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  • Julio Iglesias podría enfrentar proceso judicial en República Dominicana por denuncia de agresión sexual

    Julio Iglesias podría enfrentar proceso judicial en República Dominicana por denuncia de agresión sexual

    La denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual a dos empleadas en 2021, que fue archivada en España por falta de jurisdicción, podría ser procesada en la República Dominicana, país donde presuntamente ocurrieron los hechos, de acuerdo con abogados penalistas consultados por EFE.

    El jurista y académico dominicano Cándido Simón afirmó que los hechos señalados ocurrieron en la mansión del artista en Punta Cana, y que una de las denunciantes es dominicana, al igual que el propio Iglesias, quien posee esa nacionalidad. Por ello, indicó que el caso debe ser competencia de la justicia dominicana y no de la española. “La jurisdicción competente es República Dominicana”, sostuvo Simón, quien consideró “correcta” la decisión de la Fiscalía española, que desestimó el caso por no cumplirse los requisitos legales exigidos en ese país.

    Entre los argumentos de la Fiscalía española figuran que Iglesias no tiene nacionalidad española, que no hay conexión material con España, y que ya existe posibilidad de un proceso judicial en el lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, en Dominicana.

    La denuncia, presentada el pasado 5 de enero, fue interpuesta por una exempleada doméstica y una fisioterapeuta, quienes aseguran haber sufrido agresiones sexuales, humillaciones y maltratos laborales sistemáticos por parte del cantante. Las mujeres presentaron supuestas pruebas como documentos laborales, fotografías, mensajes de WhatsApp, grabaciones y registros de llamadas.

    El abogado penalista René del Rosario explicó que las denunciantes pueden acudir a la Fiscalía de Higüey, en la provincia La Altagracia, para interponer una querella. También señaló que el Ministerio Público dominicano podría iniciar una investigación de oficio por tratarse de un delito de acción pública.

    Sin embargo, Del Rosario advirtió que el caso podría tener pocas probabilidades de éxito en el ámbito judicial dominicano, debido a las dificultades de obtener pruebas científicas tres años después de los presuntos hechos. “Aunque sin el perfil mediático de Julio Iglesias, regularmente estas acciones no proceden por la dificultad científica de establecer que los hechos ocurrieron”, apuntó.

    Iglesias, por su parte, ha negado todas las acusaciones. “Nunca he abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, dijo el cantante tras conocerse la denuncia. Posteriormente intentó personarse en el proceso judicial en España para conocer el contenido de la denuncia, pero la Fiscalía rechazó su petición.

    Las denunciantes son representadas por la organización Women’s Link Worldwide, y el pasado 16 de enero obtuvieron la condición de testigos protegidas. La apertura del caso coincidió con la publicación de una investigación conjunta de eldiario.es (España) y Univisión Noticias (EE.UU.), donde se detallaron los testimonios de ambas mujeres sobre las presuntas agresiones ocurridas en 2021, cuando Iglesias tenía 77 años.

    Hasta la fecha, las autoridades dominicanas no se han pronunciado oficialmente sobre el caso, pese a los vínculos del cantante con el país.

     

  • Sentencian a ocho años de cárcel a hombre que robó un celular en Santa Ana

    Sentencian a ocho años de cárcel a hombre que robó un celular en Santa Ana

    El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana sentenció a ocho años de prisión en contra de José Alejandro Landaverde por el delito de robo, informó Centros Judiciales de El Salvador en sus redes sociales.

    En su comunicado, Centros Judiciales indicó que el hombre abordó a la víctima de 19 años cuando ella volvía a su vivienda de clases el 9 de octubre de 2024.

    Landaverde la atacó en la calle principal de la colonia Santa Gertrudis, frente a un terreno baldío en Santa Ana Centro.

    La joven intentó defenderse pero el imputado hurtó el celular y huyó del lugar.

    El hombre fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) un día después, debido a la denuncia interpuesta por la víctima.

