Un juez permitió este viernes al Departamento de Justicia hacer públicos los documentos judiciales y las transcripciones de lo que escuchó un gran jurado durante un caso en Florida contra el pederasta Jeffrey Epstein por abuso y explotación sexual de menores.
El magistrado federal accedió a la divulgación al considerar que la ley aprobada por el Congreso el pasado 18 de noviembre para hacer públicos los documentos relacionados con Epstein «modifica» la orden que los protegía como secretos.
Esta norma, que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los archivos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell que no estén clasificados.
El caso del gran jurado que ahora se ha permitido hacer público tuvo lugar entre 2005 y 2007 en relación a los presuntos abusos del pederasta en su mansión de Palm Beach, en Florida.
Entonces, se investigaban si el millonario había abusado de decenas de menores de edad después de que varias adolescentes contaran a la policía que habían sido contratadas para dar masajes sexuales al financiero.
El caso se cerró tras un acuerdo con la Fiscalía en el que Epstein se declaró culpable solo de una víctima.
No está claro qué documentos saldrán a la luz ni cuándo se harán públicos, ya que estos archivos estuvieron a disposición de los fiscales de Nueva York cuando en 2019 investigaron a Epstein por tráfico sexual.
A principios de este año otro juez rechazó una propuesta similar a la de hoy.
Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019, donde esperaba el juicio por tráfico sexual.
El operativo de las autoridades salvadoreñas contra una red de falsificación de visas de trabajo hacia Estados Unidos que dejó seis capturados en el país, formó parte de operativos simultáneos en El Salvador, Colombia, Ecuador y distintas ciudades estadounidenses, dejando un saldo de 19 personas arrestadas, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La red engañó a miles de personas de Centro y Sudamérica que buscaban emigrar legalmente, defraudándolas con más de $2.5 millones.
Las autoridades estadounidenses detallaron que cinco de los capturados enfrentan cargos federales en Florida por participar en una operación criminal de cuatro años basada en fraude migratorio, lavado de dinero y usurpación de funciones públicas.
Los acusados enfrentan cargos por conspiración para delinquir, lavado de dinero y falsificación de sellos e insignias oficiales. Dos fueron arrestados en territorio estadounidense —uno en Sacramento, California, y otro en el área de Dallas, Texas—, mientras que otros tres fueron capturados en Medellín, Colombia. Uno de los implicados continúa prófugo.
El fraude consistía en convencer a las víctimas, mediante sitios web y páginas falsas en redes sociales, de que estaban tramitando visas legales para trabajar en Estados Unidos. Como parte del engaño, consultores o “asesores” llamaban desde call centers clandestinos ubicados en Medellín para simular un proceso legítimo. Incluso, hacían videollamadas haciéndose pasar por funcionarios estadounidenses.
Durante estas interacciones, mostraban documentos falsificados como supuestas aprobaciones de visas y permisos laborales con sellos clonados de agencias oficiales. A las víctimas se les exigía transferencias internacionales para cubrir “gastos consulares”, que iban desde $50 hasta $90,000, según la investigación.
El Departamento de Estado estima que la red afectó a más de 7,000 personas en al menos 15 países. Cerca de 700 víctimas ya han sido entrevistadas por agentes estadounidenses.
Los operativos en El Salvador ocurrieron en los departamentos de San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán, indicó la FGR. Foto FGR.
Las capturas en El Salvador
En El Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de seis personas vinculadas a la red, durante allanamientos realizados en San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán. Las autoridades salvadoreñas identificaron a los detenidos como René Moisés Melara Reyes, Brenda Abigaíl Martínez Miranda, José Adán Quintanilla Villalta, Yensi Guillermina Quevedo Núñez, Carlos Alberto Velásquez Amaya y José Antonio Méndez Arévalo.
Según la FGR, esta estructura contactaba a víctimas mediante redes sociales desde 2021, ofreciendo visas de trabajo falsas supuestamente vinculadas a proyectos en EE.UU. Les prometían toda la documentación requerida para viajar sin obstáculos, solicitándoles pagos a cuentas bancarias en Estados Unidos. Al menos 45 víctimas salvadoreñas ya fueron identificadas.
En Colombia y Ecuador también actuaron
En Colombia, las autoridades arrestaron a tres implicados en Medellín y allanaron tres centros de llamadas ilegales. Entre los detenidos están Edwin Correa-David, Andrés y Julián Giraldo-Ospina, Esteban Robledo-Correa (aún prófugo), Danna Porras-Marín y Viviana Urrego-Rojas. Ellos coordinaban desde la creación de los sitios web hasta el manejo de los fondos recibidos.
