El Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, apuesta a recibir un respaldo financiero de Estados Unidos en medio de la crisis por la caída de sus reservas monetarias. Este martes, Milei sostendrá un encuentro en Nueva York con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El lunes, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró estar “listo para hacer lo necesario” para apoyar a Argentina, a la que calificó como un “aliado de importancia sistémica en América Latina”.
Entre las alternativas mencionadas figuran la compra de bonos soberanos a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF) o un swap de divisas entre la Reserva Federal y el Banco Central argentino.
Milei agradeció públicamente a Trump y a Bessent su “apoyo incondicional al pueblo argentino”.
El mandatario derechista, que gobierna desde finales de 2023, ha alineado su política exterior con Estados Unidos e Israel, mientras busca estabilizar la economía con fuertes ajustes fiscales.
Argentina enfrenta urgencias financieras tras semanas de presión cambiaria y vencimientos de deuda por $4,400 millones en enero próximo. Solo la semana pasada, el Banco Central vendió $1,100 millones de reservas para frenar el alza del dólar, mientras que las reservas brutas cerraron este lunes en $39,118 millones, aunque analistas privados advierten que las netas son mucho menores.
Estados Unidos ya había sido clave para la aprobación del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, que permitió desembolsos por $14,000 millones.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, respaldó este lunes el compromiso de Washington: “Valoramos la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina”, señaló, recordando que el país sudamericano es el mayor deudor del organismo, con obligaciones equivalentes a $57,250 millones.
“Los recursos del contrato de préstamo podrán ser utilizase igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez y transferencias varias”, leyó esta mañana el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, el dictamen favorable.
El director de inversión y crédito público, Marlon Herrera, llegó a la comisión este mismo lunes a explicarles a los diputados que el préstamo fue autorizado el 13 de agosto, firmado el 19 de agosto y ratificado el 3 de septiembre de 2025.
Agregó que el crédito será “para el mantenimiento de una política macroeconómica adecuada”. “Nada más es el proceso a efecto de garantizar el buen uso de los recursos”, aseveró brevemente.
El funcionario confirmó que los $250 millones serán puestos en la unidad presupuestaria 13 “Obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda.
“En la parte correspondiente al ramo de Hacienda se refuerzan sus asignaciones en las diferentes líneas de trabajo de la unidad 13 Obligaciones generales del Estado con 250 millones de dólares”. Marlon Herrera, ministro de Hacienda.
Herrera dijo que quedaba atento a cualquier pregunta. El diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, aseguró que esta es “la tercera etapa” del préstamo y leyó que “busca reforzar las políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” y preguntó qué medidas se implementan.
“Este préstamo es para el apoyo a las medidas que adopta el gobierno en el marco de la responsabilidad fiscal”. Geovanny Zaldaña (Nuevas Ideas).
Herrera le respondió que estas medidas –financiadas por el préstamo de sostenibilidad fiscal– “pueden ser leyes, acuerdos internos, decretos específicos” como la Ley de sostenibilidad fiscal y el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Agregó que la gestión de desastres ocasionados por impactos naturales “también son reconocidos”, así como la planificación del área metropolitana de San Salvador. “Esas son las acciones que reconocen estos instrumentos financieros”, le contestó, sin desglosar los destinos específicos que tendrán los $250 millones prestados por el Banco Mundial.
La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, dijo que “ahora esta nueva Asamblea” “el presupuesto se aprueba, se discute”. “También el trabajo de la Corte de Cuentas que ahora presenta estos informes”, indicó, sin explicar a qué se refería. La Corte de Cuentas tienen un año de no publicar informes de auditorías en su Portal de Transparencia.
Los diputados no hicieron más consultas e inmediatamente el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, leyó el dictamen favorable para integrar los $250 millones de nueva deuda al presupuesto general del Estado 2025 y lo aprobaron.
