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  • Jueza bloquea temporalmente restricción a congresistas para visitar centros de ICE en EEUU

    Jueza bloquea temporalmente restricción a congresistas para visitar centros de ICE en EEUU

    Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que prohibía a miembros del Congreso ingresar sin aviso previo a los centros de detención de inmigrantes operados por ICE. La decisión, emitida este lunes por la jueza Jia M. Cobb, representa un revés para la Administración del presidente Donald Trump, que desde el año pasado ha limitado estas visitas.

    El fallo da la razón a 13 congresistas de la Cámara de Representantes que interpusieron una demanda tras múltiples obstáculos para inspeccionar las condiciones de detención en instalaciones migratorias. La orden del DHS, firmada por la secretaria Kristi Noem el 8 de enero, requería que los legisladores notificaran con al menos siete días de anticipación sus visitas a los centros.

    La medida surgió tras la muerte de Renée Good el 7 de enero y un operativo migratorio en Mineápolis en el que también falleció Alex Pretti. Ese mismo día se impidió el acceso de las congresistas Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig a una instalación del ICE.

    Cobb ya había intervenido en diciembre con una suspensión similar sobre una restricción previa. En su fallo más reciente, señaló que la norma contradecía leyes federales que permiten a los congresistas acceder libremente a instalaciones públicas para cumplir con su labor de supervisión.

    Las visitas de los legisladores demócratas han sido clave para documentar denuncias de deficiencias en los centros, incluyendo falta de atención médica y restricciones en la comunicación con familiares. La semana pasada, tras una inspección en el centro de detención de Dilley, Texas, una delegación de congresistas contribuyó a la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre Adrián Conejo, quienes regresaron a Minesota el domingo tras ser detenidos en un operativo que generó indignación internacional.

  • EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    El Gobierno de Estados Unidos inició el proceso para comprar más de 20 bodegas en todo el país y usarlas para detener a miles de migrantes, según confirmó este viernes la agencia Bloomberg.

    Las instalaciones, algunas de las cuales servían como almacenes para comercio en línea, serán transformadas en centros de detención gigantes. El de mayor tamaño, ubicado en Hutchins (Texas), tendrá capacidad para encarcelar hasta a 9.500 migrantes.

    El Gobierno no ha confirmado de manera oficial estos planes, pero en noviembre de este año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó un contrato de casi 30 millones de dólares a una empresa con sede en Kansas para el diseño de «centros de procesamiento y megacentros de detención».

    A su vez, funcionarios municipales en Virginia y Texas confirmaron a medios locales la existencia de los planes del Gobierno en sus jurisdicciones.

    Los planes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para abrir estos nuevos centros llegaron en medio de fuertes protestas en Mineápolis en rechazo a las políticas antimigratorias y al despliegue de agentes federales en las comunidades.

    De acuerdo con una lista publicada por Bloomberg, además del centro en Hutchins, el Gobierno planea abrir otros tres más en Texas: uno en El Paso, con 8.500 camas, otro a las afueras de San Antonio, con 1.500 camas y otro en McAllen, con capacidad para 500 migrantes.

    El DHS también tiene planes para combatir bodegas en cárceles en Georgia, Misisipi, Utah, Pensilvania, Misouri, Maryland, Arizona, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana , Oklahoma, Minesota, Michigan e Indiana.

    Para cumplir su promesa de llevar a cabo la «mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos», Trump se ha apresurado a abrir más cárceles para migrantes en todo el país, incluidos centros señalados por denuncias de abusos a los derechos humanos, como Alligator Alcatraz, en Florida, o Camp East Montana, en El Paso (Texas), que actualmente cuenta con la mayor capacidad de cualquier centro de detención del país, con unos 5.000 internos.

    En abril del año pasado el director encargado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, aseguró querer que el proceso de deportaciones en el país funcionara como «Amazon (empresa multinacional estadounidense de tecnología y comercio electrónico) para seres humanos».

    Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

    El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

    Todos los muertos que se han reportado este año han sido en Camp East Montana: uno de ellos por suicidio, otro tras una falla renal y el tercero por «homicidio» en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

    En diciembre, una coalición de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch, envió una carta exigiendo a ICE la clausura de Camp East Montana, citando denuncias de condiciones «inhumanas», agresiones físicas y abusos sexuales contra las personas detenidas allí.

