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Etiqueta: derechos humanos. El Salvador

  • Procuradora premia a director de Tejido Social por su labor en la promoción y difusión de derechos humanos

    Procuradora premia a director de Tejido Social por su labor en la promoción y difusión de derechos humanos

    La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) celebró el jueves 4 la entrega del Premio Nacional a la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos 2025, destacando el trabajo de diversas personalidades e instituciones estatales en favor de una cultura de paz y la defensa de los derechos fundamentales.

    La procuradora Raquel Caballero de Guevara presidió la ceremonia, en la cual fue galardonado el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, quien recibió el reconocimiento por su supuesta labor en la promoción de los derechos humanos desde los programas sociales impulsados por el Gobierno.

    “Este impulso nos motiva a seguir trabajando por la defensa de los Derechos Humanos en todo el territorio, en línea con la visión país del presidente Nayib Bukele”, publicó la Dirección de Tejido Social en sus redes sociales tras el acto.

    Durante su discurso, la procuradora agradeció a los premiados por su trabajo a favor de la dignidad humana:

    “Gracias por cada esfuerzo solidario, por cada palabra y acción que busca proteger la vida, acompañar el sufrimiento, promover la justicia y sembrar esperanza. Ustedes encarnan el verdadero sentido del servicio público y el compromiso ciudadano”, expresó.

    Además de Marroquín, también fueron distinguidas tres juezas de la Corte Suprema de Justicia, así como el alcalde de San Salvador Sur, Mario Vásquez.

    La PDDH extendió reconocimientos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), y a la Dirección General de Migración y Extranjería, entre otras entidades públicas.

     

  • IDHUCA documenta 6,889 capturas arbitrarias en régimen de excepción, dice rector de la UCA

    IDHUCA documenta 6,889 capturas arbitrarias en régimen de excepción, dice rector de la UCA

    El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) ha registrado al menos 6,889 denuncias por capturas arbitrarias durante el régimen de excepción, informó este sábado el rector de la UCA, Mario Cornejo.

    El pronunciamiento se realizó en el marco del 36 aniversario de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989, perpetrada por el Ejército salvadoreño durante la guerra civil.

    “Aunque la mayoría percibe una mejora en la seguridad, también sabemos que numerosas personas están siendo detenidas sin debido proceso ni con posibilidad de defensa”, declaró Cornejo durante el acto conmemorativo.

    Agregó que estas detenciones, amparadas en el régimen, “no están apegadas al respeto de la dignidad de toda persona humana y a un estado de derecho”.

    Cornejo subrayó que muchas de las personas encarceladas o exiliadas por luchar por la justicia enfrentan procedimientos «aparentemente legales», pero que en realidad son injustos.

    El rector reiteró que estas prácticas no pueden normalizarse ni justificarse, incluso bajo el argumento del combate a la criminalidad.

    El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso salvadoreño en marzo de 2022 tras una ola de homicidios que dejó más de 80 muertos en un fin de semana. Desde entonces, se han registrado más de 89,900 detenciones sin una sola condena hasta la fecha.

    Pese a los cuestionamientos, el Gobierno ha mantenido su defensa del régimen como parte de su estrategia de seguridad.

    El propio Ejecutivo ha admitido que al menos 8,000 personas inocentes fueron detenidas durante la aplicación del régimen. Aunque muchas ya han sido liberadas, continúan bajo proceso penal, sin una resolución definitiva.

    La cifra refleja el alto margen de error en la ejecución de detenciones masivas bajo este esquema.

    El pasado 30 de octubre, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la 44ª prórroga del régimen. Según el decreto, aún persisten grupos terroristas cuya eliminación completa es necesaria para evitar un retroceso en los resultados obtenidos en seguridad.

    Si bien las estadísticas oficiales reportan una disminución drástica de homicidios y extorsiones, organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. Entre las denuncias destacan torturas, detenciones arbitrarias y más de 450 muertes bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.

    Cornejo concluyó que el país no puede construir una paz auténtica sin justicia ni respeto a la dignidad humana. “Todas estas personas, incluyendo a quienes hoy están presas o exiliadas por luchar en favor de la justicia, cargan con el peso de procedimientos aparentemente legales”, sentenció.