El préstamo es financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Los fondos son parte del “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal» aprobado desde julio por el Banco Mundial que asciende a un total de $350 millones –$100 millones se destinan a emergencias por desastres.
Según el Banco Mundial, uno de los pilares del programa busca promover fortalecer la gestión financiera pública, apoyar medidas para racionalizar la masa salarial pública, modernizar la regulación del servicio civil, aumentar la eficiencia de la inversión pública y atraer fondos privados con reformas a leyes sobre asociaciones público-privadas y de empresas de economía mixta.
Un segundo pilar –de $100 millones– financiará herramientas para gestionar riesgos, normas de construcción más seguras y mejoras en la capacidad de respuesta ante emergencias y planificación metropolitana resiliente en San Salvador, beneficiando «a más de 200,000 personas con espacios verdes que mitigan el calor extremo y las inundaciones» según el Banco Mundial.
Los financiamientos buscan cumplir objetivos de estabilizar las finanzas públicas a las que ha llegado El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se implementaría durante «los próximos tres años».
El conglomerado financiero Davivienda, con sede en Colombia, ve con complacencia las mejoras fiscales de El Salvador a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Javier Suárez, presidente de Davivienda -casa matriz de Banco Davivienda Salvadoreño-, indicó que el acuerdo con el FMI tiene implícita la palabra “confianza”, clave en el mercado financiero para reducir los costos de financiamiento y una señal positiva para corregir las distorsiones de la caja fiscal.
“El Salvador viene en un proceso de transformación. Vemos, registramos, con complacencia las mejoras en el ámbito fiscal. Lo que ha pasado en los últimos dos años de mejoras, de acuerdo con el FMI, ha hecho que el panorama fiscal de El Salvador evidentemente tenga una perspectiva diferente y estamos comprometidos con el crecimiento de El Salvador y con toda nuestra operación”, afirmó Suárez a Diario El Mundo durante el lanzamiento de la colección Rojo Tú, realizada el 17 de septiembre en Cali, Colombia.
Tras cuatro años de negociaciones, el gobierno de Nayib Bukele firmó un programa de $1,400 millones con el FMI que contempla un paquete de medidas en materia fiscal, transparencia y atracción de inversiones.
Efecto en el sistema financiero
El presidente de Davivienda, el cuatro más grande de la plaza salvadoreña, señaló que el voto de confianza del FMI se reflejó inmediatamente en los mercados financieros: “Una vez se llegó al acuerdo, el costo de la deuda salvadoreña se redujo, cosa que a nosotros también nos permite entregar recursos a los clientes en El Salvador a tasas más favorables”.
Entre la camándula de compromisos se encuentra un ajuste fiscal de 3.5 puntos del producto interno bruto (PIB) durante tres años para contener la deuda pública y el déficit fiscal. Esto permitirá, en alguna medida, reducir la dependencia del gobierno de la banca privada para financiarse a corto plazo.
Javier Suárez, presidente de Davivienda, casa matriz de Banco Davivienda Salvadoreño. /DEM
“Hay expectativa donde hay un camino hacia una sostenibilidad fiscal, que es lo que está implícito con un acuerdo con el FMI, es muy positivo para la economía y el sector financiero”, insistió el banquero.
Además, el programa contempla un incremento en las reservas de liquidez de la banca hasta un 15 % para 2026, cuyo techo disminuyó desde la pandemia de covid-19 para inyectar capital a la economía y liberar financiamiento al gobierno.
De igual manera, se contempla un refuerzo a los marcos regulatorios y de supervisión financiera para garantizar la estabilidad del sistema financiero, uno de los pilares más importantes de la economía que ha logrado mantenerse resiliente a pesar de los choques de los últimos cinco años.
Resiliencia económica
“Estamos en un mundo turbulento”, reconoció Suárez, al tiempo que aseguró que la región Latinoamericana ha demostrado resiliencia en momentos críticos y, hasta el momento, los mercados donde tiene operación -Colombia, Centroamérica y Miami-, mantienen crecimientos modestos, pero positivos.
