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Etiqueta: Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

  • Obispos de EE.UU. advierten riesgo de deportación para salvadoreños con TPS

    Obispos de EE.UU. advierten riesgo de deportación para salvadoreños con TPS

    La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) advirtió este jueves que más de 170,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan incertidumbre sobre su futuro migratorio, ante la falta de una decisión definitiva del Gobierno estadounidense sobre la continuidad del programa, una situación que podría derivar en deportaciones y separaciones familiares.

    Los obispos estadounidenses expresaron preocupación por las consecuencias que tendría una eventual cancelación del programa, especialmente para las familias que llevan años establecidas en Estados Unidos.

    La organización religiosa pidió a la administración del presidente Donald Trump evaluar las condiciones de los países de origen y los riesgos que implicaría obligar a miles de migrantes a regresar.

    El TPS permite que ciudadanos de determinados países permanezcan temporalmente en Estados Unidos cuando existen conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que dificultan su retorno. El Salvador recibió esta protección en 2001, después de los devastadores terremotos que afectaron al territorio nacional, y desde entonces el beneficio fue renovado en diferentes ocasiones.

    La Conferencia de Obispos Católicos también advirtió que la pérdida del TPS podría afectar a familias que dependen de sus permisos de trabajo para mantenerse económicamente.

    David Spicer, director de políticas y participación de la USCCB, explicó que las organizaciones benéficas católicas registran una mayor demanda de asistencia alimentaria y vivienda entre migrantes que pierden sus protecciones legales. Además, señaló que los empleadores podrían enfrentar dificultades al quedarse sin trabajadores autorizados mediante este programa.

    Ante este panorama, los obispos reiteraron su respaldo a iniciativas legislativas que permitan obtener la residencia permanente a inmigrantes establecidos desde hace años en Estados Unidos. Entre las propuestas mencionaron el proyecto H.R. 1589, impulsado por la congresista demócrata Sylvia García, que busca abrir una vía hacia la residencia legal para determinados beneficiarios de protecciones temporales y otros inmigrantes.

    La preocupación de los obispos también alcanza a unos 100,000 ucranianos con TPS, mientras la administración Trump impulsa la finalización de protecciones para ciudadanos de diferentes países. Sin embargo, los esfuerzos legislativos para ofrecer soluciones migratorias permanentes no han conseguido avances significativos en el Senado estadounidense.

     

  • Secretario de Seguridad EEUU inspecciona deportación de 100 salvadoreños

    Secretario de Seguridad EEUU inspecciona deportación de 100 salvadoreños

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este lunes que deportó a El Salvador a 100 salvadoreños, entre quienes se encontraban personas condenadas por delitos como homicidio, agresión sexual y conducción bajo los efectos del alcohol.

    El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, supervisó el viernes el vuelo de deportación que partió desde Alexandria, Luisiana, con destino a El Salvador. Según el DHS, las 100 personas trasladadas eran salvadoreñas.

    “El objetivo continúa, con deportaciones masivas en marcha”, afirmó Mullin.

    El funcionario aseguró que el vuelo incluyó a personas condenadas por homicidio, agresiones sexuales y conducción bajo efectos del alcohol, y señaló que las expulsiones forman parte de la política migratoria del presidente Donald Trump.

    Mullin afirmó que el DHS continuará ejecutando las deportaciones impulsadas por la administración Trump.

    “Nunca nos disculparemos por deportar a extranjeros ilegales, porque las deportaciones masivas salvan vidas”, sostuvo el secretario en el comunicado.
    Entre los deportados figura Carlos Ovidio Culgua Alas, cuyo historial incluye condenas por homicidio y posesión de un arma de fuego siendo extranjero, además de arrestos por intoxicación pública y alteración del orden público en Texas, según el DHS.

    También fue deportado José Balmory Ramírez Rodríguez, identificado por las autoridades estadounidenses como miembro de la MS-13. Su historial incluye condenas en Nueva York por homicidio involuntario en primer grado con intención de causar lesiones físicas graves y agresión en tercer grado.

