Etiqueta: detenidos

  • Destruyen más de 2,000 kilos de cocaína valorada en más de $53 millones

    Destruyen más de 2,000 kilos de cocaína valorada en más de $53 millones

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la destrucción de más de 2,000 kilos de cocaína valorada en más de $53 millones.

    El fiscal asignado al caso aseguró que la droga eliminada corresponde a tres casos de incautación efectuados por autoridades salvadoreñas entre julio y agosto de 2025.

    El 18 de junio de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) incautó 114 kilos de cocaína a los salvadoreños José Guillermo Arce Marín y Julio Alonso Revelo Martínez, a una milla náutica de la playa Toluca, en La Libertad.

    La FGR dijo que la segunda incautación se realizó el 11 de julio a 600 millas náuticas, al sur de la bocana de El Cordoncillo, en donde se decomisó mercadería con un peso de 1,326 kilos.

    En relación con este caso fueron capturados los ecuatorianos Rubén Darío Acevedo Cedeño y Polito Perlaza Moreno, así como Norberto Valencia Arrollo de origen colombiano.

    El tercer caso tiene relación con la captura de los guatemaltecos José Antonio Boteo Cruz y Nery Ubaldo Amaya Martínez, los cuales fueron detenidos por la PNC el 14 de agosto de 2025 en la playa Amatecampo, en San Luis Talpa.

    A ambos se les decomisaron 100 kilos de cocaína y, ese mismo día, se ejecutó una segunda incautación relacionada con este procedimiento.

    “En ese mismo día y procedimientos se realizó la incautación en playa Los Blancos, de San Luis, La Herradura, de 588 kilos de cocaína que estaba vinculada a los dos guatemaltecos”, puntualizó el fiscal del caso.

     

    Casos

    Arce Marí y Revelo Martínez ya fueron acusados por la FGR ante el Juzgado de Paz de La Libertad. La institución pidió que ambos hombres sigan detenidos mientras el proceso avanza.

    En el caso de Acevedo Cedeño, Perlaza Moreno y Valencia Arrollo, la FGR presentó a fines de junio una solicitud de imposición de medidas contra los tres hombres, todos acusados de tráfico ilícito de drogas.

    La Fiscalía también pidió prisión provisional por el delito de tráfico ilícito de drogas en contra de Boteo Cruz y Amaya Martínez.

  • PNC detiene a dos conductores peligrosos que dieron positivo a más de 190 grados de alcohol

    PNC detiene a dos conductores peligrosos que dieron positivo a más de 190 grados de alcohol

    La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo este jueves a dos conductores peligrosos que dieron positivo a más de 190 grados de alcohol en aire aspirado.

    El primero de los capturados fue Héctor Alexander Osorio Pineda, de 40 años. El hombre fue detenido en el cantón Dolores de Apulo, en Ilopango, San Salvador Este, mientras conducía un vehículo.

    Al realizarse la prueba de alcotest, Osorio Pineda dio positivo a 194 grados de alcohol. La PNC dijo que el hombre será remitido por conducción peligrosa de vehículo automotor.

    Por este mismo delito también será procesado Ernesto Antonio Díaz Calles.

    La PNC explicó en redes sociales que Díaz Calles conducía en estado de ebriedad al momento de colisionar con otro vehículo.

    El accidente ocurrió sobre el kilómetro 23 de la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, en Colón, La Libertad Oeste.

    “La prueba de alcohotest determinó que Díaz Calles manejaba con 207 grados de alcohol”, puntualizó la PNC.

    Período vacacional

    Los dos hombres capturados por la Policía se sumarán a los detenidos por conducción peligrosa reportados durante el período vacacional.

    Según la Dirección General de Protección Civil, entre el 1 y 6 de agosto se detuvieron a 45 personas por el delito de conducción peligrosa.

    En el top tres de los reportes con grados más altos de alcohol en aire aspirado está un hombre de 47 años que fue interceptado por las autoridades y dio positivo a 274 grados.

