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  • Anda destinará $175.1 millones en la producción y distribución de agua a nivel nacional, este 2026

    Anda destinará $175.1 millones en la producción y distribución de agua a nivel nacional, este 2026

    La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA) destinará este año 2026 un total de $175.1 millones en la producción y distribución de agua a nivel nacional, $4.2 millones más de lo que asignó en 2025.

    En total, para este ejercicio fiscal 2026, la ANDA cuenta con un presupuesto de $350 millones, $15.9 millones más que lo que le fue aprobado para 2025.

    La autónoma ha distribuido su presupuesto así:

    Para la gestión central de la producción y distribución de agua, $15.1 millones, con lo cual busca administrar y verificar el cumplimiento de los contratos suscritos con las operadoras descentralizadas, además de generar un incremento en metros cúbicos de agua producida con calidad apta para el consumo humano.

    Para proveer de agua de consumo humano a la población en la zona metropolitana destinará $83.1 millones.

    Para la producción y distribución de agua en la región occidental asignó $22.4 millones.

    Para la región central ha asignado $33.6 millones; y para la región oriental, $20.7 millones.

    Las prioridades que la ANDA plantea en su presupuesto de 2026 son exactamente iguales a las planteadas en 2025, entre ellas mejorar la atención al usuario a través de la prestación eficiente del suministro de agua potable; la efectividad en las reparaciones, nuevas conexiones y reconexiones.

    También, busca rehabilitar en forma inmediata y oportuna todos los sistemas de producción y distribución de agua potable, dañados ya sea por desastres naturales o por el tiempo de operatividad y uso; y realizar mantenimiento a los colectores de la red de alcantarillado sanitario, como a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para su óptimo funcionamiento.

    Intereses de deuda

    Pero la ANDA también debe pagar intereses por deuda de préstamos internos y externo.

    Por deuda interna, la ANDA debe cancelar intereses y amortización del Fondo de Titularización y préstamos internos con instituciones financieras, por $34 millones.

    Por deuda externa, debe cancelar intereses de la deuda externa por préstamos con organismos multilaterales con fondos propios por $315,455.

  • Los desastres ambientales amenazan las metas para reducir la deuda en El Salvador

    Los desastres ambientales amenazan las metas para reducir la deuda en El Salvador

    Los desastres medioambientales son los mayores riesgos para que el fisco salvadoreño logre cumplir las metas de reducir el peso de la deuda a un 89 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en Transparencia Fiscal.

    El documento fue elaborado por el Ministerio de Hacienda en el marco del programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual se define la hoja de trabajo para realizar un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del PIB que ordene las finanzas públicas.

    Una de las principales metas es reducir en 5.4 puntos porcentuales del PIB la deuda, que pasaría de un 87.4 % en 2024 a un 82 % en 2029.

    ¿Qué podría frenar este objetivo?

    El documento plantea que se utilizó una herramienta del FMI para evaluar los riesgos fiscales (FRAT, por sus siglas en inglés), la cual encontró que los “asociados a los desastres medioambientales” son los de mayor importancia, porque “podrían generar un impacto fiscal alto y tienen una probabilidad de materialización alta”.

    El documento expone que la ubicación geográfica y las características socioeconómicas convierten a El Salvador en un territorio altamente vulnerable al cambio climático y a la ocurrencia de desastres medioambientales, cuya materialización se traduce en daños y pérdidas que impactan las finanzas públicas.

    “Los riesgos del cambio climático y los desastres naturales impactan las finanzas públicas a través de daños a la infraestructura pública, pérdidas en la producción, aumento del gasto público, reducción de los ingresos fiscales, disminución de la recaudación tributaria por contracción económica y aumento de la deuda pública”, sostiene.

    El cóctel de crisis está conformado así: el 88.7 % del territorio salvadoreño es considerado “zona de riesgo”, mientras que un 63 % presenta amenaza sísmica alta y muy alta; un 38 % es susceptible a deslizamientos; un 35 % a sequías y un 15 % a inundaciones.