“Yo creo que, en el mediano plazo, los países que estamos cerca a Estados Unidos, una vez se calmen un poco las aguas que estamos viviendo, vamos a salir beneficiados de estar cerca de una economía que tendrá sus altibajos, pero sigue siendo la mayor economía del mundo. La ventaja que tiene estar cerca, la capacidad que tienen estos países de tener ese talento que genera crecimiento, pues para nosotros es importante”, dijo.
Davivienda es una unidad de negocios del colombiano Grupo Bolívar, que en 2012 adquirió las unidades bancarias y de seguros de HSBC en El Salvador, Costa Rica y Honduras. La operación salvadoreña guarda 140 años de historia, pues es la evolución de la primera institución establecida en 1885, como “Banco Salvadoreño”.
“Somos representantes y guardianas de un legado de 140 años de historia, la entidad de mayor antigüedad”, indicó Suárez.
La Asamblea Legislativa ha aprobado en lo que va del año 2025 un total de 10 contratos de garantías crediticias para que el Estado sea el garante de deudas suscritas por sus empresas o instituciones por $1,463.9 millones.
No toda la deuda que se garantizó en 2025 es nueva deuda.
Estas deudas no pasan por votación legislativa, pero las garantías crediticias que les exigen las instituciones financieras sí requieren votos legislativos. Es decir, las votaciones de las garantías soberanas revelan nueva deuda estatal adquiridas por autónomas o empresas públicas.
Los contratos de garantías soberanas aprobadas por la Asamblea desde el 1 de enero de 2025 suman $1,463 millones: $830.9 millones fue deuda suscrita en años anteriores al 2025; y $632.1 millones este año.
La más reciente garantía crediticia aprobada por los diputados sirvió para que el Fondo de Conservación Vial (Fovial) respaldara el aumento de un crédito que originalmente fue suscrito en 2022 por $100 millones, aumentado en 2024 a $250 millones y este año a $400 millones, garantía aprobada con el último aumento el miércoles pasado.
Un economista salvadoreño explicó que las garantías soberanas tienen como fin “garantizar el pago y obtener una tasa más competitiva” pero también se busca que “el Estado responde en última instancia ante un incumplimiento que esa institución no pague su préstamo”.
“Las empresas públicas en principio pueden endeudarse por sus ingresos propios y porque son negocio, realmente ellas tienen rentabilidad, pero por cualquier cosa, se les aprueba una garantía aunque esto no es siempre”, indicó el especialista a El Mundo.
La Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes para autorizar o aprobar 13 préstamos por un total de $1,795.7 millones y 10 garantías soberanas a deudas adquiridas por sus autónomas por $1,213.9 millones, durante los primeros ocho meses de 2025.
En total, de enero a agosto de 2025, los diputados han autorizado o aprobado $1,735.7 en 12 préstamos y $633 millones en seis garantías a nuevos préstamos suscritos por otras entidades públicas, sumando un total de $2,368.7 millones.
Tanto los préstamos como las garantías soberanas requieren dos votaciones: una autorización para que se suscriba el contrato con el organismo financiero y la aprobación del contrato.
Hasta esta semana, la Asamblea Legislativa ha autorizado 12 contratos de préstamos por $1,735.7 millones, de los cuales ya aprobó $1,235.7 millones. La Comisión de Hacienda recibirá el lunes una nueva solicitud por $60 millones para transporte, que, si se aprueba, serán $1,795.7 millones los préstamos avalados por los diputados.
Esta deuda suscrita por El Salvador no ingresa automáticamente al presupuesto general del Estado, debido a que eso requeriría el inicio de los desembolsos y las respectivas reformas presupuestarias aprobadas por el Congreso.
