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  • EEUU deporta a presunto pandillero salvadoreño acusado de asesinato

    EEUU deporta a presunto pandillero salvadoreño acusado de asesinato

    El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) informó este martes que un hombre identificado como Salvador Enrique Hernández Solórzano, enfrentará la deportación debido a que es un presunto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) con acusación de asesinato.

    Según DHS, a través de una publicación en su cuenta de la red social X, Hernández Solórzano se le concedió una deportación acelerada en 2023, sin embargo, acusan al gobierno del demócrata Joe Biden de concederle libertad.

    A pesar de lo anterior, la institución de migración comunicó que se ha dictaminado su expulsión del país, luego de haber cumplido con el debido proceso legal. Tras ello, la entidad informó que los inmigrantes con antecedentes penales no serán bienvenidos al país norteamericano.

    “Bajo el mandato del presidente Donald Trump y del secretario Markwayne Mullin, si infringes la ley, enfrentarás las consecuencias. Los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en los EE.UU.”, se lee en la publicación de la entidad norteamericana.

    Por otro lado, la institución también informó que otro salvadoreño identificado como Wilson Zúniga Ayala también fue expulsado de Estados Unidos debido a que tiene 11 condenas por delitos que incluyen robo con allanamiento y hurto.

    Además, informaron que también fue expulsado Adilson Antonio Reyes Arriola, un salvadoreño sin documentos, fue hallado culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island.

    Se le condenó por conspiración para la distribución de un compuesto que contenía una cantidad detectable de cocaína, con un peso igual o superior a cinco kilogramos, indicó la corporación de migración estadounidense.

  • Más de 100 organizaciones alertan despidos de salvadoreños con TPS por errores en permisos de trabajo

    Más de 100 organizaciones alertan despidos de salvadoreños con TPS por errores en permisos de trabajo

    Más de 100 organizaciones internacionales, nacionales y locales pidieron a las nuevas autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) corregir de inmediato la desinformación sobre la vigencia de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS).

    Las entidades señalaron que la confusión sobre la fecha de vencimiento de estos permisos ha derivado en despidos injustificados de miles de trabajadores que cuentan con autorización legal para laborar en Estados Unidos.

    La preocupación también apunta a los retrasos en el procesamiento de solicitudes de TPS y EAD por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), así como a la falta de actualización en bases de datos utilizadas por instituciones para verificar la elegibilidad de beneficiarios.

    Advirtieron que estas fallas afectan tanto a trabajadores como a empleadores y comunidades, y calificaron como inaceptable el impacto generado por la ineficiencia en agencias federales. Solo en el último mes, cientos de salvadoreños han perdido su empleo y otros beneficios acumulados durante años, como vacaciones, bonos y aumentos salariales.

    El 17 de enero de 2025, el DHS extendió el TPS para El Salvador por 18 meses, desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026. Como parte de esa medida, USCIS habilitó una extensión automática de 540 días para los permisos de trabajo de quienes se reinscribieron a tiempo.

    Sin embargo, persisten inconsistencias. Más de 100,000 beneficiarios salvadoreños continúan a la espera de resolución de sus solicitudes, mientras que sistemas oficiales como E-Verify, SAVE y el sitio web de TPS muestran como fecha de vencimiento el 9 de marzo de 2026, generando confusión.

    Las organizaciones recordaron que, durante su audiencia de confirmación, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, prometió un “mejor enfoque” en la gestión del departamento. Por ello, le instaron a cumplir ese compromiso y a tomar acciones urgentes para restablecer la comunicación entre agencias y garantizar que los trabajadores afectados recuperen sus empleos y beneficios.

  • Las bajas de personal en algunos aeropuertos de EEUU llegan al 40 %

    Las bajas de personal en algunos aeropuertos de EEUU llegan al 40 %

    Las ausencias de personal en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) de Estados Unidos alcanzaron niveles críticos de hasta 40 %, generando largas filas y retrasos en varios aeropuertos del país, en medio del cierre parcial del Gobierno federal.