  • Fuerzas de Estados Unidos interceptan otro petrolero en el Caribe

    Fuerzas de Estados Unidos interceptan otro petrolero en el Caribe

    Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes al petrolero ‘Olina’ en aguas del Caribe, en una acción coordinada entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur.

    En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un «mensaje claro» de que «no existe refugio seguro para los criminales», en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir «actividades ilegales transnacionales» en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.

    En otro comunicado en X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió al ‘Olina’ como parte de la llamada «flota fantasma», compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas.

    La operación contó con la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, una iniciativa para «reforzar la seguridad marítima, frenar el tráfico ilícito y apoyar a las agencias civiles encargadas de la aplicación de la ley, especialmente en rutas del Caribe y América Latina».

    Según Noem, el buque, «sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo», «había partido de Venezuela antes de ser interceptado».

    Estados Unidos ha intensificado en los últimos días su presencia naval y aérea en el Caribe, y el miércoles requisó otros dos petroleros ligados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa.

    Ese día, el Pentágono confirmó la incautación del tanquero ‘Marinera’, antes conocido como ‘Bella 1’, buque que Washington persiguió desde el Caribe hasta el Atlántico norte durante tres semanas.

    La Guardia Costera estadounidense también interceptó el ‘M/T Sophia’, petrolero sancionado que, según Washington, operaba ilícitamente en aguas internacionales, con lo que en total se han incautado cinco buques con crudo.

    Funcionarios del Pentágono han señalado que la Operación Lanza del Sur no es temporal y que continuará desarrollándose mientras sea necesario para, según dijeron, proteger el territorio estadounidense y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental.

  • ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    Las agencias encargadas de la inmigración en EE.UU. han dejado de publicar datos específicos sobre sus operaciones, lo que ha sembrado la duda sobre si más de 2,5 millones de indocumentados han salido del país gracias a la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump, como reclama la Casa Blanca.

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605.000 personas que han sido deportadas y 1,9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país desde el pasado 20 de enero.

    La mayoría de los interrogantes se concentran en los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente habrían abandonado el país por su propia cuenta.

    La Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta cifra ni a la prensa ni a las organizaciones.

    El analista del Instituto de Política de Migración (MPI), Ariel Ruiz Soto, dijo a EFE que el problema radica en que el Gobierno de Trump se basó en el Current Population Survey (CPS), un sondeo que realiza mensualmente la Oficina del Censo para determinar cuántos indocumentados se han marchado del país.

    La encuesta CPS ha sufrido varios cambios desde finales de 2024, incluida la reducción de la muestra de personas que contestan las preguntas.

    A esto se suma que la campaña de deportaciones masivas impuesta por el presidente Donald Trump probablemente ha hecho que los indocumentados dejen de contestar el sondeo.

    “Este dato de 1,9 millones es mucho más difícil de verificar y va mucho más allá de lo que hemos visto en otras áreas de la misma encuesta”, explicó Ruiz Soto.

    El analista insiste en que aunque se haya reportado una disminución en el número de inmigrantes que contestaron la encuesta, no significa que esto sea una prueba real de que se están yendo voluntariamente, algo en lo que coinciden los mismos inmigrantes.

    “Eso son exageraciones del Gobierno para meterle a uno miedo”, afirmó a EFE R. Hernández, un mexicano radicado en Los Ángeles desde hace más de 20 años.

    El inmigrante asegura que si en el futuro es deportado, buscaría la forma de regresar con su esposa y sus tres hijos ciudadanos estadounidenses.

    “En vez de estar amenazando con sacarnos, debería ver cómo nos da papeles”, agregó.

    La campaña de la autodeportación

    Lejos de probar los datos, el Gobierno de Trump prefiere celebrar el éxito de su política migratoria.

    La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo recientemente que los indocumentados “están recibiendo nuestro mensaje de que deben irse ahora”.

    El DHS destinó 200 millones de dólares en una campaña para impulsar la “autodeportación” de extranjeros, a los que les prometen un pago de 1.000 dólares y la posibilidad de que regresen de forma legal, si registran su salida en la aplicación CBP Home.

    Unas 35.000 personas han notificado su salida en la promocionada aplicación, según dijeron dos funcionarios que supervisan el programa a The Atlantic, un registró muy alejado de los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente se han marchado por cuenta propia.

    Menos deportaciones que Biden

    El DHS también ha dejado de publicar el desglose de las cifras de deportación, lo que ha hecho más complicado para organizaciones como MPI hacer un seguimiento.

