Etiqueta: Departamento de Seguridad Nacional

  • EE.UU. deportará a salvadoreño acusado por la muerte de dos personas en un naufragio

    EE.UU. deportará a salvadoreño acusado por la muerte de dos personas en un naufragio

    El Gobierno de Estados Unidos buscará deportar al salvadoreño Manuel Ernesto Hernández Umaña, de 46 años, después de que enfrente a la justicia por presuntamente operar ilegalmente una embarcación que naufragó el 8 de agosto en el puerto de Nueva York y dejó dos personas muertas.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Hernandez-Umana, residente de Manville, Nueva Jersey, ingresó irregularmente a Estados Unidos por Texas en 2007, luego de asegurar falsamente ante un agente de Aduanas y Protección Fronteriza que era ciudadano estadounidense.

    “Una vez que comparezca ante la justicia por sus crímenes, nos aseguraremos de que sea expulsado rápidamente de nuestro país”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

    Hernández Umaña enfrenta dos cargos por conducta indebida y negligencia de un oficial de embarcación con resultado de muerte, después de que el bote que conducía naufragara cerca de Liberty Island. En el incidente murieron Sara Sanchez, de 27 años, y su hija Antonella Garcia, de cinco meses. El salvadoreño fue liberado bajo una fianza de $50,000 después de una audiencia realizada el 10 de agosto.

    Según una denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Hernández Umaña no había registrado la embarcación, carecía de la certificación necesaria para transportar pasajeros que pagaban por el servicio y tampoco llevaba dispositivos de flotación adecuados para bebés.

    Los fiscales sostienen que el salvadoreño utilizó el bote de un amigo para realizar un recorrido cerca de la Estatua de la Libertad porque su propia embarcación necesitaba reparaciones. A bordo viajaban 14 personas, incluido Hernández Umaña, pese a que la capacidad máxima del bote era de 10 ocupantes. La acusación señala que el imputado desconocía ese límite.

    Los padres de Antonella le informaron antes de abordar que no contaban con un dispositivo de flotación apropiado para la bebé. Según la acusación, Hernández Umaña respondió que tampoco tenía uno disponible y les indicó que uno de los padres debía utilizar un salvavidas mientras sostenía a la niña durante el recorrido. Sanchez fue quien cargó a la bebé.

    Unos 20 minutos después de iniciar el recorrido, Hernández Umaña realizó un giro en U y la embarcación entró en una zona de oleaje que provocó que volcara y lanzara a todos sus ocupantes al agua, según la denuncia. El salvadoreño y otros 11 pasajeros fueron rescatados, mientras que Sanchez y Antonella fueron sacadas del agua sin responder y posteriormente declaradas muertas en un hospital de Brooklyn.

    “Tal como se alega en la denuncia, Manuel Hernández demostró una total indiferencia por la seguridad de sus pasajeros al pilotar una embarcación con exceso de capacidad y sin licencia, la cual zozobró en el puerto de Nueva York”, declaró la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch.

    «Esta tragedia podría haberse evitado, y ahora una familia sufre la inimaginable pérdida de una madre y su hija de cinco meses debido a la negligencia de [Hernández]”, agregó.

     

  • Gobierno de Trump presenta propuesta para endurecer los visados de estudiantes y periodistas

    Gobierno de Trump presenta propuesta para endurecer los visados de estudiantes y periodistas

    El Gobierno de Estados Unidos presentó este jueves una propuesta para endurecer las condiciones de las visas destinadas a estudiantes, participantes de programas de intercambio y periodistas extranjeros, como parte de la política de control migratorio impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

    La iniciativa, elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), plantea modificar el sistema vigente para las visas F, J e I. En lugar de la actual modalidad de «duración de estatus», que permite permanecer en el país mientras continúe la actividad autorizada, se establecerán períodos de estadía con fechas de vencimiento específicas y más cortas.

    El reglamento será publicado este viernes 17 de julio en el Registro Federal y entrará en vigor 60 días después, aunque su implementación aún deberá superar el proceso de revisión correspondiente en el Congreso.

    Actualmente, la mayoría de personas con visas F, J e I pueden permanecer en Estados Unidos mientras mantengan su condición de estudiantes, participantes de programas de intercambio o trabajadores de medios de comunicación, un período que en muchos casos puede extenderse durante varios años.

    Con la nueva propuesta, los solicitantes que obtengan una de estas visas recibirán un formulario I-94 con una fecha fija de vencimiento. En el caso de las visas F y J, la permanencia podrá cubrir la duración del programa académico o de intercambio, con un límite máximo de cuatro años.