    Tras la captura, la mujer identificó a Landaverde y fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de autoridades fiscales. Al cierre del juicio, el Tribunal resolvió, además, una indemnización de $300 para la víctima.

    Detención

    En otro caso, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Carlos Andrés Martínez Medrano por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.

    Centros Judiciales dijo que el hombre fue detenido el 7 de enero de 2026 por agente de la PNC sobre la avenida Peralta, frente al Reloj de Flores, en el distrito de San Salvador.

    Tras presentar una actitud nerviosa, el hombre fue requisado y los agentes encontraron una cajetilla de cigarrillos con 15 porciones de marihuana.

    Luego de la audiencia inicial, el Juzgado consideró que hay indicios para establecer que existe el delito y que el procesado participó del mismo.

  • Julio Iglesias pide archivar en España denuncia por agresión sexual por falta de jurisdicción

    Julio Iglesias pide archivar en España denuncia por agresión sexual por falta de jurisdicción

    El cantante español Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivar la denuncia en su contra por presuntas agresiones sexuales cometidas contra dos exempleadas domésticas, argumentando que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar hechos ocurridos fuera del país.

    En un escrito presentado por su abogado, José Antonio Choclán, se plantea que tanto Iglesias como las denunciantes residen fuera de España y que los hechos habrían tenido lugar en residencias ubicadas en República Dominicana y Bahamas, por lo que —según la defensa— las supuestas víctimas debieron acudir a las autoridades de esos países.

    “La condición de nacional español no basta para establecer competencia territorial si ni el investigado ni las denunciantes viven en España”, argumenta el documento, en el que también se cuestiona que las víctimas opten por un “foro judicial más conveniente”.

    Además de pedir el cierre del caso, el equipo legal del artista instó a frenar la “campaña mediática de grave daño reputacional” que —sostienen— lo expone a una “pena natural” antes de cualquier proceso judicial.

    La Fiscalía, por ahora, ha descartado admitir la personación de Iglesias en las diligencias, al tratarse de una fase preprocesal. No obstante, su abogado advirtió que, si se toma testimonio a las denunciantes como testigos protegidas, exigirá participar para “acreditar la falsedad de las imputaciones” y salvaguardar el derecho al honor del cantante.

    Julio Iglesias también se pronunció públicamente a través de su cuenta de Instagram: “Estas acusaciones son absolutamente falsas. Nunca había sentido tanta maldad”, escribió. El artista agregó que defenderá su dignidad “ante un agravio tan grave”.

    Las acusaciones se basan en una investigación periodística realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias. Dos exempleadas —una empleada doméstica y una fisioterapeuta— declararon haber sido víctimas de tocamientos, humillaciones, insultos y presiones para mantener relaciones sexuales mientras trabajaban en casas del cantante.

    Una de las mujeres aseguró que fue “usada casi todas las noches” por Iglesias cuando tenía 22 años, y relató escenas de agresión física y participación de otra trabajadora en los encuentros. Las periodistas aseguran haber entrevistado a 15 extrabajadoras del artista entre 1990 y 2023, y haber recopilado documentación que respalda los testimonios.

    Las presuntas agresiones habrían ocurrido en las residencias del cantante en Punta Cana y Lyford Cay, bajo conocimiento del personal encargado de la administración del hogar, según las denunciantes.

     

  • Julio Iglesias rompe el silencio: “Todo se va a aclarar” tras denuncia de abuso

    Julio Iglesias rompe el silencio: “Todo se va a aclarar” tras denuncia de abuso

    El cantante español Julio Iglesias afirmó que “todo se va a aclarar”, tras la denuncia por agresión sexual interpuesta por dos exempleadas que trabajaron para él en 2021. Así lo aseguró en sus primeras declaraciones brindadas a la revista Hola, mientras su entorno más cercano desmintió “totalmente los hechos” y expresó “estupor” ante lo que está ocurriendo.

