El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este martes la muerte del reverendo Jesse Jackson, a quien calificó como un “buen hombre” y aseguró que, pese a las críticas que ha recibido por supuestas posturas racistas, siempre mantuvo una relación cordial con el líder afroestadounidense.
“»El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Lo conocí bien, mucho antes de ser presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y ‘astucia callejera’. Era muy afable, alguien que de verdad amaba a la gente»”, escribió Trump en su red social Truth Social, al referirse al histórico activista por los derechos civiles.
En su mensaje, el mandatario republicano sostuvo que, aunque sectores de la izquierda lo señalan de manera “falsa” como racista, su trato con Jackson fue siempre respetuoso y cercano. Según indicó, durante años le brindó apoyo cuando lo necesitó.
“»A pesar de que los canallas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas» lo llaman «falsa y constantemente racista», para él «siempre fue un placer ayudar a Jesse a lo largo del camino»”, expresó el Presidente de Estados Unidos en la misma publicación.
La muerte de Jesse Jackson marca el cierre de una etapa para el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y reaviva el debate político en torno a las relaciones raciales y el legado de líderes históricos en el país.
El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles en Estados Unidos y dos veces aspirante a la candidatura presidencial, falleció este martes a los 84 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido en redes sociales.
“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del líder de los Derechos Civiles y fundador de la Coalición Rainbow PUSH, el Honorable Reverendo Jesse Louis Jackson”, indicó la familia, que precisó que murió “rodeado de su familia”.
En el mensaje destacaron que “Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo”.
La familia subrayó además “su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos” y afirmó que fue un “incansable agente de cambio” que dejó una huella profunda desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta la movilización de millones de votantes en todo el país.
Jackson fundó en 1971 la organización que más tarde se convertiría en la Rainbow PUSH Coalition, tras la fusión con The National Rainbow Coalition en 1996.
El movimiento, definido como multirracial y progresista, tiene como misión proteger y ampliar los derechos civiles y promover la justicia social a nivel nacional e internacional. También creó Operation PUSH tres años después del asesinato de Martin Luther King Jr., crimen que presenció en 1968 en Memphis.
En 2017, Jackson reveló que padecía la enfermedad de Parkinson y posteriormente fue hospitalizado para tratar una enfermedad neurodegenerativa rara y grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP), según informó su organización. A pesar de su deterioro de salud, continuó activo en la vida pública hasta que en 2023 dejó oficialmente la dirección de Rainbow PUSH Coalition.
Con su muerte, Estados Unidos despide a una de las figuras más influyentes del movimiento moderno por los derechos civiles, cuyo legado marcó la lucha por la igualdad racial y la participación política de las minorías durante más de cinco décadas.
La jueza federal Kate M. Menéndez, que presidió este lunes una vista para decidir la legalidad o no del despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota, aseguró que «es evidente que nos encontramos en unos tiempos sorprendentemente inusuales» en relación a la muerte de Alex Pretti el pasado sábado por los disparos de agentes federales.
La jueza, que ya dictaminó el pasado 16 de enero que los agentes federales no pueden detener a los manifestantes pacíficos que no obstruyan a las autoridades, señaló ayer que Minnesota «tiene un conjunto de valores en torno a la aplicación de la ley migratoria, y la Administración Trump, otros».
Aunque la audiencia en la corte federal terminó este mismo lunes, la jueza no emitió ningún fallo después de escuchar a los abogados del estado de Minnesota, las Ciudades Gemelas (Saint Paul y Mineápolis) y el Gobierno de Trump y se desconoce cuando se hará público.
En la vista de este lunes, uno de los abogados del estado de Minnesota aseguró que «esta situación no tiene precedentes en los 250 años de historia de nuestro país».
Y afirmó que el despliegue de agentes de inmigración, al que llamó «esencialmente un ejército», tenía la intención de «agitar las aguas con una conducta generalizada de violencia».
Por su parte, el abogado del Gobierno de Trump, declaró ante la juez federal que los agentes de inmigración están en Minnesota «para hacer cumplir la ley federal de inmigración» y añadió que «no hay nada que respalde esta afirmación de que estamos aquí por otra razón».
En una conferencia de prensa después de la audiencia sobre el aumento de la inmigración en ICE, el fiscal general de Minesota, Keith Ellison, dijo que una vez que el Gobierno federal decidió que la operación en las Ciudades Gemelas se trataba de «represalia, cruzaron la línea».
En medio de estas posiciones cruzadas, la jueza federal deberá decidir sobre el despliegue de unos 3.000 agentes de inmigración, que genera una situación de extrema tensión tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en menos de veinte días.
