Bolivia completó un mes de bloqueos de carreteras impulsados por organizaciones sociales y sectores opositores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, una crisis que ha provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en distintas regiones del país.
El conflicto se desarrolla en medio de una compleja situación económica que afecta a los bolivianos desde 2023, caracterizada por la falta de divisas, el aumento de la inflación y crecientes dificultades para abastecer los mercados nacionales.
Las protestas comenzaron el pasado 6 de mayo y son lideradas por la Federación de Campesinos Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y grupos afines al expresidente Evo Morales. Los manifestantes sostienen que su principal exigencia es la salida de Rodrigo Paz del poder.
Inicialmente las movilizaciones se concentraron en La Paz y El Alto, pero posteriormente se extendieron a ocho de los nueve departamentos del país. Actualmente persisten cerca de un centenar de puntos de bloqueo que afectan el transporte de mercancías y la movilidad nacional.
Los sectores movilizados acusan al Gobierno de excluirlos de las decisiones estatales y denuncian supuestos intentos de privatización de servicios básicos mediante reformas vinculadas a energía, hidrocarburos y recursos evaporíticos. El Ejecutivo ha rechazado estas acusaciones y asegura que las leyes buscan modernizar sectores estratégicos.
El impacto económico del conflicto ya es considerable. La Cámara Nacional de Industrias estimó pérdidas cercanas a $2,100 millones, afectando tanto a empresas privadas como a trabajadores independientes que dependen del comercio y el transporte.
El sector turístico también reporta severas consecuencias. Según el Ministerio de Turismo, las pérdidas ascienden a aproximadamente $1,230 millones, además del deterioro de la imagen internacional del país como destino de inversión y turismo.
La crisis también ha dejado víctimas humanas. Datos de la Defensoría del Pueblo indican que al menos diez personas han fallecido durante el conflicto. Siete murieron por no recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos, mientras que otras tres perdieron la vida en hechos vinculados directamente con las protestas.
En el ámbito internacional, el Gobierno de Paz recibió respaldo de los países integrantes del Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos. Los gobiernos miembros denunciaron intentos de desestabilización y expresaron su apoyo a la administración boliviana.
Asimismo, Bolivia ha recibido asistencia humanitaria de Estados Unidos, Perú y Chile para enfrentar el desabastecimiento. Argentina también colaboró mediante el envío de aeronaves de carga destinadas a fortalecer el puente aéreo para trasladar alimentos hacia La Paz y El Alto.
Los intentos de diálogo impulsados por la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo, el Parlamento y organizaciones de derechos humanos no han prosperado. Las diferencias entre las partes y la negativa de los dirigentes de las protestas a flexibilizar sus demandas han impedido alcanzar acuerdos.
Durante las últimas semanas, la Policía y el Ejército realizaron operativos para habilitar corredores humanitarios en carreteras estratégicas. Sin embargo, las acciones derivaron en enfrentamientos y no lograron restablecer completamente la circulación.
Ante la persistencia del conflicto, han aumentado las voces que solicitan la declaración de un estado de excepción. El Parlamento eliminó recientemente restricciones legales que limitaban la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna, mientras avanza una reforma que ampliaría las facultades de los organismos de seguridad.
Pese a ello, Rodrigo Paz reiteró que su prioridad continúa siendo el diálogo y aseguró que utilizará todos los mecanismos constitucionales disponibles para restablecer la normalidad, aunque insistió en que una salida negociada sigue siendo la mejor alternativa para superar la crisis.