    Según las últimas cifras, bajo el segundo mandato de Trump se ha deportado a 605.000 extranjeros, un número que se encuentra dentro de un rango que la Casa Blanca podría probar, según Ruiz Soto.

    No obstante, entre estos “deportados” están contabilizados aquellos extranjeros que fueron regresados en los aeropuertos sin haber ingresado a EE.UU. También se encuentran los inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que optan por una salida voluntaria.

    Esta cifra es menor que los 685.000 deportados del último año del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).
    “Creo que el Gobierno Trump se quedará corto para alcanzar ese número”, pronosticó el analista.

    Pero seguramente la Casa Blanca seguirá promocionando que ha sacado a cientos de miles de “los peores de los peores

    criminales” del país, con datos que también han sido puestos en duda.

    El más reciente informe del Instituto Cato encontró que el 73% de personas detenidas por el ICE no tenía antecedentes penales ni cargos penales pendientes. La mayoría de los condenados tenían sentencias por delitos menores, infracciones de inmigración o de tránsito.

  • EEUU empieza a tomar fotos y datos biométricos de extranjeros que entren y salgan del país

    EEUU empieza a tomar fotos y datos biométricos de extranjeros que entren y salgan del país

    Las autoridades estadounidenses empezaron a tomar desde este viernes fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entren y salgan del país por aire, tierra o mar, tras la entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    La normativa, anunciada el pasado octubre, permite al DHS recolectar desde hoy los datos biométricos, como las huellas dactilares y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos.

    También permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta esta fecha.

    La nueva regla afecta a todos los no ciudadanos, incluidos aquellos que posean una tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

    El terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros, fueron las principales amenazas que citó el Gobierno para justificar la aplicación de la normativa.

    «Este sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos», expuso el DHS en la regla.

    La medida fue criticada por activistas de derechos civiles, que cuestionan qué ocurrirá con los datos de los pasajeros, cuánto tiempo se conservarán o qué sucederá en caso de malentendidos.

    Además de esta directriz que endurecerá las normas fronterizas, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, propuso el pasado 10 de diciembre que los turistas de 42 países, incluido España, deban entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para ingresar en Estados Unidos.

    Esta medida aplicaría a los ciudadanos que ingresan a EE.UU. bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés).

    Este programa cobija a turistas y viajeros procedentes de 42 países, entre ellos España, el Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Catar, entre otros.

  • Dos salvadoreños figuran entre los criminales más peligrosos arrestados por EE.UU. en 2025

    Dos salvadoreños figuran entre los criminales más peligrosos arrestados por EE.UU. en 2025

    Dos salvadoreños fueron señalados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) como parte del listado de los “peores de los peores” criminales detenidos durante 2025, una clasificación que incluye a 18 migrantes con antecedentes graves como homicidios, abusos sexuales, tráfico de drogas y vínculos con pandillas.

    En su publicación anual titulada “DHS Unveils 2025 Worst of the Worst Criminal Illegal Aliens Arrested by DHS Law Enforcement”, el gobierno estadounidense destacó el trabajo de sus cuerpos de seguridad en la captura y deportación de estos individuos, señalando que representan un peligro para la población.

    Uno de los salvadoreños identificados es Antonio Israel Lazo Quintanilla, arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en marzo. Aunque su único delito cometido en suelo estadounidense fue conducir sin licencia, las autoridades señalaron que en El Salvador tiene órdenes de captura por homicidio agravado, extorsión, posesión de drogas, entre otros delitos graves.

    El salvadoreño Walter Leonel Pérez Rodríguez fue capturado por una condena por agresión sexual contra una menor de 17 años, múltiples antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, actos lascivos contra menores y reingreso ilegal a Estados Unidos. Foto DHS

    El segundo salvadoreño es Walter Leonel Pérez Rodríguez, quien fue detenido el lunes 3 de noviembre en Houston, Texas. Según ICE, este sujeto tiene una condena por agresión sexual contra una menor de 17 años, múltiples antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, actos lascivos contra menores y reingreso ilegal a Estados Unidos. Durante su arresto, Pérez agredió a un oficial de ICE con una taza metálica de café, causándole una herida en el labio que requirió 13 puntos de sutura, además de quemaduras en el rostro.

