Las diputadas de Arena y Vamos cuestionaron falta de claridad en las reformas a la «Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos» aprobadas en la plenaria de este 29 de octubre para dar facultades a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) de establecer precios por sus productos y servicios.
«La ley habla de dos temas que son los desechos tóxicos y los desechos que la gente tira como llantas, colchones, entre otros, hay varias dudas que no fueron explicadas dentro de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial o esclarecidas, como, por ejemplo, cuando dicen que van a establecer un precio por estos productos llamados chatarra, que no los recogen los camiones de la basura, pero no establece a quiénes se le van a vender, medio se dijo que irían a los fondos de la misma institución, pero no queda claro, dentro de la ley», cuestionó la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Agregó que este es el resultado de tener «una ley hecha a medias, unas reformas a medias, a la carrera, sin claridad si realmente será beneficioso para la gente».
Según el director general de ANDRES, Alexander Gil Arévalo, con esa nueva facultad crearán un pliego tarifario de comercialización o de servicios para los residuos voluminosos como electrodomésticos y colchones que, aseguró, están recolectando.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, cree que era necesario haber tenido «una discusión más seria» sobre la reforma, ya que son «temas que tienen que ver un rasgo medioambiental importante» en donde «no debe ocultarse información».
«Estas reformas dejan la inquietud, la duda si se van a manejar las cosas de manera responsable», indicó.
Dentro de las reformas aprobadas, se establece que la ANDRES podrá «aprobar los precios públicos por servicios y productos que ofrezca a través de un acuerdo institucional previa autorización del Ministerio de Hacienda». Además, agregan un literal «j», en el artículo 39, que dice que el patrimonio de la Autoridad estará conformado por «los recursos provenientes del pago de la prestación de sus servicios y productos».
Para Ortiz, la problemática viene desde que se le quitó autonomía a las alcaldías, ya que, si bien muchos alcaldes no han hecho bien su trabajo en la recolección de desechos, la solución no era la creación de ANDRES, ni tampoco entregarle a esta autoridad la facultad de imponer tasas por sus servicios como lo están facultando con las reformas. El Código Municipal faculta a las municipalidades a aprobar las tasas municipales.
Según la diputada, quien exigió transparencia, se está buscando beneficiar «a un grupo de proveedores».
«Como hemos visto desde la creación de la DOM, se le ha quitado poder al Ejecutivo y esta es la ruta equivocada para el desarrollo y la gente lo está viviendo en sus comunidades, calles malas, recolección de basura deficiente, las obras municipales no llegan, este gobierno lo que ha hecho, con las fallas que han tenido las alcaldías, han quitado autonomía a las alcaldías y ahora están beneficiando a un grupo de proveedores, debe haber transparencia, gobiernos abiertos a nivel municipal y las obras se decidan con la gente», indicó Ortiz.
Arena no votó y Vamos votó en contra de estas reformas.