Garantías para $1,463.9 millones
Algunas instituciones del Estado suscriben contratos de préstamos sin que estos pasen por la Asamblea pero sí requieren aprobación legislativa para que el Estado les dé las respectivas garantías crediticias.
Así, desde enero de 2025, la Asamblea ha autorizado garantías soberanas para respaldar una deuda $1,463.9 millones adquirida por CEL, FSV, Bandesal y Fovial.
No toda esta deuda garantizada por el Estado en 2025 es nueva.
Entre las garantías aprobadas por la Asamblea en este periodo de 2025 se encuentran cuatro créditos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que suman $580.9 millones que fueron suscritos en 2008, 2012, 2017 y 2022.
Otra garantía se otorgó a un aumento crediticio de $150 millones para el Fondo de Conservación Vial (Fovial).
Descontando las deudas suscritas en años anteriores, la Asamblea autorizó garantías crediticias para $633 millones de nueva deuda: $50 millones para el Fondo Social para la Vivienda (FSV), $190 millones para el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) y $243 millones para la CEL.
La calificación de riesgo soberano S&P Global Ratings reafirmó el 20 de agosto la calificación de la deuda soberana de El Salvador por el soporte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advirtió de una delicada situación fiscal y de pensiones.
La agencia explicó que la preceptiva muestra un equilibrio por la “aún desafiante situación fiscal” por el alto servicio de la deuda proyectado en medio de una drástica mejora en la seguridad pública que debería impulsar el crecimiento económico, así como mejores condiciones para acceder a financiamiento con instituciones multilaterales.
La suma de estos factores debería “seguir conteniendo los riesgos de incumplimiento soberano durante los próximos 12 a 18 meses”.
La agencia agregó que la calidad crediticia de El Salvador se ve limitada por un débil marco institucional y gestión económica, que ha derivado en “dos incumplimientos de pagos” con los fondos de pensiones en los últimos 10 años.
“También se ve limitada por un crecimiento económico moderado que ha mantenido al país con menores indicadores de riqueza que muchos otros países con la misma calificación y ha contribuido a la debilidad fiscal y a una elevada deuda gubernamental”, sostuvo.
Para la agencia, el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Administración de Nayib Bukele mejoraría la capacidad de pago a largo plazo.
Carga de pensiones
La agencia advirtió que de un agotamiento del fondo de solidaridad del sistema de pensiones, al tiempo que ejercerá presión en las cuentas fiscales: “Esperamos que el fondo de solidaridad para el sistema de pensiones de contribución definida se quede sin reservas durante nuestro horizonte de proyección”.
“En nuestra opinión, el fin del período de gracia del servicio de la deuda con los fondos de pensiones privados en 2027 aumentará la carga de intereses y mitigará cualquier ganancia esperada en superávit primario”, añadió.
Tras la última reforma de pensiones, en 2023 el gobierno salvadoreño hizo un canje de la deuda con las AFP por certificados de largo plazo, que incluyó un período de gracia de cuatro años de intereses y capital.
Anticipa que el sistema público siga dependiendo de los fondos de pensiones para financiar los déficits y, en un escenario base, el pago de intereses alcanzaría un máximo superior al 20 % de los ingresos del gobierno al final del período de gracia de la deuda con el sistema de pensiones. Además, la deuda pública neta llegaría a un 91 % en 2028, desde un 84 % en 2024.
Estos escenarios están sujetos a una reforma que debe presentar el gobierno salvadoreño a más tardar el 10 de febrero de 2026, según el programa de compromisos del FMI.
“Esperamos que el gobierno apruebe una reforma previsional en 2026, pero no hay claridad sobre cómo abordará la deuda del sistema de pensiones que tienen las AFP”, dijo.
La calificadora recordó que la ley obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a comprar certificados previsionales, que ascendieron a un 30 % del PIB en 2024.
Mejorar de nota bajo condiciones
Sin embargo, advirtió que podría rebajar la calificación en los próximos seis o 12 meses si el gobierno salvadoreño no avanza con los compromisos del acuerdo con el FMI, ya que podría obstaculizar el acceso a financiamiento.