    El DHS informó además sobre la deportación de José Martínez Flores, quien registra condenas en Texas por contacto sexual indecente con un menor y dos cargos por conducir bajo los efectos del alcohol. En el mismo vuelo fue trasladado José Ángel Ramos Gutiérrez, condenado en Virginia Occidental por conducir bajo influencia del alcohol y negligencia grave contra un menor con riesgo de lesiones graves o muerte, además de un arresto por posesión de cocaína en Maryland.

    Otro de los salvadoreños deportados fue Paulino Barahona, cuyo historial criminal incluye una condena por agresión agravada contra un agente policial y un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en Virginia Occidental, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades estadounidenses.

     

  • Jueza de EEUU condena a DHS a pagar $164,527 por deportación de venezolano al Cecot

    Jueza de EEUU condena a DHS a pagar $164,527 por deportación de venezolano al Cecot

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) deberá pagar $164,527.70 en honorarios y gastos legales por la deportación indebida de un migrante venezolano hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador en marzo de 2025, según resolvió el martes la jueza federal Stephanie Gallagher, del Distrito de Maryland.

    La jueza ordenó al DHS cubrir los costos derivados del litigio después de concluir que la deportación del joven, identificado en los documentos judiciales con el seudónimo “Cristian”, incumplió un acuerdo alcanzado dentro de una demanda colectiva.

    Gallagher consideró que el Gobierno no estuvo “sustancialmente justificado” al señalarlo como integrante del Tren de Aragua y expulsarlo antes de que pudiera resolverse su solicitud de asilo.

    Cristian forma parte de una demanda colectiva presentada hace siete años en representación de menores migrantes no acompañados que carecen de estatus legal y tutores. Su pertenencia a ese grupo impedía que fuera deportado antes de que concluya el proceso relacionado con su petición de asilo.

    El venezolano fue enviado en marzo de 2025 al Cecot, un día después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la expulsión de venezolanos acusados ​​de pertenecer al Tren de Aragua. El Departamento de Estado había designado recientemente a esa organización como “organización terrorista extranjera”.

    Gallagher determinó en abril de 2025 que la deportación del entonces joven de 20 años fue indebida y ordenó al DHS “facilitar” su regreso.

    Después de permanecer varios meses en El Salvador, Cristian fue trasladado a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros. Sus abogados perdieron temporalmente el contacto con él y, cuando consiguieron comunicarse nuevamente, el joven “nunca comunicó su deseo de regresar a los Estados Unidos para recibir su adjudicación de asilo”.

    El Gobierno estadounidense argumentó que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros lo eximía de cumplir las obligaciones establecidas en el acuerdo de la demanda colectiva, pero Gallagher rechazó ese planteamiento.

    “La decisión de los acusados ​​de expulsar a Cristian sin previo aviso, incluso después de que el abogado de inmigración de Cristian les había notificado de su pertenencia al grupo, fue injustificada y no razonable”, escribió la jueza.

    La resolución establece el pago de $160,823.09 en honorarios de abogados y otros $3,704.61 en gastos, para un total de $164,527.70.

    “Si consideramos la totalidad de las circunstancias, incluso si algunas de las posiciones del gobierno hubieran sido razonables, su posición general en el litigio no ha estado sustancialmente justificada”, señaló Gallagher.

     

     

  • Más de 270 líderes religiosos y organizaciones piden a la administración Trump extender el TPS a salvadoreños

    Más de 270 líderes religiosos y organizaciones piden a la administración Trump extender el TPS a salvadoreños

    Casi 100 organizaciones transnacionales, nacionales, estatales y locales, junto con más de 170 líderes religiosos, solicitaron el viernes al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador.

    Las organizaciones sostienen que los salvadoreños beneficiarios del programa todavía necesitan esta protección humanitaria y advirtieron sobre las consecuencias que tendría poner fin al beneficio migratorio. El actual período de protección para los salvadoreños está programado para expirar el 9 de septiembre de 2026.

