La Casa Blanca frenó una decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que buscaba poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 200.000 salvadoreños en Estados Unidos, según un funcionario de la administración y otras tres personas cercanas al gobierno citadas por el medio estadounidense Politico.
El medio revela que el DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) habían autorizado un aviso para terminar el TPS de El Salvador y publicarlo en el Registro Federal, pero la Casa Blanca detuvo abruptamente el proceso, una decisión que tomó por sorpresa a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. La administración todavía no anuncia oficialmente una extensión o finalización del programa.
La discusión ocurre a cinco semanas de unas elecciones en las que la política migratoria vuelve a generar tensiones entre los sectores más duros que respaldan al presidente Donald Trump y votantes independientes e hispanos.
El debate también enfrenta los intereses empresariales con quienes reclaman mayores restricciones migratorias, mientras Texas, que tiene la segunda mayor población salvadoreña de Estados Unidos, atraviesa una disputada carrera por el Senado.
“Simplemente vino de la Casa Blanca”, dijo Mark Krikorian, quien dirige el Centro de Estudios de Inmigración, organización de Washington favorable a mayores restricciones a la inmigración legal y al fortalecimiento de las migratorias.
«Quizás simplemente estén pensando: hagamos que esto desaparezca durante seis meses hasta después de las elecciones, no porque vaya a tener ningún efecto directo en las elecciones. Simplemente no quieren noticias sobre esto», opinó Krikorian.
La Casa Blanca remitió las consultas al DHS, cuyo portavoz reiteró que un anuncio será “hecho en el momento apropiado”, y que, mientras tanto, “los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan protección”.
El efecto Bukele
Según Politico, otro elemento dentro de las discusiones es la posición del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aliado de Trump, quien presionó a Estados Unidos para mantener las protecciones. Muchos salvadoreños han permanecido bajo el TPS durante 25 años y miles tienen hijos y nietos estadounidenses.
Empresarios también pidieron a la Casa Blanca evitar la eliminación del programa ante el impacto que tendría sobre trabajadores en un mercado laboral con poca disponibilidad de mano de obra.
“Texas tiene la segunda población salvadoreña más grande después de Los Ángeles, y en términos de cuánto tiempo ha existido esta población, estos son empleados conectados con algunos donantes de muy alto nivel y líderes empresariales que se han acercado al presidente y a altos funcionarios”, señaló una cuarta persona cercana a la administración.
En contraste, los sectores partidarios de soportar las medidas migratorias sostienen que las condiciones en El Salvador mejoraron y señalan que el aviso de viaje del Departamento de Estado se encuentra actualmente en el nivel más seguro, Nivel 1.
La demora también contrasta con las medidas de la administración para revocar el TPS y otras protecciones humanitarias a cientos de millas de inmigrantes.
Una fuente cercana al gobierno consideró que la situación refleja “tensión dentro de la Casa Blanca sobre qué hacer” y advirtió que cualquier decisión será “impopular con alguien pase lo que pase”.
«La política va en ambos sentidos. Existe la percepción de que si [Trump] les permitiera quedarse, eso de alguna manera tendría algún tipo de beneficio político para algún candidato republicano en algún lugar, ¿o para él?». añadido. «Por otro lado, también está contribuyendo a la frustración de algunas personas del lado más agresivo de la aplicación de la ley porque el presidente se ha vuelto blando».
La falta de una decisión mantiene en incertidumbre a la comunidad salvadoreña, después de que transcurrieron casi tres semanas desde la fecha de vencimiento sin que se anunciara una extensión o terminación.
La administración de Trump terminó el TPS para más de una docena de países, aunque las protecciones para El Salvador, Líbano, Sudán, Ucrania y algunos inmigrantes venezolanos permanecen activas.
Una encuesta de American Business Immigration Coalition encontró que el 76% de los hispanos consultados en estados competitivos prefería candidatos que apoyaran un estatus legal permanente para inmigrantes sin autorización de larga permanencia que trabajan e impuestos paganos en Estados Unidos.
Las decisiones migratorias también han tenido repercusiones en sectores económicos. Algunos senadores de estados agrícolas expresan preocupación por el impacto de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en plantas procesadoras de carne, mientras organizaciones de ganaderos y procesadores aseguran haber perdido millones en ingresos.
“Estos son ejemplos de estados donde hay una población blanca que envejece. No tienen gente que pueda ir a trabajar en mataderos en la industria ganadera en Kansas”, afirmó Matt Barreto. “Así que es una parte cada vez más importante de sus economías, y andar haciendo estas redadas de personas que están trabajando no resuelve nada, y ciertamente no mejora los precios ni la inflación”.