Las redadas contra inmigrantes se han multiplicado y lo que antes eran controles migratorios se han convertido, según denuncian vecinos y organizaciones, en auténticas cazas y detenciones aleatorias en cualquier punto del estado.
La decisión que adopte la jueza también tiene implicaciones para otros estados que han sido o podrían ser objeto de otras operaciones federales migratorias. Los fiscales generales de 19 estados más el Distrito de Columbia han presentado escritos apoyando a Minnesota.
Otro tribunal federal celebrará este lunes por la tarde una vista para evitar que las pruebas de la muerte de Pretti pueden ser «destruidas o alteradas».
El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó este domingo que el Departamento de Justicia (DOJ) no abrirá por ahora una investigación sobre el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a tiros a Renee Good en Minneapolis el pasado 7 de enero, al considerar que el funcionario actuó en defensa propia.
Blanche reiteró que no existe base para una investigación penal ni de derechos civiles porque, según la versión oficial, el agente —cuyos actos han sido admitidos por autoridades federales— respondió a una amenaza al intentar atropellarlo con su vehículo, una versión rechazada por familiares y varios testigos del incidente.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la decisión del Departamento de Justicia como un “asesinato injustificado” y han subrayado que los videos del tiroteo no demuestran que Good intentara usar su automóvil como arma.
La postura del DOJ marca un cambio significativo frente a prácticas de administraciones anteriores que solían abrir de inmediato investigaciones sobre posibles violaciones de derechos civiles en casos de uso de fuerza letal por parte de agentes federales.
La decisión de no investigar ha provocado un choque interno: al menos seis fiscales federales en Minnesota renunciaron en protesta por la falta de una revisión propia del caso, al tiempo que la familia de la víctima ha iniciado una investigación civil independiente con ayuda de abogados especializados en casos de uso excesivo de fuerza.
El tiroteo de Good desencadenó protestas y tensiones políticas en Minneapolis y a nivel nacional, intensificando el debate sobre el papel y el alcance de ICE en operativos de inmigración, y ha generado divisiones entre autoridades estatales y federales sobre transparencia y responsabilidad.
El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) lanzó este lunes dos sellos conmemorativos dedicados al histórico boxeador Mohamed Alí, en homenaje a su legado deportivo y social, casi una década después de su fallecimiento.
La ceremonia oficial se celebró en Louisville, Kentucky, ciudad natal de Alí, quien nació en 1942 como Cassius Marcellus Clay Jr. y se convirtió en uno de los íconos más influyentes del siglo XX, tanto dentro como fuera del ring.
“Debería estar en un sello postal, porque solo así alguien podría darme una repasada”, bromeó el propio Alí en vida, una frase que hoy cobra sentido con este homenaje simbólico que lo inmortaliza en el correo estadounidense.
Los sellos muestran una imagen de Mohamed Alí en posición de guardia, con guantes de boxeo, acompañada por su apellido en letras rojas o negras, dependiendo de la versión. El USPS ha impreso 22 millones de ejemplares, que estarán disponibles en las oficinas postales del país.
Con un récord profesional de 56 victorias y solo 5 derrotas, Alí ganó el campeonato mundial de los pesos pesados en 1964, 1974 y 1978. Más allá del boxeo, también fue un activista comprometido con los derechos civiles, la paz y la lucha contra la discriminación racial y religiosa.
“El mundo lo recuerda por su talento en el ring, pero su legado va mucho más allá”, destacó el Centro Cultural Mohamed Alí en un comunicado. “En una época en la que los afroamericanos luchaban por tener voz, él habló alto y claro sobre sus creencias, desafiando expectativas y empoderando a personas de todo el mundo, camino a convertirse en un ícono cultural mundialmente reconocido”.
Afectado por el Parkinson en sus últimos años, Alí redujo su presencia pública hasta su fallecimiento en 2016. Sin embargo, su figura continúa inspirando generaciones dentro y fuera del deporte.
España conmemora este mes 50 años desde la muerte del dictador Francisco Franco y lo hace como un país irreconocible respecto a 1975. La transición democrática trajo consigo una transformación acelerada en derechos civiles, estructura demográfica, modelo económico y valores sociales, con avances visibles, aunque no exentos de desafíos.
En aquella época dominada por una moral católica oficial, el divorcio, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo eran impensables. Hoy, todos están regulados por ley. La eutanasia también es legal desde 2021. La secularización ha reducido la influencia de la Iglesia, y el número de matrimonios civiles supera ampliamente a los religiosos.