    De acuerdo con las organizaciones, una eventual terminación del TPS afectaría a más de 170,000 salvadoreños que actualmente permanecen amparados por el programa y que, en muchos casos, han construido sus vidas en Estados Unidos durante más de 25 años.

    “Las personas beneficiarias del TPS provenientes de El Salvador son nuestros vecinos, amigos, colegas, líderes religiosos, trabajadores altamente calificados y propietarios de pequeños negocios que han construido sus vidas en Estados Unidos durante más de 25 años. Alianza Americas se une a cientos de líderes religiosos y comunidades para instar al secretario de Seguridad Nacional a extender el TPS para El Salvador y proteger a más de 170,000 salvadoreños de ser arrancados de las vidas y familias que han construido aquí. En un momento en que las comunidades inmigrantes enfrentan una enorme incertidumbre y miedo, nuestra fe y nuestra humanidad compartida nos llaman a elegir la compasión, a defender la dignidad humana y a amar a nuestros vecinos sin distinción. Extender el TPS es un acto urgente de justicia y solidaridad que puede brindar alivio inmediato. Seguiremos acompañando a las comunidades salvadoreñas y luchando por las protecciones permanentes que ellas y sus familias merecen”, dijo Dulce Guzmán, directora ejecutiva de Alianza Americas.

    La petición también recibió el respaldo de CLINIC, organización que cuestionó las condiciones que enfrentarían los beneficiarios si fueran enviados a El Salvador una vez terminada la protección migratoria.

    “Enviar a los beneficiarios salvadoreños del TPS de regreso a condiciones inseguras en un momento en que las personas deportadas en El Salvador están siendo detenidas sin representación legal adecuada, secuestradas o potencialmente expuestas a otros daños es cruel y puede tener un impacto perjudicial duradero en quienes se ven obligados a regresar”, dijo Elnora Bassey, abogada de políticas públicas de CLINIC.

    “En un momento en que las personas inmigrantes enfrentan ataques y sus protecciones legales son cada vez más limitadas para quienes las necesitan, la Administración tiene la oportunidad de tomar una decisión que demuestre su capacidad para proteger a las poblaciones vulnerables y que evidencie que somos una nación que muestra compasión hacia todas las personas, independientemente de su estatus migratorio”, agregó.

    La solicitud ocurre mientras los beneficiarios permanecen pendientes de una decisión del Departamento de Seguridad Nacional sobre la continuidad de la protección migratoria, a pocos días de la fecha establecida para su vencimiento.

    Alianza Americas y CLINIC aseguraron que mientras esperan una resolución de la Administración estadounidense continuarán promoviendo la protección de los derechos de los inmigrantes y el acceso a mecanismos de protección humanitaria para quienes los necesiten.

     

  • Trump planea que los agentes de inmigración lleven guantes que den descargas eléctricas

    Trump planea que los agentes de inmigración lleven guantes que den descargas eléctricas

    El Gobierno de Estados Unidos prepara un contrato de hasta $20 millones para adquirir guantes capaces de emitir descargas eléctricas y equipar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una medida que provocó críticas de organizaciones defensoras de migrantes.

    El Departamento de Seguridad Nacional informó que el contrato para adquirir los guantes CTG-5 podría completarse a finales de marzo de 2027. Los dispositivos cuentan con electrodos conductores en la palma que, al activarse y entrar directamente en contacto con la piel, emiten pulsos eléctricos destinados a causar dolor, aunque no funcionan a través de la ropa.

    La Organización de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), que denuncia «ensañamiento» contra los trabajadores migrantes, acusó este miércoles a la Administración del presidente Donald Trump de tener «la capacidad de torturar a la gente discretamente».

    «Hay que acabar con la violencia. El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) debe salir de nuestras calles, de nuestras comunidades y de nuestro país. Hay que abolir el ICE. Esto no tiene arreglo; la única solución es la abolición”, declaró en una nota Jorge Torres, director de NDLON.