En Ecuador, las fuerzas policiales ejecutaron arrestos en cinco ciudades, deteniendo a ocho personas vinculadas a las operaciones locales del esquema, además de allanar dos inmuebles clave en la red de lavado de dinero.
Apoyo internacional coordinado
La operación fue liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con apoyo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Estado (DSS), la Oficina de Investigaciones del USAID (OIG), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI), y fiscalías de Colombia, Ecuador y El Salvador.
“Estos acusados se hicieron pasar por funcionarios estadounidenses para enriquecerse a costa de personas que buscaban viajar legalmente a nuestro país”, declaró Matthew Galeotti, fiscal del Departamento de Justicia. “Vamos a perseguir sin descanso estos esquemas que socavan nuestras leyes migratorias”.
El Departamento de Estado habilitó el correo FakeVisaVictim@state.gov para que posibles afectados presenten sus denuncias.
Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia de Jeffrey Epstein, planea solicitar de nuevo su salida de prisión y recurrir su condena por tráfico sexual de menores mediante un recurso de habeas corpus, según documentos judiciales, un movimiento que podría retrasar la publicación de nuevos archivos del caso Epstein.
En una carta dirigida al juez Paul Engelmayer, su abogado, David Markus, informó de que presentará en breve la petición para revisar la sentencia de 20 años que cumple en Texas.
El defensor afirmó, además, que Maxwell «no toma una posición» sobre la divulgación de los archivos, pero advirtió de que publicar materiales del gran jurado con «acusaciones no probadas» podría perjudicar gravemente un posible nuevo juicio.
La solicitud llega después de que el Congreso aprobara en noviembre una ley que obliga al Departamento de Justicia a desclasificar los documentos vinculados al caso Epstein y Maxwell, que aún no han sido revelados.
Trump, quien décadas atrás mantuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso inicialmente a la publicación de los archivos al considerar que era un intento demócrata de perjudicarlo políticamente, aunque finalmente aprobó la ley y dejó en manos del Departamento de Justicia su implementación.
Maxwell, ciudadana británica, fue condenada en 2022 por reclutar a menores para la red de explotación sexual dirigida por Epstein, quien murió en prisión en 2019.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la firma de la ley que ordena la desclasificación de los archivos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein, empresario condenado por explotación sexual de menores y cuya muerte, ocurrida en prisión, fue atribuida a un suicidio.
«Acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein», confirmó el mandatario en una publicación en Truth Social, donde aseguró que el caso afecta “mucho más al Partido Demócrata que al Republicano”.
La medida fue aprobada un día después de que el Congreso diera luz verde a la publicación de los documentos, tras un cambio de postura del propio Trump, quien hasta la semana anterior se había opuesto a la propuesta legislativa.
El presidente vinculó esta desclasificación con lo que denominó “cacerías de brujas y estafas”, haciendo referencia a los dos procesos de destitución (impeachment) que enfrentó durante su administración, y acusó a sus adversarios políticos de intentar desviar la atención del trabajo de su gobierno.
La presión por revelar más información aumentó después de que un comité de la Cámara de Representantes divulgara correos electrónicos en los que Epstein aseguraba que Trump “pasó horas” con una de las víctimas y que “sabía lo de las chicas”. La revelación reavivó el escrutinio público sobre su cercanía con el millonario.
En septiembre, el Congreso ya había publicado más de 33,000 páginas relacionadas con el caso. Sin embargo, la mayoría de esos documentos ya se conocían, lo que generó nuevas exigencias de transparencia desde dentro del Partido Republicano.
Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 acusado de abuso sexual y tráfico de menores, delitos cometidos durante los primeros años de los 2000. Su círculo incluía figuras influyentes como el príncipe Andrés del Reino Unido, el expresidente Bill Clinton y el propio Trump. Fue hallado muerto en su celda en una prisión federal, bajo circunstancias que aún generan controversia.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes, con una aplastante mayoría, la desclasificación de los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, empresario acusado de tráfico sexual de menores. La votación contó con 427 votos a favor y solo uno en contra, del republicano Clay Higgins, representante por Luisiana.
Este respaldo masivo se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambiara su postura y pidiera expresamente a los legisladores republicanos apoyar la publicación de los archivos. El mandatario aseguró que su partido “no tiene nada que ocultar” y expresó su disposición para firmar cualquier propuesta de ley que promueva esta desclasificación.
La iniciativa ahora pasará al pleno del Senado para su aprobación definitiva.
