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  • Trump presume de una frontera más sólida y menos fentanilo en EE.UU.

    Trump presume de una frontera más sólida y menos fentanilo en EE.UU.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes al iniciar su discurso sobre el Estado de la Unión, ante el Capitolio y en sesión conjunta del Congreso, que el país tiene ahora “la frontera más sólida con diferencia” de su historia.

    El mandatario defendió que, desde su retorno a la Casa Blanca en enero del año pasado, los cruces fronterizos han “caído a cero” y que su política migratoria ha fortalecido la seguridad nacional.

    Trump afirmó que en los últimos nueve meses no se ha admitido a ningún extranjero en condición irregular y subrayó que su administración mantiene una política de puertas abiertas únicamente para quienes ingresen conforme a la ley.

    “En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir personas que ingreses legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación”, indicó el mandatario ante legisladores y autoridades federales.

    En materia de combate al narcotráfico, el presidente sostuvo que el tráfico transfronterizo de fentanilo se redujo en 56 % en el último año.

    “El flujo de fentanilo letal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56 % en un año”, afirmó, al destacar que la disminución responde a los controles reforzados en la frontera y a mayores operativos contra redes criminales.

    El gobernante también resaltó avances en economía, al asegurar que su administración logró contener la inflación y reducir el precio del galón de gasolina por debajo de $2.

    Según dijo, estas medidas han contribuido a aliviar el costo de vida de los estadounidenses, en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones legislativas de medio mandato previstas para noviembre.

    El discurso ocurre en medio de tensiones políticas tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra redadas migratorias en Mineápolis, hecho que derivó en una crisis que llevó al cierre temporal del Departamento Nacional de Seguridad (DHS).

     

     

  • Jueza anula detenciones migratorias sin fianza en EE.UU.

    Jueza anula detenciones migratorias sin fianza en EE.UU.

    Una jueza federal de Estados Unidos dejó sin efecto un fallo de un tribunal de inmigración que otorgaba amplias facultades a la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener detenidos a migrantes sin concederles audiencias para fijar fianza. La decisión también incluyó señalamientos por el uso de la fuerza de agentes federales y el trato brindado a extranjeros bajo custodia.

    La magistrada Sunshine Sykes sostuvo en su resolución que el Gobierno no acató una sentencia emitida en diciembre pasado, en la que se declaró ilegal negar la posibilidad de libertad bajo fianza a personas detenidas. Recordó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había descrito reiteradamente a estos migrantes como «lo peor de lo peor».

    No obstante, la jueza afirmó que «‘lo peor de lo peor’ es una descripción inexacta de la mayoría de los afectados por las operaciones del DHS y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)». Añadió que «Quizás, al utilizar este lenguaje extremo, el DHS busca justificar la magnitud y el alcance de sus operaciones contra extranjeros no delincuentes. Quizás esa frase simplemente refleja la severidad y la conducta malintencionada del Gobierno».

    Durante años, las audiencias de fianza se negaban principalmente a migrantes considerados recién llegados. Sin embargo, la Administración Trump modificó ese criterio histórico al extender la negativa también a personas arrestadas por el ICE tras haber vivido durante años en territorio estadounidense, obligándolas a presentar recursos de habeas corpus para intentar recuperar su libertad.

    Ante este panorama, la jueza advirtió que esta práctica requiere «una mayor reparación» y estableció que los migrantes tienen derecho a una audiencia que determine no solo la posibilidad de fianza, sino también si pueden continuar su proceso fuera del centro de detención al que hayan sido trasladados.

    El fallo también incluyó críticas adicionales al Ejecutivo y enmarcó las amenazas contra ciudadanos extranjeros dentro de un clima de «terror» que, según la magistrada, ha generado una «profunda preocupación» en la población estadounidense por los actos ilegales y descontrolados del poder ejecutivo. Asimismo, señaló que «el poder ejecutivo ha extendido su violencia a sus propios ciudadanos, asesinando a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota», en referencia a Renée Good y Alex Pretti, fallecidos por disparos de agentes federales en enero. A su juicio, «Las amenazas que plantea el poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada», al vincular la actuación de los agentes con los procesos contra migrantes detenidos.

