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  • EEUU reporta 1.6 millones de autodeportaciones en lo que va del 2025

    EEUU reporta 1.6 millones de autodeportaciones en lo que va del 2025

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó este domingo que cerca de 1.6 millones de personas en situación irregular en Estados Unidos optaron por salir del país de forma voluntaria durante 2025, como parte del programa de autodeportación. Además, otras 500,000 personas fueron deportadas forzosamente por las autoridades migratorias.

    Según el informe oficial, el programa de autodeportación, lanzado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece a los migrantes un incentivo de $1,000 y un boleto aéreo para regresar a su país de origen. Esta campaña, promovida a nivel nacional, ha sido clave para motivar a los migrantes a inscribirse y abandonar el país por cuenta propia.

    El DHS, bajo instrucciones presidenciales, también intensificó las redadas y operativos migratorios a través de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Las operaciones se han enfocado especialmente en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, donde las acciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos por su carácter “intimidatorio y militarizado”.

    “Estamos en camino de romper los récords actuales de deportación”, afirmó Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS. Aunque no se detalló el presupuesto total de la iniciativa, estimaciones de medios locales indican que se han destinado millones de dólares para su ejecución y promoción.

    El programa y los operativos reflejan una política migratoria cada vez más estricta impulsada por el presidente Donald Trump, quien mantiene una postura firme contra la inmigración irregular como parte de su agenda para fortalecer el control fronterizo y reducir la presencia de migrantes sin documentos en el país.

     

  • Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

    Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

     

    Un juez federal de Tennessee ordenó este lunes a funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el proceso penal contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien se intenta deportar hacia un país africano.

    La resolución fue emitida por el juez de distrito Waverly Crenshaw y está dirigida a los Departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS). En su fallo, el magistrado advirtió que cualquier empleado que incumpla la instrucción podría enfrentar sanciones por realizar comentarios con “una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente” el caso penal en curso.

    Crenshaw expresó preocupación por las declaraciones extrajudiciales de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

    “Muchas de esas afirmaciones han sido exageradas o simplemente inexactas”, escribió el juez en su resolución, y citó en particular los señalamientos que vinculan a Ábrego García con la pandilla MS-13.

    El juez recordó que existe una norma local que prohíbe a los empleados del gobierno federal hacer comentarios públicos sobre procesos penales activos, y ordenó a la Fiscalía del Distrito Medio de Tennessee que notifique formalmente esa obligación a los responsables del DOJ y del DHS.

    En una resolución adicional, Crenshaw también exigió al Gobierno que entregue bajo sello judicial los documentos que justifiquen su cambio de postura en el caso. Inicialmente, las autoridades pretendían “deportar sin procesar” a Ábrego García, pero más adelante optaron por procesarlo penalmente antes de proceder con la deportación, la cual se ejecutaría hacia Liberia, un país con el que el migrante no tendría ninguna conexión.

     

  • Demócratas anuncian investigación sobre arrestos de ciudadanos en redadas migratorias

    Demócratas anuncian investigación sobre arrestos de ciudadanos en redadas migratorias

    Congresistas demócratas y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunciaron este lunes una investigación en el Congreso para esclarecer los arrestos de ciudadanos estadounidenses en las masivas redadas migratorias realizadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Hombres enmascarados están sacando a rastras de las calles a ciudadanos estadounidenses y metiéndolos en celdas de detención, sin acceso a un abogado y ni siquiera a una llamada telefónica”, denunció el congresista californiano Robert García, quien lidera el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

    García y el senador Richard Blumenthal, del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, exigieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la entrega de registros que expliquen las detenciones presuntamente arbitrarias. La solicitud se formalizó en una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, tras conocerse denuncias periodísticas sobre estas prácticas.

    Según una investigación del medio ProPublica, al menos 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante operativos migratorios, aunque el número podría ser mayor por la ausencia de datos oficiales. El informe advierte que muchas detenciones se realizaron sin acceso a defensa legal ni a comunicación externa.

    Los congresistas demócratas alertaron que las detenciones muestran un patrón que coincide con un repunte de la discriminación racial, especialmente hacia comunidades latinas, lo cual ha sido ampliamente documentado en Los Ángeles.