    El Departamento de Seguridad Nacional calificó los guantes como un «dispositivo de desescalada» y pretende distribuirlos entre agentes de ICE, cuerpo que durante los últimos meses enfrentó críticas por la actuación de sus efectivos en las operaciones de detención impulsadas por la Administración Trump.

    «ICE evalúa constantemente las necesidades de nuestros agentes en el terreno para garantizar que cuenten con las herramientas y el equipo necesarios para arrestar y deportar de forma segura a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales», declaró el departamento en el comunicado.

    La controversia alrededor de ICE aumentó en los últimos meses después de dos tiroteos mortales contra migrantes tras controles de tráfico. Las víctimas fueron el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Johan Durán, quienes murieron en incidentes ocurridos en Texas y Maine, respectivamente.

    La posible incorporación de los guantes eléctricos ocurre además después de las protestas contra ICE registradas a comienzos de 2026 por las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis.

    Renee Nicole Good, de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos de un agente federal, mientras que Alex Pretti, enfermero de 37 años, falleció el 24 de enero durante un enfrentamiento con agentes de inmigración.

     

  • Muere una persona durante operativo del ICE en Maine, Estados Unidos

    Muere una persona durante operativo del ICE en Maine, Estados Unidos

    Una persona murió este lunes durante un tiroteo registrado en Biddeford, al sur del estado de Maine, en un incidente en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informaron autoridades estatales.

    El líder de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, confirmó el hecho a través de una publicación en Facebook, donde indicó que el tiroteo dejó una víctima mortal y que agentes del ICE participaron en el operativo.

    «Una persona ha fallecido. El ICE está implicado», escribió el legislador demócrata, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el incidente.

    Fecteau agregó que la Policía de Maine y el Departamento de Seguridad Pública del estado se encuentran a cargo de las primeras investigaciones en la escena. Además, se prevé que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorpore a las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

    Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida ni han explicado cómo se desarrolló el enfrentamiento que terminó con el uso de armas de fuego.

    El hecho ocurre pocos días después de otro operativo del ICE en Texas, donde un agente migratorio abatió al ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una acción de detención. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el migrante permanecía de forma irregular en Estados Unidos.

    De acuerdo con datos oficiales, al menos seis personas han muerto este año por disparos efectuados por agentes migratorios en Estados Unidos. Entre las víctimas figuran los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, quienes fallecieron durante un amplio operativo realizado en Minnesota el pasado enero.

    Las investigaciones sobre el tiroteo en Maine continúan y las autoridades no han informado si habrá cargos relacionados con el caso ni cuándo ofrecerán un reporte oficial con los resultados preliminares de la pesquisa.

  • Decisión de la Corte Suprema de EE. UU. genera incertidumbre para salvadoreños con TPS

    Decisión de la Corte Suprema de EE. UU. genera incertidumbre para salvadoreños con TPS

    El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite al Gobierno federal avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Haití y Siria ha generado preocupación entre miles de inmigrantes, incluidos los salvadoreños beneficiarios de ese programa migratorio.

    Aunque la decisión judicial no modifica de inmediato el TPS para El Salvador, organizaciones que brindan apoyo a trabajadores migrantes advirtieron que el fallo podría influir en futuras decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respecto a otros países amparados por este beneficio.

    De acuerdo con información divulgada por el sindicato SEIU Local 503, el TPS para los salvadoreños continúa vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, siempre que los beneficiarios hayan completado correctamente el proceso de reinscripción entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025.

    Sin embargo, la organización explicó que las extensiones automáticas de los permisos de trabajo podrían finalizar antes para algunos beneficiarios. En esos casos, quienes solicitaron oportunamente la renovación de su autorización laboral mantendrán la extensión automática, al menos, hasta el 22 de julio de 2026, mientras reciben una resolución definitiva sobre su trámite.