  • Senado de EE.UU. bloquea fondos y cierra parcialmente Seguridad Nacional

    Senado de EE.UU. bloquea fondos y cierra parcialmente Seguridad Nacional

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entró este sábado en un cierre administrativo parcial luego de que legisladores demócratas y republicanos no lograran un acuerdo para financiar las políticas migratorias de la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Se trata de la tercera paralización gubernamental desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca. A diferencia de las dos anteriores —una que se extendió por 43 días entre octubre y noviembre, y otra de casi cuatro días a inicios de este mes— esta solo afecta al DHS, entidad que agrupa varias de las agencias más estratégicas del país.

    El Senado intentó aprobar este jueves un proyecto de ley impulsado por los republicanos para financiar la institución hasta septiembre, pero la propuesta fue bloqueada por casi todos los demócratas. Estos argumentaron que el plan no imponía límites suficientes a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas redadas han provocado protestas y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minéapolis, Minnesota.

    El receso legislativo programado en ambas cámaras, controladas por el Partido Republicano, podría prolongar el cierre del DHS. La institución emplea a más de 270,000 personas y más del 90 % continuará trabajando durante la suspensión presupuestaria, aunque sin recibir salario hasta que se resuelva el impasse.

    Agencias impactadas por la falta de fondos

    El cierre no afecta al resto del Gobierno federal, cuyo presupuesto fue aprobado hasta septiembre. La medida impacta únicamente a las agencias bajo el DHS, entre ellas el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).

    La mayoría del personal es considerado esencial, por lo que deberá permanecer en funciones sin pago temporal. En esta ocasión, los controladores aéreos no resultarán afectados, ya que dependen del Departamento de Transporte.

    ICE, eje de la disputa política

    En los últimos años, el DHS destinó aproximadamente $10,000 millones anuales al funcionamiento del ICE. Esa es la partida que permanece bloqueada en el Congreso.

    El ICE se convirtió en el rostro visible de las políticas migratorias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su segundo mandato. Junto con el CBP, ejecutó redadas en ciudades con mayoría demócrata como Minéapolis, Minnesota, operativos que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

    Pese a que la disputa gira en torno a esta agencia, la ley presupuestaria y fiscal promovida por el Presidente de Estados Unidos otorga margen de maniobra a la secretaria del DHS, Kristi Noem, para redistribuir fondos destinados a operaciones migratorias y garantizar el pago a los agentes, a diferencia de otras dependencias.

    Sectores con mayores repercusiones

    La Guardia Costera y FEMA mantendrán misiones críticas de rescate y atención de desastres, pero reducirán entrenamientos, viajes oficiales y actividades rutinarias. Sus miembros podrían permanecer semanas sin recibir salario si la situación se prolonga.

    El personal de la TSA también deberá laborar sin garantía de pago por tercera ocasión en este mandato. Si el cierre continúa, podrían generarse retrasos en los controles de seguridad en aeropuertos, afectando a viajeros en todo el país.

     

  • Organizaciones piden juicio político contra Secretaria de Seguridad de EEUU por abusos migratorios

    Organizaciones piden juicio político contra Secretaria de Seguridad de EEUU por abusos migratorios

    Más de 50 organizaciones civiles, incluyendo colectivos latinos y defensores de migrantes, exigieron este día a la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciar un juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por lo que calificaron como una gestión migratoria «violenta, imprudente y violatoria de la Constitución».

    La petición fue formalizada mediante una carta enviada al presidente de la Cámara, Mike Johnson, y otros líderes legislativos, en la que acusan a Noem de incentivar prácticas represivas que han dejado múltiples víctimas y de “socavar intencionalmente la misión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

    Entre los grupos firmantes figuran Voto Latino, Freedom for Immigrants (FFI), Hispanic Federation, UnidosUS y Latino Victory Project, quienes destacaron que al menos 187 congresistas ya respaldan la iniciativa de juicio político presentada en enero por la legisladora Robin Kelly por “altos crímenes y faltas menores”.

    Las denuncias contra Noem incluyen la obstrucción del acceso del Congreso a centros de detención migratoria, el uso excesivo de la fuerza —con al menos 14 personas baleadas desde julio de 2025—, y tres muertes documentadas, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

    También criticaron la detención de menores migrantes, como Liam Conejo Ramos, de cinco años, arrestado en Minnesota el mes pasado, lo que desató una fuerte controversia a nivel nacional.

    Las agrupaciones señalaron además que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han resultado en violaciones al debido proceso, detenciones ilegales de ciudadanos indígenas y desacato a órdenes judiciales. Aseguran que Noem ha “desmantelado” las garantías de derechos civiles dentro del DHS y que ha mostrado desconocimiento de principios constitucionales, como el “habeas corpus”.