    Para los periodistas que ingresen con visa I, la estadía máxima será de 240 días. En el caso de ciudadanos chinos que soliciten este permiso, el plazo se reducirá a 90 días.

    Quienes deseen permanecer más tiempo deberán presentar una solicitud de prórroga antes del vencimiento del formulario I-94 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) o en una oficina consular estadounidense en el extranjero.

    La Administración Trump sostiene que el cambio permitirá fortalecer los controles migratorios y supervisar con mayor eficacia a los titulares de estas visas. Además, argumenta que el sistema de «duración de estatus» ha facilitado que algunos estudiantes y participantes de programas de intercambio permanezcan de manera irregular en el país tras vencer sus autorizaciones migratorias.

  • EE.UU. busca elevar hasta $18 mil las multas contra los migrantes con órdenes de deportación

    EE.UU. busca elevar hasta $18 mil las multas contra los migrantes con órdenes de deportación

    El Gobierno del presidente Donald Trump propuso aumentar hasta $18,000 las multas impuestas a ciertos inmigrantes que incumplieron órdenes de deportación emitidas en su contra y posteriormente fueron arrestados por autoridades migratorias.

    La iniciativa fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que plantea elevar la sanción actual de $5,130 establecida durante el año fiscal 2025.

    La medida afectaría específicamente a extranjeros que recibieron órdenes de deportación en ausencia, es decir, casos en los que los inmigrantes fueron notificados para comparecer ante una corte migratoria y no asistieron a las audiencias.

    Según la propuesta publicada en el Registro Federal de Estados Unidos, el objetivo es recuperar parcialmente los costos asociados a la detención y expulsión de personas que permanecieron ilegalmente en territorio estadounidense tras recibir dichas órdenes.

    El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) argumentó que el monto actual resulta insuficiente para cubrir los gastos operativos relacionados con la identificación, captura, procesamiento y deportación de estos inmigrantes.

    “Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, señaló el DHS en el documento oficial.

    La agencia explicó que entre los gastos considerados se incluyen capacitación, vehículos, personal de apoyo y otros costos administrativos vinculados a los operativos migratorios.

    La propuesta también forma parte de la estrategia impulsada por la administración Trump para promover la llamada “autodeportación”, presionando económicamente a inmigrantes indocumentados para abandonar voluntariamente el país.

    ICE comenzó a aplicar multas migratorias de $5,000 en septiembre pasado, cifra que posteriormente fue ajustada por inflación hasta alcanzar los $5,130 vigentes actualmente.

    El Departamento de Seguridad Nacional abrió un período de consulta pública hasta el próximo 22 de junio para recibir comentarios sobre la propuesta antes de una posible implementación definitiva.

     

  • EEUU podría negar residencia por posturas políticas de inmigrantes

    EEUU podría negar residencia por posturas políticas de inmigrantes

    La Administración del presidente Donald Trump evalúa nuevas directrices que podrían negar la residencia permanente a inmigrantes por sus posturas políticas, según reveló el diario The New York Times.

    Los lineamientos, contenidos en materiales internos del Departamento de Seguridad Nacional, instruyen a funcionarios a considerar la expresión de opiniones al momento de evaluar solicitudes de “tarjeta verde”.

    De acuerdo con la información, los casos que involucren “posibles conductas o ideologías antiamericanas y/o antisemitas” deberán ser remitidos a instancias superiores para su revisión.

    Incluso sin violar la ley, los solicitantes podrían ser rechazados si las autoridades consideran que han “respaldado, promovido o apoyado opiniones antiestadounidenses”.

    Entre los criterios incluidos figura la participación en actividades propalestinas, actos considerados antisemitas o la quema de la bandera de Estados Unidos.

    Estas conductas serían catalogadas como factores “abrumadoramente negativos” en el análisis migratorio, lo que impediría acceder a la residencia y eventualmente a la ciudadanía.

    Las directrices también hacen énfasis en manifestaciones ocurridas en campus universitarios tras los ataques de Hamás contra Israel en 2023.

    Sin embargo, la quema de la bandera ha sido reconocida por el Tribunal Supremo como una forma de libertad de expresión protegida por la Constitución.

    La medida ha generado críticas de organizaciones defensoras de migrantes, como la Coalición de Inmigración de Nueva York.

    Su presidente, Murad Awawdeh, advirtió que estas políticas representan un riesgo para los derechos fundamentales.

    “La nueva política de la Administración Trump censura de hecho a las personas y sienta un precedente peligroso que amenaza los derechos de todos los estadounidenses”, afirmó.

    El posible endurecimiento de los requisitos migratorios se enmarca en una agenda más amplia de control y deportación impulsada por el Gobierno estadounidense.