    Las declaraciones de Iglesias se conocieron un día después de que se hiciera pública la denuncia, respaldada por la organización Women’s Link, que representa legalmente a las dos mujeres. La Fiscalía de la Audiencia Nacional española tomará testimonio de las denunciantes en calidad de testigos protegidas, debido a su condición de víctimas y al poder que ostenta el artista.

    De acuerdo con Women’s Link, las agresiones habrían ocurrido en residencias del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres trabajaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta. Ambas aportaron pruebas como fotografías, mensajes de WhatsApp, grabaciones de audio, registros de llamadas y documentos migratorios vinculados a Julio Iglesias.

    La directora ejecutiva de la organización, Giovana Ríos, calificó como un “paso importante” la respuesta de la Fiscalía. Aseguró que las autoridades están actuando con celeridad y que se solicitó la activación de medidas de protección, entre ellas evitar el contacto entre Iglesias y las denunciantes, así como garantizar su privacidad y prevenir una posible revictimización.

    El relato de las mujeres detalla supuestas agresiones sexuales que incluyen penetración sin consentimiento, bofetadas, humillaciones y maltrato laboral sistemático hacia ellas y otras trabajadoras del entorno del cantante.

    Tras conocerse el caso, Julio Iglesias contrató como defensor legal al abogado José Antonio Choclán, reconocido por su participación en casos de alto perfil como los de Cristiano Ronaldo, el exfutbolista Gabi Fernández y políticos españoles señalados en tramas de corrupción como el caso ‘Koldo’.

    Por tratarse de una investigación en etapa preprocesal y aún no judicializada, la defensa no puede personarse formalmente en el expediente. La Fiscalía tiene un plazo de seis meses para decidir si archiva la causa o presenta una querella ante la Audiencia Nacional.

    Mientras tanto, Iglesias señaló a Hola que no es el momento de pronunciarse, aunque aseguró que “ese momento llegará muy pronto” y que quiere esclarecer “las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”.

     

  • La Fiscalía española investiga a Julio Iglesias por agresiones sexuales

    La Fiscalía española investiga a Julio Iglesias por agresiones sexuales

    La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación penal contra el cantante Julio Iglesias tras la denuncia de dos exempleadas del servicio doméstico, quienes lo señalan por presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2021, mientras trabajaban en sus propiedades en República Dominicana y Bahamas.

    Según una investigación conjunta de eldiario.es y Univisión Noticias, las dos mujeres afirman haber sufrido acoso, tocamientos, insultos y vejaciones físicas y verbales por parte del artista, en un ambiente laboral descrito como “hostil y controlado”. Una de las denunciantes, que tenía 22 años al momento de los hechos, sostuvo que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el cantante, incluidas penetraciones y agresiones físicas.

    Ambas mujeres ofrecieron su testimonio tras un proceso de entrevistas extendido por más de un año, en el marco de una investigación periodística que recogió relatos de al menos 15 trabajadoras que fueron empleadas por Iglesias entre 1990 y 2023 en sus mansiones del Caribe y España. El reportaje detalla una estructura jerárquica rígida en el hogar del cantante, en la cual mujeres encargadas del personal pedían a las empleadas acudir a su habitación al finalizar la jornada.

    Los testimonios revelan que, desde el proceso de contratación, se pedía a las aspirantes enviar fotografías de rostro y cuerpo entero. Una vez contratadas, algunas eran sometidas a preguntas íntimas como: “¿Te gustan los tríos?” o “¿Te has operado los pechos?”, y en algunos casos se les tocaba o se les solicitaba mostrar sus senos, bajo pretextos estéticos.

    La mujer que denunció haber sido violentada sexualmente declaró que el artista la llamaba a su dormitorio “casi todas las noches”.

    “Me sentía como un objeto, como una esclava”, afirmó en la entrevista publicada por eldiario.es. Las agresiones ocurrían, en ocasiones, con la presencia y participación de otra trabajadora con mayor rango dentro del personal.