    Según la evaluación, un sismo de gran magnitud generaría desviaciones que se traducirían en una reducción de 1.5 puntos porcentuales del PIB, así como un aumento de 2 % del déficit fiscal y un 3.9 % de la deuda pública.

    Ante esto, Hacienda estima que los pasivos contingentes por la ocurrencia de terremotos, sequías y exceso de lluvias costarían $665 millones en los próximos cinco años, un 1.81 % del PIB.

    Otros riesgos

    Hacienda también advierte de riesgos específicos como los derivados de empresas públicas, gobiernos locales, garantías soberanas y asocios público-privados (APP).

    El documento señala que la deuda municipal ha representado un promedio de un 2.1 % del PIB en los últimos 14 años. En 2024, el saldo sumó $766.5 millones, de los cuales Hacienda asume $473.2 millones, mientras que $293.3 millones son responsabilidad directa de las municipalidades.

    Además, recuerda que la gestión financiera de las empresas públicas no financieras (EPNF) puede convertirse en ingresos al fisco o en una carga, si requiere subsidios, rescates o afecta la calificación crediticia.

    Actualmente, El Salvador solo tiene un APP en ejecución con la terminal de carga del Aeropuerto Internacional. La figura de un APP permite que un privado administre un bien o servicio público por un tiempo, con el compromiso de inversión.

    Según el análisis de Hacienda, este proyecto es autosostenible y no requiere garantías ni pagos firmes del gobierno.

  • Hacienda proyecta reducción gradual de la deuda pública hasta 82 % del PIB en 2029

    Hacienda proyecta reducción gradual de la deuda pública hasta 82 % del PIB en 2029

    El Ministerio de Hacienda prevé un descenso de la deuda a partir de 2026 hasta que llegue a un 82 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en Transparencia Fiscal.

    Este informe es uno de los compromisos asumidos por el gobierno salvadoreño ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del acuerdo por $1,400 millones, cuyo principal fin es ordenar las cuentas fiscales. Además, se enmarca en los parámetros definidos en la Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

    De acuerdo con las proyecciones, la deuda del sector público no financiero (SPNF) se mantendrá con una “trayectoria estable y decreciente” entre 2025 y 2029, a través de la implementación de medidas de corrección fiscal que implicarán un ajuste de 3.5 puntos porcentuales del PIB.

    El documento plantea como meta una reducción de 5.4 puntos porcentuales en relación con el PIB entre 2024 y 2029, que pasaría de un 87.4 % a 82 %.

    Con dicha reducción se cumpliría la meta establecida en la Ley de Sostenibilidad Fiscal, aprobada en junio de 2025, que fija un límite de endeudamiento no mayor del 80 % del PIB para 2030.


    Hacienda propone esa reducción del peso de la deuda mediante un ajuste en el superávit primario —más ingresos que gastos— y un crecimiento económico sostenido.

    Para este período se prevé un superávit primario promedio de 3.3 % del PIB, menor en relación con la tasa de 4.2 % registrada al cierre de 2024, mientras que el déficit fiscal —más gastos que ingresos— llegaría a 2.6 % en 2029.

    En cuanto al crecimiento económico, Hacienda considera que las medidas económicas y fiscales permitirán “mejorar la capacidad estructural de la economía, logrando crecer sin crear presiones inflacionarias, aumentando en el mediano plazo el crecimiento del PIB potencial y una mayor resiliencia ante choques externos”.

     

    Indicadores fiscales 2025-2029:
    – Reducción de 5.4 puntos porcentuales de la relación de la deuda con el PIB entre 2024 y 2029, que pasaría de 87.4 % a 82 %.
    – El déficit fiscal se reduciría gradualmente hasta llegar a 2.9 % en 2029.
    – El balance primario —más ingresos que gastos sin incluir intereses— sería de 1.9 % en 2025 y aumentaría hasta 3.7 % en 2027 y 4.2 % en 2029.
    – La inversión pública alcanzaría un promedio de 4.2 % del PIB.
    – El gasto público total pasaría de 29.4 % del PIB en 2025 a 29.2 % en 2029. El gasto corriente llegaría a 25.2 % del PIB en 2029.

