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El lunes 24 de julio de 1944, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador le envió una nota al embajador estadounidense Walter Clarence Thurston (1894-1974). En ella le expresaba que “la opinión del Gobierno de El Salvador es la de que el Nuevo Orden que surja después de esta tremenda conflagración debe estar basado en la solidaridad e interdependencia de las Naciones todas, sin distinción de fuerza material ni territorial para lo cual será necesario extinguir todo espíritu imperialista, sea de orden político, económico y comercial, pues considera que sólo a base de respeto irrestricto a las soberanías, por débiles y raquíticas que sean, debe levantarse la futura estructura internacional. Opina, asimismo, el Gobierno de El Salvador, que tal estructura internacional debe asemejarse a la Sociedad de las Naciones, sin las deficiencias que ésta acusó en su existencia”.

El Salvador perteneció durante casi 25 años (1923-1937) a la Sociedad de Naciones, surgida tras la Primera Guerra Mundial, conflicto global en el que la más pequeña de las repúblicas centroamericanas adoptó una posición neutral. El 7 de septiembre de 1929, en la localidad suiza de Ginebra, el abogado y diplomático salvadoreño Dr. José Gustavo Guerrero fue el encargado de colocar la piedra fundacional del Palacio de las Naciones, futura sede de ese organismo internacional que cinco años más tarde sufriría un sobresalto con el reconocimiento salvadoreño al Imperio de Manchukuo fundado por las tropas japonesas en Manchuria (China).

Aquella carta del gobierno salvadoreño al embajador Thurston obedecía a una consulta hecha por Estados Unidos respecto a los intereses salvadoreños en cuanto a lo que se esperaba como resultado de las conversaciones diplomáticas que Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China desarrollarían entre agosto y octubre de 1944 en los jardines de Dumbarton Oaks, en la capital estadounidense, cuyos resultados formaron las bases para el la convocatoria y desarrollo de la Conferencia de Paz en el puerto californiano de San Francisco. En ese sentido, el gobierno salvadoreño presidido por el general Andrés Ignacio Menéndez le daba continuidad a lo fijado por la dictadura del brigadier Maximiliano Hernández Martínez, cuando en enero de 1942 se adhirió a los principios fijados en la Declaración de las Naciones Unidas. En ese momento, las Naciones Unidas eran sinónimos de las decenas de países aliados en contra del Eje Berlín-Roma-Tokio.

Entre 1941 y 1943, el régimen martinista no dudaría en aceptar dos millonarios préstamos estadounidenses, orientados a la adquisición de nuevos armamentos y a la construcción del tramo nacional de la Carretera Interamericana o Panamericana, proyectada para que llegara desde Alaska hasta la Patagonia. Ambas iniciativas cumplían con los intereses de la defensa continental frente a los potenciales ataques del Eje y sus quintacolumnistas contra submarinos, barcos de guerra y mercantes e instalaciones estratégicas como el Canal de Panamá, aeropuertos, refinerías, puertos, etc.

En la madrugada del viernes 20 de octubre de 1944, ocurrió algo en San Salvador que dejó a la República de El Salvador en suspenso internacional. Un día antes, los gobiernos aliados firmaron un tratado de paz con Italia, pero la república salvadoreña no envió delegado y no suscribió ese instrumento internacional, por lo que el estado de guerra decretado por la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 1941 aún persiste en su sentido legal. En esa madrugada del 21, un golpe de estado encabezado por el coronel Osmín Aguirre y Salinas derrocó al gobierno provisional del general Menéndez. Estados Unidos retiró al embajador Thurston -llegado al cargo en enero de 1943- y se negó a reconocer a ese régimen de facto, que se mancharía de sangre con la masacre de estudiantes en Ahuachapán en diciembre.

La situación de alejamiento de El Salvador de la esfera de las naciones aliadas concluyó el miércoles 21 de febrero de 1945, cuando el nuevo embajador estadounidense John Farr Simmons (1892-1968) le entregó sus cartas credenciales al coronel Aguirre y Salinas, en una ceremonia efectuada en el Salón de Honor de Casa Presidencial, en el barrio capitalino de San Jacinto. Aquel gesto no era un reconocimiento al gobierno golpista, sino a las elecciones presidenciales, en las que resultaron electos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República el general Salvador Castaneda Castro y el médico Dr. Manuel Adriano Vilanova, ratificados en sus cargos mediante el decreto legislativo no. 2 del jueves 15 de febrero. Esos nuevos mandatarios tomaron posesión de sus cargos el primer día de marzo, con la aprobación estadounidense y el reconocimiento creciente de muchos países. Con la urgencia del caso, había que designar a las nuevas autoridades del gabinete y, además, atender una invitación hecha por el embajador Simmons.

