La Bolsa de Nueva York cerró este viernes en verde y marcó un nuevo hito histórico: el índice Dow Jones de Industriales superó por primera vez la barrera de los 50,000 puntos, al cerrar en 50,115 unidades, con un alza del 2.47 %.
El impulso se reflejó también en el S&P 500, que ganó 1.97 % hasta los 6,932 puntos, y en el Nasdaq, que subió 2.18 % hasta los 23,031 puntos, tras varios días de inestabilidad en el sector tecnológico por temores sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.
Durante la semana, el Nasdaq había retrocedido 1.8 % debido a ventas en el sector tecnológico, afectado por preocupaciones como la escasez de componentes. Sin embargo, este viernes los gigantes tecnológicos impulsaron el repunte, liderados por Nvidia (+7 %), Broadcom (+7 %), Oracle (+5 %) y Palantir (+4.5 %).
Jensen Huang, CEO de Nvidia, defendió ante la cadena CNBC que la inversión masiva en infraestructura de inteligencia artificial es “justificada, apropiada y sostenible”. Aseguró que los flujos de caja en las grandes tecnológicas comenzarán a crecer, debido a la “altísima” demanda de capacidad de cómputo.
Por su parte, Amazon retrocedió 5 % tras revelar que planea invertir $200,000 millones en gastos de capital. No obstante, su división en la nube, Amazon Web Services, reportó ingresos por $35,579 millones con un crecimiento del 24 % en el cuarto trimestre.
Walmart entra al club del billón
En paralelo, Walmart alcanzó una capitalización bursátil de $1 billón, convirtiéndose en el primer minorista tradicional en lograr esa marca, impulsando al Dow Jones con una subida adicional del 3.34 % este viernes.
La compañía se unió así al exclusivo grupo de empresas con valor de mercado superior a $1 billón, como Amazon, Meta Platforms y Nvidia.
Otros títulos destacados del Dow Jones fueron IBM (+3.12 %), Cisco (+2.99 %), UnitedHealth (+3.02 %), Boeing (+2.57 %) y Nike (+1.98 %).
Pese al buen cierre bursátil, los inversores también reaccionaron a nuevos datos laborales. Un informe de la firma Challenger, Gray & Christmas reveló que en enero se registraron más de 180,000 despidos en EE.UU., más del doble que en el mismo mes de 2025, lo que genera incertidumbre sobre el rumbo económico.
Mientras tanto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró la semana con una baja del 2.5 %, afectado por las recientes tensiones entre Irán y Estados Unidos, que han generado oscilaciones en los mercados energéticos.
El Sindicato de Trabajadores Gremiales de la Seguridad Privada Salvadoreña (SITRAGSPSAL) denunció esta mañana más de 200 despidos injustificados ejecutados por la empresa G4S Secure Solution El Salvador desde junio de 2025.
El secretario general de SITRAGSPSAL, Julio César Martínez, aseguró que la justificación de la empresa, relacionada con estos despidos, se enfocó en la finalización de dos proyectos.
“De esta empresa han sido despedidas cerca de 200 personas porque dicen que se acaban los proyectos y no hay donde ubicarlos, si nos vamos a los spot que están publicando en redes sociales vemos que están contratando para Sonsonate, San Miguel, otro lugar”, indicó Martínez.
A estos se suman el primer caso de 2026, relacionado con un guardaespaldas con 25 años de antigüedad al que la empresa pretendía reducir su salario y cambiar de puesto, o solicitar que renunciara.
“Lo llamaron a la oficina, llegó con recursos humanos y le dijeron que se iba a quedar como guardia, reducirle el salario al mínimo, si acepta bueno o sino vaya a poner su renuncia. Si ya no quiere tener un elemento que lo liquiden al 100 %”, añadió el sindicalista.
El sindicato aseguró que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) relacionado con este último caso. Además, también se abrió un diálogo para llegar a un acuerdo de conciliación en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) en los Juzgados de lo Laboral.