     

    Riesgos: ¿qué podría frenar el cumplimiento de esta meta?

    Sin embargo, el informe advierte que el costo de la deuda es el principal “factor de presión al alza”. Si bien el superávit fiscal reduciría la deuda en 16.6 % del PIB y el crecimiento económico en 12 %, las altas tasas de interés la incrementarían en 24 %.

    También señala los riesgos asociados a los desastres medioambientales como uno de los mayores obstáculos, según una medición realizada con la herramienta para la evaluación de riesgos fiscales (FRAT), desarrollada por el FMI.

    “Estos podrían generar un impacto fiscal alto y tienen una probabilidad de materialización alta”, agrega, al ejemplificar que la ocurrencia de dos desastres —como un sismo o exceso de lluvias— podría reducir el crecimiento del PIB en 2 %, aumentar el déficit fiscal en 4.2 % y elevar la deuda en 6.6 %.

    Además, menciona “riesgos específicos” derivados de las empresas públicas, los asocios público-privados (APP), los gobiernos locales y las garantías soberanas, aunque aclara que generarían un “impacto fiscal bajo y una probabilidad de materialización media o baja”.

    En el informe, Hacienda también destaca “incrementos sostenidos” de la recaudación tributaria —al menos $2,858 millones entre 2020 y 2024— debido a medidas administrativas para mejorar y modernizar la administración tributaria, ampliar la base de contribuyentes y promover la equidad del sistema, sin aumentar impuestos.

  • FMI avanza segunda revisión del programa con El Salvador: destaca publicación de estudio actuarial de pensiones y medidas fiscales

    FMI avanza segunda revisión del programa con El Salvador: destaca publicación de estudio actuarial de pensiones y medidas fiscales

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó este lunes que “continúan los avances” para la segunda revisión del programa de $1,400 millones con El Salvador, al tiempo que destacó los resultados, económicos, fiscales y la publicación del estudio actuarial de pensiones.

    Según un comunicado, la misión del FMI sostuvo conversaciones virtuales y presenciales en los últimos meses con las autoridades salvadoreñas, en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), aprobado en febrero de 2025, cuya revisión se esperaba para septiembre pasado.

    La nota señala que “continúan los avances en las negociaciones hacia un acuerdo a nivel del personal técnico en torno a la segunda revisión del programa en el marco del SAF”.

    El FMI destacó que la economía salvadoreña se expande a un “ritmo más rápido de lo previsto”, impulsada por una mayor confianza del mercado, el ingreso récord de las remesas familiares y una “inversión pujante”, por lo que proyecta un crecimiento económico de 4 % en 2025, por encima del 2.5 % estimado inicialmente.

    “El compromiso de las autoridades con la consolidación fiscal sigue siendo firme: la meta del saldo fiscal primario para fines de 2025 está bien encaminada hacia su cumplimiento, y el presupuesto para 2026 recientemente aprobado es consistente con una nueva reducción del déficit junto con una expansión del gasto social”, indicó el FMI.

    Sistema financiero y pensiones

    El organismo multilateral agregó que los esfuerzos fiscales están respaldados por la acumulación de reservas y una reducción del endeudamiento interno, de acuerdo con las metas establecidas en el programa, que contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).

    “Para ayudar a apuntalar la consolidación proyectada, se ha publicado recientemente un estudio actuarial sobre pensiones, junto con el marco fiscal de mediano plazo”, indicó el Fondo.

    De acuerdo con el cronograma, el estudio actuarial se debía publicar en septiembre tras una primera prórroga, ya que inicialmente se esperaba en junio. El Ministerio de Hacienda tiene disponible un link en el portal de Transparencia Fiscal, pero no se encuentra disponible, aunque en redes circula un documento.

    Además, citó reformas orientadas a fortalecer la estabilidad financiera, la banca, la gestión de crisis y los sistemas de garantía, así como la adopción de regulaciones de Basilea II para mejorar la cobertura de liquidez y el financiamiento.

    El FMI adelantó que las negociaciones para la venta de la billetera pública Chivo se encuentran “muy avanzadas”, mientras que las discusiones sobre el bitcoin se centran en la transparencia, la protección de los recursos públicos y la mitigación de riesgos.

