Etiqueta: derechos civiles

  • España cumple 50 años de cambios sociales y económicos tras el fin de la dictadura

    España cumple 50 años de cambios sociales y económicos tras el fin de la dictadura

    España conmemora este mes 50 años desde la muerte del dictador Francisco Franco y lo hace como un país irreconocible respecto a 1975. La transición democrática trajo consigo una transformación acelerada en derechos civiles, estructura demográfica, modelo económico y valores sociales, con avances visibles, aunque no exentos de desafíos.

    En aquella época dominada por una moral católica oficial, el divorcio, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo eran impensables. Hoy, todos están regulados por ley. La eutanasia también es legal desde 2021. La secularización ha reducido la influencia de la Iglesia, y el número de matrimonios civiles supera ampliamente a los religiosos.

    Foto de archivo del dictador español Francisco Franco. EP

    La sociedad española ha envejecido. En 1975, solo el 10 % de la población tenía más de 65 años; en 2025, representan el 20.5 %, lo que tensiona el sistema de pensiones y la red sociosanitaria. Mientras tanto, la esperanza de vida aumentó de 73 a 84 años, pero los nacimientos se redujeron a la mitad: de 669,378 a 320,656.

    El país también ha experimentado un gran cambio demográfico. La población pasó de 35.3 millones a 49.3 millones, con un 14.2 % de inmigrantes. La migración ya no es solo hacia las ciudades o el extranjero; ahora España es receptora de población extranjera, especialmente en regiones como Madrid, Cataluña y Andalucía.

     

    Los derechos de las mujeres

    Uno de los cambios más visibles ha sido el avance de los derechos de las mujeres. En 1975, aún no podían abrir una cuenta bancaria sin permiso del marido o del padre.

    Hoy, España cuenta con leyes contra la violencia de género, igualdad salarial y derechos sexuales y reproductivos garantizados. A pesar de esto, los crímenes machistas siguen siendo una preocupación nacional.

    El informe más reciente de Cáritas advierte que 4.3 millones de personas viven en situación de exclusión social severa, un tercio de ellas menores de edad. El alto costo de la vivienda y la precariedad laboral siguen siendo barreras para la igualdad de oportunidades, pese a la disminución general de la pobreza desde los años setenta.

    Desde 1975, España ha multiplicado por cuarenta el producto interior bruto (PIB), ha aumentado más de cien veces el valor de las exportaciones y casi ha duplicado el número de ocupados. EFE

    La economía

    Desde el punto de vista económico, el país ha multiplicado por cuarenta su PIB y más que duplicado su fuerza laboral desde 1975. La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 y en el euro en 2002 supusieron un impulso clave para su integración internacional. En 2024, España alcanzó los 21.8 millones de ocupados.

    La economía de servicios se consolidó como motor principal, representando el 77 % del PIB nacional gracias, sobre todo, al turismo. En 2024, España recibió 94 millones de visitantes. En contraste, la industria y el sector primario perdieron peso de forma sostenida.

    No obstante, persisten desequilibrios. El desempleo, que era del 4.7 % en 1976, se sitúa ahora en el 10.4 %. La deuda pública representa el 103 % del PIB. Según el Consejo General de Economistas, aunque España ha cerrado brechas con países como Italia y Francia, los retos estructurales aún condicionan su crecimiento.

    Medio siglo después de la dictadura, España se posiciona como un país plural, con avances democráticos y sociales consolidados. Pero la desigualdad, el acceso a la vivienda y el envejecimiento poblacional figuran como desafíos clave para el próximo ciclo histórico.

     

  • Un 64 % de los latinos en EE.UU. desaprueban gestión del presidente Donald Trump

    Un 64 % de los latinos en EE.UU. desaprueban gestión del presidente Donald Trump

    El 64 % de los votantes latinos en Estados Unidos desaprueba la gestión del presidente Donald Trump, según una encuesta de la organización UnidosUS divulgada este lunes. El estudio destaca además que el 41 % de estos ciudadanos teme ser arrestado por autoridades migratorias, aunque cuenten con ciudadanía o residencia legal.

    La encuesta titulada Bipartisan Poll of Hispanic Voters: The Road to 2026 fue elaborada por la firma BSP Research entre el 8 y el 22 de octubre, y se basó en una muestra nacional de 3,000 latinos. El margen de error es del 1.8 %.

    A pesar de la desaprobación mayoritaria, solo un 13 % de quienes votaron por Trump en 2024 asegura que no lo haría nuevamente. Un 9 % de ese mismo grupo se mostró indeciso respecto a su respaldo futuro, revelando una compleja relación con el liderazgo del actual mandatario.

    En cuanto a las principales preocupaciones de los votantes latinos, el 53 % mencionó el alto costo de vida y la inflación como su mayor problema. Le siguieron el empleo y la economía (36 %), vivienda (32 %), salud pública (30 %) e inmigración (20 %).

    Un 39 % de los encuestados dijo que su situación económica actual es peor que la de hace un año, mientras que solo un 14 % afirmó estar mejor. Además, la mitad de los consultados cree que las políticas económicas del presidente Trump empeorarán su situación.

    El 65 % opina que tanto el presidente como el Partido Republicano no están enfocándose en resolver los problemas económicos que enfrenta la población. Esta percepción se intensificó tras el cierre del Gobierno, ocurrido el 1 de octubre, debido a diferencias entre demócratas y republicanos sobre temas presupuestarios como subsidios médicos.

