Etiqueta: Desaparición forzada

  • México lidera desapariciones forzadas en el mundo y enfrenta alerta de la ONU

    México lidera desapariciones forzadas en el mundo y enfrenta alerta de la ONU

    México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones forzadas en el mundo, según el más reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

    El reporte, divulgado por la organización I(dh)eas, señala que el país acumula 819 casos entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa el 38 % del total global.

    Además, en los últimos cinco meses se registraron 40 nuevas solicitudes, más de un tercio de las acciones urgentes a nivel mundial en ese periodo.

    El informe advierte que esta situación refleja un problema estructural, ya que el mecanismo, concebido como excepcional, se ha vuelto recurrente en México.

    Aunque el Estado mexicano cumple formalmente con responder en los plazos establecidos, el Comité identificó fallas en la implementación de las acciones.

    Entre ellas destacan la falta de planes integrales de búsqueda, retrasos en diligencias clave como análisis de videovigilancia y telefonía, e investigaciones insuficientes sobre posibles vínculos de agentes estatales.

    También se reporta una protección inadecuada para familiares y personas que participan en la búsqueda de desaparecidos, incluso con casos de represalias.

    El informe documenta situaciones graves, como la desaparición de un padre que denunciaba la implicación de autoridades en el caso de su hijo en Guanajuato.

    La acumulación de casos podría llevar a la aplicación del artículo 34 de la Convención, que permitiría iniciar una investigación internacional por desapariciones sistemáticas.

    En cuanto a la distribución geográfica, Chiapas concentra el 30 % de las nuevas acciones urgentes, principalmente vinculadas a desapariciones colectivas de migrantes.

    Jalisco, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas y Guanajuato también figuran entre los estados más afectados, con casos sin avances significativos.

    Del total de víctimas, el 65 % son hombres o niños, el 35 % mujeres o niñas, y el 18 % corresponde a menores de edad.

    “Las cifras muestran una situación grave y persistente que evidencia deficiencias estructurales del Estado mexicano en materia de búsqueda e investigación”, señaló I(dh)eas.

    El organismo solicitó la publicación completa del informe para transparentar la magnitud del problema y alertar sobre su evolución.

     

  • AI: Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda de quienes buscan desaparecidos

    AI: Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda de quienes buscan desaparecidos

    El Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda, por cuenta propia, a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos y darles protección frente a riesgos, amenazas y ataques que sufren al cumplir esa labor, dijo este jueves la organización Amnistía Internacional (AI).

    Además, indicó que reconocer el derecho de búsqueda por cuenta propia «no exime al Estado mexicano de su obligación de buscar a las personas desaparecidas».

    En un comunicado, AI dijo que esta postura fue manifestada por la organización en las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno mexicano, llevadas a cabo esta semana con la participación de familias de personas desaparecidas, colectivas, personas académicas y organizaciones de la sociedad civil.

    «Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano para que reconozca el derecho de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México a realizar labores de búsqueda por cuenta propia. Esto sin disminuir la obligación que tiene el Estado de efectuar dicho trabajo», apuntó la ONG.

    Explicó que en las jornadas se discutieron modificaciones al protocolo de actuación homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y al protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

    La ONG apuntó que estas modificaciones son un «proceso necesario ante la crisis de desapariciones que vive el país, que asciende a 133.552 personas desaparecidas y las omisiones en que incurre el Estado mexicano para encontrarlas».

    En el encuentro, la jefa de investigación de AI, sección mexicana, Norma González Benítez, advirtió que ante las omisiones en que incurre el Estado mexicano en la búsqueda de personas desaparecidas, «son las familias quienes, desesperadas por la inacción de las autoridades, realizan dicha labor sin el acompañamiento o involucramiento de éstas».

    AI considera que existe un derecho a buscar a las personas desaparecidas, y existen dos escenarios para realizarlas, cuando las personas participan en las búsquedas desarrolladas por autoridades y cuando las personas realizan las búsquedas por cuenta propia.