    El organismo sostuvo que continuará la “estrecha colaboración” con las autoridades salvadoreñas para alcanzar un acuerdo a nivel técnico sobre las reformas necesarias que permitan completar la segunda revisión del programa, cuyo aval del directorio habilitaría un nuevo desembolso.

    Hasta la fecha, el FMI ha desembolsado $231 millones del programa: $113 millones en febrero, con la aprobación del acuerdo, y $118 millones tras la primera revisión en junio.

  • Casi la mitad de la deuda pública deberá pagarse en la próxima década

    Casi la mitad de la deuda pública deberá pagarse en la próxima década

    Casi la mitad de la deuda pública deberá pagarse en la próxima década, cerca de $15,300 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.

    El perfil de la deuda del sector público no financiero (SPNF) a noviembre detalla que el saldo alcanzó los $32,613.2 millones —incluidas las pensiones—, equivalente a un 89.1 % del producto interno bruto (PIB) previsto para este año.

    Según el informe, el 25 % de estos compromisos debe pagarse entre uno y cinco años, mientras que un 22 % está programado para un plazo de entre seis y 10 años. Esto se traduce en un 47 % de la deuda total, equivalente a unos $15,328.2 millones.

    Hacienda documenta que un 34 % de la deuda pública se pagará entre 11 y 20 años, mientras que el 19 % restante está contratada a plazos mayores de 20 años.

    El saldo de la deuda del SPNF aumentó en $1,715.1 millones frente a los $30,898.1 millones registrados en diciembre de 2024, cuando representaba un 87.4 % del PIB.

     

    ¿En qué se debe?

    Del total registrado a noviembre, $11,241.1 millones corresponden a deuda derivada del sistema de pensiones, equivalente a un 30.7 % del PIB. Este componente aumentó en $715.2 millones respecto a diciembre del año pasado.

    Los restantes $21,372.1 millones se clasifican como deuda del SPNF, que incluye las obligaciones del gobierno central y de las empresas públicas no financieras. Este monto representa un 58.4 % del PIB y refleja un incremento de $999.9 millones frente al cierre de 2024.

    De este saldo, $1,130.8 millones corresponden a Letras del Tesoro (Letes) y $96.8 millones a Certificados del Tesoro (Cetes), que en conjunto suman $1,227.6 millones, equivalente a un 3.4 % del PIB. Estos títulos se emiten en el mercado local, principalmente con bancos, sin requerir aprobación de la Asamblea Legislativa, y se utilizan para solventar deficiencias temporales de caja fiscal.

    Hacienda reporta que un 14 % de la deuda fue emitida a tasas de interés de entre 3 % y 6 %, seguido de un 34 % contratada entre 6 % y 8 %.

    Un 19 % de las obligaciones devenga intereses de entre 8 % y 9 %, mientras que por un 24 % de la deuda se paga un cupón de hasta 9 %.

  • El saldo de Letes llegó a su mínimo desde 2020 en medio de mayores depósitos del gobierno

    El saldo de Letes llegó a su mínimo desde 2020 en medio de mayores depósitos del gobierno

    El saldo de la deuda en Letras del Tesoro (Letes) cerró en septiembre en su cifra mínima desde febrero de 2020, con $1,064.92 millones, en medio de un aumento en los depósitos del gobierno en el sistema financiero, según estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).

    Las Letes se consideran la “tarjeta de crédito” del gobierno, ya que permiten acceder a financiamiento inmediato cuando enfrenta problemas de liquidez. Estos títulos se colocan en el mercado local, donde los principales compradores son los bancos privados y las administradoras de fondos de pensiones.

    Estas obligaciones superaron el umbral de los $1,000 millones en febrero de 2020, cuando sumaron $1,049.86 millones, y se mantuvieron por encima de ese nivel durante los últimos seis años, con picos de hasta $1,557 millones en julio de 2023.