    La encuesta también muestra que el 61 % culpa a los republicanos por ese cierre gubernamental, mientras que el 22 % señala a los demócratas. De cara a las elecciones de medio término de 2026, el 52 % planea votar por un candidato demócrata, frente al 28 % que se inclina por un republicano.

    En el ámbito migratorio, el 72 % expresó su rechazo a un fallo de la Corte Suprema que permite a ICE realizar arrestos basándose en el idioma, el trabajo o la apariencia de una persona. El 33 % reportó pérdida de trabajadores por temor a redadas y el 29 % afirmó que niños han dejado de asistir a clases por ese mismo temor.

    En California, el estado con mayor población latina, el 74 % rechazó esos criterios de arresto y el 82 % dijo estar profundamente preocupado por la falta de control del Congreso frente al poder del Ejecutivo. Además, el 60 % expresó sentirse menos seguro respecto a sus libertades y derechos civiles bajo la actual administración.

     

  • Demócratas anuncian investigación sobre arrestos de ciudadanos en redadas migratorias

    Demócratas anuncian investigación sobre arrestos de ciudadanos en redadas migratorias

    Congresistas demócratas y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunciaron este lunes una investigación en el Congreso para esclarecer los arrestos de ciudadanos estadounidenses en las masivas redadas migratorias realizadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Hombres enmascarados están sacando a rastras de las calles a ciudadanos estadounidenses y metiéndolos en celdas de detención, sin acceso a un abogado y ni siquiera a una llamada telefónica”, denunció el congresista californiano Robert García, quien lidera el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

    García y el senador Richard Blumenthal, del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, exigieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la entrega de registros que expliquen las detenciones presuntamente arbitrarias. La solicitud se formalizó en una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, tras conocerse denuncias periodísticas sobre estas prácticas.

    Según una investigación del medio ProPublica, al menos 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante operativos migratorios, aunque el número podría ser mayor por la ausencia de datos oficiales. El informe advierte que muchas detenciones se realizaron sin acceso a defensa legal ni a comunicación externa.

    Los congresistas demócratas alertaron que las detenciones muestran un patrón que coincide con un repunte de la discriminación racial, especialmente hacia comunidades latinas, lo cual ha sido ampliamente documentado en Los Ángeles.

    La alcaldesa Karen Bass condenó la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump y sostuvo que representa un ataque directo a los derechos civiles. “Siempre defenderé a Los Ángeles. Los informes sobre angelinos –ciudadanos estadounidenses– que son sometidos a descargas eléctricas, arrastrados y detenidos ilegalmente deberían preocuparnos a todos”, afirmó.

    Bass destacó que tanto su administración como el Concejo Municipal han aprobado medidas para reforzar los protocolos y capacitar al personal en el cumplimiento de la ordenanza local que prohíbe el uso de recursos municipales para colaborar con operativos migratorios ordenados por la Administración Trump.

  • Jueza de Chicago prohíbe a ICE usar la fuerza contra prensa y manifestantes

    Jueza de Chicago prohíbe a ICE usar la fuerza contra prensa y manifestantes

    Una jueza federal de Illinois (EE.UU.) prohibió este jueves a los agentes federales desplegados en las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en el área de Chicago, usar la fuerza contra periodistas y manifestantes que no supongan una amenaza.

    La jueza Sara Ellis emitió esa orden, con 15 días de duración, en respuesta a una demanda de un grupo de periodistas, manifestantes y un religioso que alegaron haber sido lesionados por agentes federales fuera de las instalaciones del ICE en Broadview (Chicago).

    La orden establece que los agentes tienen prohibido «dispersar, arrestar, amenazar con arrestar o usar la fuerza física» contra periodistas o personas que puedan serlo a menos que tengan indicios de delito, y usar la fuerza contra cualquiera que no suponga una «amenaza inmediata» a los demás.

    También se les prohíbe utilizar armas de control de disturbios, como proyectiles y gas lacrimógeno, específicamente contra miembros de la prensa, manifestantes o religiosos que no supongan una amenaza para la seguridad de las fuerzas del orden u otras personas.

    Jon Schleuss, el presidente de NewsGuild-CWA, el mayor sindicato de periodistas de Norteamérica, aplaudió a la jueza, que «deja claro que el Gobierno no puede usar armas de control de disturbios contra periodistas, trabajadores de medios, manifestantes pacíficos y miembros del clero».

    «El periodismo no es un crimen. Todo estadounidense debe condenar ruidosamente el asalto de la Administración Trump contra nuestros derechos de la Primera Enmienda (libertad de expresión)», añadió.

    Este sindicato ya denunció en verano al Departamento de Seguridad Nacional por las redadas migratorias y protestas en el área de Los Ángeles en las que resultaron heridos periodistas, y la Justicia les dio la razón y enalteció precisamente la Primera Enmienda, recuerda la nota.

    El presidente del Gremio de Prensa de Chicago, Andy Grimm, que forma parte de los demandantes, pidió a los periodistas comunicar si los agentes les agreden con armas como gas lacrimógeno o bolas de goma, son acosados o sujetos a cualquier fuerza o intimidación durante su labor.