    Un 40.3 % del personal del Aeropuerto William P. Hobby de Houston no se presentó a trabajar el lunes, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), divulgados este martes. Esta terminal encabezó la lista de instalaciones más afectadas.

    El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta reportó un 37.4 % de ausencias, seguido por el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston con un 36.1 %, mientras que el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans registró un 34.9 % menos de trabajadores.

    En Nueva York, la situación también fue significativa: el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy tuvo un 33.7 % de ausencias y el de LaGuardia un 20.3 %. En este último, además, un accidente entre un avión y un camión de bomberos obligó al cierre temporal de la terminal durante varias horas.

    A nivel nacional, el ausentismo en la TSA alcanzó el 10.93 %, equivalente a más de 3,200 empleados que no acudieron a sus puestos, lo que agravó la operatividad en los controles de seguridad.

    El problema surge tras el bloqueo en el Senado del presupuesto del DHS, que mantiene parcialmente cerrado al Gobierno desde hace cinco semanas. Esta situación dejó sin salario a los trabajadores de la TSA, quienes, al ser considerados “esenciales”, deben seguir laborando pese a no recibir pago.

    Las consecuencias ya se reflejan en los aeropuertos, donde las filas han alcanzado hasta cuatro horas de espera, como en el George Bush de Houston, mientras que en el JFK rondan los 60 minutos.

    Ante la crisis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos para apoyar en tareas logísticas y reducir los tiempos de espera.

    El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, explicó que el ICE ayudará a la TSA “a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados”, como supervisar salidas, organizar filas y manejar multitudes.

    Sin embargo, organizaciones promigrantes criticaron la medida, especialmente luego de que se sugiriera que estos agentes podrían realizar arrestos y detenciones, aunque no sea el objetivo principal del operativo.

     

  • Jueza estadounidense bloquea nuevamente deportación de salvadoreño Kilmar Ábrego a Liberia

    Jueza estadounidense bloquea nuevamente deportación de salvadoreño Kilmar Ábrego a Liberia

    Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó este lunes de forma temporal la deportación del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García hacia un tercer país, frenando por ahora la intención del gobierno de trasladarlo a Liberia, en África Occidental.

    La orden fue emitida por la jueza de distrito Paula Xinis, quien decidió mantener vigentes dos resoluciones previas que impedían una segunda deportación del salvadoreño fuera del territorio estadounidense.

    La decisión se conoce días después de que el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, solicitó anular la medida judicial. El funcionario argumentó que el Gobierno planeaba acelerar el traslado de Abrego García hacia Liberia.

    Lyons informó además al tribunal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió desestimar la petición del migrante de ser enviado a Costa Rica, al señalar que no lo elegido como destino durante una audiencia migratoria realizada en 2019.

    “Ni el estatuto ni las regulaciones permiten a un extranjero designar un país de expulsión más allá de la oportunidad inicial otorgada en el proceso de expulsión”, dijo Lyons.

    «Si, como en este caso, a un extranjero se le permitiera designar un país de expulsión años después de la conclusión del procedimiento de expulsión, un extranjero podría evitar ser expulsado designando incesantemente nuevos países de expulsión», añadió.

    El funcionario también señaló que existen negociaciones entre Estados Unidos y Liberia para concretar la expulsión, y advirtió que cancelarlas podría afectar la autoridad diplomática del país.

    El caso de Ábrego García se mantiene en el centro de una disputa legal desde marzo, cuando fue deportado a El Salvador pese a una orden judicial de 2019 que lo protegía, en lo que las autoridades del gobierno reconocieron como un “error administrativo”.

    Posteriormente, la jueza ordenó su retorno inmediato a Estados Unidos, lo que dio paso a un proceso judicial que se ha extendido por un año, con acciones en distintos tribunales y repercusión internacional.

