Etiqueta: deportaciones masivas

  • EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    El Gobierno de Estados Unidos inició el proceso para comprar más de 20 bodegas en todo el país y usarlas para detener a miles de migrantes, según confirmó este viernes la agencia Bloomberg.

    Las instalaciones, algunas de las cuales servían como almacenes para comercio en línea, serán transformadas en centros de detención gigantes. El de mayor tamaño, ubicado en Hutchins (Texas), tendrá capacidad para encarcelar hasta a 9.500 migrantes.

    El Gobierno no ha confirmado de manera oficial estos planes, pero en noviembre de este año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó un contrato de casi 30 millones de dólares a una empresa con sede en Kansas para el diseño de «centros de procesamiento y megacentros de detención».

    A su vez, funcionarios municipales en Virginia y Texas confirmaron a medios locales la existencia de los planes del Gobierno en sus jurisdicciones.

    Los planes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para abrir estos nuevos centros llegaron en medio de fuertes protestas en Mineápolis en rechazo a las políticas antimigratorias y al despliegue de agentes federales en las comunidades.

    De acuerdo con una lista publicada por Bloomberg, además del centro en Hutchins, el Gobierno planea abrir otros tres más en Texas: uno en El Paso, con 8.500 camas, otro a las afueras de San Antonio, con 1.500 camas y otro en McAllen, con capacidad para 500 migrantes.

    El DHS también tiene planes para combatir bodegas en cárceles en Georgia, Misisipi, Utah, Pensilvania, Misouri, Maryland, Arizona, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana , Oklahoma, Minesota, Michigan e Indiana.

    Para cumplir su promesa de llevar a cabo la «mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos», Trump se ha apresurado a abrir más cárceles para migrantes en todo el país, incluidos centros señalados por denuncias de abusos a los derechos humanos, como Alligator Alcatraz, en Florida, o Camp East Montana, en El Paso (Texas), que actualmente cuenta con la mayor capacidad de cualquier centro de detención del país, con unos 5.000 internos.

    En abril del año pasado el director encargado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, aseguró querer que el proceso de deportaciones en el país funcionara como «Amazon (empresa multinacional estadounidense de tecnología y comercio electrónico) para seres humanos».

    Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

    El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

    Todos los muertos que se han reportado este año han sido en Camp East Montana: uno de ellos por suicidio, otro tras una falla renal y el tercero por «homicidio» en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

    En diciembre, una coalición de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch, envió una carta exigiendo a ICE la clausura de Camp East Montana, citando denuncias de condiciones «inhumanas», agresiones físicas y abusos sexuales contra las personas detenidas allí.

  • Trump defiende las redadas migratorias y justifica la violencia de ICE

    Trump defiende las redadas migratorias y justifica la violencia de ICE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) «no han ido suficientemente lejos» y defendió las tácticas violentas mostradas en videos, durante una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena CBS.

    Al ser cuestionado sobre si las operaciones fueron excesivas —en imágenes se ve a agentes empujando al suelo a una mujer, empleando gases lacrimógenos en una zona residencial y rompiendo cristales de un vehículo— Trump respondió: «No, creo que no han ido suficientemente lejos porque hemos sido retenidos por los jueces, los jueces liberales que pusieron (los expresidentes demócratas) Biden y Obama».

    Preguntado si le parecían aceptables las tácticas registradas en los videos, sostuvo: «porque tienes que sacar a la gente fuera», y recurrió a la criminalización generalizada de los migrantes al afirmar que «muchos son asesinos».

    Sobre la deportación de indocumentados que no tienen antecedentes penales, evitó confirmar si esa será la intención explícita de su Administración y se limitó a decir: «Debemos empezar con una política, y la política debe ser: usted entró en el país ilegalmente, usted se va a ir».

    Trump volvió a afirmar una cifra de inmigrantes indocumentados en EE. UU. —25 millones— sin aportar pruebas que la respalden, y negó fijar una meta concreta que le permita declarar la política migratoria como «misión cumplida».

    Sobre el impacto económico y social de las redadas, el presidente calificó en primera instancia a algunos trabajadores afectados como «jardineros criminales», para luego reconocer que necesita mano de obra en el campo: «jardineros y granjeros más que nadie».

    Sus declaraciones reavivan el debate sobre seguridad, derechos humanos y la disponibilidad laboral en estados que dependen de trabajadores migrantes.

     

  • La Justicia de EE.UU. ordena la liberación de Kilmar Ábrego e impide a migración detenerlo

    La Justicia de EE.UU. ordena la liberación de Kilmar Ábrego e impide a migración detenerlo

    Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles la liberación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue enviado por error a la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, y prohibió que las autoridades migratorias lo detengan de inmediato tras su excarcelación.

    Ábrego García, residente legal en Maryland desde hace más de una década, fue repatriado a EE.UU. en junio de 2025 tras permanecer varios meses encarcelado en El Salvador.

    El salvadoreño fue uno de los más de 200 migrantes deportados sin derecho a audiencia bajo el plan de expulsiones masivas impulsado por el presidente Donald Trump. Su caso se convirtió en un símbolo de los abusos denunciados por organizaciones de derechos humanos.

    El juez Waverly Crenshaw, del estado de Tennessee, determinó que el gobierno federal no demostró que Ábrego represente un “peligro para la comunidad” y ordenó su liberación. No obstante, una corte superior accedió a una solicitud de su defensa para aplazar su salida por 30 días, ante el riesgo de una deportación inmediata.

    En paralelo, la jueza Paula Xinis, en Maryland, dictó otra resolución que obliga al gobierno estadounidense a trasladar a Ábrego de vuelta a su residencia y notificarse con 72 horas de anticipación en caso de intentar deportarlo nuevamente.

    “Comparto la preocupación de que el Gobierno pueda deportarlo una vez más sin el debido proceso”, advirtió la jueza Xinis en su resolución.

    Ábrego fue detenido en marzo y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a pesar de contar con un estatus migratorio que le brindaba protección contra la deportación. Según su defensa, el salvadoreño huyó de su país hace más de una década tras recibir amenazas y extorsiones por parte de la pandilla Barrio 18.

    En respuesta a las críticas, el Gobierno estadounidense intentó vincularlo con la pandilla MS-13, pese a que no existían cargos en su contra en ese momento. Posteriormente, fue trasladado a Tennessee para enfrentar acusaciones por presuntamente transportar a personas indocumentadas, aunque su defensa sostiene que estas acusaciones buscan justificar su expulsión ilegal.

    El caso de Ábrego ha generado una ola de reacciones por parte de defensores de derechos humanos, quienes califican este tipo de acciones como una forma de “desaparición forzada”, sin acceso a defensa legal y en violación del debido proceso migratorio.