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  • Cae un 43 % la emisión de nueva deuda de pensiones en primer semestre de 2025

    Cae un 43 % la emisión de nueva deuda de pensiones en primer semestre de 2025

    La emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) cayó en un 43 % en el periodo de enero a junio de 2025, respecto a enero a junio de 2024 según los datos publicados por el Banco Central de Reserva sobre la deuda que tiene el Estado con los fondos de pensiones de los trabajadores cotizantes de las AFP.

    Si bien de enero a junio de 2024, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emitió $621.49 millones en estos instrumentos de deuda estatal con los ahorros para pensiones, este tipo de emisiones se redujo a $351.82 millones de enero a junio de 2025.

    Hasta el primer semestre de 2025, el Estado, a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) adeuda un total de $10,876.81 millones a los ahorros de pensiones de los trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones, de los cuales $8,394.77 millones es la deuda acumulada antes de la reforma de 2022.

    La nueva deuda estatal de pensiones, emitida y adquirida después de la reforma de pensiones de diciembre de 2022, llegó a $2,482.05 millones en junio.

    La reforma vigente desde 2023, que aumentó algunas pensiones, continuó con el mecanismo del uso de los fondos de pensiones del sistema privado para que el Estado pueda sufragar el pago de pensiones del sistema público.

    En 2023 hubo una exposición indirecta de los fondos de pensiones, a través de los bancos y los bonos de pensiones.

    En un informe publicado el 5 de marzo de 2024, el banco de inversión Barclays informó: “Sospechamos que el sistema de pensiones está financiando al gobierno mediante esquemas de représtamos a través del nuevo organismo de pensiones, el ISP y la banca comercial”.

    En esa ocasión, el bando de inversión expresó que “el ISP está emitiendo más COP de los necesarios”, ya que el déficit relacionado con las pensiones fue de $800 millones, que se financió con ahorros de pensiones privados que tienen la obligación de comprar todos los nuevos certificados de obligación previsional (COP) emitidos por el ISP.

    “Sin embargo, el ISP emitió $1,098 millones en COP el año pasado, lo que significa que casi $300 millones de los fondos se utilizaron para fines distintos a financiar el déficit pensional”, señaló. Citó que en 2023 el Banco Hipotecario emitió $225 millones en bonos cuyos principales compradores fueron los fondos de pensiones según los informes bursátiles.

    La emisión y un aumento de depósitos de $310.3 millones a principios de 2023 permitieron un aumento de inversiones de $506 millones que suponen “se financió principalmente con las AFP”.

  • Deuda estatal de pensiones cerró en $10,876.81 millones en junio de 2025

    Deuda estatal de pensiones cerró en $10,876.81 millones en junio de 2025

    La deuda de pensiones cerró en $10,876.81 millones a junio de 2025 luego de una emisión total de $2,482.05 millones en nuevos certificados estatales que han sido adquiridos por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) después de la reforma aprobada en 2022 y vigente a partir de 2023.

    Según el Banco Central de Reserva, la deuda estatal con los fondos de pensiones heredada de años anteriores, antes de reforma, asciende a $8,394.77 millones. Su monto no ha variado desde la reforma de 2022, gracias a un acuerdo entre el gobierno y las AFP para congelar por cuatro años las amortizaciones de intereses o capital de dicha deuda.

    La reforma de 2022 facultó al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que antes era el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), a que emitiera Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).

    La deuda anterior fue emitida a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP) que eran emitidos por el extinto Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) a tasas menores de rendimiento.

    El gobierno realizará una nueva reforma de pensiones a la luz del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    El acuerdo con el FMI busca una financiación adecuada del sistema de pensiones, la reducción de la dependencia estatal de los fondos de pensiones, la diversificación de las inversiones de los ahorros de los trabajadores cotizantes en las AFP y también buscan la contención de los costos fiscales asociados a la reforma de 2022.

    Está prevista la publicación de un informe actuarial para septiembre, la publicación de una propuesta de reforma de pensiones para el 10 de febrero de 2026 y la aplicación de la reofrma “a mediados de 2026” con las recomendaciones del FMI.

    El FMI mantiene vigente la negociación del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que incluye un financiamiento gradual de $1,400 millones y que en el fondo busca lograr una estabilidad financiera de El Salvador.