    En una resolución emitida el mes pasado, Xinis también bloqueó un intento del DHS de detener nuevamente al salvadoreño y enviarlo a otros países como Uganda, Ghana, Esuatini o Liberia, al considerar que no existían garantías claras sobre su recepción ni sobre la posibilidad de que fuera reenviado a El Salvador, donde enfrenta riesgos por violencia de pandillas.

    Por su parte, los abogados del migrante criticaron el nuevo intento de deportación hacia Liberia y cuestionaron la postura del gobierno estadounidense.

    “Por un lado, el señor Ábrego García perdió su derecho a designar a Costa Rica como país de expulsión hace siete años, pero por otro lado, reclaman el derecho de designar a Liberia como país de expulsión siete años después”, dijo Sandoval-Moshenberg.

     

  • Trump admite excesos en política de deportaciones masivas en EEUU

    Trump admite excesos en política de deportaciones masivas en EEUU

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en conversaciones privadas con su círculo cercano que algunas de sus políticas de deportación masiva “fueron demasiado lejos”, según reveló el diario The Wall Street Journal.

    De acuerdo con el reporte, el mandatario ha solicitado a sus asesores reducir el énfasis en las deportaciones masivas y enfocar los esfuerzos en la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales.

    Este cambio responde a preocupaciones dentro de su equipo sobre el impacto político de operativos migratorios amplios y visibles en distintas ciudades del país.

    La revisión de la estrategia ocurre en medio de ajustes en el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la salida de Kristi Noem, cuya gestión generó críticas por el endurecimiento de redadas.

    Como posible reemplazo, el presidente de Estados Unidos propuso al senador Markwayne Mullin, quien ha planteado una coordinación más estrecha con autoridades locales y un distanciamiento de medidas polémicas.

    La política migratoria alcanzó uno de sus puntos más críticos en enero, cuando un operativo masivo en Minneapolis derivó en protestas y en la muerte de dos civiles durante acciones de agentes federales.

    Además, desde el 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional enfrenta una crisis institucional tras la suspensión de su financiamiento, en medio de presiones de senadores demócratas para reformar los controles sobre los agentes.

    Este escenario ha generado tensiones dentro del sistema migratorio estadounidense y ha impulsado un replanteamiento de las políticas impulsadas por la actual administración.

    El ajuste en la estrategia refleja un intento por equilibrar la seguridad migratoria con el impacto político y social de las medidas aplicadas.

     

  • Trump presume de una frontera más sólida y menos fentanilo en EE.UU.

    Trump presume de una frontera más sólida y menos fentanilo en EE.UU.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes al iniciar su discurso sobre el Estado de la Unión, ante el Capitolio y en sesión conjunta del Congreso, que el país tiene ahora “la frontera más sólida con diferencia” de su historia.

    El mandatario defendió que, desde su retorno a la Casa Blanca en enero del año pasado, los cruces fronterizos han “caído a cero” y que su política migratoria ha fortalecido la seguridad nacional.

    Trump afirmó que en los últimos nueve meses no se ha admitido a ningún extranjero en condición irregular y subrayó que su administración mantiene una política de puertas abiertas únicamente para quienes ingresen conforme a la ley.

    “En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir personas que ingreses legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación”, indicó el mandatario ante legisladores y autoridades federales.

    En materia de combate al narcotráfico, el presidente sostuvo que el tráfico transfronterizo de fentanilo se redujo en 56 % en el último año.

    “El flujo de fentanilo letal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56 % en un año”, afirmó, al destacar que la disminución responde a los controles reforzados en la frontera y a mayores operativos contra redes criminales.

    El gobernante también resaltó avances en economía, al asegurar que su administración logró contener la inflación y reducir el precio del galón de gasolina por debajo de $2.

    Según dijo, estas medidas han contribuido a aliviar el costo de vida de los estadounidenses, en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones legislativas de medio mandato previstas para noviembre.

    El discurso ocurre en medio de tensiones políticas tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra redadas migratorias en Mineápolis, hecho que derivó en una crisis que llevó al cierre temporal del Departamento Nacional de Seguridad (DHS).

