Etiqueta: Departamento del Tesoro

  • Condenan a 15 años de cárcel a Barney, cabecilla de la MS prófugo desde 2015

    Condenan a 15 años de cárcel a Barney, cabecilla de la MS prófugo desde 2015

    El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, impuso una pena de 15 años de prisión a Moris Alexander Bercián Manchón, alias “Barney”, identificado como financista y líder de la pandilla MS-13, por el delito de lavado de dinero y activos, en perjuicio del orden socioeconómico del país.

    La sentencia se basó en una investigación desarrollada entre los años 2003 y 2015, en la cual se comprobó que Bercián Manchón registró un incremento patrimonial injustificado. Durante ese período, adquirió al menos ocho vehículos, 21 inmuebles y realizó múltiples transacciones financieras de alto valor.

    Según la pericia técnica presentada en el juicio, el mayor movimiento económico ocurrió entre 2004 y 2009, cuando el acusado aumentó su patrimonio en $656,585.93. A pesar de estas cifras, sus registros en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan un salario mensual que oscilaba entre $158 y $198 entre los años 2005 y 2008, sin capacidad demostrada para justificar ese volumen de adquisiciones.

    La condena fue aplicada bajo el marco del Código Penal anterior, y se dictó en ausencia del imputado, conforme a reformas recientes que permiten juzgar a procesados ausentes.

    Un reportaje de Diario El Mundo de junio de 2013 relata la incautación de droga a «Barney».

    Figura clave del crimen organizado

    Bercián Machón fue  sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su papel como operador financiero de estructuras criminales en junio de 2013.

    Bercián Manchón formaba parte entonces de una célula conocida como La Normandia y era señalado desde 2013 como jefe de las operaciones pandilleriles en Santa Tecla, Puerto La Libertad, Ateos, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana, Quezaltepeque y Lourdes.

    También era considerado como el líder en mover la droga por todo el corredor del Pacífico hasta la frontera con Guatemala y de recibir drogas por botes.

    En junio del año 2007, Moris Alexander Bercián Machón fue señalado por un testigo criteriado en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate como el responsable de haber ordenado el homicidio de 19 personas en ese departamento, pero no fue procesado y en cambio, 15 de sus aliados fueron condenados a penas de hasta 60 años. A pesar del señalamiento, la Fiscalía de entonces nunca lo procesó.

    Dos años más tarde, en 2009 fue detenido por tráfico ilícito de seis kilos de cocaína, (el caso recién absuelto en 2023) y en 2010 enfrentó un juicio por ese caso, donde fue absuelto por un tecnicismo jurídico, debido a que la droga no fue embalada; la Fiscalía presentó un recurso de casación en la Sala de lo Penal y ésta ordenó un nuevo juicio.

    Bercián Machón tenía medidas sustitutivas pero el 25 de septiembre de 2015 no llegó a firmar y el tribunal le giró una orden de captura que hasta el momento sigue vigente. Alias Barney es uno de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil, y mantiene una orden de captura internacional.

    En El Salvador, también enfrenta procesos judiciales por delitos vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

    En agosto de 2022, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) incautó seis inmuebles en el departamento de Sonsonate y tres vehículos a Bercián Machón.

     

     

  • ¿Qué se sabe hasta ahora del petrolero venezolano confiscado por Venezuela?

    ¿Qué se sabe hasta ahora del petrolero venezolano confiscado por Venezuela?

    Estados Unidos trasladó este jueves a uno de sus puertos el petrolero venezolano incautado el día anterior para inspeccionar su cargamento de crudo, en un nuevo capítulo de la campaña militar que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump mantiene en el Caribe frente a Venezuela.

    «El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

    La operación se llevó a cabo de manera conjunta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Departamento de Guerra (anteriormente Defensa) y la Guardia Costera, agregó.

    El petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado el miércoles por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times.

    El buque fue interceptado en un gran operativo, con efectivos estadounidenses fuertemente armados abordando la embarcación desde helicópteros y lanchas rápidas.

    La incógnita de la tripulación

    El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que los tripulantes del buque están «desaparecidos» y adelantó que llevará este hecho, que tacha de «piratería criminal», a instancias internacionales.

    Según Leavitt, el petrolero está actualmente pasando por «un proceso de decomiso» y Estados Unidos tiene un equipo de investigación a bordo que está interrogando a la tripulación.

    Maduro también afirmó que el buque transportaba 1.900.000 barriles de petróleo. Además, denunció que esta incautación revela que el despliegue militar de Estados Unidos es para «robar» el crudo venezolano.

    Falsa bandera de Guyana

    El buque navegaba con una bandera de Guyana, un país vecino a Venezuela que ha dado su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe y que sigue en disputa con Caracas por el Esequibo, una región fronteriza administrada por Georgetown.

    La incautación del petrolero se produjo el mismo día que Guyana anunció la firma de un acuerdo con EE.UU. para ampliar la cooperación militar entre ambos países.