Foto de archivo del dictador español Francisco Franco. EP
La sociedad española ha envejecido. En 1975, solo el 10 % de la población tenía más de 65 años; en 2025, representan el 20.5 %, lo que tensiona el sistema de pensiones y la red sociosanitaria. Mientras tanto, la esperanza de vida aumentó de 73 a 84 años, pero los nacimientos se redujeron a la mitad: de 669,378 a 320,656.
El país también ha experimentado un gran cambio demográfico. La población pasó de 35.3 millones a 49.3 millones, con un 14.2 % de inmigrantes. La migración ya no es solo hacia las ciudades o el extranjero; ahora España es receptora de población extranjera, especialmente en regiones como Madrid, Cataluña y Andalucía.
Los derechos de las mujeres
Uno de los cambios más visibles ha sido el avance de los derechos de las mujeres. En 1975, aún no podían abrir una cuenta bancaria sin permiso del marido o del padre.
Hoy, España cuenta con leyes contra la violencia de género, igualdad salarial y derechos sexuales y reproductivos garantizados. A pesar de esto, los crímenes machistas siguen siendo una preocupación nacional.
El informe más reciente de Cáritas advierte que 4.3 millones de personas viven en situación de exclusión social severa, un tercio de ellas menores de edad. El alto costo de la vivienda y la precariedad laboral siguen siendo barreras para la igualdad de oportunidades, pese a la disminución general de la pobreza desde los años setenta.
Desde 1975, España ha multiplicado por cuarenta el producto interior bruto (PIB), ha aumentado más de cien veces el valor de las exportaciones y casi ha duplicado el número de ocupados. EFE
La economía
Desde el punto de vista económico, el país ha multiplicado por cuarenta su PIB y más que duplicado su fuerza laboral desde 1975. La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 y en el euro en 2002 supusieron un impulso clave para su integración internacional. En 2024, España alcanzó los 21.8 millones de ocupados.
La economía de servicios se consolidó como motor principal, representando el 77 % del PIB nacional gracias, sobre todo, al turismo. En 2024, España recibió 94 millones de visitantes. En contraste, la industria y el sector primario perdieron peso de forma sostenida.
No obstante, persisten desequilibrios. El desempleo, que era del 4.7 % en 1976, se sitúa ahora en el 10.4 %. La deuda pública representa el 103 % del PIB. Según el Consejo General de Economistas, aunque España ha cerrado brechas con países como Italia y Francia, los retos estructurales aún condicionan su crecimiento.
Medio siglo después de la dictadura, España se posiciona como un país plural, con avances democráticos y sociales consolidados. Pero la desigualdad, el acceso a la vivienda y el envejecimiento poblacional figuran como desafíos clave para el próximo ciclo histórico.
El 64 % de los votantes latinos en Estados Unidos desaprueba la gestión del presidente Donald Trump, según una encuesta de la organización UnidosUS divulgada este lunes. El estudio destaca además que el 41 % de estos ciudadanos teme ser arrestado por autoridades migratorias, aunque cuenten con ciudadanía o residencia legal.
La encuesta titulada Bipartisan Poll of Hispanic Voters: The Road to 2026 fue elaborada por la firma BSP Research entre el 8 y el 22 de octubre, y se basó en una muestra nacional de 3,000 latinos. El margen de error es del 1.8 %.
A pesar de la desaprobación mayoritaria, solo un 13 % de quienes votaron por Trump en 2024 asegura que no lo haría nuevamente. Un 9 % de ese mismo grupo se mostró indeciso respecto a su respaldo futuro, revelando una compleja relación con el liderazgo del actual mandatario.
En cuanto a las principales preocupaciones de los votantes latinos, el 53 % mencionó el alto costo de vida y la inflación como su mayor problema. Le siguieron el empleo y la economía (36 %), vivienda (32 %), salud pública (30 %) e inmigración (20 %).
Un 39 % de los encuestados dijo que su situación económica actual es peor que la de hace un año, mientras que solo un 14 % afirmó estar mejor. Además, la mitad de los consultados cree que las políticas económicas del presidente Trump empeorarán su situación.
El 65 % opina que tanto el presidente como el Partido Republicano no están enfocándose en resolver los problemas económicos que enfrenta la población. Esta percepción se intensificó tras el cierre del Gobierno, ocurrido el 1 de octubre, debido a diferencias entre demócratas y republicanos sobre temas presupuestarios como subsidios médicos.
La encuesta también muestra que el 61 % culpa a los republicanos por ese cierre gubernamental, mientras que el 22 % señala a los demócratas. De cara a las elecciones de medio término de 2026, el 52 % planea votar por un candidato demócrata, frente al 28 % que se inclina por un republicano.