    Esta deuda es una de las mayores preocupaciones, ya que usualmente las Letes se emitían a un año plazo y el Ministerio de Hacienda realizaba un “roll over”, es decir, emitía nuevos títulos para pagar los que vencían. Estas presiones tuvieron un alivio en septiembre de 2023, cuando el gobierno y la banca acordaron un reperfilamiento de $1,431.3 millones, de los cuales un 73 % quedó estructurado para pagos en dos y siete años.

    De acuerdo con el BCR, la deuda en Letes disminuyó en $157.7 millones frente al saldo de agosto, o en $114.48 millones en comparación con el mismo mes de 2024.

    La cifra del BCR difiere de la publicada por el Ministerio de Hacienda, que reporta un saldo de $985.8 millones, aunque este corresponde al valor precio.

    ¿Efecto temporal?

    El historial disponible en el BCR muestra que el saldo de las Letes fluctúa, pero la cifra coincide con dos variables: el aumento en los depósitos del gobierno y el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir las obligaciones con la banca, lo que permitiría dar oxígeno a la cartera de créditos productivos.

    El BCR reporta que los depósitos del gobierno central sumaron $1,586.7 millones en septiembre, $667.7 millones más en comparación con los $919 millones registrados en enero de 2025.

    Además, es el doble respecto a los $787.9 millones reportados en septiembre de 2024.

    Para Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), este aumento en los depósitos está vinculado con una “mayor cantidad de desembolso en préstamos” y el incremento en la recaudación tributaria, que a septiembre creció un 8.6 % frente a 2024.

    “Hay bastante liquidez, por lo pronto, en caja, y eso ha favorecido el pago del adelanto del aguinaldo, así como destinar recursos para pagar las Letras del Tesoro”, añadió.

    El economista recordó que el acuerdo con el FMI también contempla metas para estabilizar la deuda pública como proporción del producto interno bruto (PIB), que incluye las Letes debido a la presión que ejercen sobre la caja fiscal.

    De los depósitos del gobierno central a septiembre, $752.3 millones se encuentran en las sociedades de depósitos y $834.3 millones en el Banco Central de Reserva.

  • Gobierno pagó más de $1,300 millones en intereses de la deuda pública hasta septiembre

    Gobierno pagó más de $1,300 millones en intereses de la deuda pública hasta septiembre

    El gobierno salvadoreño pagó $1,307.7 millones por los intereses de la deuda pública entre enero y septiembre de 2025, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR).

    Dicha cifra creció un 6 % en relación con los $1,233.7 millones reportados en igual período de 2024, equivalente a $74 millones adicionales.

    Al igual que en un crédito personal, el gobierno tiene la obligación de pagar los intereses y las amortizaciones de la deuda pública. Esta es una de las erogaciones que más presionan las cuentas fiscales, con un monto que incluso supera lo destinado a la inversión pública, que alcanzó $1,180 millones en los primeros nueve meses del año.

    Según el BCR, el pago de intereses representó un 17.9 % de todos los ingresos y donaciones recibidos por el tesoro salvadoreño en los primeros nueve meses del año, los cuales superaron los $7,193.4 millones.

    Además, este pago equivale a un 3.5 % del producto interno bruto (PIB), estimado en $36,602.1 millones para 2025.

    De acuerdo con el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2026, el servicio de la deuda para el próximo año superará los $2,433.6 millones, de los cuales $926.1 millones corresponden a obligaciones internas y $1,507.4 millones a externas.

    El anteproyecto contempla $1,504.2 millones en intereses y $929.3 millones en amortizaciones.

    Costo de la deuda

    El perfil de la deuda del sector público no financiero (SPNF) señala que el saldo superó los $32,280.1 millones en septiembre, equivalente al 88.2 % del PIB.

    Este saldo incorpora las obligaciones derivadas del sistema de pensiones, pero no refleja la deuda de las empresas financieras. Para ello, el BCR publica la deuda pública total del país, que a septiembre rebasó los $33,533.4 millones.

    De las obligaciones del SPNF, Hacienda reporta que un 57 % de la deuda pública se encuentra colocada a tasas de interés que van del 3 % al 8 %.

    Además, un 19 % tiene un cupón de entre 8 % y 9 %, mientras que un 24 % devenga un interés superior al 9 %.