    “Los estadounidenses pueden sentirse orgullosos de los agentes del DHS que trabajaron sin descanso para sacar a los peores criminales de sus comunidades”, afirmó la secretaria adjunta Tricia McLaughlin. “Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, los criminales no son bienvenidos. Si vienen a romper nuestras leyes, los encontraremos, arrestaremos y deportaremos”, aseguró.

    El informe también incluyó ciudadanos de Honduras, México, Guatemala, Afganistán, Corea del Sur, Vietnam, Congo y Egipto, todos con extensos historiales criminales.  

     

  • EEUU sube a 3,000 dólares el incentivo a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

    EEUU sube a 3,000 dólares el incentivo a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

    El Gobierno de Estados Unidos triplicó hasta 3,000 dólares el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre, anunció este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también pagará los vuelos de regreso.

    «Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE.UU., les daremos 3,000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3,000 dólares para que regresen a su país», dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.

    Noem especificó que este aumento del «bono de salida» sólo será efectivo hasta el fin de año e incluye a «personas que no han sido detenidas» por agentes migratorios y aquellos «que están detenidos y no tienen cargos penales» en su contra. «Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa», aseguró en entrevista con la cadena FoxNews.

    EE.UU. ya había anunciado en mayo pasado un estipendio de 1,000 dólares y el billete de avión de regreso a sus países a los inmigrantes indocumentados que elijan salir voluntariamente del país.

    «Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar», advirtió Noem.

    En un comunicado, Seguridad Nacional informó este lunes que desde el regreso del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero pasado, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados han escogido la deportación voluntaria, de ellos decenas de miles a través de CBP Home.

    La Administración Trump se ha movido con rapidez para cumplir las promesas de campaña del mandatario de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

    Los múltiples arrestos y redadas contra inmigrantes irregulares desde el retorno al poder del presidente han provocado fuertes críticas por parte de los detractores del republicano y de organizaciones pro-inmigrantes.

  • Estados Unidos elimina programa de reunificación familiar para salvadoreños «por abusos»

    Estados Unidos elimina programa de reunificación familiar para salvadoreños «por abusos»

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la eliminación del programa de libertad condicional por reunificación familiar (FRP, en inglés) para ciudadanos de El Salvador, junto a inmigrantes de otros seis países, debido a supuestos abusos en el uso de este beneficio humanitario.

    La medida, que también afectará a nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití y Honduras, fue publicada en el Registro Federal y establece que los inmigrantes amparados por este programa deberán abandonar Estados Unidos a partir del 14 de enero de 2026, si no cuentan con otro recurso legal para permanecer en el país.

    De acuerdo con el comunicado del DHS, el programa habría sido utilizado de manera indebida para evadir el proceso tradicional migratorio, lo que permitió que personas sin una verificación exhaustiva ingresaran al país bajo el amparo de la reunificación familiar.

    “Esta decisión busca priorizar la seguridad nacional y pública, al mismo tiempo que se reducen los riesgos de fraude y abuso”, subraya el comunicado oficial. La administración Biden explicó que el FRP regresará a un sistema evaluado caso por caso, conforme lo establece la ley migratoria estadounidense.

    Los beneficiarios del programa que no hayan obtenido la residencia permanente antes del 15 de diciembre de 2025 y cuya solicitud aún esté pendiente al 14 de enero de 2026, podrán continuar bajo el beneficio. Sin embargo, si la petición es rechazada, la protección migratoria será revocada inmediatamente.

    Además, la revocatoria del programa implica que también se anularán las autorizaciones de trabajo vinculadas al FRP. El gobierno estadounidense ha informado que notificará caso por caso a los inmigrantes afectados por esta decisión.

    Quienes se encuentren sin un estatus migratorio válido deberán abandonar el país antes de la fecha límite. Para facilitar el proceso, podrán utilizar la aplicación CBP One para registrar su salida del territorio estadounidense, indicó el DHS.

    El gobierno de Estados Unidos anunció que brindará incentivos voluntarios a los afectados, como asistencia financiera, apoyo para obtener documentos de viaje y la exoneración de multas civiles, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos para acogerse a esos beneficios.

     

  • Senador demócrata pide cuentas al Gobierno Trump sobre detención de ciudadanos en Illinois

    Senador demócrata pide cuentas al Gobierno Trump sobre detención de ciudadanos en Illinois

    El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, ha pedido explicaciones al Gobierno del presidente Doanld Trump sobre la detención de por lo menos 40 ciudadanos estadounidenses en las redadas migratorias realizadas en Chicago (Illinois) y alrededores en el operativo Midway Blitz.

