Etiqueta: denuncias

  • La narrativa de fraude electoral en Perú: ¿Hay un millón que no votó, mesas ficticias y hackeadas?

    La narrativa de fraude electoral en Perú: ¿Hay un millón que no votó, mesas ficticias y hackeadas?

    Las denuncias de fraude electoral en Perú, impulsadas por el político de extrema derecha Rafael López Aliaga, han generado polémica en medio del proceso electoral, aunque hasta el momento carecen de pruebas sólidas, según datos oficiales.

    El líder ultraderechista sostiene que hubo irregularidades como mesas no instaladas, votos extraviados y manipulación del sistema, con el objetivo de pedir una nueva jornada electoral en Lima, su principal bastión político.

    Una de las afirmaciones señalaba que el 30 % de las mesas no se instalaron, sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que el 99.8 % de las mesas funcionaron con normalidad, mientras que algunos centros que no abrieron el día de la votación lo hicieron al día siguiente.

    Asimismo, López Aliaga aseguró que un millón de personas no pudieron votar, pero no existen datos precisos que respalden esta cifra. La participación electoral alcanzó el 76.2 %, superior a la registrada en los comicios de 2021.

    Otra acusación apuntaba a la existencia de mesas ficticias, identificadas con numeración 900. No obstante, la ONPE explicó que corresponden a zonas rurales donde es común que comunidades voten de forma conjunta.

    En cuanto a los votos supuestamente encontrados en la basura, las autoridades indicaron que, aunque se extraviaron algunas cajas con papeletas, los resultados ya estaban registrados en las actas oficiales.

    También se denunció un posible hackeo del sistema de escrutinio, lo cual fue descartado por la ONPE. “el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) de la ONPE se ejecuta en una infraestructura aislada, sin acceso desde redes externas”, aclaró la institución.

    Pese a las acusaciones, los resultados preliminares muestran que el candidato Roberto Sánchez lidera la votación, seguido por Keiko Fujimori, mientras continúa el conteo oficial.

    Las autoridades electorales han reiterado que el proceso se desarrolla bajo los estándares establecidos, aunque la controversia política mantiene la tensión en el país.

     

     

  • Diario español revela abusos de sacerdote salesiano en Instituto Ricaldone de San Salvador

    Diario español revela abusos de sacerdote salesiano en Instituto Ricaldone de San Salvador

    Un sacerdote salesiano italiano es señalado por abusos sexuales  cometidos contra menores entre 1979 y 1985 en el Instituto Técnico Ricaldone, en San Salvador, según un informe del diario español El País, como parte de una investigación internacional sobre abusos en el clero en América.

    El documento recoge tres testimonios que señalan abusos cometidos en el Instituto Técnico Ricaldone, en San Salvador, donde acusan al sacerdote salesiano Giuseppe Corò.

    La congregación salesiana reconoció que apartó a Corò en 2007 tras sospechas y lo envió a Roma, asegurando que no volvió a tener contacto con menores. En 2019, dos denuncias derivaron en una condena canónica.

    El informe cita tres testimonios que relatan abusos entre 1979 y 1985 en el Instituto Técnico Ricaldone, en la capital del país, San Salvador. Acusan al salesiano Giuseppe Corò, y esta congregación, consultada sobre el caso, admite que lo apartó en 2007 ante sospechas de abusos y lo envió a Roma, donde, afirma la orden, no volvió a tener contacto con menores. Luego, en 2019, dos denuncias acabaron con una condena canónica. Quienes las presentaron son dos de las personas que han hablado con el medio español, José Napoleón LG y Patrick CS.

    La edad de las víctimas fue de entre 14 y 17 años y sus relatos describen un modus operandi: acercarse a estudiantes con dificultades lectivas y ofrecerles la solución a sus problemas a cambio de acercamientos carnales.

    Uno de los denunciantes, José Napoleón, afirmó: “Yo fui víctima del abuso de Giuseppe Corò cuando él era director y yo estudiaba en el colegio”.

