La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este martes al Supremo Tribunal Federal autorización para que sea ingresado en un hospital este miércoles y operado el jueves, en plena Navidad, de dos hernias inguinales que afectan su estado de salud.
Según el escrito presentado ante la Corte, los abogados argumentan que, por recomendación médica, Bolsonaro debe ser internado con un día de antelación en el hospital DF Star de Brasilia para su preparación previa al procedimiento quirúrgico.
Aunque la intervención ya fue aprobada la semana pasada por la Corte Suprema, tras un informe médico de la Policía Federal que confirmaba la necesidad de corregir las dos hernias, aún está pendiente que se autorice la fecha solicitada. La decisión final corresponde al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso en el alto tribunal, y dependerá también del visto bueno del Ministerio Público.
Además, la defensa pidió que Bolsonaro pueda ser acompañado en el hospital por su esposa, Michele Bolsonaro, y dos de sus hijos: el senador Flávio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro.
De Moraes, sin embargo, rechazó nuevamente conceder prisión domiciliaria al exmandatario, alegando una “ausencia total de requisitos legales” y su reiterado incumplimiento de medidas cautelares, como el intento de quemar una tobillera electrónica que le monitoreaba.
Bolsonaro, de 70 años, fue condenado a 27 años de prisión por encabezar un plan para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras su derrota en las elecciones de 2022. Se encuentra recluido en una celda especial en la sede de la Policía Federal de Brasilia desde el 22 de noviembre, tras perder el beneficio de prisión domiciliaria que tenía desde agosto.
El exgobernante canceló este martes la que sería su primera entrevista en prisión, alegando problemas de salud. Desde hace meses, presenta síntomas como vómitos, mareos y crisis de hipo, secuelas derivadas de la puñalada que recibió durante la campaña electoral de 2018.
Actualmente, espera la sanción de una ley aprobada por el Congreso brasileño que podría reducir su condena, aunque el presidente Lula da Silva ya adelantó que vetará esa legislación.