    La alcaldesa Karen Bass condenó la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump y sostuvo que representa un ataque directo a los derechos civiles. “Siempre defenderé a Los Ángeles. Los informes sobre angelinos –ciudadanos estadounidenses– que son sometidos a descargas eléctricas, arrastrados y detenidos ilegalmente deberían preocuparnos a todos”, afirmó.

    Bass destacó que tanto su administración como el Concejo Municipal han aprobado medidas para reforzar los protocolos y capacitar al personal en el cumplimiento de la ordenanza local que prohíbe el uso de recursos municipales para colaborar con operativos migratorios ordenados por la Administración Trump.

  • EE.UU. aplicará multa de $5,000 a quienes crucen ilegalmente su frontera

    EE.UU. aplicará multa de $5,000 a quienes crucen ilegalmente su frontera

    La embajada de Estados Unidos en México anunció este miércoles que toda persona que cruce ilegalmente la frontera estadounidense deberá pagar una multa de $5,000, como parte de un nuevo paquete de medidas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    El portavoz de la embajada, David Arizmendi, explicó en un video publicado en la red social X que la medida entra en vigor de inmediato. “Se aplicará una nueva multa de $5,000 a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos”, afirmó, y advirtió que quienes incumplan la ley “enfrentarán graves consecuencias”.

    La disposición se da a conocer el mismo día que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que a partir de este jueves aplicará un cobro de $1,000 a los nuevos solicitantes del programa ‘parole’, un permiso de residencia temporal que se otorga por razones humanitarias urgentes.

    La tarifa afectará a extranjeros que obtengan o tengan pendiente una solicitud de permanencia temporal en EE.UU., a excepción de casos específicos como emergencias médicas o asistencia a funerales, detalló el DHS en un comunicado oficial.

    Estas nuevas medidas representan un endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump, a pesar de la disminución de cruces irregulares reportada por el Gobierno mexicano.

    Según datos de la Cancillería de México, entre el 1 de octubre de 2024 —inicio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum— y el 20 de agosto de 2025, los encuentros de migrantes en la frontera con EE.UU. bajaron un 91 %, al pasar de 3,640 a 285 personas interceptadas.

    El Gobierno estadounidense mantiene firme su postura frente a la migración irregular, reforzando controles y aumentando los costos para quienes busquen ingresar sin cumplir los requisitos legales.

     

  • EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha notificado a los abogados de Kilmar Ábrego García su intención de deportarlo a Ghana, un país de África Occidental, según reveló la cadena ABC News.

    La decisión marca un nuevo giro en el complejo caso del salvadoreño, quien fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo pasado, a pesar de contar con una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país debido al riesgo de persecución. Durante esa expulsión, Ábrego García fue enviado directamente al CECOT, la megacárcel de máxima seguridad del gobierno salvadoreño.

    El DHS había planteado anteriormente la posibilidad de deportar a Ábrego García a Esuatini o Uganda (también en África), países con los que el salvadoreño no tiene vínculos aparentes. No obstante, el gobierno ahora planea su deportación a Ghana, de acuerdo con un aviso oficial entregado a su equipo legal.

    Los abogados del inmigrante comparecerán ante un tribunal este viernes en una audiencia probatoria, donde se espera que testigos del gobierno declaren sobre los esfuerzos realizados para deportarlo a otros países africanos.

    Ábrego García, quien vivía en Maryland junto a su esposa e hijos antes de ser detenido, fue señalado por la administración Trump como presunto miembro de la pandilla MS-13, acusación que ha sido enérgicamente negada por su familia y su defensa legal.

    En junio, tras su deportación fallida, fue repatriado a EE.UU. para enfrentar cargos de trata de personas en Tennessee, ante los cuales se ha declarado inocente. Mientras aguardaba el juicio bajo custodia de su hermano, fue nuevamente detenido por autoridades migratorias, quienes reanudarían los esfuerzos de deportación.

    La semana pasada, un juez de inmigración rechazó una moción para reabrir su caso migratorio, lo que dejó al salvadoreño expuesto a una posible expulsión.

     

  • El DHS ignorará ley californiana que prohíbe a agentes migratorios usar máscaras

    El DHS ignorará ley californiana que prohíbe a agentes migratorios usar máscaras

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos dijo este lunes que no acatará la recién firmada ley de California que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usar máscaras para ocultar su identidad en los operativos migratorios.