     

  • Senado de EE.UU. bloquea fondos y cierra parcialmente Seguridad Nacional

    Senado de EE.UU. bloquea fondos y cierra parcialmente Seguridad Nacional

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entró este sábado en un cierre administrativo parcial luego de que legisladores demócratas y republicanos no lograran un acuerdo para financiar las políticas migratorias de la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Se trata de la tercera paralización gubernamental desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca. A diferencia de las dos anteriores —una que se extendió por 43 días entre octubre y noviembre, y otra de casi cuatro días a inicios de este mes— esta solo afecta al DHS, entidad que agrupa varias de las agencias más estratégicas del país.

    El Senado intentó aprobar este jueves un proyecto de ley impulsado por los republicanos para financiar la institución hasta septiembre, pero la propuesta fue bloqueada por casi todos los demócratas. Estos argumentaron que el plan no imponía límites suficientes a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas redadas han provocado protestas y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minéapolis, Minnesota.

    El receso legislativo programado en ambas cámaras, controladas por el Partido Republicano, podría prolongar el cierre del DHS. La institución emplea a más de 270,000 personas y más del 90 % continuará trabajando durante la suspensión presupuestaria, aunque sin recibir salario hasta que se resuelva el impasse.

    Agencias impactadas por la falta de fondos

    El cierre no afecta al resto del Gobierno federal, cuyo presupuesto fue aprobado hasta septiembre. La medida impacta únicamente a las agencias bajo el DHS, entre ellas el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).

    La mayoría del personal es considerado esencial, por lo que deberá permanecer en funciones sin pago temporal. En esta ocasión, los controladores aéreos no resultarán afectados, ya que dependen del Departamento de Transporte.

    ICE, eje de la disputa política

    En los últimos años, el DHS destinó aproximadamente $10,000 millones anuales al funcionamiento del ICE. Esa es la partida que permanece bloqueada en el Congreso.

    El ICE se convirtió en el rostro visible de las políticas migratorias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su segundo mandato. Junto con el CBP, ejecutó redadas en ciudades con mayoría demócrata como Minéapolis, Minnesota, operativos que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

    Pese a que la disputa gira en torno a esta agencia, la ley presupuestaria y fiscal promovida por el Presidente de Estados Unidos otorga margen de maniobra a la secretaria del DHS, Kristi Noem, para redistribuir fondos destinados a operaciones migratorias y garantizar el pago a los agentes, a diferencia de otras dependencias.

    Sectores con mayores repercusiones

    La Guardia Costera y FEMA mantendrán misiones críticas de rescate y atención de desastres, pero reducirán entrenamientos, viajes oficiales y actividades rutinarias. Sus miembros podrían permanecer semanas sin recibir salario si la situación se prolonga.

    El personal de la TSA también deberá laborar sin garantía de pago por tercera ocasión en este mandato. Si el cierre continúa, podrían generarse retrasos en los controles de seguridad en aeropuertos, afectando a viajeros en todo el país.

     

  • Los demócratas del Senado y Casa Blanca llegan a acuerdo para evitar cierre del Gobierno

    Los demócratas del Senado y Casa Blanca llegan a acuerdo para evitar cierre del Gobierno

    Los demócratas y republicanos del Senado de EE.UU. y la Casa Blanca llegaron este jueves a un acuerdo de financiación bipartidista para evitar un nuevo cierre del Gobierno federal en la medianoche del viernes, según medios.

    El acuerdo divide la propuesta presupuestaria para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), objeto del desacuerdo entre los legisladores de otro proyecto «minibus» para extender la financiación de otras partidas que permitirán mantener los fondos para el funcionamiento del Gobierno federal.

    La financiación para el DHS, responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en los niveles actuales y sin cambios hasta el 13 de febrero con una resolución de continuidad presupuestaria, según informó The Hill con fuentes de miembros del Congreso de ambos partidos.

    La negociaciones se han centrado en el tiempo que se mantendría esa resolución, que finalmente será de dos semanas como demandaban los demócratas, que querían presionar en este impás presupuestario para obligar al DHS y el ICE ha cambiar sus agresivas tácticas contra los inmigrantes indocumentados y que han llevado a la muerte de dos civiles a tiros por parte de agentes federales en Mineápolis.

    La noticia llega después de que el Senado rechazara un voto de procedimiento para debatir el proyecto de presupuesto, en una medida para presionar reformas en el DHS, incluyendo prohibir que los agentes de ICE usen pasamontañas para tapar sus caras y forzarlos a usar cámaras corporales portátiles que graben sus operativos.