El sindicato ya registró el primer despido injustificado de 2026 y ya presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo e iniciaron un diálogo con la PGR. /Alexander Montes
Del total de la indemnización que le correspondería al trabajador, indicó Martínez, la empresa solo externó en primer momento en entregar un 56 % de lo que le correspondía. Posteriormente, luego de las primeras manifestaciones, subió a un 75 % y luego a un 80 % la oferta, cuando la ley dictamina un 100 % cuando se ejecuta un despido.
Despidos
La situación del guardaespaldas perjudicado no es única, el sindicato reconoce que los más de 200 despidos registrados en el último semestre de 2025 también sereportaron exigencias de renuncias o indemnizaciones incompletas.
“Es lo que hacen, matar el tiempo para que la gente se agote y dicen que eso deme”, indicó Martínez.
A estos despidos de G4S se suman más de 250 guardias más que laboraron hasta el año pasado en el Ministerio de Salud (Minsal).
“En el área de salud la justificación fue que no había dónde colocarlos porque como lo iba a sustituir parte del gobierno con lo que eran los señores soldados y PNC”, dijo el sindicalista.
El Secretario general aseguró que se dialogó con la patronal, de estos últimos casos, y se llegó a una liquidación al 100 % de la indemnización y prestaciones para los trabajadores.
Situación laboral
A modo de presión para ser escuchados, este 23 de enero los sindicalistas recorrieron diferentes empresas de San Salvador que subcontratan los servicios de G4S con el fin de que los clientes conozcan la situación actual del sector de seguridad privada.
Durante una de estas concentraciones, Martínez externó falta de humanismo por parte de la empresa G4S con sus trabajadores, por ejemplo, señaló que en una ocasión la empresa no dejó que un guardia tuviera acceso a su celular para conocer sobre el estado de salud de su madre. Privado del aparato, la progenitora del trabajador murió y él se enteró hasta el siguiente día, cuando su turno finalizó.
Además, algunos trabajadores padecen de restricciones cuando deben asistir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), porque, antes de asistir a alguna cita, necesitan presentar documentación y avisar con previamente su salida.
“Compañeros que pasan enfermos, se agravan más la situación, le dicen que no tienen gente pero están despidiendo gente”, sumó Martínez.
Por otro lado, algunos laboran hasta 36 horas seguidas por tal de suplir turnos que no les correspondían.
A esto se suman advertencias de no manifestarse porque son amenazados, con acusaciones ante las autoridades de seguridad pública, con el régimen de excepción.
Para Martínez la situación es intolerante, porque el país cuenta con convenios ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que garantizan la libertad de expresión y sindical.
Además, el sindicato aseguró que no se pagan horas extras, así como que la empresa no se sumó al pago voluntario de la quincena 25 con la justificación de que el director general de G4S dijo que “no aplicaba para la administración”.
Uniformes con entrega tardía y amenazas de amonestaciones sin causa son otros de los problemas que aquejan día a día a los trabajadores de G4S, señaló SITRAGSPSAL.
El sindicalista hizo un llamado a la casa matriz de G4S en Londres, Inglaterra, para que auditen e inspeccionen los proyectos y casos de injusticias que se han cometido por parte de la actual administración en El Salvador.
SITRAGSPSAL pidió la destitución del director general en El Salvador con el fin de que el mando de la empresa recaiga sobre alguien que “verdaderamente abogue” por el trabajo en equipo.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos advierte el despido de 2,022 trabajadores de instituciones de gobierno para 2026 y demanda la suspensión «inmediata» de esos despidos y supresión de plazas.
Esas 2,022 plazas menos, sin contar los despidos que se dieron en el Hospital Nacional Rosales, que según dijo uno de los representantes del movimiento, Héctor Rodríguez, «esa supresión no aparece contemplada en el presupuesto de 2025 y tampoco en el presupuesto 2026».
Los miembros del Movimiento también demandan un «cese al acoso laboral, solución a la sobrecarga de trabajo que afecta, en el caso de la salud, a la atención que se brinda a los pacientes», dice el comunicado.