    El testimonio describe un patrón en el que el religioso se acercaba a estudiantes con dificultades académicas. “Llegué, toqué la puerta y se abrió al instante. Él estaba esperando en el marco. Agarró mi mano, me arrastró dentro de la oficina, y ahí mismo me comenzó a besar y tocar de arriba a abajo”, relató.

    Otro denunciante, Reynaldo CF, narró un episodio similar: “De repente siento la respiración de él como si se estuviera excitando y acercó sus labios a los míos, pero yo lo aventé con fuerza, me echó del despacho y al día siguiente me expulsaron”.

    Patrick también aseguró haber sido víctima en varias ocasiones. “En varias ocasiones él trató de besarme y en más de una ocasión terminamos en el suelo, en el piso”, indicó.

    Según la información aportada por los salesianos, Corò pasó por Guatemala en 1964 antes de ordenarse. Luego estuvo en El Salvador hasta 1990, año en que regresó a Roma. Luego vivió en Costa Rica entre 1994 y 1997. Tras un nuevo retorno a la capital italiana, después permaneció en Saltillo, México, entre 2002 y 2007, hasta que surgieron allí las primeras sospechas de abusos y volvió definitivamente a Italia.

    El informe forma parte de un dossier más amplio con 21 testimonios que acusan a 24 personas en ocho países de América, incluyendo Colombia, Argentina, México, Venezuela y Estados Unidos.

    Según El País, estos documentos se elaboran desde 2021 para trasladar denuncias al Vaticano, ante la dificultad de publicarlas todas y por la existencia de posibles encubrimientos en distintos niveles.

    El dossier busca que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe investigue los casos, como parte de su responsabilidad ante denuncias de abuso dentro de la Iglesia.

    La investigación de El País fue entregada al Vaticano e incluye un informe con 21 testimonios que acusan a un total de 24 sacerdotes, religiosos y laicos de ocho países. Colombia acapara más de la mitad de los casos, un total de 13, y el resto se sitúan en Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela.  

     

  • Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    La Fiscalía General de la República anunció el lunes la instalación de un Centro de Levantamiento de Datos para identificar a las víctimas del caso Credicash y agilizar el proceso de atención, tras la investigación por presunta defraudación.

    El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que esta medida busca ordenar la información recopilada, analizar documentación clave y garantizar una respuesta técnica y rápida a las personas afectadas.

    En el centro se procesará la documentación incautada en oficinas de Credicash en Chalatenango, incluyendo contratos, registros financieros y al menos 18,000 mutuos, lo que permitirá identificar a los afectados.

    Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 180 denuncias en distintas sedes fiscales, mientras continúa ampliando la investigación.

    Como parte de las acciones, las autoridades reportaron la incautación de $38,574,722.69, de los cuales $27,550,750.20 fueron decomisados en efectivo y $11,023,972.49 corresponden a fondos inmovilizados en cuentas bancarias.

    Además, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a Gerson Adriel Orellana Ayala, principal acusado del caso, así como un inmueble perteneciente a la sociedad Transporte Imperio Yajaira, S.A. de C.V.

    Según la investigación, el imputado ofrecía ganancias de aproximadamente 10 % mensual bajo un esquema piramidal, lo que generaba expectativas de altos rendimientos entre los inversionistas.

    «El problema es que ese dinero no provenía de ninguna actividad económica real. No existía un negocio que generara esas ganancias y el dinero que se pagaba a algunas personas provenía del dinero entregado por nuevos participantes”, indicó el Fiscal General.

    Las autoridades explicaron que el sistema funcionaba mediante el ingreso constante de nuevos aportes, lo que permitía pagar rendimientos a participantes anteriores, sin generar valor económico real.

    «Este tipo de sistema solo funciona mientras ingresen más personas y cuando deja de entrar dinero nuevo, el sistema colapso», apuntó el fiscal.

    El funcionario adelantó que en los próximos días se informará sobre los mecanismos de registro de víctimas y los canales oficiales, al tiempo que pidió a los afectados evitar compartir información en sitios no verificados.