    «Este último escenario no exime al Estado de brindarles protección frente a los riesgos, amenazas y ataques que sufren en el camino», señaló y agregó que al buscar a una persona desaparecida, los familiares de ésta ejercen su derecho a la verdad y a la protección judicial.

    Y dijo que la combinación del ejercicio de los derechos a la verdad, a buscar y recibir información y a la protección judicial «se manifiesta de manera única en los casos de búsqueda de personas desaparecidas».

    «La combinación de esos tres derechos constituye en si misma el derecho a buscar, que a la vez implica el derecho a defender derechos humanos. Los Estados están obligados a respetar, garantizar y proteger ambos derechos», finalizó la ONG.

    México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, -y de ellas, más de la mitad son menores de 24 años-, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

    Amnistía Internacional advirtió en un reciente informe que nueve de cada diez personas buscadoras en México son mujeres que luchan por encontrar a sus seres queridos, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado.

  • En Nicaragua aún quedan 62 presos políticos, dice organismo avalado por la CIDH

    En Nicaragua aún quedan 62 presos políticos, dice organismo avalado por la CIDH

    Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

    En Nicaragua hay actualmente 62 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 28 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    «La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más graves: 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan silencio, miedo y hostigamiento», advirtió esa ONG.

    De esas 62 personas privadas de libertad por razones políticas, 6 son mujeres y 56 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), anotó ese organismo.

    Esa cifra (62) representa una disminución respecto al reporte anterior, que contabilizaba 77 detenidos, debido a la excarcelación de al menos 18 personas y la incorporación de tres nuevos casos, explicó.

    La lista actualizada mantiene al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

    Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990), es además la persona privada de libertad con mayor edad: 81 años.

    Otros que aparecen en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores.

    También los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

    El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, ha advertido de que el número real de detenidos puede ser mayor debido a que hay familiares que no denuncian los casos por temor.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

    Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».

  • Periodista nicaragüense detenida por Ortega cumple un año desaparecida

    Periodista nicaragüense detenida por Ortega cumple un año desaparecida

    A un año de su desaparición forzada, la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua exigió este sábado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que revele el paradero de la periodista feminista Fabiola Tercero Castro, detenida arbitrariamente tras un allanamiento en su residencia en Managua el 12 de julio de 2024.

    La denuncia fue presentada desde Costa Rica, donde opera el Colectivo, compuesto por activistas nicaragüenses en el exilio. Durante una declaración pública, la comunicadora Wendy Quintero advirtió que el silencio del régimen Ortega-Murillo sobre el caso de Fabiola representa una grave violación de derechos humanos.

    “La desaparición de Fabiola Tercero no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón sistemático de represión, criminalización del periodismo y ataques a la libertad de expresión en Nicaragua”, denunció el colectivo.

    Fabiola, fundadora de la plataforma ‘El Rincón de Fabi’, promovía la lectura y el intercambio de libros como parte de un proyecto cultural independiente, y fue reportada como desaparecida luego de que fuerzas policiales ingresaran a su domicilio en Managua sin orden judicial.

    El Colectivo exigió “verdad y justicia” para Fabiola y su “aparición con vida y libertad inmediata”, advirtiendo que su integridad física y emocional podría estar en riesgo.

    Cierre de medios y exilio de periodistas

    La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) reportó que desde abril de 2018 al menos 293 periodistas han sido forzados al exilio o desterrados por motivos de seguridad. Durante ese periodo, 54 medios de comunicación han sido cerrados, muchos de ellos allanados y confiscados por el Gobierno, incluyendo medios emblemáticos como La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y La Trinchera de la Noticia.

    La crisis política y social en Nicaragua se agravó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, cuando Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo, junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Las elecciones fueron ampliamente cuestionadas por organismos internacionales debido a la detención o exilio de sus principales contendientes y la eliminación de garantías democráticas.