Específicamente sobre los despidos que se dieron en diciembre en el Hospital Rosales, y a lo largo del año en otros centros hospitalarios la representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud), Silvia Navarrete dijo que ya habían advertido que esto solo traería deterioro en la atención a los pacientes.
«Lo advertimos desde un principio que iba esto a precarizar aún más la atención a los pacientes, y están sufriendo los que padecen enfermedades crónicas que no hayan a qué hospital acudir», dijo aunque informó que no tienen un número concreto de estos pacientes afectados.
Demanda, en este sentido, a que el ministro de Salud, Francisco Alabi «cese los despidos ilegales, demandan respeto al debido proceso y un alto a la campaña de odio y maltrato contra el personal de salud».
Por último, también demandan a que el ministro de Trabajo, Rolando Castro realice inspecciones urgentes en los unidades de salud como la de Zacamil Barrios, Ahuachapán, Región de Salud Centro, en San Miguel en donde «funcionarios han ordenando suspensiones con proceso de despido de manera ilegal contra sindicalistas y personal de salud».
Estas son el número de plazas que suprime este año estas 13 instituciones:
Casa Presidencial: 68
Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos: 92
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles el fin de la extensión automática de 540 días en los permisos de empleo para ciertas categorías de inmigrantes, medida que entrará en vigencia este 30 de octubre. Esta decisión revierte una política clave implementada por la administración de Joe Biden, la cual buscaba aliviar los retrasos en el procesamiento de solicitudes laborales.
Según el DHS, los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de empleo a partir de esa fecha “ya no recibirán una extensión automática”. El cambio se basa en una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump y responde a la intención del Gobierno de reforzar los controles de seguridad y evitar fraudes migratorios.
El director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Joseph Edlow, justificó la decisión argumentando que “el enfoque ahora prioriza la seguridad de los estadounidenses por encima de la conveniencia de los extranjeros”. Según indicó, el nuevo protocolo permitirá una verificación más rigurosa de los antecedentes de quienes solicitan autorización para trabajar en EE.UU.
Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones proinmigrantes y expertos legales.
Riesgo de despidos masivos
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que esta decisión causará despidos masivos, afectará a empleadores y perjudicará la estabilidad económica del país.
“Los empleadores no tendrán más opción que despedir a trabajadores en proceso de renovación”, afirmó Jeff Joseph, presidente de AILA.
La decisión también ha sido criticada por la ONG FWD.us, que calificó la medida como “simplemente injusta” y pidió modernizar los procesos en lugar de imponer más obstáculos. Aunque el DHS confirmó que habrá excepciones para casos previstos por ley, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), organizaciones alertan que el USCIS carece de personal y recursos suficientes para procesar a tiempo las solicitudes acumuladas.
La Casa Blanca anunció este viernes que han comenzado los despidos de trabajadores federales con los que las autoridades estadounidenses habían amenazaron si el cierre del Gobierno seguía adelante.
«Los RIFs (reducciones forzadas de personal) han comenzado», escribió el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, en un mensaje en la red social X.
Desde antes de que se cerrara el Gobierno el pasado 1 de octubre, la Administración de Donald Trump advirtió de que se iban a llevar a cabo despidos masivos.
Fue precisamente la Oficina de Presupuesto la que comunicó a las diferentes agencias que, en caso de cierre, se iba a despedir a aquellos trabajadores que no estén legalmente obligados a continuar.
Esta situación va más allá de lo ocurrido en otros cierres de Gobierno estadounidense, cuando los trabajadores fueron puestos en suspensión porque no se les podía pagar pero una vez abierto recuperaron su empleo.
Los demócratas y republicanos siguen sin llegar a un acuerdo para financiar la Administración federal. El Senado no volverá a reunirse hasta la tarde del próximo martes 14, cuando se votará de nuevo la propuesta republicana.
Starbucks anunció este jueves el cierre de tiendas y el despido de alrededor de 900 empleados en Estados Unidos y Canadá, como parte de un plan de reestructuración valorado en $1,000 millones, que contempla además la eliminación de vacantes no cubiertas.