    SEIU Local 503 recomendó a los salvadoreños con TPS consultar de inmediato con un abogado especializado en inmigración para conocer las alternativas legales disponibles, ya que algunas personas podrían calificar para otros mecanismos de protección migratoria, como solicitudes de asilo u otros beneficios establecidos en la legislación estadounidense.

    La organización también recordó que la reciente decisión de la Corte Suprema otorga al Departamento de Seguridad Nacional mayor discrecionalidad para poner fin al TPS de distintos países sin que esas determinaciones puedan ser revisadas por los tribunales, lo que podría afectar futuros litigios relacionados con este programa.

    Asimismo, aconsejó a los beneficiarios preparar un plan familiar ante cualquier eventual cambio en su situación migratoria. Entre las recomendaciones figuran organizar documentos importantes, definir quién se hará cargo de los hijos en caso de una emergencia migratoria, mantener contacto con un abogado de confianza y conocer los derechos que asisten a todas las personas dentro de Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio.

    En el ámbito laboral, el sindicato recordó que el reciente fallo judicial no implica que los empleadores puedan exigir de inmediato nuevos formularios I-9 o documentos adicionales de autorización para trabajar. En caso de que un patrono solicite información adicional o amenace con sanciones relacionadas con el estatus migratorio del empleado, la recomendación es buscar asesoría legal y, cuando corresponda, informar al representante sindical.

    Las organizaciones de apoyo a inmigrantes insistieron en que los beneficiarios del TPS no deben recurrir a personas no autorizadas para recibir asesoría migratoria y exhortaron a buscar únicamente abogados o proveedores legales acreditados para evaluar cada caso de manera individual.

    Actualmente, se estima que entre 170,000 y 195,000 salvadoreños tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS) activo en los Estados Unidos. Aunque originalmente unas 232,000 personas eran elegibles o formaban parte del programa, la cifra de beneficiarios activos ha disminuido con los años debido a que muchos han logrado ajustar su estatus migratorio por otras vías legales o han fallecido.

  • Más de 100 organizaciones alertan despidos de salvadoreños con TPS por errores en permisos de trabajo

    Más de 100 organizaciones alertan despidos de salvadoreños con TPS por errores en permisos de trabajo

    Más de 100 organizaciones internacionales, nacionales y locales pidieron a las nuevas autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) corregir de inmediato la desinformación sobre la vigencia de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS).

    Las entidades señalaron que la confusión sobre la fecha de vencimiento de estos permisos ha derivado en despidos injustificados de miles de trabajadores que cuentan con autorización legal para laborar en Estados Unidos.

    La preocupación también apunta a los retrasos en el procesamiento de solicitudes de TPS y EAD por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), así como a la falta de actualización en bases de datos utilizadas por instituciones para verificar la elegibilidad de beneficiarios.

    Advirtieron que estas fallas afectan tanto a trabajadores como a empleadores y comunidades, y calificaron como inaceptable el impacto generado por la ineficiencia en agencias federales. Solo en el último mes, cientos de salvadoreños han perdido su empleo y otros beneficios acumulados durante años, como vacaciones, bonos y aumentos salariales.

    El 17 de enero de 2025, el DHS extendió el TPS para El Salvador por 18 meses, desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026. Como parte de esa medida, USCIS habilitó una extensión automática de 540 días para los permisos de trabajo de quienes se reinscribieron a tiempo.

    Sin embargo, persisten inconsistencias. Más de 100,000 beneficiarios salvadoreños continúan a la espera de resolución de sus solicitudes, mientras que sistemas oficiales como E-Verify, SAVE y el sitio web de TPS muestran como fecha de vencimiento el 9 de marzo de 2026, generando confusión.

    Las organizaciones recordaron que, durante su audiencia de confirmación, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, prometió un “mejor enfoque” en la gestión del departamento. Por ello, le instaron a cumplir ese compromiso y a tomar acciones urgentes para restablecer la comunicación entre agencias y garantizar que los trabajadores afectados recuperen sus empleos y beneficios.