    “Demandamos que hagan que la secretaria Noem rinda cuentas por sus violaciones sistemáticas a las protecciones constitucionales y su ataque directo a la autoridad del Congreso. El Congreso debe actuar ahora para removerla de su puesto antes de que más vidas se pierdan”, expresaron las organizaciones en el cierre de la carta.

     

  • La administración Trump ha arrestado a 379,000 migrantes en un año, según ICE

    La administración Trump ha arrestado a 379,000 migrantes en un año, según ICE

    Un total de 379,000 inmigrantes fueron arrestados entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026 por la administración del presidente Donald Trump, según reveló este martes el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, en una comparecencia ante el Congreso estadounidense.

    Lyons detalló que entre los arrestados figuran “más de 7,000 presuntos pandilleros y más de 1,400 terroristas conocidos o sospechosos”. El funcionario aseguró que ICE “mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas”.

    La comparecencia ante la Cámara de Representantes ocurre en medio de crecientes tensiones por la política migratoria del gobierno de Trump, especialmente tras las redadas realizadas en Minnesota, que generaron rechazo ciudadano luego de la muerte de dos estadounidenses por disparos de agentes federales.

    El episodio ha obligado a la Casa Blanca a moderar su discurso migratorio, justo cuando los demócratas mantienen su oposición a financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras no se reformen aspectos clave de sus operaciones.

    Entre las exigencias del bloque demócrata se encuentran restricciones al ingreso de agentes a viviendas sin una orden judicial firmada, así como la prohibición o limitación del uso de máscaras por parte de los funcionarios en operativos.

    Si no se alcanza un acuerdo presupuestario antes del fin de semana, el DHS podría enfrentar un cierre administrativo, lo que paralizaría sus funciones esenciales a nivel nacional.

     

     

  • Jueza bloquea temporalmente restricción a congresistas para visitar centros de ICE en EEUU

    Jueza bloquea temporalmente restricción a congresistas para visitar centros de ICE en EEUU

    Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que prohibía a miembros del Congreso ingresar sin aviso previo a los centros de detención de inmigrantes operados por ICE. La decisión, emitida este lunes por la jueza Jia M. Cobb, representa un revés para la Administración del presidente Donald Trump, que desde el año pasado ha limitado estas visitas.

    El fallo da la razón a 13 congresistas de la Cámara de Representantes que interpusieron una demanda tras múltiples obstáculos para inspeccionar las condiciones de detención en instalaciones migratorias. La orden del DHS, firmada por la secretaria Kristi Noem el 8 de enero, requería que los legisladores notificaran con al menos siete días de anticipación sus visitas a los centros.

    La medida surgió tras la muerte de Renée Good el 7 de enero y un operativo migratorio en Mineápolis en el que también falleció Alex Pretti. Ese mismo día se impidió el acceso de las congresistas Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig a una instalación del ICE.

    Cobb ya había intervenido en diciembre con una suspensión similar sobre una restricción previa. En su fallo más reciente, señaló que la norma contradecía leyes federales que permiten a los congresistas acceder libremente a instalaciones públicas para cumplir con su labor de supervisión.

    Las visitas de los legisladores demócratas han sido clave para documentar denuncias de deficiencias en los centros, incluyendo falta de atención médica y restricciones en la comunicación con familiares. La semana pasada, tras una inspección en el centro de detención de Dilley, Texas, una delegación de congresistas contribuyó a la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre Adrián Conejo, quienes regresaron a Minesota el domingo tras ser detenidos en un operativo que generó indignación internacional.

  • EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    El Gobierno de Estados Unidos inició el proceso para comprar más de 20 bodegas en todo el país y usarlas para detener a miles de migrantes, según confirmó este viernes la agencia Bloomberg.

    Las instalaciones, algunas de las cuales servían como almacenes para comercio en línea, serán transformadas en centros de detención gigantes. El de mayor tamaño, ubicado en Hutchins (Texas), tendrá capacidad para encarcelar hasta a 9.500 migrantes.

    El Gobierno no ha confirmado de manera oficial estos planes, pero en noviembre de este año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó un contrato de casi 30 millones de dólares a una empresa con sede en Kansas para el diseño de «centros de procesamiento y megacentros de detención».