La cadena de cafeterías comunicó que reducirá el 1 % de sus establecimientos en ambos países, lo que dejaría su red en aproximadamente 18,300 puntos de venta al finalizar el año fiscal 2025.
“Hemos identificado cafeterías en las que no podemos crear el entorno físico que esperan nuestros clientes y socios, o en las que no vemos una vía para alcanzar la rentabilidad financiera. Estas ubicaciones serán cerradas”, explicó el consejero delegado de la empresa, Brian Niccol, en una carta dirigida a sus trabajadores.
Pese a la reducción, la compañía adelantó que para el siguiente año fiscal espera volver a ampliar su presencia con nuevas aperturas. Mientras tanto, prevé renovar más de 1,000 tiendas para mejorar su diseño y brindar espacios más cálidos y funcionales tanto para clientes como para empleados.
Las cafeterías que serán clausuradas recibirán notificación esta semana. Starbucks aseguró que intentará reubicar a los trabajadores afectados en otras tiendas dentro de la misma zona. En caso de no ser posible, los empleados podrán acceder a los paquetes de indemnización establecidos por la empresa.
El plan de reestructuración forma parte de una estrategia para optimizar el modelo de negocio de Starbucks y preparar el terreno para una nueva etapa de expansión. La compañía ha enfocado sus esfuerzos en mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado de consumo.
Entre 40 y 60 personas habrían sido despedidas por cierre de una planta de Fruit of the Loom ubicada en la playa Joya de Cerén, en el parque industrial American Park, en Ciudad Arce, informó la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES).
La secretaría general de FEASIES, Marta Zaldaña, confirmó el cierre progresivo de la planta, un proceso del que se informó el mes pasado y que se convertiría en una acción paulatina hasta febrero de 2026.
Para Zaldaña, los primeros reportes de despidos evidencia que las decisiones de la empresa se han adelantado.
“Ya se dio la semana pasada el primer despido de personas, que son un grupo entre 40 a 60 personas, hoy nos están informando que el día de mañana (este viernes) habrá un (nuevo) grupo de despidos”, indicó la vocera sindical.
El cierre de esta planta se suma a otros que se reportaron en años previos empujados, en buena parte, por la reducción de la demanda por parte de Estados Unidos, que impactó directamente la comercialización de textiles y confección a nivel general para El Salvador.
Diario El Mundo consultó a la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex) sobre el cierre de la planta el 4 de septiembre de 2025, y respondió que no podía dar declaraciones.
FEASIES dijo que la fábrica decidió realizar una encuesta para el traslado de una parte del personal a la planta Santa Ana Apparel y otra a Lamatepec Manufacturing, ambas parte de Fruit of the Loom, una medida que no pausó los despidos.
Pese a no tener un número exacto de personas despedidas, la Federación no descarta que un 75 % de la mano de obra perjudicada sean mujeres.
¿Qué ocurre?
Los trabajadores han reportado a FEASIES que el cierre de la planta está relacionado con problemas en el mercado y la situación económica de Fruit of the Loom.
Zaldaña recordó que la fábrica realiza un proceso de reestructuración interna desde el año pasado, tanto en El Salvador como en el resto de los países de Centroamérica.
“Pero la complicación más grande es de mercado, la competitividad que está seria con los países asiáticos y un poco resintiendo la carga arancelaria que iba a ser resultado de la imposición del 10 % de aranceles impuesto por Estados Unidos”, añadió la sindicalista.
FEASIES también confirmó que voceros de la fábrica ya se reunieron con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) para dicha notificación.
Más reportes
Asimismo, FEASIES atiende el cese de operaciones de la fábrica Impression Apparel Group, ubicada en carretera a Soyapango.
La fábrica cuenta con entre 1,200 a 1,300 trabajadores, pero los despidos de grupos de hasta 150 personas iniciaron desde el año pasado y, en mayo de 2025, anunció el cierre definitivo.
El cierre de esta fábrica, indicó Zaldaña, fue empujado por el aumento al salario mínimo en un 12 % en El Salvador desde el 1 de junio de 2025, un 10 % de aranceles impuestos por Estados Unidos a toda exportación salvadoreña que ingrese a territorio estadounidense, así como una situación personal del dueño de la empresa.
