Redacción DEM

Etiqueta: debido proceso

  • Congresistas presentan ley para frenar arrestos de ICE en tribunales migratorios

    Congresistas presentan ley para frenar arrestos de ICE en tribunales migratorios

    Un grupo de congresistas estadounidenses presentaron este lunes un proyecto de ley para impedir que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) arreste a personas presentes en un tribunal federal para sus citas de inmigración, a menos de que la agencia tenga una orden judicial.

    Los congresistas neoyorquinos Nydia Velázquez, Adriano Espaillar y Dan Goldman, junto al californiano Robert Garcia, que integra el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presentaron la legislación frente al polémico edificio 26 Federal Plaza de la Gran Manzana, que acoge un tribunal y la sede local de ICE.

    «En el último año, hemos visto escandalosa y repetidamente a agentes del ICE y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) detener a inmigrantes no violentos y no criminales inmediatamente después de sus audiencias judiciales obligatorias, en muchos casos aunque fueran activos y viables», denunció Goldman.

    Goldman señaló que un «80 % de la gente con vistas judiciales no se está presentando por miedo» y «hay una orden de deportación automática en cuanto no se presentan», dijo Goldman, quien ha sido detenido varias veces al intentar acceder al centro detención de este edificio denunciado por su insalubridad, recoge el diario AmNY.

    La legislación que proponen, llamada ‘Ley de Protección del debido proceso de inmigración’, busca prohibir a los agentes detener a personas presentes en un tribunal para asistir o participar en una audiencia relacionada con un proceso de inmigración, y proteger a quienes no tengan una orden de deportación definitiva.

    Los congresistas denunciaron la campaña de detenciones del Gobierno de Donald Trump en tribunales de inmigración en todo el país para «cumplir con cuotas de deportación masiva», y que han afectado a inmigrantes sin historiales delictivos, incluyendo solicitantes de asilo o estudiantes.

    El proyecto de ley tiene una baja probabilidad de salir adelante, puesto que las dos cámaras legislativas de EE.UU. están controladas por los republicanos, pero Goldman les exhortó a apoyarla, a riesgo de que las elecciones de medio término arrojen victorias demócratas por la oposición a la política migratoria de Trump.

  • Corte estadounidense bloquea deportaciones rápidas impulsadas por Trump

    Corte estadounidense bloquea deportaciones rápidas impulsadas por Trump

    El Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia rechazó este sábado un recurso del Gobierno estadounidense con el que buscaba reactivar las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados, una política impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La decisión, tomada por mayoría de 2-1, respalda un fallo emitido por la jueza federal Jia Cobb, quien en agosto bloqueó temporalmente estas deportaciones al considerar que vulneran los derechos de los migrantes al debido proceso. El gobierno había solicitado una suspensión mientras apelaba, pero el tribunal no accedió.

    La corte consideró improbable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pueda demostrar que su mecanismo de deportación acelerada cumple con los estándares constitucionales.

    “Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita”, señala la resolución judicial.

    Además, criticó que no se garantice la posibilidad de presentar pruebas sobre su permanencia continua de dos años en Estados Unidos, requisito fundamental para evitar ser deportado bajo este procedimiento. La jueza Cobb ya había advertido que la política “prioriza la rapidez” y que “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.

    La medida fue restablecida por Trump en enero, retomando una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021). Esta permite deportar de forma inmediata a cualquier persona indocumentada que no pueda comprobar al menos dos años de permanencia en el país, sin necesidad de audiencia judicial previa.

    La política ha generado una fuerte polémica entre defensores de los derechos de los migrantes, que denuncian que las expulsiones aceleradas pueden llevar a errores irreparables, al no permitir una evaluación individual de cada caso ni el acceso a asesoría legal.

    El fallo representa un nuevo revés judicial para el gobierno del presidente Trump, que ha buscado endurecer las políticas migratorias como parte central de su agenda. La orden judicial impide, por ahora, que se sigan aplicando estas deportaciones sin pasar por un proceso judicial más exhaustivo.

    Se desconoce si el Departamento de Justicia presentará una nueva apelación ante instancias superiores, pero el tema podría escalar hasta la Corte Suprema, dada su relevancia nacional.

