Al menos una veintena de salvadoreños se encuentran actualmente detenidos en el centro migratorio Alligator Alcatraz, ubicado en los pantanos de la Florida, según una investigación conjunta publicada por los diarios The Miami Herald y Tampa Bay Times. Los salvadoreños representan el 3.1 % de los más de 700 migrantes recluidos en este centro altamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, legisladores y abogados.
El informe detalla que la nacionalidad con más detenidos es la guatemalteca, que representa el 22 % del total, seguida por personas provenientes de más de 40 países, incluidos México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Cuba y Haití.
El centro de detención Alligator Alcatraz, también llamado informalmente “Alcatraz de los Caimanes”, fue construido en tiempo récord sobre un antiguo aeródromo municipal en el corazón de los Everglades, una región sensible en términos ecológicos. La instalación es administrada por el estado de Florida y fue impulsada como parte de una ofensiva nacional contra la inmigración irregular promovida por el presidente Donald Trump.
Según los registros oficiales, más de 250 migrantes están detenidos únicamente por violaciones migratorias, sin antecedentes de delitos violentos, aunque un tercio sí posee algún tipo de historial penal. Los cargos, que van desde reingresos ilegales hasta intento de asesinato, no han sido verificados de manera independiente por los medios que revelaron la información.
Las denuncias por condiciones inhumanas dentro del centro han ido en aumento. Migrantes, familiares y abogados han descrito la situación como “ratas en un experimento”, denunciando comida en descomposición, baños desbordados, mosquitos, calor extremo, y la confiscación de biblias, lo que vulneraría el derecho a la libertad religiosa.
La infraestructura improvisada, hecha en apenas dos semanas y rodeada por caimanes y pitones, ha sido duramente criticada por su ubicación remota e inaccesible, lo que aumenta el aislamiento de los detenidos y limita el contacto con abogados y medios de comunicación. Además, documentos filtrados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) indican que el presupuesto inicial de $450 millones ya superó los $600 millones, elevando las alarmas por posible mal manejo de fondos públicos.
Legisladores federales y estatales de Florida, tras recorrer las instalaciones, denunciaron que unos 750 migrantes están “enjaulados como sardinas”, en condiciones que calificaron como inaceptables y propias de un “campo de internamiento”.
Mientras tanto, el acceso al centro continúa restringido para la prensa, generando críticas por falta de transparencia y por violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis migratoria en Estados Unidos.