    En un mensaje en la cuenta de X, el DHS aseguró que la prohibición estatal, firmada el sábado pasado por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, es «inconstitucional».

    «En un momento en que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a un aumento del 1.000 % en las agresiones y sus familiares están siendo objeto de publicidad y ataques, el gobernador de California firmó una legislación inconstitucional que despoja a las fuerzas del orden de sus protecciones», argumentó el DHS.

    El Departamento calificó la aprobación de la ley estatal como «una maniobra» de recaudación de fondos y relaciones públicas.

    En un comunicado, Newsom destacó que se trata de la primera ley de EE.UU. que veta a los agentes del ICE enmascarados, a los que calificó de «policía secreta».

    El gobernador, que ha sido una de las caras demócratas que ha puesto cara al presidente estadounidense Donald Trump y su campaña de deportaciones masivas, reivindica que las personas «deben saber que están interactuando con agentes legítimos».

    Otra de las leyes, que entró en efecto inmediatamente, señala que los agentes de inmigración y de las fuerzas del orden deberán exponer su nombre o número de placa en el estado de California, y no podrán llevar máscara «excepto si es absolutamente necesario».

    Las medidas también implican que los agentes del ICE necesitarán una orden judicial para acceder a las aulas de las escuelas, donde las familias serán notificadas si hay una redada, y a las salas de emergencias del hospital, y además protegen la información de estudiantes y pacientes.

    California ha sido blanco de las redadas migratorias de Trump, en especial Los Ángeles que ha registrado desde junio pasado múltiples operativos. 

  • El Gobierno de Trump advierte que el TPS no es un asilo “de facto”, tras revés judicial

    El Gobierno de Trump advierte que el TPS no es un asilo “de facto”, tras revés judicial

    El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este viernes el fallo de una jueza federal que restableció el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nepal y Nicaragua, al subrayar que el beneficio migratorio no fue concebido como un sistema de asilo “de facto”.

    Una jueza federal extendió este jueves el amparo que debía finalizar el 5 de agosto para unos 7,000 inmigrantes de Nepal, mientras que el 8 de septiembre terminaría el beneficio para vivir y trabajar en EE.UU. en el caso de alrededor de 51,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses.

    Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a “animosidad racial”

    En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin dijo en un comunicado que la cancelación del amparo responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS.

    “El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, subrayó la funcionaria.

    McLaughlin también cargó contra la jueza Trina Thompson, que ordenó la extensión del TPS de los tres países, al decir que el fallo es “otro ejemplo” de cómo jueces incitan al racismo para desviar la atención de los hechos.

    Agregó que el DHS apelará la decisión y llevará la batalla legal a instancias superiores.

    La Administración Trump ha cancelado el TPS a unos 160,000 ucranianos, 350,000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.

  • Fiscal de Florida insta a denunciar exparejas para su deportación

    Fiscal de Florida insta a denunciar exparejas para su deportación

    El fiscal general de Florida, James Uthmeier, instó a la población a reportar a sus exparejas si se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, en un esfuerzo por reforzar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

    A través de su cuenta en X, Uthmeier informó que su oficina recibió una denuncia contra un excompañero sentimental acusado de violencia doméstica que había excedido la estadía permitida por su visa de turista. El fiscal aseguró que esta persona ya enfrenta un proceso de deportación.

    “Si tu ex está en este país ilegalmente, por favor, siéntete con la libertad de contactar a nuestra oficina. Estaremos felices de ayudar”, escribió Uthmeier.

    La publicación fue respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que compartió el mensaje y promovió una línea directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para recibir denuncias de inmigrantes sin estatus legal.

    “De abusador doméstico a perdedor deportado”, expresó el DHS en apoyo a la iniciativa.

    Según datos oficiales, la línea telefónica del ICE atiende un promedio de 15,000 llamadas mensuales relacionadas con reportes migratorios. La campaña busca reforzar la cooperación ciudadana en la identificación de personas con estatus migratorio irregular, incluso si se trata de relaciones sentimentales previas.

    Esta medida se alinea con las acciones lideradas por Uthmeier en Florida para ejecutar con firmeza la agenda migratoria del presidente Donald Trump. Entre ellas destaca la reciente apertura del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, que desde su inauguración el pasado 3 de julio ha recibido cerca de 1,000 migrantes.