    De acuerdo con el medio español, las denuncias están respaldadas por pruebas documentales como fotografías, registros de llamadas, mensajes, visados e informes médicos. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene en reserva los detalles de la investigación, sin precisar por ahora los delitos exactos que se estarían procesando.

     

  • IDHUCA documenta 6,889 capturas arbitrarias en régimen de excepción, dice rector de la UCA

    IDHUCA documenta 6,889 capturas arbitrarias en régimen de excepción, dice rector de la UCA

    El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) ha registrado al menos 6,889 denuncias por capturas arbitrarias durante el régimen de excepción, informó este sábado el rector de la UCA, Mario Cornejo.

    El pronunciamiento se realizó en el marco del 36 aniversario de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989, perpetrada por el Ejército salvadoreño durante la guerra civil.

    “Aunque la mayoría percibe una mejora en la seguridad, también sabemos que numerosas personas están siendo detenidas sin debido proceso ni con posibilidad de defensa”, declaró Cornejo durante el acto conmemorativo.

    Agregó que estas detenciones, amparadas en el régimen, “no están apegadas al respeto de la dignidad de toda persona humana y a un estado de derecho”.

    Cornejo subrayó que muchas de las personas encarceladas o exiliadas por luchar por la justicia enfrentan procedimientos «aparentemente legales», pero que en realidad son injustos.

    El rector reiteró que estas prácticas no pueden normalizarse ni justificarse, incluso bajo el argumento del combate a la criminalidad.

    El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso salvadoreño en marzo de 2022 tras una ola de homicidios que dejó más de 80 muertos en un fin de semana. Desde entonces, se han registrado más de 89,900 detenciones sin una sola condena hasta la fecha.

    Pese a los cuestionamientos, el Gobierno ha mantenido su defensa del régimen como parte de su estrategia de seguridad.

    El propio Ejecutivo ha admitido que al menos 8,000 personas inocentes fueron detenidas durante la aplicación del régimen. Aunque muchas ya han sido liberadas, continúan bajo proceso penal, sin una resolución definitiva.

    La cifra refleja el alto margen de error en la ejecución de detenciones masivas bajo este esquema.

    El pasado 30 de octubre, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la 44ª prórroga del régimen. Según el decreto, aún persisten grupos terroristas cuya eliminación completa es necesaria para evitar un retroceso en los resultados obtenidos en seguridad.

    Si bien las estadísticas oficiales reportan una disminución drástica de homicidios y extorsiones, organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. Entre las denuncias destacan torturas, detenciones arbitrarias y más de 450 muertes bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.

    Cornejo concluyó que el país no puede construir una paz auténtica sin justicia ni respeto a la dignidad humana. “Todas estas personas, incluyendo a quienes hoy están presas o exiliadas por luchar en favor de la justicia, cargan con el peso de procedimientos aparentemente legales”, sentenció.

     

     

  • Suspenden a director de Policía Judicial de Costa Rica por denuncias de violación

    Suspenden a director de Policía Judicial de Costa Rica por denuncias de violación

    La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica suspendió por quince días hábiles al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, tras ser señalado por tres mujeres adultas por presunta violación sexual.

    La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria celebrada este miércoles, en la que los magistrados acordaron apartarlo temporalmente de sus funciones para facilitar el proceso de investigación, recolección de pruebas y toma de testimonios vinculados a las denuncias.

    El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, afirmó que el caso será tratado con total objetividad y garantizó una investigación imparcial para esclarecer los hechos denunciados contra el funcionario judicial.

    Zúñiga, a través de un audio enviado a medios de comunicación, consideró que su suspensión era una medida “oportuna” y “apropiada” para permitir que el proceso avance con transparencia. “El que nada debe, nada teme. Estoy muy tranquilo y todavía no he podido acceder al expediente”, expresó.

    El funcionario manifestó su confianza en el sistema judicial costarricense y aseguró que enfrentará las acusaciones con serenidad.

    “Espero que esto se aclare pronto y regresar a mis labores”, agregó.