    A su vez, funcionarios municipales en Virginia y Texas confirmaron a medios locales la existencia de los planes del Gobierno en sus jurisdicciones.

    Los planes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para abrir estos nuevos centros llegaron en medio de fuertes protestas en Mineápolis en rechazo a las políticas antimigratorias y al despliegue de agentes federales en las comunidades.

    De acuerdo con una lista publicada por Bloomberg, además del centro en Hutchins, el Gobierno planea abrir otros tres más en Texas: uno en El Paso, con 8.500 camas, otro a las afueras de San Antonio, con 1.500 camas y otro en McAllen, con capacidad para 500 migrantes.

    El DHS también tiene planes para combatir bodegas en cárceles en Georgia, Misisipi, Utah, Pensilvania, Misouri, Maryland, Arizona, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana , Oklahoma, Minesota, Michigan e Indiana.

    Para cumplir su promesa de llevar a cabo la «mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos», Trump se ha apresurado a abrir más cárceles para migrantes en todo el país, incluidos centros señalados por denuncias de abusos a los derechos humanos, como Alligator Alcatraz, en Florida, o Camp East Montana, en El Paso (Texas), que actualmente cuenta con la mayor capacidad de cualquier centro de detención del país, con unos 5.000 internos.

    En abril del año pasado el director encargado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, aseguró querer que el proceso de deportaciones en el país funcionara como «Amazon (empresa multinacional estadounidense de tecnología y comercio electrónico) para seres humanos».

    Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

    El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

    Todos los muertos que se han reportado este año han sido en Camp East Montana: uno de ellos por suicidio, otro tras una falla renal y el tercero por «homicidio» en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

    En diciembre, una coalición de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch, envió una carta exigiendo a ICE la clausura de Camp East Montana, citando denuncias de condiciones «inhumanas», agresiones físicas y abusos sexuales contra las personas detenidas allí.

  • Fuerzas de Estados Unidos interceptan otro petrolero en el Caribe

    Fuerzas de Estados Unidos interceptan otro petrolero en el Caribe

    Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes al petrolero ‘Olina’ en aguas del Caribe, en una acción coordinada entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur.

    En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un «mensaje claro» de que «no existe refugio seguro para los criminales», en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir «actividades ilegales transnacionales» en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.

    En otro comunicado en X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió al ‘Olina’ como parte de la llamada «flota fantasma», compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas.

    La operación contó con la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, una iniciativa para «reforzar la seguridad marítima, frenar el tráfico ilícito y apoyar a las agencias civiles encargadas de la aplicación de la ley, especialmente en rutas del Caribe y América Latina».

    Según Noem, el buque, «sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo», «había partido de Venezuela antes de ser interceptado».

    Estados Unidos ha intensificado en los últimos días su presencia naval y aérea en el Caribe, y el miércoles requisó otros dos petroleros ligados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa.

    Ese día, el Pentágono confirmó la incautación del tanquero ‘Marinera’, antes conocido como ‘Bella 1’, buque que Washington persiguió desde el Caribe hasta el Atlántico norte durante tres semanas.

    La Guardia Costera estadounidense también interceptó el ‘M/T Sophia’, petrolero sancionado que, según Washington, operaba ilícitamente en aguas internacionales, con lo que en total se han incautado cinco buques con crudo.

    Funcionarios del Pentágono han señalado que la Operación Lanza del Sur no es temporal y que continuará desarrollándose mientras sea necesario para, según dijeron, proteger el territorio estadounidense y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental.

  • ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    Las agencias encargadas de la inmigración en EE.UU. han dejado de publicar datos específicos sobre sus operaciones, lo que ha sembrado la duda sobre si más de 2,5 millones de indocumentados han salido del país gracias a la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump, como reclama la Casa Blanca.

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605.000 personas que han sido deportadas y 1,9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país desde el pasado 20 de enero.

    La mayoría de los interrogantes se concentran en los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente habrían abandonado el país por su propia cuenta.

    La Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta cifra ni a la prensa ni a las organizaciones.

    El analista del Instituto de Política de Migración (MPI), Ariel Ruiz Soto, dijo a EFE que el problema radica en que el Gobierno de Trump se basó en el Current Population Survey (CPS), un sondeo que realiza mensualmente la Oficina del Censo para determinar cuántos indocumentados se han marchado del país.