    Un 48 % de la deuda se pagará en los próximos 10 años, frente a un 34 % que tiene una estructura de vencimiento de 11 a 20 años, y un 18 % fue contratada a más de 20 años.

  • FMI advierte que deuda de EE.UU. superará a Grecia e Italia para 2030

    FMI advierte que deuda de EE.UU. superará a Grecia e Italia para 2030

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la deuda pública de Estados Unidos podría alcanzar el 143.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030, superando los niveles de países tradicionalmente endeudados como Grecia e Italia. La institución atribuye esta alarmante proyección a déficits fiscales estructurales superiores al 7 % anual durante todo el periodo analizado.

    De acuerdo con el FMI, la trayectoria fiscal de la primera economía del mundo está marcada por un desequilibrio creciente entre ingresos y gastos públicos, lo que posiciona a Estados Unidos como el país con mayor desfase presupuestario entre las economías avanzadas. El deterioro fiscal previsto supone un incremento de más de 20 puntos en la deuda en solo cinco años.

    En esa misma línea, la Oficina de Presupuestos del Congreso de EE.UU. estima que la deuda seguirá creciendo y alcanzará aproximadamente el 160 % del PIB para 2050. Este panorama ha comenzado a generar respuestas en el mercado de calificaciones crediticias.

    La agencia Scope Ratings rebajó este lunes la nota de la deuda soberana estadounidense de ‘AA’ a ‘AA-‘, citando el “deterioro sostenido de las finanzas públicas” y un “debilitamiento de los estándares de gobernanza”. La perspectiva fue modificada de negativa a estable, aunque la agencia advirtió que la dinámica actual seguirá presionando la relación deuda/PIB, que se acercaría al 140 % en 2030.

    La calificadora también alertó que las políticas fiscales recientes, como la llamada “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA), han limitado la capacidad presupuestaria en el corto plazo. A esto se suman compromisos fiscales sin financiación, como los programas Medicare y Medicaid, que incrementarán la presión financiera en el largo plazo. Scope estima que el déficit fiscal cerrará 2025 en un 7.4 % del PIB y promediará 7.8 % entre 2026 y 2030.

     

  • La deuda pública representó el 88 % del PIB y superó los $32,200 millones a septiembre

    La deuda pública representó el 88 % del PIB y superó los $32,200 millones a septiembre

    La deuda pública total, con pensiones, superó los $32,280.1 millones a septiembre de 2025 y representó el 88.2 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

    El perfil de la deuda, publicado en Transparencia Fiscal, confirma que el endeudamiento público continúa en crecimiento, luego de subir $1,382 millones en comparación con los $30,898.1 millones registrados en diciembre de 2024, cuando representó un 87.4 % del PIB.

    La cifra representa la deuda del gobierno central, empresas públicas financieras y no financieras, y pensiones.

    Hacienda reporta que la deuda del sector público no financiero (SPNF) suma $21,209.5 millones, equivalente al 55.9 % del PIB. Esta cifra aumentó en $837.3 millones frente a los $20,371.2 millones registrados a finales del año pasado.

    Las obligaciones del sistema de pensiones ejercen fuerte presión sobre las finanzas públicas, con una participación del 30.2 % del PIB, al rebasar los $11,070.6 millones a septiembre.

    Este saldo aumentó en $544.7 millones desde diciembre de 2024, y la mayor carga recae en los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que suman $8,394.8 millones, mientras que los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) totalizaron $2,675.8 millones.

    Dentro de las obligaciones, la deuda flotante fue la única que registró una reducción de $244.6 millones en relación con diciembre de 2024 y se situó en $1,113.2 millones, equivalente al 3 % del PIB. Este saldo incluye los Certificados y las Letras del Tesoro (Cetes y Letes), con $127.4 millones y $985.8 millones, respectivamente.

    Vencimientos

    Según Hacienda, el 25 % de la deuda pública tiene un período de vencimiento de uno a cinco años, mientras que un 23 % va de seis a 10 años.