En el ámbito migratorio, el 72 % expresó su rechazo a un fallo de la Corte Suprema que permite a ICE realizar arrestos basándose en el idioma, el trabajo o la apariencia de una persona. El 33 % reportó pérdida de trabajadores por temor a redadas y el 29 % afirmó que niños han dejado de asistir a clases por ese mismo temor.
En California, el estado con mayor población latina, el 74 % rechazó esos criterios de arresto y el 82 % dijo estar profundamente preocupado por la falta de control del Congreso frente al poder del Ejecutivo. Además, el 60 % expresó sentirse menos seguro respecto a sus libertades y derechos civiles bajo la actual administración.
Congresistas demócratas y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunciaron este lunes una investigación en el Congreso para esclarecer los arrestos de ciudadanos estadounidenses en las masivas redadas migratorias realizadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Hombres enmascarados están sacando a rastras de las calles a ciudadanos estadounidenses y metiéndolos en celdas de detención, sin acceso a un abogado y ni siquiera a una llamada telefónica”, denunció el congresista californiano Robert García, quien lidera el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.
García y el senador Richard Blumenthal, del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, exigieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la entrega de registros que expliquen las detenciones presuntamente arbitrarias. La solicitud se formalizó en una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, tras conocerse denuncias periodísticas sobre estas prácticas.
Según una investigación del medio ProPublica, al menos 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante operativos migratorios, aunque el número podría ser mayor por la ausencia de datos oficiales. El informe advierte que muchas detenciones se realizaron sin acceso a defensa legal ni a comunicación externa.
Los congresistas demócratas alertaron que las detenciones muestran un patrón que coincide con un repunte de la discriminación racial, especialmente hacia comunidades latinas, lo cual ha sido ampliamente documentado en Los Ángeles.
La alcaldesa Karen Bass condenó la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump y sostuvo que representa un ataque directo a los derechos civiles. “Siempre defenderé a Los Ángeles. Los informes sobre angelinos –ciudadanos estadounidenses– que son sometidos a descargas eléctricas, arrastrados y detenidos ilegalmente deberían preocuparnos a todos”, afirmó.
Bass destacó que tanto su administración como el Concejo Municipal han aprobado medidas para reforzar los protocolos y capacitar al personal en el cumplimiento de la ordenanza local que prohíbe el uso de recursos municipales para colaborar con operativos migratorios ordenados por la Administración Trump.
Una jueza federal de Illinois (EE.UU.) prohibió este jueves a los agentes federales desplegados en las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en el área de Chicago, usar la fuerza contra periodistas y manifestantes que no supongan una amenaza.
La jueza Sara Ellis emitió esa orden, con 15 días de duración, en respuesta a una demanda de un grupo de periodistas, manifestantes y un religioso que alegaron haber sido lesionados por agentes federales fuera de las instalaciones del ICE en Broadview (Chicago).
La orden establece que los agentes tienen prohibido «dispersar, arrestar, amenazar con arrestar o usar la fuerza física» contra periodistas o personas que puedan serlo a menos que tengan indicios de delito, y usar la fuerza contra cualquiera que no suponga una «amenaza inmediata» a los demás.
También se les prohíbe utilizar armas de control de disturbios, como proyectiles y gas lacrimógeno, específicamente contra miembros de la prensa, manifestantes o religiosos que no supongan una amenaza para la seguridad de las fuerzas del orden u otras personas.
Jon Schleuss, el presidente de NewsGuild-CWA, el mayor sindicato de periodistas de Norteamérica, aplaudió a la jueza, que «deja claro que el Gobierno no puede usar armas de control de disturbios contra periodistas, trabajadores de medios, manifestantes pacíficos y miembros del clero».
«El periodismo no es un crimen. Todo estadounidense debe condenar ruidosamente el asalto de la Administración Trump contra nuestros derechos de la Primera Enmienda (libertad de expresión)», añadió.
Este sindicato ya denunció en verano al Departamento de Seguridad Nacional por las redadas migratorias y protestas en el área de Los Ángeles en las que resultaron heridos periodistas, y la Justicia les dio la razón y enalteció precisamente la Primera Enmienda, recuerda la nota.
El presidente del Gremio de Prensa de Chicago, Andy Grimm, que forma parte de los demandantes, pidió a los periodistas comunicar si los agentes les agreden con armas como gas lacrimógeno o bolas de goma, son acosados o sujetos a cualquier fuerza o intimidación durante su labor.