    Delgado reiteró que «el caso no quedará impune y se continuará trabajando para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y procurar la recuperación de los fondos conforme a la ley».

  • Julio Iglesias podría enfrentar proceso judicial en República Dominicana por denuncia de agresión sexual

    Julio Iglesias podría enfrentar proceso judicial en República Dominicana por denuncia de agresión sexual

    La denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual a dos empleadas en 2021, que fue archivada en España por falta de jurisdicción, podría ser procesada en la República Dominicana, país donde presuntamente ocurrieron los hechos, de acuerdo con abogados penalistas consultados por EFE.

    El jurista y académico dominicano Cándido Simón afirmó que los hechos señalados ocurrieron en la mansión del artista en Punta Cana, y que una de las denunciantes es dominicana, al igual que el propio Iglesias, quien posee esa nacionalidad. Por ello, indicó que el caso debe ser competencia de la justicia dominicana y no de la española. “La jurisdicción competente es República Dominicana”, sostuvo Simón, quien consideró “correcta” la decisión de la Fiscalía española, que desestimó el caso por no cumplirse los requisitos legales exigidos en ese país.

    Entre los argumentos de la Fiscalía española figuran que Iglesias no tiene nacionalidad española, que no hay conexión material con España, y que ya existe posibilidad de un proceso judicial en el lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, en Dominicana.

    La denuncia, presentada el pasado 5 de enero, fue interpuesta por una exempleada doméstica y una fisioterapeuta, quienes aseguran haber sufrido agresiones sexuales, humillaciones y maltratos laborales sistemáticos por parte del cantante. Las mujeres presentaron supuestas pruebas como documentos laborales, fotografías, mensajes de WhatsApp, grabaciones y registros de llamadas.

    El abogado penalista René del Rosario explicó que las denunciantes pueden acudir a la Fiscalía de Higüey, en la provincia La Altagracia, para interponer una querella. También señaló que el Ministerio Público dominicano podría iniciar una investigación de oficio por tratarse de un delito de acción pública.

    Sin embargo, Del Rosario advirtió que el caso podría tener pocas probabilidades de éxito en el ámbito judicial dominicano, debido a las dificultades de obtener pruebas científicas tres años después de los presuntos hechos. “Aunque sin el perfil mediático de Julio Iglesias, regularmente estas acciones no proceden por la dificultad científica de establecer que los hechos ocurrieron”, apuntó.

    Iglesias, por su parte, ha negado todas las acusaciones. “Nunca he abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, dijo el cantante tras conocerse la denuncia. Posteriormente intentó personarse en el proceso judicial en España para conocer el contenido de la denuncia, pero la Fiscalía rechazó su petición.

    Las denunciantes son representadas por la organización Women’s Link Worldwide, y el pasado 16 de enero obtuvieron la condición de testigos protegidas. La apertura del caso coincidió con la publicación de una investigación conjunta de eldiario.es (España) y Univisión Noticias (EE.UU.), donde se detallaron los testimonios de ambas mujeres sobre las presuntas agresiones ocurridas en 2021, cuando Iglesias tenía 77 años.

    Hasta la fecha, las autoridades dominicanas no se han pronunciado oficialmente sobre el caso, pese a los vínculos del cantante con el país.

     

  • Sentencian a ocho años de cárcel a hombre que robó un celular en Santa Ana

    Sentencian a ocho años de cárcel a hombre que robó un celular en Santa Ana

    El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana sentenció a ocho años de prisión en contra de José Alejandro Landaverde por el delito de robo, informó Centros Judiciales de El Salvador en sus redes sociales.

    En su comunicado, Centros Judiciales indicó que el hombre abordó a la víctima de 19 años cuando ella volvía a su vivienda de clases el 9 de octubre de 2024.

    Landaverde la atacó en la calle principal de la colonia Santa Gertrudis, frente a un terreno baldío en Santa Ana Centro.

    La joven intentó defenderse pero el imputado hurtó el celular y huyó del lugar.