    Un 34 % de las obligaciones se deberá pagar entre 11 y 20 años, y un 18 % tiene vencimientos mayores a 20 años.

    Hacienda registra que un 24.8 % de la deuda corresponde a eurobonos, que sumaron $8,009.7 millones a septiembre, instrumentos que el gobierno emite en el mercado internacional.

    Los préstamos externos sumaron $7,621.9 millones (23.6 %), los bonos internos $4,390.9 millones (13.6 %) y los préstamos internos $73.8 millones (0.22 %).

    El 57 % de la deuda se contrató con tasas de interés menores al 8 %, mientras que un 19 % va de 8 % a 9 %, y un 24 % se colocó con un cupón superior al 9 %.

  • Argentina vota en medio periodo un referéndum político marcado por Milei, EE.UU. y el regreso del peronismo

    Argentina vota en medio periodo un referéndum político marcado por Milei, EE.UU. y el regreso del peronismo

    Argentina celebrará este domingo 26 de octubre elecciones legislativas de medio término que, más allá de renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, se perfilan como un referéndum sobre la gestión del presidente Javier Milei, en medio de tensiones con Estados Unidos y el resurgimiento del peronismo a 80 años de su fundación.

    A casi dos años de su llegada al poder, Milei enfrenta el primer gran test político de su mandato. Su plan de ajuste ha reducido la inflación, pero ha tenido efectos colaterales: según cifras oficiales, 18,000 empresas han cerrado y 253,000 empleos del sector privado se han perdido. La deuda externa alcanzó los $305,043 millones, un récord histórico, y los mercados financieros permanecen inestables.

    El mandatario, que prometió «acabar con la casta», enfrenta escándalos por supuestos actos de corrupción en su entorno, incluyendo a su hermana y asesora, Karina Milei. También ha sido criticado por su apoyo a la criptomoneda $LIBRA, que colapsó poco después, dejando a miles de inversores damnificados.

    Intervención estadounidense

    La campaña ha estado marcada por un inédito nivel de injerencia de Estados Unidos. El expresidente Donald Trumprespaldó públicamente a Milei, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que el apoyo financiero norteamericano dependerá del resultado electoral.

    Argentina ha firmado recientemente un crédito de $20,000 millones con el FMI y otro acuerdo de ‘swap’ de divisas con EE.UU. por un monto similar. Washington también ha realizado compras masivas de pesos argentinos para evitar su colapso. Según analistas, esta estrategia busca frenar la expansión de la influencia china en la región.

    Actualmente, Argentina es el país con la mayor deuda con el FMI, superior a los $56,820 millones.

    Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra a su mandatario, Javier Milei (i), posando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. / EFE

    El peronismo, en modo de regreso

    El desgaste del oficialismo ha revitalizado al peronismo, que perdió las elecciones presidenciales de 2023 tras un gobierno ampliamente criticado liderado por Alberto Fernández. Hoy, el movimiento justicialista se reorganiza en torno a nuevas figuras, como Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien arrasó en las legislativas previas.

    El peronismo ha retomado su narrativa histórica basada en independencia económica, justicia social y soberanía nacional, en respuesta al ajuste fiscal y la reducción de políticas sociales implementadas por Milei.

    Independientemente del resultado, los analistas coinciden en que Argentina enfrentará un cambio de rumbo político. Si Milei logra mayoría en el Congreso, podrá consolidar su plan de reformas, incluido su agresivo paquete económico apodado “la motosierra”.

    Pero si el peronismo avanza, se convertirá en la principal fuerza opositora, con miras a las presidenciales de 2027. “Frenar a Milei” se ha convertido en el eje de su estrategia política.

    Expectativa en los mercados

    Los mercados financieros observan con atención el desenlace electoral. Una victoria del peronismo podría acelerar la devaluación del peso argentino frente al dólar. Pero incluso con un triunfo oficialista, persiste el escepticismo de los inversores por la sostenibilidad del modelo económico.

    Analistas aseguran que una devaluación es casi inevitable, dado el peso sobrevalorado y el uso masivo de reservas para sostenerlo. El desenlace del domingo será clave para definir el futuro económico y político del país.