    El segundo lugar es para otra persona que conducía en estado de ebriedad, con 219 grados de alcohol, y el tercer puesto rondó los 207 grados.

    Entre el 1 de enero y el 6 de agosto de este año, 1,266 personas han sido detenidas por conducción peligrosa en El Salvador, un 10 % menos al comparar con los 1,404 casos reportados en el mismo período de 2024.

  • Detienen a dos conductores con más de 170 grados de alcohol

    Detienen a dos conductores con más de 170 grados de alcohol

    El Viceministerio de Transporte (VMT) informó este sábado la detención de dos conductores con más de 170 grados de alcohol.

    Uno de los detenidos, identificado como Víctor Manuel Jiménez, de 65 años, conducía en estado de ebriedad con 215 grados de alcohol  sobre la avenida Alberto Masferrer, en el barrio El Calvario, de Santiago Nonualco.

    Además, se detuvo a Edwin Javier Escobar Claros, de 25 años, en la colonia Los Almendros, del distrito de San Francisco Gotera, en Morazán Sur, con 179 grados de alcohol.

    Desde diciembre del 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma de cero tolerancia al alcohol, es decir, no se permite que las personas conduzcan con ningún nivel de alcohol; previo a esa reforma, se permitía que un conductor manejara hasta con 99 grados de alcohol en sangre.

    El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta a 1,134 conductores peligrosos detenidos entre el 1 de enero y el 18 de julio, un 10 % menos frente a los 1,261 registrados en igual período de 2024.

     

  • Una veintena de salvadoreños detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz en Florida

    Una veintena de salvadoreños detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz en Florida

    Al menos una veintena de salvadoreños se encuentran actualmente detenidos en el centro migratorio Alligator Alcatraz, ubicado en los pantanos de la Florida, según una investigación conjunta publicada por los diarios The Miami Herald y Tampa Bay Times. Los salvadoreños representan el 3.1 % de los más de 700 migrantes recluidos en este centro altamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, legisladores y abogados.

    El informe detalla que la nacionalidad con más detenidos es la guatemalteca, que representa el 22 % del total, seguida por personas provenientes de más de 40 países, incluidos México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Cuba y Haití.

    El centro de detención Alligator Alcatraz, también llamado informalmente “Alcatraz de los Caimanes”, fue construido en tiempo récord sobre un antiguo aeródromo municipal en el corazón de los Everglades, una región sensible en términos ecológicos. La instalación es administrada por el estado de Florida y fue impulsada como parte de una ofensiva nacional contra la inmigración irregular promovida por el presidente Donald Trump.

    Según los registros oficiales, más de 250 migrantes están detenidos únicamente por violaciones migratorias, sin antecedentes de delitos violentos, aunque un tercio sí posee algún tipo de historial penal. Los cargos, que van desde reingresos ilegales hasta intento de asesinato, no han sido verificados de manera independiente por los medios que revelaron la información.

    Las denuncias por condiciones inhumanas dentro del centro han ido en aumento. Migrantes, familiares y abogados han descrito la situación como “ratas en un experimento”, denunciando comida en descomposición, baños desbordados, mosquitos, calor extremo, y la confiscación de biblias, lo que vulneraría el derecho a la libertad religiosa.

    La infraestructura improvisada, hecha en apenas dos semanas y rodeada por caimanes y pitones, ha sido duramente criticada por su ubicación remota e inaccesible, lo que aumenta el aislamiento de los detenidos y limita el contacto con abogados y medios de comunicación. Además, documentos filtrados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) indican que el presupuesto inicial de $450 millones ya superó los $600 millones, elevando las alarmas por posible mal manejo de fondos públicos.

    Legisladores federales y estatales de Florida, tras recorrer las instalaciones, denunciaron que unos 750 migrantes están “enjaulados como sardinas”, en condiciones que calificaron como inaceptables y propias de un “campo de internamiento”.

    Mientras tanto, el acceso al centro continúa restringido para la prensa, generando críticas por falta de transparencia y por violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis migratoria en Estados Unidos.