    Las autoridades marítimas guyanesas confirmaron que este petrolero de nombre Skipper no está registrado en el país y denunciaron que este uso «no autorizado de la bandera» es «inaceptable».

    Rechazo de Colombia y Cuba 

    Un día después de la incautación del petrolero, el Gobierno colombiano de Gustavo Petro rechazó el ataque y dijo que su nación no tiene ninguna razón para denegar una posible solicitud de asilo del Maduro, en caso de dejar el poder en su país.

    Antes de la reacción colombiana, Trump había apuntado a Petro como «el siguiente» foco de su presión militar, que ha dicho que podría expandir a operaciones terrestres en Venezuela pronto.

    Otra nación que condenó la incautación estadounidense fue Cuba, cuyo presidente, Miguel Díaz-Canel, aseguró que «constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país».

    Nuevas sanciones contra familiares de Maduro

    Además de la incautación del petrolero, el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y a Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores.

    Los tres forman parte de una batería de sanciones de la Administración de Donald Trump que también afecta al sector petrolero venezolano, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, y bloqueando a seis buques.

    El Departamento del Tesoro apuntó en un comunicado que Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los «narcosobrinos», fueron arrestados en Haití en 2015 por narcotráfico y condenados en Estados Unidos en 2016.

    En su última aparición pública, Trump dijo en la Casa Blanca que su campaña de presión frente a las costas venezolanas «se trata de muchas cosas», cuando fue cuestionado por periodistas luego de la incautación del petrolero.

    «Cualquiera que se involucre en eso ahora mismo no le va a ir bien», apuntó Trump, que volvió a repetir que los ataques «en tierra» sobre grupos que Washington vincula con el narcotráfico «se están poniendo en marcha».

  • EE.UU. sanciona a tres sobrinos de Maduro a los que acusa de narcotráfico

    EE.UU. sanciona a tres sobrinos de Maduro a los que acusa de narcotráfico

    El Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones financieras contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusados de reanudar actividades de narcotráfico. Las medidas, lideradas por el Departamento del Tesoro, también afectan a un empresario panameño, seis compañías navieras y seis embarcaciones vinculadas al régimen venezolano.

    Los sancionados son Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, todos parientes de la primera dama venezolana, Cilia Flores. Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, fueron arrestados en 2015 en Haití y condenados en 2016 en Estados Unidos por tráfico de drogas. Aunque fueron liberados en octubre de 2022 bajo la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro, las autoridades estadounidenses aseguran que ambos retomaron sus operaciones ilegales en 2025 desde Venezuela.

    El tercer sancionado, Malpica Flores, fue vicepresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y había sido sancionado previamente en 2017. Sin embargo, en 2022, su nombre fue retirado temporalmente de la lista para facilitar negociaciones sobre elecciones democráticas en Venezuela. Según el Departamento del Tesoro, ha vuelto a tener un papel clave en las redes financieras del régimen.

    También fue sancionado Ramón Carretero Napolitano, un empresario panameño acusado de obtener contratos millonarios con el gobierno de Maduro.

    “El objetivo de estas sanciones es revertir el fallido intento de la administración Biden de pactar con Maduro, lo cual solo fortaleció su control dictatorial”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

    El Departamento de Estado, por su parte, subrayó que los individuos sancionados son parte de las estructuras que apoyan al “régimen corrupto e ilegítimo de Maduro”.

    Estas acciones forman parte de una renovada estrategia de presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta semana también ordenó la incautación de un buque petrolero frente a las costas venezolanas y la destrucción de embarcaciones presuntamente utilizadas en operaciones de narcotráfico vinculadas al gobierno chavista.

  • EE.UU. impone sanciones financieras a Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico

    EE.UU. impone sanciones financieras a Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones financieras contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha señalado como “líder del narcotráfico”.

    La medida también incluye a la primera dama, Verónica Alcocer, al hijo del presidente, Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes fueron incorporados a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

    Esto implica el congelamiento de sus activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar cualquier transacción financiera con ellos por parte de ciudadanos o empresas de EE.UU.

    “Desde que Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado oficial.

    Bessent acusó al mandatario colombiano de permitir el fortalecimiento de cárteles de droga bajo el amparo de su política de “paz total” y de rehusar detener el crecimiento de la actividad narcotraficante.

    Petro dice que es una «paradoja»

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que él, sus hijos y su esposa figuran en la lista de la OFAC, lo que calificó de una «paradoja» y atribuyó a su lucha contra el narcotráfico.

    «Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína», escribió Petro en X, en medio de la escalada de tensiones entre Colombia y Estados Unidos por la lucha antidrogas.

    El mandatario dijo que «se cumplió» la «amenaza» del senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, quien había adelantado hace días en una entrevista con Fox News que Petro y su familia podrían entrar en la lista de sanciones económicas y comerciales del Departamento del Tesoro estadounidense.

    «Yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC», confirmó Petro, que agregó: «Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas».

    Revocación de visa y tensiones diplomáticas

    Las tensiones entre ambas administraciones se intensificaron luego de que EE.UU. revocara la visa diplomática a Petro. La decisión se tomó tras un polémico discurso del presidente colombiano en Nueva York, donde instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes de Trump sobre la guerra en Gaza.

