Un grupo de hombres venezolanos deportados a El Salvador por la administración del presidente estadounidense Donald Trump presentó una demanda federal contra las empresas de aviación CSI Aviation y GlobalX, a las que señala de participar en su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y de violar sus derechos civiles.
La demanda fue presentada el 17 de julio ante un tribunal federal en Washington D. C. y sostiene que ambas compañías incurrieron en detención ilegal, negligencia, daño emocional intencional y otras violaciones por su participación en los tres vuelos que trasladaron a más de 230 venezolanos hacia la prisión de máxima seguridad salvadoreña.
Según el documento judicial, el 15 de marzo del año pasado Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a cientos de inmigrantes venezolanos, a quienes su administración vinculó con la organización criminal Tren de Aragua, aunque, de acuerdo con la demanda, esas acusaciones nunca fueron demostradas.
Los demandantes aseguran que GlobalX, por instrucciones de CSI Aviation, movilizó tres aeronaves desde un aeropuerto de Texas para ejecutar las deportaciones. Afirman que, una vez iniciados los vuelos, un juez federal ordenó su regreso, pero tanto el Gobierno estadounidense como las compañías ignoraron esa resolución y continuaron el viaje hasta El Salvador.
La acción judicial también sostiene que las empresas conocían las condiciones del Cecot y, aun así, colaboraron con el traslado de los deportados. Los demandantes argumentan que, sin la participación de ambas compañías, el envío de los venezolanos al penal no habría sido posible.
Los tres principales demandantes permanecieron durante cuatro meses en el Cecot y afirman haber sufrido lesiones físicas y secuelas psicológicas, algo que el gobierno salvadoreño ha negado.
El proceso judicial cita además informes de organizaciones de derechos humanos que documentan denuncias de malos tratos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas durante el tiempo que los venezolanos permanecieron recluidos. En julio de 2025, el grupo fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre los gobiernos involucrados.
La demanda también expone que CSI Aviation mantiene contratos millonarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para coordinar vuelos de deportación y que el juez federal James Boasberg, quien conoció el caso original relacionado con los traslados al Cecot, será el encargado de determinar si todos los venezolanos deportados podrán incorporarse a la acción colectiva.