     

  • Grupos latinos exigen al Gobierno de Trump que rinda cuentas por acciones contra migrantes

    Grupos latinos exigen al Gobierno de Trump que rinda cuentas por acciones contra migrantes

    El Caucus Hispano del Congreso (CHC) y la Federación Hispana lanzaron este lunes una campaña para exigir al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que rinda cuentas por sus políticas contra la comunidad migrante, incluidas las detenciones y deportaciones masivas, y que garantice el respeto al debido proceso.

    La campaña aboga por «restablecer la supervisión del Congreso sobre la aplicación de las leyes de inmigración», así como por «reformar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para garantizar la rendición de cuentas y promover la seguridad pública», según un comunicado de las asociaciones.

    En concreto, la coalición de grupos hispanos propuso reformar los protocolos policiales a nivel federal; garantizar el debido proceso; balancear la seguridad pública con los derechos humanos; fortalecer la transparencia y supervisión, y canalizar fondos hacia metas humanitarias.

    Su puesta en marcha se produce en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias por todo el país, que ha dado lugar a redadas masivas y al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Washington y Memphis para proteger a las autoridades migratorias en sus redadas.

    Los operativos del ICE han estado a menudo rodeados de críticas de activistas y políticos demócratas que denuncian un empleo desmedido de la fuerza para los arrestos.

    Así, el presidente de la CHC y congresista demócrata, Adriano Espaillat, describió en el comunicado las medidas del Gobierno como «una guerra urbana» y lamentó que los agentes del ICE realicen arrestos sin identificarse, ocultos por una máscara y sin su número de placa.

    La campaña comienza cuatro meses después de que el Congreso aprobara una asignación de 170.000 millones de dólares adicionales al ICE para deportaciones masivas el pasado julio.

    La organización Voto Latino también se unió a ella, denunciando que Trump «ha empujado aún más a las familias inmigrantes a la clandestinidad» y no ha velado por la seguridad pública y el estado de derecho.

    Además, señaló que el Departamento de Estado (DHS, en inglés), del que dependen las acciones del ICE, «se ha extralimitado y sigue operando con escasa o nula supervisión».

  • Negar derecho a fianza a un salvadoreño detenido por ICE en Colorado es ilegal, dice jueza

    Negar derecho a fianza a un salvadoreño detenido por ICE en Colorado es ilegal, dice jueza

    Una jueza federal en Colorado falló en contra de la política del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos de negar fianza a un salvadoreño, al considerar que se le negaba al inmigrante el derecho al debido proceso.

    La decisión judicial allana el camino para restringir la aplicación de la política de detención obligatoria establecida por el ICE en julio pasado.

    El fallo de la jueza en Denver (Colorado) se refiere al caso de Néstor Esaí Mendoza Gutiérrez, residente de Colorado por más de dos décadas y propietario de una pequeña empresa, que fue detenido en mayo pasado.

    Desde entonces ha permanecido en la cárcel migratoria de Aurora, ubicada en el mismo estado, debido a la nueva política del ICE que declara que a todas las personas que presuntamente ingresaron de forma indocumentada se les negará la posibilidad de fianza durante su proceso de deportación.

    La medida afecta a millones de inmigrantes en el país, independientemente de su tiempo de residencia en Estados Unidos.

    La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) demandó al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentando que la nueva política “es ilegal” y representa “un profundo desvío” de la ley de inmigración.

    La ley federal vigente exige la detención sin derecho a fianza solo en circunstancias limitadas.

    La querella legal afirma que Mendoza Gutiérrez y otras personas en situaciones similares no cumplen estos criterios que limitan la elegibilidad para fianza.

    La demanda también argumenta que la detención de Mendoza Gutiérrez sin derecho a fianza plantea serias preocupaciones constitucionales y viola las garantías fundamentales del debido proceso. Además, causa un daño irreparable a la familia del salvadoreño ya que él es su mayor sostén.

    En su fallo, la jueza afirmó que el Gobierno no tiene el derecho irrestricto de detener a extranjeros.

    Estas protecciones constitucionales se aplican a todas las personas en el país, independientemente de su estatus migratorio, advierte la ACLU.

    La jueza ordenó la liberación del salvadoreño y estudia la solicitud de demanda colectiva para que la decisión pueda cobijar a otros inmigrantes detenidos en Colorado sujetos a la nueva política.

    “Esta política ilegal amenaza con encarcelar a millones de inmigrantes trabajadores sin antecedentes penales y con profundos vínculos con sus comunidades, sin posibilidad de recurso alguno”, dijo en un comunicado Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado.

    El DHS enfrentan varios litigios alrededor de Estados Unidos por la medida de no otorgar fianza a ningún detenido por ICE.

