El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió este miércoles a la Corte Suprema durante la sesión que analiza la legalidad de su orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de migrantes indocumentados o con visados temporales.
Se trata de un hecho inusual, ya que es la primera vez que un mandatario en funciones asiste a una audiencia de argumentos orales en el máximo tribunal del país.
El presidente llegó minutos antes del inicio de la sesión y se ubicó en la primera fila del área pública, donde siguió en silencio la exposición del procurador general, John Sauer, quien defendió la postura de su Administración.
La medida impulsada por Trump busca modificar la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía automática a quienes nacen en territorio estadounidense desde el siglo XIX.
Desde organizaciones civiles, la iniciativa ha generado fuerte rechazo. Anthony D. Romero, de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), cuestionó directamente la presencia del mandatario.
«Si el presidente Trump desea acudir a la Corte Suprema para ver cómo la ACLU le da una lección sobre el significado de la Constitución y la ciudadanía por derecho de nacimiento, estaremos encantados de sentarnos junto a él en ese mismo tribunal», expresó.
El dirigente insistió en la relevancia histórica del caso y en la responsabilidad del tribunal de proteger los principios constitucionales.
«Este es uno de los casos más importantes de los últimos cien años», afirmó Romero, quien también señaló que el tribunal debe garantizar la defensa de la Constitución incluso bajo la observación directa del Ejecutivo.
La orden ejecutiva fue firmada por Trump en enero de 2025, el mismo día que asumió su segundo mandato, y rápidamente fue impugnada en tribunales de distintos estados.
En junio de ese mismo año, la Corte Suprema permitió que la medida siguiera su curso al levantar bloqueos previos, aunque sin pronunciarse sobre su constitucionalidad definitiva.
Expertos legales y defensores de derechos humanos advierten que limitar la ciudadanía por nacimiento vulneraría un derecho fundamental y podría afectar a unos 255,000 niños cada año en Estados Unidos.