También podría empeorar la nota de la deuda salvadoreña si los déficit fiscales siguen elevados, pues aumentaría la probabilidad de incumplimiento de pago a medida se acerca el final del período de gracia acordado en 2023 con las AFP.
Por el contrario, S&P Global Ratings agregó que podría aumentar la calificación en los próximos 12 o 18 meses si El Salvador mejora su desempeño fiscal, con mayor libertad para cumplir sus obligaciones.
S&P Global Ratings prevé que el PIB crezca un 2.5 % entre 2025 y 2028 en virtud de los flujos de remesas y la mejora en la seguridad. Además, espera que la inflación se mantenga baja durante los próximos tres años.
El gobierno salvadoreño destinó un 20.5 % de los ingresos tributarios netos que recibió en el primer semestre del año para pagar $886.7 millones de intereses de deuda, según el Banco Central de Reserva (BCR).
El pago de intereses representó un incremento de $130.3 millones frente a los $756.4 millones reportados en igual período de 2024, equivalente a un 17.2 %.
Así como una persona con un crédito bancario debe realizar aportes de capital y pago de intereses, así el gobierno incluye esta obligación en el presupuesto general de la nación, que se financia principalmente con los ingresos tributarios.
De acuerdo con el BCR, una quinta parte de los ingresos tributarios netos captados en el primer semestre se destinó a esta obligación. El Banco Central reporta que el fisco recibió $4,321.3 millones a junio, $360.4 millones adicionales en relación con los $3,960.9 millones del año pasado, equivalente a un crecimiento de un 9.09 %.
Además, representa un 16.1 % de los gastos y concesión neta de préstamos del gobierno, que sumaron $5,481.2 millones en el primer semestre. Este indicador aumentó en $616.6 millones en relación con 2024, un 12.6 %.
Dentro de los gastos y concesión de préstamos está la partida de gastos corrientes, que sumó $4,643.5 millones y abarca consumo, intereses y transferencias corrientes, así como la partida de gastos de capital por $867.5 millones, una cifra que representa la inversión bruta, concepción neta de créditos y transferencias de capital.
La asignación para honrar los intereses crece cada año y en 2024 cerró en la cifra más alta en tres décadas, luego de superar $1,517.8 millones, un 14 % más que en 2023.
Para 2025, Hacienda estima en $1,523.03 millones el pago de intereses, comisiones de títulos y empréstitos.
La Asamblea Legislativa autorizó el miércoles al Ministerio de Hacienda para que suscriba un nuevo préstamo de $250 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, defendió esta nueva deuda.
«Deuda siempre ha existido, pero ¿qué hacían con la deuda anterior? ¿Dónde estaban las obras que ellos construían cuando endeudaban el país? Yo siempre recuerdo que ellos tuvieron en el presupuesto de deuda más de $100,000 millones y ¿dónde está El Salvador que ellos construyeron con ese dinero? ¿Había seguridad? ¿Y las escuelas? ¿Y los hospitales?, ¿y las medicinas? ¿Qué pasó con los presupuestos y la deuda que ellos tuvieron disponible en 30 años?, pues el pueblo sabe la respuesta: no se ve reflejada en la calidad de vida de la gente», cuestionó el diputado.
El diputado aseguró que continúan dándole al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, las herramientas para la construcción de obras públicas en El Salvador.
«Hoy continuamos, como lo prometimos que íbamos a hacer, a financiarle al presidente, a través de diferentes mecanismos, construcción de obra pública; y ustedes pueden ver la calidad de obra pública que estamos entregando de parte del presidente a la población», dijo Soriano.
Vamos demanda austeridad
Por su parte, la diputada suplente del partido opositor Vamos, Cesia Rivas, cuestionó la aprobación de más deuda adquirida por el Ejecutivo.
