El dictador nicaragüense Daniel Ortega, anunció que en su país no volverán a celebrarse elecciones, una decisión que profundiza la concentración del poder que ha construido desde su regreso a la Presidencia en 2007 y que ha sido cuestionada por organismos internacionales y la oposición.
El mandatario, de 80 años, hizo el anuncio durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, al afirmar que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder». Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional.
El regreso de Ortega al poder fue posible después de una reforma electoral derivada de un acuerdo político alcanzado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese cambio redujo del 45 % al 35 % el porcentaje mínimo necesario para ganar la Presidencia en primera vuelta, lo que le permitió imponerse en las elecciones de 2006 con el 37.99 % de los votos.
Otro momento clave ocurrió en 2009, cuando magistrados de la Sala Constitucional declararon «inaplicable» el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Esa resolución abrió el camino para que Ortega buscara un nuevo mandato en 2011, proceso que posteriormente fue cuestionado por denuncias de irregularidades. En enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció su reelección.
Fraudes electorales
Las elecciones de 2016 también fueron objeto de críticas internacionales. Los comicios se realizaron sin la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Centro Carter. Además, el principal bloque opositor fue excluido de la contienda por decisiones de instituciones controladas por el oficialismo, facilitando un nuevo triunfo de Ortega.
En las elecciones de 2021, el mandatario obtuvo un nuevo mandato después de que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueran detenidos antes de los comicios bajo acusaciones de «traición a la patria». La OEA declaró posteriormente que esas elecciones «no fueron libres, justas ni transparentes» y carecían de legitimidad democrática.
Con el anuncio de eliminar definitivamente las elecciones, Ortega consolida un modelo político sin alternancia en el poder. Diversos sectores opositores sostienen que la medida busca garantizar la permanencia del gobernante y su círculo familiar al frente del Estado, mientras organismos internacionales y varios gobiernos han advertido que la decisión representa un grave retroceso para la democracia y los derechos políticos en Nicaragua.