    Esta semana, Trump calificó a Petro como un “matón y un mal tipo que fabrica muchas drogas” y anunció la suspensión de la ayuda económica para Colombia, que además fue retirada de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico.

    El Departamento del Tesoro sostuvo que Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína a nivel mundial, y que la droga “suele ser adquirida por cárteles mexicanos que la introducen en EE.UU. por la frontera sur”.

    La administración Trump considera que el modelo de Petro —que sustituyó la erradicación forzada por una política centrada en la salud pública y desarrollo social— ha sido contraproducente.

    Petro, por su parte, defendió su enfoque y acusó a Trump de “calumniar e insultar a Colombia”, reiterando que su plan busca reducir la violencia y ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades rurales.

     

  • El petróleo WTI sube 5.68 % tras sanciones de Trump a petroleras rusas

    El petróleo WTI sube 5.68 % tras sanciones de Trump a petroleras rusas

    El precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un fuerte repunte del 5.68 % este jueves a mediodía, alcanzando los $61.82, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevas sanciones contra las dos mayores petroleras de Rusia: Rosneft y Lukoil.

    El petróleo WTI es el de referencia para El Salvador y el resto de los países centroamericanos.

    Hasta el mediodía del jueves, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre aumentaban $3.32 respecto al cierre anterior, según datos del mercado.

    El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que las sanciones afectarán la capacidad del Kremlin para recaudar fondos que financien su ofensiva militar en Ucrania. La medida se enmarca en un nuevo esfuerzo por presionar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para que acepte un acuerdo de paz.

    Según publicó The Wall Street Journal, esta acción busca dejar claro que la paciencia del presidente Trump con el gobierno ruso se está agotando, al tiempo que Estados Unidos explora nuevas formas de presión diplomática y económica.

    Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, minimizó el impacto de las sanciones asegurando que el país “ha desarrollado una sólida inmunidad a este tipo de restricciones”.

    En su informe diario, The Sevens Report, el analista Tom Essaye advirtió que estas sanciones “podrían cambiar el panorama hacia una dirección más alcista, aunque aún está por verse el alcance y la aplicación de las sanciones”.

    “Si bien esto obviamente ha provocado un repunte alcista, es demasiado pronto para afirmar que estos movimientos alteren lo que sigue siendo un mercado petrolero con dificultades”, concluyó Essaye.

     

  • Costa Rica aprueba extradición de exministro a EE.UU. por narcotráfico

    Costa Rica aprueba extradición de exministro a EE.UU. por narcotráfico

    El Tribunal Penal de San José ordenó este martes la extradición del exministro de Seguridad y exmagistrado costarricense, Celso Gamboa, hacia Estados Unidos, donde es requerido por delitos de narcotráfico junto a otros dos sospechosos. La defensa aún tiene un plazo de tres días para apelar la decisión.

    De acuerdo con los abogados Natalia Gamboa y Michael Castillo, la extradición fue autorizada por el tribunal, aunque aún podría retrasarse debido a juicios pendientes que Gamboa enfrenta en Costa Rica. Si se presenta una apelación, será evaluada por un Tribunal de Apelaciones, sin un plazo definido para emitir resolución.

    Celso Gamboa, de 49 años, fue ministro de Seguridad entre 2014 y 2015, director de Inteligencia Nacional (2013-2014) y magistrado de la Sala Tercera en 2016. Sin embargo, fue suspendido año y medio después, tras verse envuelto en un escándalo de corrupción.

    Además de Gamboa, Estados Unidos solicita la extradición de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, de 48 años, y Jonathan Álvarez Alfaro, alias “Profe”, por su presunta participación en operaciones de tráfico internacional de drogas. Los tres permanecen detenidos desde hace varios meses.

    Esta sería la primera extradición de ciudadanos costarricenses tras la reforma constitucional aprobada en mayo pasado por el Congreso, que permite la entrega de nacionales únicamente en casos de terrorismo y narcotráfico.

    Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., Gamboa lideraba una red criminal que facilitaba el envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, usando Costa Rica como punto clave. Se le acusa de utilizar sus contactos dentro del Gobierno para obtener y vender información sobre investigaciones antidrogas a otros narcotraficantes, como Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

    También se le atribuye el lavado de dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star, que militaba en la segunda división del país. La Fiscalía del Distrito Este de Texas lo requiere por asociación ilícita y distribución internacional de cocaína en grandes cantidades.

    En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó a Gamboa, López y a otros dos costarricenses: Alejandro James Wilson, alias “Turesky”, y Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, considerado el narcotraficante más buscado de Costa Rica. Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de $500,000 por información que lleve a su captura.

    En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado un fuerte aumento en la violencia homicida, atribuida en más del 70 % a disputas entre grupos de narcotráfico. En 2024, el país reportó 880 homicidios, la segunda cifra más alta en su historia, con una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes. En 2023, se registraron 905 asesinatos, un aumento del 38 % respecto a 2022.