    En una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, divulgada este miércoles, el legislador, uno de los miembros de mayor rango del Comité Judicial, criticó a la administración por su enfoque en la aplicación de las leyes migratorias y por mentir.

    Dijo que su oficina ha documentado «la supuesta detención de por lo menos 40 ciudadanos estadounidenses solo en Illinois, entre finales de agosto y principios de noviembre de 2025».

    Noem afirmó recientemente que ningún ciudadano estadounidense ha sido detenido en las redadas realizadas en Chicago por la Operación Midway Blitz.

    “Eso es falso”, declaró el senador en una carta de seis páginas dirigida a Noem, en la que exige respuestas sobre las detenciones.

    «La inquietante realidad es que muchos ciudadanos estadounidenses han sido atrapados en la redada indiscriminada y violenta de la administración Trump en todo el país», escribió Durbin.

    «Agentes armados y enmascarados han arrestado agresivamente a ciudadanos estadounidenses; los han empujado a vehículos sin identificación; los han atacado con pistolas eléctricas, les han dado puñetazos y les han disparado balas de pimienta; y, en algunos casos, los han detenido injustamente en centros de detención migratoria durante días, incluso semanas».

    La carta de Durbin cita informes de prensa con ejemplos de ciudadanos detenidos con violencia y obligados a probar su estatus con documentos, para ser dejados en libertad después de días de reclusión en centros migratorios.

    “A pesar de que los agentes federales de inmigración están deteniendo ilegalmente a ciudadanos en acciones de control, y aunque la mayoría de los estadounidenses piensa que la represión migratoria del presidente Trump ha ido ‘demasiado lejos’, la administración está redoblando sus estrategias en redes sociales”, escribió Durbin.

    “En respuesta a las críticas, los representantes del DHS a menudo han desviado la atención o emitido declaraciones defensivas, engañosas o demostrablemente falsas”, escribió.

    Durbin concluyó su carta solicitando, antes del 16 de este mes, registros que muestren el número total de ciudadanos estadounidenses arrestados durante las actividades de control migratorio desde el 20 de enero, imágenes de cámaras corporales relacionadas, denuncias de arrestos injustificados y documentos relacionados con su capacitación y prácticas de registro, entre otros asuntos.

  • Corte estadounidense bloquea deportaciones rápidas impulsadas por Trump

    Corte estadounidense bloquea deportaciones rápidas impulsadas por Trump

    El Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia rechazó este sábado un recurso del Gobierno estadounidense con el que buscaba reactivar las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados, una política impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La decisión, tomada por mayoría de 2-1, respalda un fallo emitido por la jueza federal Jia Cobb, quien en agosto bloqueó temporalmente estas deportaciones al considerar que vulneran los derechos de los migrantes al debido proceso. El gobierno había solicitado una suspensión mientras apelaba, pero el tribunal no accedió.

    La corte consideró improbable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pueda demostrar que su mecanismo de deportación acelerada cumple con los estándares constitucionales.

    “Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita”, señala la resolución judicial.

    Además, criticó que no se garantice la posibilidad de presentar pruebas sobre su permanencia continua de dos años en Estados Unidos, requisito fundamental para evitar ser deportado bajo este procedimiento. La jueza Cobb ya había advertido que la política “prioriza la rapidez” y que “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.

    La medida fue restablecida por Trump en enero, retomando una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021). Esta permite deportar de forma inmediata a cualquier persona indocumentada que no pueda comprobar al menos dos años de permanencia en el país, sin necesidad de audiencia judicial previa.

    La política ha generado una fuerte polémica entre defensores de los derechos de los migrantes, que denuncian que las expulsiones aceleradas pueden llevar a errores irreparables, al no permitir una evaluación individual de cada caso ni el acceso a asesoría legal.

    El fallo representa un nuevo revés judicial para el gobierno del presidente Trump, que ha buscado endurecer las políticas migratorias como parte central de su agenda. La orden judicial impide, por ahora, que se sigan aplicando estas deportaciones sin pasar por un proceso judicial más exhaustivo.

    Se desconoce si el Departamento de Justicia presentará una nueva apelación ante instancias superiores, pero el tema podría escalar hasta la Corte Suprema, dada su relevancia nacional.