costarricense.