    El hombre fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) un día después, debido a la denuncia interpuesta por la víctima.

    Tras la captura, la mujer identificó a Landaverde y fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de autoridades fiscales. Al cierre del juicio, el Tribunal resolvió, además, una indemnización de $300 para la víctima.

    Detención

    En otro caso, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Carlos Andrés Martínez Medrano por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.

    Centros Judiciales dijo que el hombre fue detenido el 7 de enero de 2026 por agente de la PNC sobre la avenida Peralta, frente al Reloj de Flores, en el distrito de San Salvador.

    Tras presentar una actitud nerviosa, el hombre fue requisado y los agentes encontraron una cajetilla de cigarrillos con 15 porciones de marihuana.

    Luego de la audiencia inicial, el Juzgado consideró que hay indicios para establecer que existe el delito y que el procesado participó del mismo.

  • Julio Iglesias pide archivar en España denuncia por agresión sexual por falta de jurisdicción

    Julio Iglesias pide archivar en España denuncia por agresión sexual por falta de jurisdicción

    El cantante español Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivar la denuncia en su contra por presuntas agresiones sexuales cometidas contra dos exempleadas domésticas, argumentando que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar hechos ocurridos fuera del país.

    En un escrito presentado por su abogado, José Antonio Choclán, se plantea que tanto Iglesias como las denunciantes residen fuera de España y que los hechos habrían tenido lugar en residencias ubicadas en República Dominicana y Bahamas, por lo que —según la defensa— las supuestas víctimas debieron acudir a las autoridades de esos países.

    “La condición de nacional español no basta para establecer competencia territorial si ni el investigado ni las denunciantes viven en España”, argumenta el documento, en el que también se cuestiona que las víctimas opten por un “foro judicial más conveniente”.

    Además de pedir el cierre del caso, el equipo legal del artista instó a frenar la “campaña mediática de grave daño reputacional” que —sostienen— lo expone a una “pena natural” antes de cualquier proceso judicial.

    La Fiscalía, por ahora, ha descartado admitir la personación de Iglesias en las diligencias, al tratarse de una fase preprocesal. No obstante, su abogado advirtió que, si se toma testimonio a las denunciantes como testigos protegidas, exigirá participar para “acreditar la falsedad de las imputaciones” y salvaguardar el derecho al honor del cantante.

    Julio Iglesias también se pronunció públicamente a través de su cuenta de Instagram: “Estas acusaciones son absolutamente falsas. Nunca había sentido tanta maldad”, escribió. El artista agregó que defenderá su dignidad “ante un agravio tan grave”.

    Las acusaciones se basan en una investigación periodística realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias. Dos exempleadas —una empleada doméstica y una fisioterapeuta— declararon haber sido víctimas de tocamientos, humillaciones, insultos y presiones para mantener relaciones sexuales mientras trabajaban en casas del cantante.

    Una de las mujeres aseguró que fue “usada casi todas las noches” por Iglesias cuando tenía 22 años, y relató escenas de agresión física y participación de otra trabajadora en los encuentros. Las periodistas aseguran haber entrevistado a 15 extrabajadoras del artista entre 1990 y 2023, y haber recopilado documentación que respalda los testimonios.

    Las presuntas agresiones habrían ocurrido en las residencias del cantante en Punta Cana y Lyford Cay, bajo conocimiento del personal encargado de la administración del hogar, según las denunciantes.

     

  • Julio Iglesias rompe el silencio: “Todo se va a aclarar” tras denuncia de abuso

    Julio Iglesias rompe el silencio: “Todo se va a aclarar” tras denuncia de abuso

    El cantante español Julio Iglesias afirmó que “todo se va a aclarar”, tras la denuncia por agresión sexual interpuesta por dos exempleadas que trabajaron para él en 2021. Así lo aseguró en sus primeras declaraciones brindadas a la revista Hola, mientras su entorno más cercano desmintió “totalmente los hechos” y expresó “estupor” ante lo que está ocurriendo.

