Un tribunal federal de apelaciones en Washington ordenó este martes detener la investigación por desacato contra funcionarios de la administración de Donald Trump, vinculada a la deportación de migrantes venezolanos pese a órdenes judiciales que lo prohibían.
La decisión, adoptada por mayoría de 2-1 en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, representa la segunda ocasión en que se bloquea el intento del juez James E. Boasberg de avanzar en este proceso.
El caso se originó tras denuncias de que autoridades ignoraron resoluciones judiciales emitidas en 2025 para frenar vuelos de deportación hacia una prisión en El Salvador.
En su fallo, la jueza Neomi Rao sostuvo que el juez de primera instancia consideró una jurisdicción inapropiada frente al poder Ejecutivo, lo que limita cualquier posibilidad de avanzar en cargos por desacato.
La magistrada argumentó además que cualquier intento de procesar penalmente a funcionarios enfrentaría obstáculos, ya que la orden judicial original no especificaba claramente la prohibición de transferir a los migrantes.
Sin embargo, el proceso aún podría reactivarse, ya que los abogados de los migrantes anunciaron que apelarán la decisión ante el pleno de la corte.
“No puede haber ninguna duda seria de que la administración de hecho violó deliberadamente la orden del tribunal”. afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Por su parte, el fiscal general interino, Todd Blanche, aplaudió el fallo y dijo que pone fin a lo que calificó como una campaña judicial contra funcionarios del gobierno.
El caso se remonta a marzo de 2025, cuando Boasberg emitió una orden para detener la deportación de 137 migrantes venezolanos, quienes, según el juez, debían tener la oportunidad de defenderse en los tribunales.
A pesar de ello, varios vuelos continuaron su curso, lo que motivó la investigación por desacato, aunque posteriormente la Corte Suprema anuló la orden inicial.