Etiqueta: detención arbitraria

  • Entre lágrimas y abrazos, familias reciben a colombianos liberados de cárceles venezolanas

    Entre lágrimas y abrazos, familias reciben a colombianos liberados de cárceles venezolanas

    En medio de lágrimas y abrazos, los diecisiete colombianos liberados tras permanecer más de un año presos en Venezuela cruzaron este viernes el puente internacional Atanasio Girardot, que une el estado venezolano de Táchira con la ciudad colombiana de Cúcuta, para reencontrarse con sus familias.

    Pasadas las 9:00 hora local (14:00 GMT), varios vehículos oficiales llegaron al punto fronterizo, donde los familiares esperaban emocionados.

    «Gracias, Dios», exclamó Yarileinis Navarro al ver a través de la ventana del automóvil a su sobrino Brayan Sair, con quien no había podido comunicarse desde hacía más de quince meses, tras ser arrestado en Puerto Cabello (Venezuela) cuando volvía a casa de trabajar como conductor privado.

    La liberación de Sair y de otros dieciséis colombianos se concretó hoy, después de varios meses de diálogo entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela para atender la situación de decenas de connacionales privados de libertad en ese país.

    Uno a uno, los liberados descendieron de los vehículos y fueron recibidos con abrazos y lágrimas de sus familiares, que celebraron aliviados por el reencuentro tras la incertidumbre y arduas gestiones diplomáticas.

    «Estoy agradecido con mi familia, mis amigos y con Dios por estar nuevamente en mi país. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de mí», dijo a EFE el abogado cucuteño Edwin Iván Colmenares, quien fue detenido hace once meses en territorio venezolano mientras se dirigía a su ciudad natal.

    Malos tratos

    Aunque la mayoría llegó en buen estado de salud, varios denunciaron las malas condiciones de reclusión en la prisión de El Rodeo I, en Caracas, una institución que cuenta con denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional (AI) por supuestos «tratos crueles y degradantes» a los reclusos.

    «El trato fue inhumano desde el primer día. Se come junto a una letrina y se respira el olor de las heces de todo el penal», relató el cucuteño Óscar Alexander Vera, quien estuvo detenido un año y cinco días tras ser acusado de terrorismo.

    David Josué Misse Durán, de 31 años, fue acusado de traición a la patria y asociación para delinquir. Él también denunció el trato «inhumano» y las «condiciones deplorables» en las que permaneció como recluso.

    Además, Misse señaló que las detenciones fueron injustas y en la cárcel había personas «inocentes» de más de 30 países, incluso mujeres de entre 70 y 80 años y menores de edad, dijo.

    Al menos veinte más siguen presos

    Las autoridades venezolanas habían acusado a varios colombianos presos de ser «mercenarios» que buscaban desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro, imputaciones que el Gobierno de Gustavo Petro consideró arbitrarias.

    Muchos de los detenidos fueron capturados durante operativos posteriores a las elecciones venezolanas, en un contexto de represión en el que la oposición ha reportado miles de desapariciones y arrestos, entre ellos unos 40 colombianos que fueron acusados de espionaje.

    La Cancillería de Colombia confirmó esta mañana la liberación y destacó que el proceso fue posible «tras meses de diálogo y coordinación diplomática» con el Gobierno venezolano.

    La ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, calificó la liberación como «un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de los connacionales».

    También reafirmó su compromiso de mantener el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar la liberación de al menos otros veinte connacionales que permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones.

    «Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios», afirmó la canciller.

  • CIDH lleva ante Corte IDH caso de guatemaltecos detenidos en El Salvador

    CIDH lleva ante Corte IDH caso de guatemaltecos detenidos en El Salvador

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 14 de agosto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de tres ciudadanos guatemaltecos detenidos de forma «arbitraria» en El Salvador y luego trasladados a Estados Unidos sin seguir un procedimiento judicial legal.

    El caso, según el informe de la CIDH, afecta a Álvaro Agustín Mejía, Juan del Cid Morales y Erik Donaire Constanza Bran, quienes viajaron en septiembre de 2006 desde Guatemala hacia San Salvador para una reunión de negocios. Al llegar, fueron interceptados por unos 30 agentes de la Policía Nacional Civil, sin orden judicial y sin recibir explicación sobre su arresto.

    Según la Comisión, los agentes los llevaron a un estacionamiento donde un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) daba instrucciones. Posteriormente, los trasladaron en vehículos sin distintivos hasta un aeropuerto con apariencia de base militar, donde fueron subidos a un avión de la DEA con destino a Fort Lauderdale, Florida.

    Durante el vuelo, las víctimas fueron objeto de amenazas y malos tratos, además de haberles negado contacto con sus familias o con la Embajada de Guatemala. La CIDH sostuvo que “la entrega a la DEA no fue parte de un proceso de extradición”, ya que no existió una orden judicial ni oportunidad de defensa.

    La operación fue confirmada por documentos judiciales del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, los cuales indican que fue coordinada entre la DEA y la Policía salvadoreña. Sin embargo, el Estado salvadoreño respondió que no tiene registros policiales o judiciales de la detención. Incluso, la denuncia presentada en septiembre de 2006 por Silvia Marina Juárez de Del Cid por privación de libertad nunca recibió respuesta.

    “La Comisión Interamericana concluyó que el Estado salvadoreño es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, libertad de circulación y residencia y protección judicial”, expone el comunicado del organismo.

    La CIDH solicitó a la Corte que se ordene al Estado salvadoreño una “reparación integral” a las víctimas, que incluya compensaciones económicas, medidas de satisfacción, y atención médica y psicológica para los afectados “de forma concertada y si así lo desean”.