El giro de Trump sorprendió a sus opositores, ya que durante su segundo mandato se había resistido a divulgar dicha información, a pesar de haber utilizado el tema como una promesa recurrente en sus campañas. El mandatario argumentó que los demócratas insisten en este asunto como una estrategia para desviar la atención de los “logros” de su administración.
El debate resurgió luego de que un comité de la Cámara Baja divulgara correos electrónicos de Epstein, en los cuales el financiero aseguraba que el presidente Trump “pasó horas” con una de las víctimas de su red y que “sabía lo de las chicas”, reavivando los cuestionamientos sobre su relación con el caso.
En septiembre pasado, el Congreso ya había publicado más de 33,000 páginas entregadas por el Departamento de Justicia, en un intento por demostrar transparencia. Sin embargo, gran parte de esos documentos ya eran conocidos, lo que motivó nuevas exigencias dentro del Congreso para liberar material más relevante.
Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores entre los años 2000 y 2005. Su círculo incluía a figuras influyentes como el príncipe Andrés del Reino Unido, el expresidente Bill Clinton y el propio presidente Trump. Epstein fue encontrado muerto en su celda, en un aparente suicidio, semanas después de su arresto.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este viernes que busca confiscar más de 15 millones de dólares en monedas virtuales robadas y blanqueadas por un grupo de hackers de Corea del Norte, por lo que ya ha conseguido cinco declaraciones de culpabilidad.
Las acciones van contra esquemas de robo de monedas virtuales y tecnologías de información remotas de la República Popular Democrática de Corea, pues el Gobierno norcoreano usa estas estrategias para financiar sus armas y otras «prioridades» que violan sanciones, detalló el DOJ en un comunicado.
Más de 136 compañías estadounidenses resultaron impactadas y 18 personas sufrieron robos de identidad en un primer caso en el que «facilitadores» de los hackers en Estados Unidos y Ucrania ayudaron a los norcoreanos a obtener empleos remotos de informática en compañías estadounidenses con identidades y ubicaciones falsas.
Esto le generó más de 2,2 millones de dólares al «régimen» norcoreano, sostuvo el Gobierno estadounidense.
Y, en una segunda instancia, el grupo de hackers APT38 (Amenaza avanzada persistente, en inglés) robó monedas virtuales en cuatro plataformas internacionales de estas divisas, por lo que Washington congeló el equivalente a más de 15 millones de dólares, que ahora busca confiscar para devolver a sus dueños.
«Las investigaciones del FBI continúan exponiendo la incansable campaña del Gobierno de Corea del Norte para evadir sanciones de EE.UU. y generar millones de dólares para financiar su régimen autoritario y programa de armas», expresó el director asistente de la División de Contrainteligencia del buró, Roman Rozhansky.
Las autoridades estadounidenses consiguieron tres declaraciones de culpabilidad en el Distrito Sur de Georgia, una en el Distrito de Columbia (DC) y otra en el Distrito Sur de Florida.
El hecho se anuncia apenas una semana después de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a ocho personas y dos compañías por blanquear capital para Corea del Norte procedente de fondos ilícitos o actividades como ciberestafas, y dirigidos a financiar su programa de armas nucleares.
El Departamento acusó a Pionyang de «ordenar explícitamente a sus hackers» que obtengan ingresos mediante métodos ilícitos para financiar sus programas armamentísticos, y señaló que en los últimos tres años han robado más de 3.000 millones de dólares, principalmente en criptomonedas.
Corea del Norte realiza estas estafas ante las sanciones de EE.UU. y de la comunidad internacional impuestas por los programas de desarrollo de misiles y nuclear de Pionyang.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes que abrirá una investigación sobre los presuntos vínculos del expresidente Bill Clinton con Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, en un proceso que será dirigido con “urgencia e integridad”, según aseguró la fiscal general Pamela Bondi.
Bondi instruyó al fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, a liderar esta nueva fase del caso, destacando que se trata de “uno de los fiscales más capaces y confiables del país”. La funcionaria enfatizó que el propósito de la investigación es brindar respuestas claras al pueblo estadounidense.
Este anuncio se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara públicamente a investigar a Clinton, al exsecretario del Tesoro Larry Summers y al empresario Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, todos señalados por mantener lazos con Epstein, fallecido en 2019 mientras enfrentaba cargos por delitos sexuales.
“Epstein era demócrata, y es problema de los demócratas, no de los republicanos”, expresó el presidente Trump a través de su red Truth Social. En ese mismo mensaje, el mandatario defendió su gestión y rechazó cualquier tipo de vínculo ilegal con el fallecido financiero.