«Preocupa, hacemos un llamado al Estado salvadoreño a que tenga una política de austeridad, porque el despilfarro continúa, las inversiones en bitcoin continúan y se siguen enfocando en lo que no es la necesidad de la gente», indicó.
Según Rivas, Nuevas Ideas no está «respondiéndole a la gente» y señaló un «retroceso en las palabras».
«Se dijo que no se iba a acudir a la deuda, pero sí se está acudiendo a ella», alegó la diputada, refiriéndose a que el presidente Bukele prometió que, cuando se iba a presentar el Presupuesto General de la Nación 2025, aseguró que tendría cero deuda.
Rivas exhortó a la Asamblea Legislativa para que «sopese qué está haciendo» y que se enfoque lo que se hace con «una política de austeridad y que se le ayude a la gente».
La suscripción del contrato de préstamo fue aprobado con 57 votos de Nuevas Ideas y aliados; y dos en contra, uno de Vamos y uno de Arena.
Los fondos serían utilizados “igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado” que “requieran fuente de liquidez y transferencias varias”.
El préstamo “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” fue solicitado por el gobierno salvadoreño al Banco Mundial.
Este miércoles, la Asamblea Legislativa ratificó dos préstamos, $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para educación y $120 millones del Banco Mundial para un préstamo adicional del proyecto bypass de Apopa, y autorizó la firma de un préstamo de $100 millones del Banco Mundial activable en emergencias incluso sanitarias.
La alcaldía de San Salvador Centro mantiene una deuda de más de $25 millones con la empresa Integra International Services SV, sociedad anónima de capital variable, por los servicios de recolección de impuestos y tasas municipales que le ha ofrecido a la municipalidad desde junio de 2021, según documentos en poder de Diario El Mundo.
La empresa informó al personal administrativo de la comuna que la deuda asciende a $22,502,679.24 desde junio de 2021 hasta septiembre de 2024, lo cual, consta en facturas ya revisadas en los departamentos correspondientes de la alcaldía.
Mientras que, hay $3,171,818.86 en facturas que la empresa ya procesó, pero que no había emitido y que corresponden desde octubre de 2024 hasta enero de 2025.
Una fuente administrativa de la alcaldía aseguró que se ha conformado una comisión que estudia el caso y que se reúne con la empresa para “agilizar los trámites para el pago respectivo”.
Integra International Services indica en sus redes sociales que se dedica a brindar consultorías sobre gestiones tributarias municipales y nacionales, además, de ofrecer servicios de desarrollo de software. Asegura que busca “implementar prácticas de recaudación y elevar el servicio de atención a los contribuyentes”.
La fuente administrativa señaló que la empresa habría sido contratada por la comuna para brindarle servicios para la recolección de impuestos y tasas, no específicamente de contabilidad porque esa gestión es realizada por el área financiera de la comuna.
Este mes, la alcaldía autorizó la implementación de un plan para actualizar los estados financieros y contables de la alcaldía para dar cumplimiento de la Ley de transición para la reestructuración municipal, eso incluye los ingresos, egresos y deudas de los cinco distritos que componen el municipio.
San Salvador Centro está integrado por los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo.
Un tribunal de San Miguel condenó a María Nazaria Flores Molina a 20 años de prisión por el asesinato de una odontóloga en San Miguel, ocurrido en noviembre de 2024 en la colonia Ciudad Jardín, en el centro de la ciudad, informó la Fiscalía General de la República.
Posteriormente, la agresora hirió a la víctima en el cuello, provocando su muerte inmediata.
La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el móvil del homicidio fue la deuda económica que María Nazaria Flores Molina se negaba a pagar.
La mujer fue capturada el 9 de noviembre de 2024, tres días después del crimen, en el mismo sector donde ocurrieron los hechos. Durante su detención, la PNC confirmó que no existía un contrato formal del préstamo y que este había sido otorgado sin intereses.