“Esa fábrica se cierra prácticamente a finales de este mes, se habían quedado 525 personas, hoy hay como 150 nada más”, añadió Zaldaña.
La secretaria general de FEASIES también confirmó alerta de despidos en la planta El Pedregal de la fábrica Jeans Brown, en el departamento de La Paz, dejando sin empleo a varios grupos de entre 20 a 60 personas, buena parte de estas mujeres.
FEASIES estima que en lo que va de 2025 entre 500 y 600 personas han sido despedidas del sector de maquila y, si estas acciones continúan en la planta de Fruit of the Loom, la cifra podría ascender a 1,000 a 1,200 trabajadores.
El concejal del FMLN Cayetano Cruz aseveró que el concejo de San Salvador Este está modificando los nombramientos de las plazas suprimidas en el municipio y cree que esto se realiza para contratar a más personal en el futuro. Cree que contratarían a personas afines a Nuevas Ideas (NI).
San Salvador Este está integrado por los distritos de Ilopango, San Martín, Soyapango, Tonacatepeque.
Según Cruz, la alcaldía ha despedido alrededor de 500 empleados. Afirmó que han despedido a varios empleados, cambiándoles «maliciosamente» el nombramiento para volver a contratar las plazas con gente afín al oficialismo de cara a las elecciones.
«Si la plaza a suprimir era de alguien del CAM (Cuerpo de Agentes Metropolitanos), se lo han cambiado a colaborador, en el caso de secretarias, ordenanzas, les han cambiado a auxiliares administrativos y esto porque, cuando usted suprime una plaza, no puede volver a contratar esa plaza durante seis meses pero, si usted le cambia a colaborar o auxiliar administrativo, puede después volver a contratar secretarias y no tendría problema, porque se supondría que es otra plaza», aseguró Cruz.
La estrategia, dice el regidor, «es contratar más gente de Nuevas Ideas de cara a las elecciones, porque la gente que están quitando no goza de la confianza política de ellos porque ellos necesitan gente para la campaña de cara a las elecciones de 2027».
El regidor opositor añadió que, para realizar los despidos, el concejo no está tomando en cuenta si el trabajador es bueno o no, si rinde o no, y negó que se deba a la búsqueda del ahorro en la alcaldía y «menos para utilizar ese dinero para hacer obras».
¿Préstamo para indemnizaciones?
El concejal del FMLN aseveró que un préstamo que hizo la alcaldía con el Banco Hipotecario por $15.6 millones con el argumento de hacer obras lo está utilizando para indemnizar a los empleados despedidos.
Cruz aseguró que la alcaldía tiene una deuda de unos $70 millones, que solo le ha servido para pagar otras deudas con proveedores, préstamos –debe $3 millones a COSAVI– y las indemnizaciones pero que no se están realizando obras en los distritos.
«La gente demanda arreglos de casa comunal, gradas, muros perimetrales, talas de árboles, eliminar cárcavas, pero no se le puede dar respuesta a la gente porque prácticamente no hay fondos, primero que casi le quitaron el Fodes, luego la entrada que tenía de la recolección de desechos sólidos, que ya no lo percibe la alcaldía, sino que pasa a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos ( Andres).
Actualmente, Elías Aragón sigue al frente de la Alcaldía de San Salvador Este, desde el 8 de marzo, cuando el concejo municipal lo nombró alcalde en funciones y destituyó a José María Chicas a petición del presidente Nayib Bukele por mal manejo de un refugio de animales en Ilopango a cargo de la municipalidad.
Desde entonces, no se sabe nada de Chicas, quien no rindió cuentas a la alcaldía sobre manejos de fondos, ni proyectos, aseguró Cruz.
Más de 150,000 empleados del Gobierno de Estados Unidos están recibiendo salario sin regresar a sus puestos de trabajo, como parte de un programa de renuncia en diferido impulsado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de reducir el gasto público y eliminar lo que considera una “burocracia inflada” en la administración federal.