El viernes 2 y lunes 5 de marzo de 1945, sendos decretos del Poder Ejecutivo designaron al abogado Dr. Arturo Argüello Loucel como ministro de Relaciones Exteriores y al escritor y abogado Lic. Miguel Ángel Espino Najarro como subsecretario del ramo, con el veterano diplomático y jurisconsulto Dr. Vicente Reyes Arrieta Rossi como consultor del despacho y del Poder Ejecutivo en general. Una de las primeras acciones fue designar que los titulares, junto con el abogado Dr. Héctor Escobar Serrano, Carlos Adalberto Alfaro y Manuel Francisco Chavarría, fueran los delegados nacionales con plenos poderes en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz reunida en la capital mexicana. El Lic. Espino Najarro sería removido de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores a fines de ese mismo mes.

El acuerdo del Poder Ejecutivo no. 52 del lunes 19 de marzo de 1945 designó al abogado y diplomático Dr. Héctor Francisco David Castro Gomar (San Salvador, 24/4/1894-San Salvador, 01/4/1973) como embajador extraordinario y enviado plenipotenciario de El Salvador en los Estados Unidos.  Con una experimentada hoja de trabajo en el servicio exterior salvadoreño, el Dr. Castro Gomar había renunciado a ese alto cargo el 6 de noviembre del año anterior, como una forma de silente protesta ante el golpe de estado liderado por el coronel Aguirre y Salinas.  Como una de sus primeras designaciones en el cargo, el acuerdo del Poder Ejecutivo no. 61 del 3 de abril le ordenó al Dr. Castro Gomar que se incorporara como representante salvadoreño en la junta del Comité de Jurisconsultos de las Naciones Unidas (entiéndase, países aliados) que iniciaría reuniones el 9 de ese mes en la capital estadounidense, para desarrollar un anteproyecto de Corte Internacional de Justicia para someterlo el 25 de ese mismo mes ante el pleno de la Conferencia Internacional en San Francisco.  En ese marco se produjo el fallecimiento de Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32º Presidente de los Estados Unidos de América y uno de los principales líderes de la lucha contra el Eje y sus quintacolumnistas en América Latina, que lo llevó a ordenar la intervención de bienes y la captura y concentración de alemanes, italianos y japoneses en campos de detención en el sur estadounidense, algo que el régimen martinista salvadoreño cumplió a cabalidad en febrero de 1942, como unas de sus primeras acciones como parte de las naciones aliadas contra el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y el expansionismo japonés.

Ese mismo 3 de abril, el acuerdo ejecutivo no. 62 dio un paso trascendental al designar a la representación de El Salvador que debía asistir a la Conferencia Internacional en San Francisco. Como delegados con plenos poderes fueron designados los abogados Dr. Castro Gomar y José Antonio Quirós (San Miguel, 28/4/1888-San Miguel, 22/10/1969), así como al médico Carlos Leiva, un experto en tuberculosis y quien ya había fungido como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de El Salvador en los Estados Unidos a fines de la década de 1920 e inicios de la siguiente.

Como asistentes de esa delegación fueron nombrados José Valle en su carácter de encargado de Prensa y José Francisco Mixco, Director General de Presupuesto del gobierno salvadoreño, a quien se le otorgó una licencia con goce de sueldo para que pudiera cumplir con esa designación, en la que delegaciones de 50 países se reunirían entre el miércoles 25 de abril y el histórico martes 26 de junio de 1945 para trazar las líneas del futuro planetario cuando finalizaran los recios combates en los teatros de operaciones de los frentes europeo, africano y surasiático de la Segunda Guerra Mundial.

Para entonces, el gobierno del general Castaneda Castro ya había aceptado la renuncia interpuesta en octubre de 1944 por el coronel José Arturo Castellanos como cónsul general salvadoreño en Ginebra. Durante dos años y sin darle mayor información a los sucesivos gobiernos de Hernández Martínez y Menéndez, ese militar y diplomático había conducido una operación para suministrar unos inventados certificados salvadoreños nacimiento a más de 50,000 personas perseguidas en diversas partes de la Europa ocupada por los nazis, cientos de las cuales acabaron sus vidas en campos de detención y exterminio. Algunos de esos documentos salvadores llegaron tan lejos como Macao, una antigua posesión portuguesa en China. Ese tipo de gestos solidarios no sería olvidado a la hora de discutir el futuro del mundo en San Francisco, donde el derecho internacional humanitario tendría mucho que decir tras los exterminios masivos de carácter genocida, los bombardeos indiscriminados contra población civil y otros crímenes violatorios de los Tratados de Ginebra para la humanización de las guerras.

(Continuará)