    Las declaraciones de Iglesias se conocieron un día después de que se hiciera pública la denuncia, respaldada por la organización Women’s Link, que representa legalmente a las dos mujeres. La Fiscalía de la Audiencia Nacional española tomará testimonio de las denunciantes en calidad de testigos protegidas, debido a su condición de víctimas y al poder que ostenta el artista.

    De acuerdo con Women’s Link, las agresiones habrían ocurrido en residencias del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres trabajaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta. Ambas aportaron pruebas como fotografías, mensajes de WhatsApp, grabaciones de audio, registros de llamadas y documentos migratorios vinculados a Julio Iglesias.

    La directora ejecutiva de la organización, Giovana Ríos, calificó como un “paso importante” la respuesta de la Fiscalía. Aseguró que las autoridades están actuando con celeridad y que se solicitó la activación de medidas de protección, entre ellas evitar el contacto entre Iglesias y las denunciantes, así como garantizar su privacidad y prevenir una posible revictimización.

    El relato de las mujeres detalla supuestas agresiones sexuales que incluyen penetración sin consentimiento, bofetadas, humillaciones y maltrato laboral sistemático hacia ellas y otras trabajadoras del entorno del cantante.

    Tras conocerse el caso, Julio Iglesias contrató como defensor legal al abogado José Antonio Choclán, reconocido por su participación en casos de alto perfil como los de Cristiano Ronaldo, el exfutbolista Gabi Fernández y políticos españoles señalados en tramas de corrupción como el caso ‘Koldo’.

    Por tratarse de una investigación en etapa preprocesal y aún no judicializada, la defensa no puede personarse formalmente en el expediente. La Fiscalía tiene un plazo de seis meses para decidir si archiva la causa o presenta una querella ante la Audiencia Nacional.

    Mientras tanto, Iglesias señaló a Hola que no es el momento de pronunciarse, aunque aseguró que “ese momento llegará muy pronto” y que quiere esclarecer “las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”.

     

  • La Fiscalía española investiga a Julio Iglesias por agresiones sexuales

    La Fiscalía española investiga a Julio Iglesias por agresiones sexuales

    La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación penal contra el cantante Julio Iglesias tras la denuncia de dos exempleadas del servicio doméstico, quienes lo señalan por presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2021, mientras trabajaban en sus propiedades en República Dominicana y Bahamas.

    Según una investigación conjunta de eldiario.es y Univisión Noticias, las dos mujeres afirman haber sufrido acoso, tocamientos, insultos y vejaciones físicas y verbales por parte del artista, en un ambiente laboral descrito como “hostil y controlado”. Una de las denunciantes, que tenía 22 años al momento de los hechos, sostuvo que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el cantante, incluidas penetraciones y agresiones físicas.

    Ambas mujeres ofrecieron su testimonio tras un proceso de entrevistas extendido por más de un año, en el marco de una investigación periodística que recogió relatos de al menos 15 trabajadoras que fueron empleadas por Iglesias entre 1990 y 2023 en sus mansiones del Caribe y España. El reportaje detalla una estructura jerárquica rígida en el hogar del cantante, en la cual mujeres encargadas del personal pedían a las empleadas acudir a su habitación al finalizar la jornada.

    Los testimonios revelan que, desde el proceso de contratación, se pedía a las aspirantes enviar fotografías de rostro y cuerpo entero. Una vez contratadas, algunas eran sometidas a preguntas íntimas como: “¿Te gustan los tríos?” o “¿Te has operado los pechos?”, y en algunos casos se les tocaba o se les solicitaba mostrar sus senos, bajo pretextos estéticos.

    La mujer que denunció haber sido violentada sexualmente declaró que el artista la llamaba a su dormitorio “casi todas las noches”.

    “Me sentía como un objeto, como una esclava”, afirmó en la entrevista publicada por eldiario.es. Las agresiones ocurrían, en ocasiones, con la presencia y participación de otra trabajadora con mayor rango dentro del personal.

