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Ineficiencia en los servicios públicos, desempleo y deterioro fiscal son parte de los mayores riesgos que enfrenta El Salvador en 2026, según el Foro Económico Mundial (FEM).

Como cada inicio de año, el FEM publicó la semana pasada la edición 26 del informe Riesgos Globales, que recoge los mayores obstáculos para la economía mundial y por países a partir de una encuesta a 1,300 líderes. En la metodología, la institución define un “riesgo” como la posibilidad de que ocurra un evento o condición que impacte de manera negativa la dinámica económica, la población o los recursos naturales.

Para El Salvador, el Foro Económico Mundial detalla que entre los cinco mayores riesgos para este año se encuentran los servicios públicos y la protección social insuficientes, como educación, infraestructura y pensiones.

También se incluye la falta de oportunidades económicas o desempleo, la erosión de los derechos humanos y las libertades cívicas, así como la desaceleración económica —recesión o estancamiento—.

El quinto riesgo es la deuda, tanto del gobierno como de las empresas y los hogares.

Los riesgos planteados para El Salvador este año varían significativamente en comparación con el informe de 2025, cuando el principal obstáculo era la deuda pública, seguido de la erosión de los derechos humanos, la desaceleración económica, la pobreza y la desigualdad, y la escasez de alimentos.

Estos dos últimos riesgos no se mencionan en el informe de 2026.

A nivel mundial, el FEM describe que los mayores riesgos para este año comienzan con la confrontación geoeconómica, que implica desafíos en el comercio, la inversión, las cadenas de suministro y el acceso a recursos naturales.

El segundo riesgo para la economía mundial es el conflicto armado entre Estados, seguido por el clima extremo, la polarización social y la desinformación.

Bajo la lupa en El Salvador

Aunque el informe del FEM no detalla cada riesgo por país, es de opinión generalizada que los servicios públicos en El Salvador son incipientes. En educación, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hizo mea culpa sobre las deficiencias y lanzó en mayo de 2025 el programa Dos Escuelas por Día, que, según un portal habilitado, registra intervenciones en más de 480 centros educativos a nivel nacional.

En pensiones, no obstante, el tema es más complejo, ya que el gobierno debe presentar en febrero una reforma al sistema como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Debido a los resultados del estudio actuarial, que revelan un fuerte deterioro, los analistas esperan cambios en la edad de retiro o en la tasa de cotización.

El tema económico siempre es sensible para los salvadoreños. El dato más reciente sobre desempleo corresponde a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024, que identificó a 140,622 salvadoreños en condición de desocupación. Sin embargo, al medir la informalidad —empleos precarios—, esta representa cerca del 70 % de la economía.

El riesgo de erosión de los derechos humanos y las libertades cívicas es una bandera de la oposición política y de defensores sociales, quienes alegan que bajo el régimen de excepción no se cumplen las garantías constitucionales o que se realizan despidos de empleados públicos sin justificación.

Ante estas críticas, el gobierno ha respondido que la mejora de la seguridad pública es uno de los mayores alivios para la población salvadoreña y la base del crecimiento económico, que en 2025 dejó mejores resultados de los previstos. El Banco Central de Reserva (BCR) prevé que el crecimiento económico se ubique entre un 3.5 % y un 4 %.

La deuda es un riesgo recurrente para El Salvador, sobre todo la del sector público, por la presión que ejerce sobre las finanzas estatales. En 2025, el gobierno firmó un acuerdo por $1,400 millones con el FMI para implementar un ajuste fiscal que permita corregir esta distorsión, lo que implica medidas de recorte del gasto público —incluida la reducción de la masa salarial— y el aumento de ingresos.

El Ministerio de Hacienda reporta que la deuda del sector público no financiero (SPNF) sumó $32,613.2 millones a noviembre, equivalente al 89.1 % del producto interno bruto (PIB).