    Tras conocerse el acuerdo, Trump subrayó en su red Truth Social que está trabajando «arduamente» con el Congreso para garantizar la financiación plena del Gobierno «sin demoras».

    «Los republicanos y los demócratas del Congreso se han unido para financiar la mayor parte del Gobierno hasta septiembre, al tiempo que han concedido una prórroga al Departamento de Seguridad Nacional», aseguró.

    Además, señaló que «lo único que puede frenar» al país norteamericano es «otro cierre prolongado y perjudicial del Gobierno».

    EE.UU. se enfrenta a su segundo cierre gubernamental, tras el más largo de su historia que se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.

  • Mayorga sobre vencimiento del TPS: «Se puede dialogar, pero las decisiones son soberanas de EE.UU.»

    Mayorga sobre vencimiento del TPS: «Se puede dialogar, pero las decisiones son soberanas de EE.UU.»

    A ocho meses que llegue el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, aseguró que como parte de su relación con «base a respeto», el Gobierno puede acercarse y dialogar con la administración Trump, pero la decisión de renovar o finalizar el programa es solo del Gobierno norteamericano.

    La diplomática salvadoreña fue consultada en una entrevista en La Tribu FM sobre el futuro del TPS, programa al que se amparan miles de salvadoreños migrantes que no tienen un estatus legal permanente. Al respecto, Mayorga dijo que, basados en un relación bilateral respetuosa, el Gobierno puede dialogar sobre el tema, pero «las decisiones son soberanas de Estados Unidos».

    «Nuestras relaciones con Estados Unidos hemos tratado que sean con base a respeto incluso a las propias decisiones que estamos tomando en El Salvador», dijo la funcionaria, al referirse a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno salvadoreño.

    «Nosotros no podemos venir a exigir, se puede dialogar, se puede tener una aproximación, se puede plantear, quiénes son, qué hacen, cómo aporta pero las decisiones son soberanas de Estados Unidos». Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos.

    Sin embargo, reiteró que el Gobierno se mantiene «a la orden de nuestros connacionales» a través de la red consular, donde han brindado asesorías gratuitas para la reinscripción al TPS, sobre trámites o emisiones de documentos. La actual prórroga del TPS está vigente hasta el 9 de septiembre de 2026.

    Mayorga dijo que la cantidad de migrantes salvadoreños que llegaban irregularmente a Estados Unidos se redujo desde la implementación del Plan Control Territorial porque «una de las causas de migración era la inseguridad».

    Hace dos semanas, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Naomi Fellows, aseguró que se ha abierto un proceso de consulta entre ambos gobiernos sobre el TPS, pero aseveró que «las decisiones finales serán tomadas por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional».

    La más reciente prórroga del TPS para El Salvador fue anunciada por la administración Biden para un período de 18 meses. Se estima que son al menos 200,000 los salvadoreños inscritos en este programa. Donald Trump ha cancelado los TPS para Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal, Afganistán y Camerún.

    A mediados de junio, Trump fue consultado por periodistas sobre «por qué no anula» el TPS para El Salvador, a lo que el mandatario respondió: «Nosotros echaremos un vistazo». Expertos migratorios han advertido que las aparentes buenas relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no necesariamente se podrían ver reflejadas en una extensión del TPS.

  • EE.UU. eliminará el TPS para haitianos en 2026 pese a crisis humanitaria en el país

    EE.UU. eliminará el TPS para haitianos en 2026 pese a crisis humanitaria en el país

    El Gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 350.000 haitianos a partir del 3 de febrero de 2026, pese a reconocer que Haití continúa inmerso en una grave crisis de violencia e inestabilidad.

    La decisión fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal, luego de que la secretaria Kristi Noem concluyera que “Haití ya no cumple con los requerimientos estatutarios para el TPS”.

    Según el DHS, el análisis realizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y otras agencias del gobierno indica que mantener la protección temporal “es inconsistente con el interés nacional de Estados Unidos”.

    La instrucción recomienda a los beneficiarios haitianos del TPS que “se preparen para salir” del país si no cuentan con otra base legal para permanecer, e incluso se les sugiere utilizar la aplicación “CBP Home” para solicitar su “autodeportación” voluntaria, a cambio de un bono de 1.000 dólares.

    Esta medida representa un nuevo intento del presidente Donald Trump por eliminar el TPS para ciudadanos de países como Haití y Venezuela, tras haber sido bloqueado por una orden judicial federal en septiembre.

    La Casa Blanca sostiene que las condiciones en Haití han mejorado, pese a que en junio de este año el propio gobierno impuso una prohibición total de viajes desde ese país, citando la falta de una autoridad central funcional, amenazas a la seguridad y caos institucional.