Trump acusó al Partido Demócrata de resucitar el “bulo de Epstein” tras la reciente publicación de correos electrónicos del empresario. En uno de estos mensajes, Epstein escribió que el actual presidente “pasó horas” con una de sus víctimas, afirmación que Trump niega rotundamente.
El presidente estadounidense sostuvo que los correos han sido utilizados para desviar la atención de la opinión pública del reciente cierre parcial del Gobierno federal, el cual se resolvió la semana pasada tras intensas negociaciones entre ambas cámaras del Congreso.
Por su parte, Reid Hoffman y Larry Summers no se han pronunciado oficialmente sobre esta nueva investigación, aunque ambos ya fueron mencionados en informes anteriores relacionados con reuniones sostenidas con Epstein tras su primera condena en 2008.
La reapertura del caso promete agitar el clima político en Estados Unidos, especialmente en un contexto electoral en el que el presidente Trump busca reforzar su narrativa contra el Partido Demócrata y blindar su imagen ante acusaciones pasadas sobre su cercanía con el polémico financiero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó un indulto generalizado a cerca de 80 personas, entre ellos colaboradores cercanos y figuras clave en su intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden.
El documento, divulgado por el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, y publicado en su cuenta de la red social X, especifica que se trata de un perdón “total, completo e incondicional” por cualquier conducta relacionada con los esfuerzos realizados para “exponer el fraude electoral” y las vulnerabilidades del sistema durante ese proceso electoral.
“El presidente pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional”, señala el texto oficial. No obstante, la orden aclara que el indulto “no se aplica al presidente de Estados Unidos”.
Esta medida evitaría que futuras administraciones puedan iniciar acciones penales contra los beneficiarios del perdón presidencial.
Entre las 77 personas indultadas se encuentran el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani; el exjefe de Gabinete, Mark Meadows; los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro; el asesor Boris Epshteyn; y varios expresidentes del Partido Republicano en estados clave como Georgia, Arizona y Nevada.
La decisión genera una nueva oleada de polémica sobre la legalidad y los efectos de los indultos presidenciales en casos que involucran procesos democráticos y el intento de revertir los resultados electorales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación contra la administración de la fundación independiente Black Lives Matter, por un supuesto caso de malversación de fondos, informó CBS News este miércoles.
Según fuentes vinculadas al caso, las autoridades indagan el uso irregular de donaciones que el grupo recibió tras las masivas protestas por justicia racial ocurridas en 2020, luego de la muerte de George Floyd. Se presume que los fondos fueron desviados por la dirección de la organización.
Hasta el momento se desconoce cuándo comenzó formalmente el proceso, que está siendo dirigido por el fiscal Bill Essaylid, adscrito a la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.
De acuerdo con informes financieros, Black Lives Matter acumuló más de $90 millones desde su creación y, hasta junio de 2024, contaba con activos superiores a los $18 millones.
La fundación fue duramente criticada cuando, en 2022, destinó más de $6 millones a la compra de una propiedad en Los Ángeles. En ese entonces, la entidad justificó la adquisición como un espacio para que “las personas negras compartan sus dones con el mundo y perfeccionen su oficio como mejor les parezca”.
Un jurado federal de Estados Unidos imputó este jueves a John Bolton, exasesor del presidente Donald Trump, y ahora enfrentado a él, por «mal uso de información clasificada», informó el Departamento de Justicia.
El exasesor está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla.
Bolton, ahora convertido en enemigo de Trump, fue acusado en una corte federal de Maryland después de que Justicia lo solicitara tras iniciar una investigación de unas notas que había escrito en su correo personal, avanzó la cadena CNN.
El exasesor utilizaba supuestamente su correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración de Donald Trump (2017-2021).
Se espera que a partir de mañana el exasesor asista al tribunal federal de Greenbelt, en Maryland.
Por su parte, el mandatario cargó contra Bolton tras conocer la noticia por una pregunta de una reportera en el Despacho Oval.
«No sabía eso. Pero creo que es una mala persona. Qué lástima. Así van las cosas», declaró Trump.
«La investigación del FBI reveló que John Bolton supuestamente transmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y retuvo dichos documentos en su casa, lo que constituye una violación directa de la ley federal», afirmó el director del FBI, Kash Patel.
La fiscal general, Pam Bondi, comentó: «Nadie está por encima de la ley».
Bolton es el tercer exalto cargo crítico con Trump contra el que se abre una acusación en menos de un mes.
Primero fue exdirector del FBI James Comey, acusado formalmente por obstruir al Congreso y realizar declaraciones falsas, mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario y falsedad documental.