     

  • EE. UU. planea abrir cinco centros de detención como el polémico ‘Alligator Alcatraz’

    EE. UU. planea abrir cinco centros de detención como el polémico ‘Alligator Alcatraz’

    El Gobierno de Estados Unidos anunció planes para construir cinco nuevos megacentros de detención para migrantes, similares al polémico recinto inaugurado recientemente en Florida y apodado por activistas y opositores como ‘Alligator Alcatraz’.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la administración del presidente Donald Trump ya mantiene conversaciones con cinco estados gobernados por republicanos para replicar el modelo aplicado en los humedales del sur de Florida. “Estamos trabajando para extender esta estrategia en más territorios con gobiernos estatales comprometidos con la seguridad fronteriza”, afirmó.

    Estas declaraciones llegan tras las declaraciones de Stephen Miller, principal asesor migratorio del presidente Trump, quien en entrevista con Fox News instó a los gobernadores republicanos a contactar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para facilitar la construcción de nuevos centros.

    “Levanten el teléfono, llamen a DHS, trabajen con nosotros para construir instalaciones en su estado y que podamos sacar a los ilegales y los criminales”, dijo Miller.

    El centro de detención en Florida ha sido objeto de fuertes críticas por parte de legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a las condiciones infrahumanas que enfrentan los migrantes detenidos. El recinto se encuentra en una reserva de humedales infestada de reptiles, lo que ha incrementado la polémica.

    El sábado, un grupo de legisladores federales y estatales de Florida denunció que cerca de 750 migrantes se encuentran “en jaulas” dentro del recinto, luego de realizar una inspección en el lugar. Aunque el sitio fue abierto a los congresistas, la prensa aún tiene prohibido el acceso.

    Los primeros reportes de migrantes detenidos en Alligator Alcatraz detallan altas temperaturas, humedad extrema, escasez de agua potable y alimentos en mal estado, además de carpas improvisadas como zonas de confinamiento. Estas condiciones han sido calificadas como “inhumanas” por los mismos migrantes y organizaciones civiles.

    A las críticas se sumó recientemente la Arquidiócesis de Miami, que calificó el nuevo centro de detención como un proyecto “corrosivo” e “inapropiado” para la dignidad humana.

  • Una jueza prohíbe a Trump arrestar a migrantes en California por su perfil racial

    Una jueza prohíbe a Trump arrestar a migrantes en California por su perfil racial

    Una jueza federal ordenó este viernes detener las redadas migratorias en el sur de California, al considerar que se estaban realizando arrestos basados en el color de piel, el idioma y otros elementos discriminatorios, en violación a derechos constitucionales.

    La decisión de la jueza Maame Frimpong también incluye una orden para que el Gobierno de Estados Unidos permita el acceso de abogados a las personas detenidas en el centro de detención migratoria B-18, ubicado en el centro de Los Ángeles.

    El fallo judicial se produjo tras una demanda interpuesta la semana pasada por personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los demandantes argumentan que los operativos han violado múltiples derechos constitucionales y se han sustentado en criterios de perfil racial.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones y calificó de “repugnantes y categóricamente falsas” las denuncias de discriminación.

    No obstante, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), que representa a los afectados, informó que la jueza prohibió explícitamente que los agentes migratorios detengan personas sin una sospecha razonable. También vetó arrestos basados en aspectos como la raza, el idioma (ya sea hablar español o inglés con acento), el tipo de empleo o la presencia en sitios como estaciones de autobuses, lavaderos de autos o granjas.

    Además, el fallo obliga al DHS a garantizar acceso legal para los detenidos, no solo entre semana, sino también los fines de semana y feriados.

    Las redadas iniciadas hace un mes en el área metropolitana de Los Ángeles han generado protestas y tensiones, convirtiendo a California en un símbolo de oposición a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La demanda se activó luego de un operativo ocurrido el pasado 22 de junio, en el que varios trabajadores fueron arrestados violentamente por hombres enmascarados con chalecos de la Patrulla Fronteriza. Videos del hecho circularon en redes sociales y generaron indignación.

    El propietario del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los agentes irrumpieron en zonas restringidas y utilizaron fuerza excesiva. Familiares de los detenidos aseguraron que los arrestos se realizaron sin justificación y sin acceso a comunicación legal.

    “Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal, tras conocerse la resolución judicial.