    De acuerdo con el medio español, las denuncias están respaldadas por pruebas documentales como fotografías, registros de llamadas, mensajes, visados e informes médicos. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene en reserva los detalles de la investigación, sin precisar por ahora los delitos exactos que se estarían procesando.

     

  • IDHUCA documenta 6,889 capturas arbitrarias en régimen de excepción, dice rector de la UCA

    IDHUCA documenta 6,889 capturas arbitrarias en régimen de excepción, dice rector de la UCA

    El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) ha registrado al menos 6,889 denuncias por capturas arbitrarias durante el régimen de excepción, informó este sábado el rector de la UCA, Mario Cornejo.

    El pronunciamiento se realizó en el marco del 36 aniversario de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989, perpetrada por el Ejército salvadoreño durante la guerra civil.

    “Aunque la mayoría percibe una mejora en la seguridad, también sabemos que numerosas personas están siendo detenidas sin debido proceso ni con posibilidad de defensa”, declaró Cornejo durante el acto conmemorativo.

    Agregó que estas detenciones, amparadas en el régimen, “no están apegadas al respeto de la dignidad de toda persona humana y a un estado de derecho”.

    Cornejo subrayó que muchas de las personas encarceladas o exiliadas por luchar por la justicia enfrentan procedimientos «aparentemente legales», pero que en realidad son injustos.

    El rector reiteró que estas prácticas no pueden normalizarse ni justificarse, incluso bajo el argumento del combate a la criminalidad.

    El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso salvadoreño en marzo de 2022 tras una ola de homicidios que dejó más de 80 muertos en un fin de semana. Desde entonces, se han registrado más de 89,900 detenciones sin una sola condena hasta la fecha.

    Pese a los cuestionamientos, el Gobierno ha mantenido su defensa del régimen como parte de su estrategia de seguridad.

    El propio Ejecutivo ha admitido que al menos 8,000 personas inocentes fueron detenidas durante la aplicación del régimen. Aunque muchas ya han sido liberadas, continúan bajo proceso penal, sin una resolución definitiva.

    La cifra refleja el alto margen de error en la ejecución de detenciones masivas bajo este esquema.

    El pasado 30 de octubre, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la 44ª prórroga del régimen. Según el decreto, aún persisten grupos terroristas cuya eliminación completa es necesaria para evitar un retroceso en los resultados obtenidos en seguridad.

    Si bien las estadísticas oficiales reportan una disminución drástica de homicidios y extorsiones, organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. Entre las denuncias destacan torturas, detenciones arbitrarias y más de 450 muertes bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.

    Cornejo concluyó que el país no puede construir una paz auténtica sin justicia ni respeto a la dignidad humana. “Todas estas personas, incluyendo a quienes hoy están presas o exiliadas por luchar en favor de la justicia, cargan con el peso de procedimientos aparentemente legales”, sentenció.

     

     

  • Suspenden a director de Policía Judicial de Costa Rica por denuncias de violación

    Suspenden a director de Policía Judicial de Costa Rica por denuncias de violación

    La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica suspendió por quince días hábiles al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, tras ser señalado por tres mujeres adultas por presunta violación sexual.

    La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria celebrada este miércoles, en la que los magistrados acordaron apartarlo temporalmente de sus funciones para facilitar el proceso de investigación, recolección de pruebas y toma de testimonios vinculados a las denuncias.

    El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, afirmó que el caso será tratado con total objetividad y garantizó una investigación imparcial para esclarecer los hechos denunciados contra el funcionario judicial.

    Zúñiga, a través de un audio enviado a medios de comunicación, consideró que su suspensión era una medida “oportuna” y “apropiada” para permitir que el proceso avance con transparencia. “El que nada debe, nada teme. Estoy muy tranquilo y todavía no he podido acceder al expediente”, expresó.

    El funcionario manifestó su confianza en el sistema judicial costarricense y aseguró que enfrentará las acusaciones con serenidad.

    “Espero que esto se aclare pronto y regresar a mis labores”, agregó.

    El OIJ es la institución encargada de investigar los delitos en Costa Rica, incluidos los relacionados con el crimen organizado.