    El Departamento de Estado, por su parte, mantiene vigente una alerta que recomienda “no viajar a Haití bajo ninguna circunstancia”, citando riesgos de secuestros, crimen organizado, violencia generalizada, disturbios civiles y un sistema de salud colapsado.

    Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití se encuentra sin liderazgo electo y sumido en una espiral de violencia. Según datos de la ONU, entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 4.300 homicidios y 1,4 millones de personas han sido desplazadas por la violencia de las pandillas.

    Frente al anuncio, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, representante de Florida —estado con la mayor comunidad haitiana en EE.UU.—, criticó la medida:

    “Haití está en crisis: violencia de las pandillas, extrema pobreza, inestabilidad. Es impensable mandar a haitianos beneficiarios del TPS a un peligro tan claro”, escribió en la red social X.

  • Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una serie de demandas por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aseguran haber sido víctimas de abusos y detenciones arbitrarias durante redadas migratorias. Las querellas piden indemnizaciones de hasta $50 millones por violaciones a derechos constitucionales y uso excesivo de la fuerza.

    Una de las demandas más recientes fue interpuesta por Leonardo García Venegas, trabajador de la construcción en Alabama, quien alega haber sido arrestado en dos ocasiones pese a ser ciudadano estadounidense. Representado por el Institute for Justice, García denunció que los agentes migratorios actuaron sin orden judicial, lo que calificó como una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución.

    El primer arresto ocurrió en mayo, cuando agentes encapuchados irrumpieron en una obra y lo esposaron pese a mostrar su REAL ID, documento emitido solo a residentes legales en ese estado. En junio, fue nuevamente detenido mientras trabajaba en una vivienda, liberado 20 minutos después junto con otros empleados, tras comprobar su estatus legal.

    La querella, presentada como una acción colectiva, agrupa 19 casos similares de trabajadores de la construcción que denuncian haber sido arrestados sin causa probable.

    “Estas políticas ilegales tienen consecuencias reales para los estadounidenses inocentes y trabajadores”, señala la demanda que busca compensación económica para las víctimas.

    Demanda por agresión a un anciano recién operado

    Otra demanda fue presentada por Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien asegura haber sido golpeado por agentes migratorios el pasado 9 de septiembre. Los videos de seguridad muestran a los agentes entrando sin autorización, empujándolo al suelo y sujetándolo violentamente, pese a que el hombre les advirtió que se recuperaba de una cirugía de corazón.

    Shouhed sostiene que fue trasladado esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció casi 12 horas sin atención médica ni derecho a llamadas telefónicas.

    Su querella reclama $50 millones y acusa a los agentes de violar la Ley Bane de California, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para coartar derechos constitucionales.

    En agosto, otros cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas por detenciones arbitrarias. Entre ellos figura Cary López Alvarado, quien estaba embarazada y asegura que el estrés de su arresto provocó el nacimiento prematuro de su hijo.

    El abogado Luis Carrillo, representante de los demandantes, indicó que en cada caso solicitarán al menos $1 millón de indemnización.

    “Las acciones de los agentes migratorios fueron brutales. Esperamos que estas querellas detengan el uso excesivo de la fuerza”, declaró Carrillo a EFE.

    Carrillo añadió que la situación es tan grave que, junto con la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, han presentado una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se investiguen los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes durante las redadas.

     

  • El Gobierno de Trump advierte que el TPS no es un asilo “de facto”, tras revés judicial

    El Gobierno de Trump advierte que el TPS no es un asilo “de facto”, tras revés judicial

    El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este viernes el fallo de una jueza federal que restableció el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nepal y Nicaragua, al subrayar que el beneficio migratorio no fue concebido como un sistema de asilo “de facto”.

    Una jueza federal extendió este jueves el amparo que debía finalizar el 5 de agosto para unos 7,000 inmigrantes de Nepal, mientras que el 8 de septiembre terminaría el beneficio para vivir y trabajar en EE.UU. en el caso de alrededor de 51,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses.

    Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a “animosidad racial”

    En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin dijo en un comunicado que la cancelación del amparo responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS.

    “El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, subrayó la funcionaria.

    McLaughlin también cargó contra la jueza Trina Thompson, que ordenó la extensión del TPS de los tres países, al decir que el fallo es “otro ejemplo” de cómo jueces incitan al racismo para desviar la atención de los hechos.

    Agregó que el DHS apelará la decisión y llevará la batalla legal a instancias superiores.

    La Administración Trump ha cancelado el TPS a unos 160,000 ucranianos, 350,000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.