    El OIJ es la institución encargada de investigar los delitos en Costa Rica, incluidos los relacionados con el crimen organizado.

     

  • Se reduce un 21 % las denuncias por incumplimientos a consumidores

    Se reduce un 21 % las denuncias por incumplimientos a consumidores

    Las denuncias atendidas por la Defensoría del Consumidor se han reducido en un 21.49 % en los primeros ocho meses del año, según el último reporte de la institución.

    El informe mensual divulgado por la Defensoría apunta a que, de enero a agosto de 2025, se registraron 16,959 denuncias por parte de los consumidores, 4,643 menos que los 21,602 casos reportados durante el mismo período de 2024.

    La institución también gestionó 61,461 asesorías, un 12.85 % menos que los 70,526 reportados en 2024.

    A nivel general, las atenciones de la Defensoría se han reducido en un 14.88 %, tras acumular 78,420 asesorías y denuncias durante este período.

    La institución señala que un 77.67 % de las atenciones se concentraron en el centro del país, mientras que en el occidente se atendió a un 11.01 % de los consumidores que buscaron asesoría o denunciar ante la Defensoría, y un 10.24 % en el oriente del país.

     

    Sectores más atendidos

    La Defensoría señala que el sector de créditos concentra la mayoría de las atenciones reportadas en 2025.

    La institución plantea que de enero a agosto se registraron 31,454 denuncias y asesorías relacionadas a este sector, un 40.1 % del total.

    Por su parte, el segundo sector más demandado es servicios, con un total de 20.11 % de las atenciones, seguido del de telecomunicaciones, agua potable, energía eléctrica y electrodomésticos.

    Las atenciones también se enfocaron en los sectores de ahorros, artículos del hogar, inmuebles e hidrocarburos.

    Entre los principales motivos de atención están cobros, cargos y comisiones indebidas, un 38.04 % de todas las denuncias y asesorías.

    Además, los consumidores buscaron a la Defensoría por problemas relacionados con el incumplimiento de contrato u oferta, sobreendeudamiento, mala calidad del producto o servicio, incumplimiento de garantía, falta al derecho de retracto y desistimiento de compra y por cláusulas abusivas.

  • Defensoría ha recuperado más de $199.9 millones en favor de consumidores en 20 años de gestión

    Defensoría ha recuperado más de $199.9 millones en favor de consumidores en 20 años de gestión

    La Defensoría del Consumidor ha recuperado más de $199.9 millones desde octubre de 2005 hasta julio de 2025, según un informe compartido este lunes por la institución.

    Esta recuperación se tradujo en beneficio de 706,356 consumidores y el cierre de 267,655 casos a nivel nacional.

    El documento revela que, entre octubre de 20225 y mayo de 2009, la Defensoría recuperó $6.6 millones, mientras que de junio de 2009 a mayo de 2019 esta acción dio como resultado $36.2 millones.

    Según el gobierno, solo entre junio de 2019 y julio de 2025 se regresaron a los consumidores $156.9 millones.

    El presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, dijo que esto representa un 78.5 % del total recuperado en 20 años.

    Según Salazar, en 2020 la recuperación rondó los $29.67 millones, mientras que para el 2021 fue de $19.41 millones y en 2022 ascendió a los $13.25 millones.

    Por su parte, en 2023 este retorno de efectivo en beneficio de los consumidores fue de $32.17 millones y en 2024 rondó los $39.18 millones.

     

    Denuncias

    Durante los últimos 20 años, la Defensoría registró 269,445 denuncias a nivel nacional, un 17.63 % del total de atenciones que se brindaron durante dicho período.

    De igual manera, la institución dio 1.2 millones de asesorías, 30,390 gestiones, 36,375 casos de derivación y 1,821 asesorías por sobreendeudamiento.

    En cuanto al índice de cumplimiento de las normativas en defensa de los consumidores, el gobierno asevera que incrementó desde 2009, cuando un 68 % de las verificaciones daban resultados positivos de cumplimiento, ya que ahora está variable ronda un 82 %, según el informe.