De acuerdo con cifras divulgadas por la Oficina de Administración de Personal al New York Times, hasta 154,000 funcionarios aceptaron la propuesta del Ejecutivo de mantener sus contratos activos hasta el 30 de septiembre de 2025 o el 31 de diciembre de 2025, sin ejercer sus funciones.
Esta cifra representa poco más del 6 % de los 2.3 millones de trabajadores federales que integran actualmente la Administración estadounidense. Aunque aparentemente limitada, la medida ha generado un fuerte debate político y sindical.
En enero pasado, la Casa Blanca había anunciado su intención de ofrecer indemnizaciones a funcionarios federales que aceptaran renunciar, en el marco de una estrategia para reducir el tamaño del Estado. La decisión generó críticas de sindicatos laborales, que calificaron la medida como “caótica” y contraria a la eficiencia gubernamental.
El presidente Trump, sin embargo, ha defendido el plan como un esfuerzo necesario para optimizar recursos y eliminar estructuras innecesarias dentro del aparato estatal. En ese contexto, el pasado 11 de julio, el Departamento de Estado informó sobre el despido de más de 1,300 empleados tanto en el país como en embajadas y consulados en el extranjero.
Al mismo tiempo, un grupo de senadores demócratas presentó este jueves un informe que denuncia que el Gobierno ha gastado miles de millones de dólares en mantener en nómina a empleados que están fuera de funciones, ya sea por la renuncia en diferido o por litigios derivados de despidos.
En su informe, los legisladores criticaron el desempeño del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), liderado por el magnate Elon Musk, al que responsabilizan de haber malgastado $21,700 millonesbajo el argumento de una supuesta reducción del gasto gubernamental.
El caso ha encendido las alarmas sobre el uso ineficiente de fondos públicos y ha generado dudas sobre el impacto de los despidos masivos en áreas clave del Gobierno federal. Analistas advierten que la administración Trump, en su afán de recortar personal, podría estar afectando negativamente la capacidad operativa de servicios esenciales para la ciudadanía.
Los empleados públicos se redujeron en un 8 % en 2024, reveló una publicación de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
El documento, divulgado a mediados de este mes, retoma el informe de Estadísticas sobre Recursos Humanos del Gobierno de El Salvador, publicado por el Ministerio de Hacienda, en el cual se señala que, al cierre del año pasado, 161,453 personas laboraban en el sector público.
Esta cifra es menor en 14,330 plazas, principalmente de ministerios y dependencias de la dirección del Órgano Ejecutivo.
Los datos confirman una caída tanto en los hombres como en las mujeres. Ormusa señaló que las trabajadoras se redujeron en un 7 % entre 2023 y 2024, al pasar de 89,405 personas a 83,440.
La mayor caída se reportó en el empleo masculino, porque en los últimos dos años las plazas se redujeron de 86,378 a 78,013 personas.
“Se evidenció una reducción del 10 % de hombres. Los datos reflejan 8 % menos en el número total de plazas laborales en el sector público”, indicó Ormusa.
El documento de Ormusa indica que estas estadísticas excluyen al personal del Ministerio de Defensa, Órgano Judicial y el Legislativo, así como la Corte de Cuentas de la República (CCR) y las empresas públicas.
Sectores
Ormusa aseguró que en 2024 la mayor baja vino de empleados administrativos, que reportaron una reducción de un 18.26 %, tras pasar de 36,579 personas a 29,899.
El segundo rubro más perjudicado fue servicio, que cayó un 10.79 %, seguido del docente en un 9.39 %, y del área técnica en un 5.19 %.
“Las únicas categorías que registraron aumento en el número de plazas fueron seguridad y ejecutivo”, señala Ormusa.
En cuanto a la edad de los trabajadores, la reducción se produjo en todos los grupos etarios.
A nivel de perfiles, Ormusa plantea que un 11 % del personal del sector público no supera los 30 años, mientras que un 51 % tiene de 31 a 50 años y un 38 % tiene más de 50 años.