  • Senador EEUU denuncia “abuso de poder” en caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García

    Senador EEUU denuncia “abuso de poder” en caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García

    El senador de Estados Unidos, Chris Van Hollen (Demócrata por Maryland), denunció este domingo que los intentos de deportar a Kilmar Ábrego García hacia Uganda constituyen “un abuso de poder malicioso” impulsado por aliados del presidente Donald Trump.

    Van Hollen se reunió de forma virtual con Ábrego García y su esposa, Jennifer Vásquez Sura, tras su retorno a Maryland luego de lo que describió como “un largo y tortuoso calvario”. El legislador recordó que fue gracias a los tribunales federales y a la presión pública que se logró revertir su deportación ocurrida en marzo.

    “Me alegró poder hablar con Kilmar Ábrego García esta mañana y darle la bienvenida de nuevo a Maryland. Durante nuestra conversación le compartí que yo y muchos otros hemos luchado durante meses para garantizar que se respetaran sus derechos constitucionales, pese a los esfuerzos de Trump por negarlos en cada paso”, señaló Van Hollen en un comunicado.


    El senador también aseguró que la campaña de desinformación en torno al caso busca bloquear que Ábrego pueda defenderse de los nuevos cargos que enfrenta en EE. UU.

    “Los aliados de Trump siguen mintiendo sobre los hechos y amenazando con deportarlo a Uganda, un abuso de poder que no podemos permitir”, afirmó.

    Ábrego García, ciudadano salvadoreño, fue deportado en marzo y posteriormente regresado a Estados Unidos para responder a cargos de tráfico de personas. Tras su liberación de una cárcel en Tennessee, fue enviado de regreso a Maryland el viernes pasado.

    Van Hollen ya había visitado a Ábrego en abril durante su detención en El Salvador, y reiteró este domingo que seguirá en la lucha por el respeto al debido proceso. “Si se niegan sus derechos, los derechos de todos los demás estarán en riesgo”, advirtió.

     

  • La Justicia de EE.UU. ordena la liberación de Kilmar Ábrego e impide a migración detenerlo

    La Justicia de EE.UU. ordena la liberación de Kilmar Ábrego e impide a migración detenerlo

    Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles la liberación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue enviado por error a la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, y prohibió que las autoridades migratorias lo detengan de inmediato tras su excarcelación.

    Ábrego García, residente legal en Maryland desde hace más de una década, fue repatriado a EE.UU. en junio de 2025 tras permanecer varios meses encarcelado en El Salvador.

    El salvadoreño fue uno de los más de 200 migrantes deportados sin derecho a audiencia bajo el plan de expulsiones masivas impulsado por el presidente Donald Trump. Su caso se convirtió en un símbolo de los abusos denunciados por organizaciones de derechos humanos.

    El juez Waverly Crenshaw, del estado de Tennessee, determinó que el gobierno federal no demostró que Ábrego represente un “peligro para la comunidad” y ordenó su liberación. No obstante, una corte superior accedió a una solicitud de su defensa para aplazar su salida por 30 días, ante el riesgo de una deportación inmediata.

    En paralelo, la jueza Paula Xinis, en Maryland, dictó otra resolución que obliga al gobierno estadounidense a trasladar a Ábrego de vuelta a su residencia y notificarse con 72 horas de anticipación en caso de intentar deportarlo nuevamente.

    “Comparto la preocupación de que el Gobierno pueda deportarlo una vez más sin el debido proceso”, advirtió la jueza Xinis en su resolución.

    Ábrego fue detenido en marzo y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a pesar de contar con un estatus migratorio que le brindaba protección contra la deportación. Según su defensa, el salvadoreño huyó de su país hace más de una década tras recibir amenazas y extorsiones por parte de la pandilla Barrio 18.

    En respuesta a las críticas, el Gobierno estadounidense intentó vincularlo con la pandilla MS-13, pese a que no existían cargos en su contra en ese momento. Posteriormente, fue trasladado a Tennessee para enfrentar acusaciones por presuntamente transportar a personas indocumentadas, aunque su defensa sostiene que estas acusaciones buscan justificar su expulsión ilegal.

    El caso de Ábrego ha generado una ola de reacciones por parte de defensores de derechos humanos, quienes califican este tipo de acciones como una forma de “desaparición forzada”, sin acceso a defensa legal y en violación del debido proceso migratorio.