    La Defensoría también ha gestionado 196,536 verificaciones por aumentos de precios en diferentes tipos de productos como alimentos, lácteos, combustibles y agroinsumos.

     

    Multas

    Por su parte, el trabajo realizado por el Tribunal Sancionador de la Defensoría dejó como resultado $11.3 millones en multas entre 2019 y julio de 2025, así como dictar un monto de devolución a consumidores de $3 millones.

    A través de un comunicado, la institución aseguró que la apuesta a futuro es profundizar en el marco de actualización en la vigilancia del mercado, a través de inspecciones, auditorías y requerimientos de información.

    También se busca priorizar la tutela de los derechos de los consumidores y mantener una revisión constante del marco legal.

  • Venezuela conmemora primer aniversario del fraude electoral de Nicolás Maduro

    Venezuela conmemora primer aniversario del fraude electoral de Nicolás Maduro

    Venezuela se alista para el primer aniversario de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, una jornada marcada por denuncias de fraude electoral, represión y tensiones políticas que persisten hasta hoy. La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), continúa rechazando el resultado que proclamó a Nicolás Maduro como presidente, mientras defiende que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio.

    La campaña opositora fue liderada por María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, quien, pese a su inhabilitación política, respaldó a González Urrutia tras varios intentos fallidos de inscribir a otros candidatos, como la historiadora Corina Yoris.

    Tras obtener más del 90 % de los votos en las primarias opositoras de octubre de 2023, Machado fue apartada por una resolución de la Contraloría General que le prohibió ejercer cargos públicos hasta 2036. En marzo de 2024, intentó postular a Corina Yoris, pero el sistema del CNE impidió su inscripción, lo que fue denunciado como una maniobra del oficialismo.

    Finalmente, la tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) fue utilizada para inscribir a Edmundo González Urrutia, un exembajador hasta entonces poco conocido en el ámbito político, quien asumió la candidatura con el respaldo de Machado y de toda la coalición opositora.

    Durante la campaña, la oposición enfrentó detenciones arbitrarias, cierre de locales comerciales, y una absoluta ausencia de cobertura en medios públicos, contrastando con la intensa exposición de Maduro en actos transmitidos por el Estado.

    Aun así, la ciudadanía mostró apoyo masivo en concentraciones y redes sociales, en lo que Machado describió como una campaña “histórica”, impulsada boca a boca y por canales alternativos.

    Nicolás Maduro (i), al ser proclamado ganador de unas elecciones en las que nunca mostraron la actas electorales. A su derecha, el presidente de Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso. EFE

    Resultados impugnados y actas en disputa

    El presidente del CNE, Elvis Amoroso, proclamó a Maduro ganador con el 80 % de los votos, pero la PUD desconoció el resultado y denunció múltiples irregularidades, incluyendo la falta de entrega de actas en más del 80 % de los centros de votación.

    En respuesta, la oposición publicó una base de datos de actas que atribuían la victoria a González Urrutia, lo que fue respaldado por más de 10 países, entre ellos Estados Unidos y Argentina, pero rechazado por el gobierno de Maduro, que las calificó como “falsas”.

    Tras los comicios, se registraron protestas que dejaron 28 muertos y más de 2,400 detenidos, de los cuales la mayoría fue excarcelada. La Fiscalía los acusó de formar parte del supuesto “comando terrorista” opositor.

    Pese a los intentos del Ejecutivo por validar los resultados, organismos internacionales como el Centro Carter y un panel de expertos de la ONU coincidieron en que las elecciones carecieron de transparencia y no fueron democráticas, al señalar la ausencia de garantías mínimas. Estos pronunciamientos fueron tajantemente rechazados por el oficialismo.

    A un año del proceso electoral, Venezuela sigue bajo un clima de polarización, con la oposición venezolana clamando por justicia y transparencia, mientras el gobierno mantiene su legitimidad con respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).