     

     

  • Marcela Villatoro sostiene que trabajo de la PDDH “ha sido invisible”

    Marcela Villatoro sostiene que trabajo de la PDDH “ha sido invisible”

    La diputada Marcela Villatoro reiteró ayer sus cuestionamientos al trabajo que realiza la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el cual califica de invisible.

    «A mi me da tristeza la forma cómo ha actuado la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos que no ha respondido de forma correcta y defender los derechos humanos de los salvadoreños de bien; y que la procuradora, que es la encargada de defender los derechos, no ha hecho absolutamente nada, realmente el trabajo de la PDDH ha sido invisible», criticó Villatoro.

    Estas declaraciones se dieron en el contexto de la primera Cumbre Global de los Derechos Humanos, que se realiza en El Salvador entre el 2 y el 4 de septiembre a iniciativa, precisamente, de la procuradora par la Defensa de Derechos Humanos y presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, Raquel Caballero de Guevara.

    Personas miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) publicaron en redes sociales que se dirigían en un bus hacia el lugar donde se realiza la cumbre y eran seguidos por una patrulla policial. La diputada dijo «estos hostigamientos no deben continuar».

    «El gobierno se ufana constantemente que dice que permite la libertad de expresión, no debería de buscar las forma de coartar a personas que piensan distinto de este gobierno. Son personas que han pasado situaciones de familiares con el régimen de excepción y lo que buscan es que se respeten sus derechos humanos», dijo.

    La procuradora busca ser reelegida para el siguiente período como titular de la PDDH, lo que también es cuestionado por Villatoro.

    «A mí me hubiera dado pena, con el trabajo tan deficiente que se ha tenido en la procuraduría y querer estar un período más, creo que no es la mejor decisión de su parte», aseveró la diputada.

    La PDDH, en su informe de labores, indica que ha emitido 4,190 resoluciones finales del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025, contra las instituciones como Policía Nacional Civil, Dirección General de Centros Penales, Ministerio Público (Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República), gobiernos locales, entre otros. El informe no detalla contenido de las resoluciones ni cantidad.

  • Trump arropa a Bukele ante las críticas por la reelección y los derechos humanos en El Salvador

    Trump arropa a Bukele ante las críticas por la reelección y los derechos humanos en El Salvador

    La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha consolidado como el principal respaldo internacional del presidente Nayib Bukele, apoyando la reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, cuestionadas por organismos internacionales.

    El fortalecimiento de la relación entre ambos gobiernos se vio impulsado por un acuerdo migratorio que permitió la deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde EE.UU., acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Organizaciones como Cristosal han denunciado que ambos Estados “actúan de forma coordinada para cometer graves violaciones a los derechos humanos”.

    Durante el Gobierno de Joe Biden, la relación entre Washington y Bukele atravesó tensiones, llegando incluso a incluir a funcionarios salvadoreños en listas de “actores corruptos”. En 2022, EE.UU. criticó la decisión de la Sala de lo Constitucional —con magistrados nombrados por la Asamblea oficialista— que habilitó la reelección inmediata de Bukele.

    Sin embargo, con la llegada del embajador William Duncan en 2023, las relaciones comenzaron a normalizarse. Bukele reconoció que gracias a Duncan se logró recomponer la comunicación con EE.UU., llegando incluso a condecorarlo a mediados de 2025.

    EE.UU. minimiza denuncias de atropellos

    El respaldo más reciente se refleja en el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de 2025, que asegura que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas”. Esto contrasta con el informe de 2023, bajo la administración Biden, que sí documentó torturas y malas condiciones en cárceles.

    La defensora de derechos humanos Celia Medrano criticó esta postura, señalando que el Gobierno de Trump ignora los atropellos en El Salvador “porque prioriza sus propios intereses geopolíticos”. Recordó además que más de 250 migrantes venezolanos denunciaron malos tratos y agresiones sexuales en cárceles salvadoreñas.

    Apoyo a la reelección indefinida de Bukele

    El 5 de agosto, el Departamento de Estado respaldó públicamente la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa oficialista que permite la reelección indefinida de Bukele, abriendo la puerta a un tercer mandato presidencial.

    “La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, señaló un portavoz del Departamento de Estado, descartando comparaciones con “regímenes dictatoriales ilegítimos” de la región.

    La oposición salvadoreña y organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han condenado la medida, asegurando que erosiona la democracia salvadoreña y acerca al país a modelos autoritarios como Nicaragua y Venezuela.