  • Trump nombra al senador Markwayne Mullin como nuevo jefe de Seguridad Nacional

    Trump nombra al senador Markwayne Mullin como nuevo jefe de Seguridad Nacional

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en sustitución de Kristi Noem, a quien destituyó este jueves.

    El DHS es una de las agencias más relevantes del Gobierno estadounidense, ya que tiene a su cargo la ejecución de la política migratoria impulsada por la administración de Trump. Estas medidas han generado fuertes críticas de organizaciones civiles y gobiernos locales, además de varias demandas judiciales que denuncian presuntas prácticas “inconstitucionales” y violaciones a los derechos humanos.

    Mullin, senador desde 2023, es un aliado cercano del presidente y un firme defensor del movimiento Make America Great Again (MAGA). En el Senado ha mantenido una estrecha relación con la Casa Blanca y se ha presentado como un enlace político entre el Congreso y el Ejecutivo.

    El legislador aseguró que la llamada del presidente lo tomó por sorpresa, aunque afirmó que espera la aprobación del Senado para asumir el cargo. También señaló que está dispuesto a trabajar “para los estadounidenses” desde la nueva posición.

    Originario de Tulsa, Oklahoma, y miembro de la nación Cherokee, Mullin dirigió durante años el negocio familiar de plomería antes de expandirse a otros sectores como restaurantes y bienes raíces. En 2013 ingresó a la política nacional tras ser elegido para la Cámara de Representantes, donde permaneció durante una década antes de llegar al Senado.

    Durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, protagonizado por seguidores de Trump, Mullin aseguró que se unió a la Policía del Capitolio para ayudar a levantar barricadas e impedir el acceso de manifestantes al hemiciclo de la Cámara de Representantes.

    Ese mismo año protagonizó otra polémica cuando intentó viajar a Afganistán tras la retirada de tropas estadounidenses ordenada por el entonces presidente Joe Biden, con el objetivo de rescatar a ciudadanos estadounidenses que habían quedado atrapados en ese país.

    Además de su carrera política, Mullin es conocido por su afición a las artes marciales mixtas y la lucha. Su trayectoria y cercanía con Trump consolidan su perfil como uno de los aliados más leales del presidente dentro del Partido Republicano.

     

  • Trump destituye a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

    Trump destituye a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dejará su cargo el próximo 31 de marzo de 2026 y será reemplazada por el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin.

    La salida de Noem se produce en medio de cuestionamientos dentro del propio Gobierno y del Congreso por varias decisiones y declaraciones recientes. Funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Seguridad Nacional habían expresado en privado dudas sobre cuánto tiempo permanecería en el cargo tras una serie de polémicas.

    Entre los episodios que generaron críticas se encuentra la decisión de pausar el programa TSA PreCheck durante el actual período de financiación del DHS, una medida que tomó por sorpresa a la Casa Blanca y que fue revertida pocas horas después.

    También provocaron malestar sus intervenciones durante dos audiencias en el Congreso realizadas esta semana, donde legisladores cuestionaron su gestión y sus respuestas ante varios temas de seguridad nacional.

    Según fuentes citadas por medios estadounidenses, el presidente Trump mostró especial molestia durante esas audiencias por una afirmación de Noem —que él niega— sobre que el mandatario estaba al tanto de una costosa campaña publicitaria del DHS en la que ella aparecía.

    En conversaciones con legisladores republicanos, Trump había mencionado la posibilidad de sustituir a Noem y barajó varios nombres del Congreso como posibles reemplazos, antes de inclinarse por el senador Mullin.

    Las tensiones también aumentaron tras los tiroteos que provocaron la muerte de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, un episodio que generó cuestionamientos sobre la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional.

    Además, algunos funcionarios de la Casa Blanca han manifestado frustración con Corey Lewandowski, principal asesor de Noem, quien fue objeto de fuertes interrogatorios durante las audiencias del Congreso de esta semana.

    Con el nombramiento de Mullin, la Administración de Trump busca reorganizar el liderazgo del DHS en medio de las críticas y reforzar la estrategia de seguridad nacional del Gobierno.