    La encuesta CPS ha sufrido varios cambios desde finales de 2024, incluida la reducción de la muestra de personas que contestan las preguntas.

    A esto se suma que la campaña de deportaciones masivas impuesta por el presidente Donald Trump probablemente ha hecho que los indocumentados dejen de contestar el sondeo.

    “Este dato de 1,9 millones es mucho más difícil de verificar y va mucho más allá de lo que hemos visto en otras áreas de la misma encuesta”, explicó Ruiz Soto.

    El analista insiste en que aunque se haya reportado una disminución en el número de inmigrantes que contestaron la encuesta, no significa que esto sea una prueba real de que se están yendo voluntariamente, algo en lo que coinciden los mismos inmigrantes.

    “Eso son exageraciones del Gobierno para meterle a uno miedo”, afirmó a EFE R. Hernández, un mexicano radicado en Los Ángeles desde hace más de 20 años.

    El inmigrante asegura que si en el futuro es deportado, buscaría la forma de regresar con su esposa y sus tres hijos ciudadanos estadounidenses.

    “En vez de estar amenazando con sacarnos, debería ver cómo nos da papeles”, agregó.

    La campaña de la autodeportación

    Lejos de probar los datos, el Gobierno de Trump prefiere celebrar el éxito de su política migratoria.

    La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo recientemente que los indocumentados “están recibiendo nuestro mensaje de que deben irse ahora”.

    El DHS destinó 200 millones de dólares en una campaña para impulsar la “autodeportación” de extranjeros, a los que les prometen un pago de 1.000 dólares y la posibilidad de que regresen de forma legal, si registran su salida en la aplicación CBP Home.

    Unas 35.000 personas han notificado su salida en la promocionada aplicación, según dijeron dos funcionarios que supervisan el programa a The Atlantic, un registró muy alejado de los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente se han marchado por cuenta propia.

    Menos deportaciones que Biden

    El DHS también ha dejado de publicar el desglose de las cifras de deportación, lo que ha hecho más complicado para organizaciones como MPI hacer un seguimiento.

    Según las últimas cifras, bajo el segundo mandato de Trump se ha deportado a 605.000 extranjeros, un número que se encuentra dentro de un rango que la Casa Blanca podría probar, según Ruiz Soto.

    No obstante, entre estos “deportados” están contabilizados aquellos extranjeros que fueron regresados en los aeropuertos sin haber ingresado a EE.UU. También se encuentran los inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que optan por una salida voluntaria.

    Esta cifra es menor que los 685.000 deportados del último año del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).
    “Creo que el Gobierno Trump se quedará corto para alcanzar ese número”, pronosticó el analista.

    Pero seguramente la Casa Blanca seguirá promocionando que ha sacado a cientos de miles de “los peores de los peores

    criminales” del país, con datos que también han sido puestos en duda.

    El más reciente informe del Instituto Cato encontró que el 73% de personas detenidas por el ICE no tenía antecedentes penales ni cargos penales pendientes. La mayoría de los condenados tenían sentencias por delitos menores, infracciones de inmigración o de tránsito.

  • EEUU empieza a tomar fotos y datos biométricos de extranjeros que entren y salgan del país

    EEUU empieza a tomar fotos y datos biométricos de extranjeros que entren y salgan del país

    Las autoridades estadounidenses empezaron a tomar desde este viernes fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entren y salgan del país por aire, tierra o mar, tras la entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    La normativa, anunciada el pasado octubre, permite al DHS recolectar desde hoy los datos biométricos, como las huellas dactilares y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos.

    También permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta esta fecha.

    La nueva regla afecta a todos los no ciudadanos, incluidos aquellos que posean una tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

    El terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros, fueron las principales amenazas que citó el Gobierno para justificar la aplicación de la normativa.

    «Este sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos», expuso el DHS en la regla.

    La medida fue criticada por activistas de derechos civiles, que cuestionan qué ocurrirá con los datos de los pasajeros, cuánto tiempo se conservarán o qué sucederá en caso de malentendidos.

    Además de esta directriz que endurecerá las normas fronterizas, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, propuso el pasado 10 de diciembre que los turistas de 42 países, incluido España, deban entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para ingresar en Estados Unidos.

    Esta medida aplicaría a los ciudadanos que ingresan a EE.UU. bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés).

    Este programa cobija a turistas y viajeros procedentes de 42 países, entre ellos España, el Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Catar, entre otros.