     

     

  • Jueza anula detenciones migratorias sin fianza en EE.UU.

    Jueza anula detenciones migratorias sin fianza en EE.UU.

    Una jueza federal de Estados Unidos dejó sin efecto un fallo de un tribunal de inmigración que otorgaba amplias facultades a la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener detenidos a migrantes sin concederles audiencias para fijar fianza. La decisión también incluyó señalamientos por el uso de la fuerza de agentes federales y el trato brindado a extranjeros bajo custodia.

    La magistrada Sunshine Sykes sostuvo en su resolución que el Gobierno no acató una sentencia emitida en diciembre pasado, en la que se declaró ilegal negar la posibilidad de libertad bajo fianza a personas detenidas. Recordó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había descrito reiteradamente a estos migrantes como «lo peor de lo peor».

    No obstante, la jueza afirmó que «‘lo peor de lo peor’ es una descripción inexacta de la mayoría de los afectados por las operaciones del DHS y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)». Añadió que «Quizás, al utilizar este lenguaje extremo, el DHS busca justificar la magnitud y el alcance de sus operaciones contra extranjeros no delincuentes. Quizás esa frase simplemente refleja la severidad y la conducta malintencionada del Gobierno».

    Durante años, las audiencias de fianza se negaban principalmente a migrantes considerados recién llegados. Sin embargo, la Administración Trump modificó ese criterio histórico al extender la negativa también a personas arrestadas por el ICE tras haber vivido durante años en territorio estadounidense, obligándolas a presentar recursos de habeas corpus para intentar recuperar su libertad.

    Ante este panorama, la jueza advirtió que esta práctica requiere «una mayor reparación» y estableció que los migrantes tienen derecho a una audiencia que determine no solo la posibilidad de fianza, sino también si pueden continuar su proceso fuera del centro de detención al que hayan sido trasladados.

    El fallo también incluyó críticas adicionales al Ejecutivo y enmarcó las amenazas contra ciudadanos extranjeros dentro de un clima de «terror» que, según la magistrada, ha generado una «profunda preocupación» en la población estadounidense por los actos ilegales y descontrolados del poder ejecutivo. Asimismo, señaló que «el poder ejecutivo ha extendido su violencia a sus propios ciudadanos, asesinando a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota», en referencia a Renée Good y Alex Pretti, fallecidos por disparos de agentes federales en enero. A su juicio, «Las amenazas que plantea el poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada», al vincular la actuación de los agentes con los procesos contra migrantes detenidos.

  • Senado de EE.UU. bloquea fondos y cierra parcialmente Seguridad Nacional

    Senado de EE.UU. bloquea fondos y cierra parcialmente Seguridad Nacional

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entró este sábado en un cierre administrativo parcial luego de que legisladores demócratas y republicanos no lograran un acuerdo para financiar las políticas migratorias de la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Se trata de la tercera paralización gubernamental desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca. A diferencia de las dos anteriores —una que se extendió por 43 días entre octubre y noviembre, y otra de casi cuatro días a inicios de este mes— esta solo afecta al DHS, entidad que agrupa varias de las agencias más estratégicas del país.

    El Senado intentó aprobar este jueves un proyecto de ley impulsado por los republicanos para financiar la institución hasta septiembre, pero la propuesta fue bloqueada por casi todos los demócratas. Estos argumentaron que el plan no imponía límites suficientes a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas redadas han provocado protestas y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minéapolis, Minnesota.

    El receso legislativo programado en ambas cámaras, controladas por el Partido Republicano, podría prolongar el cierre del DHS. La institución emplea a más de 270,000 personas y más del 90 % continuará trabajando durante la suspensión presupuestaria, aunque sin recibir salario hasta que se resuelva el impasse.

    Agencias impactadas por la falta de fondos

    El cierre no afecta al resto del Gobierno federal, cuyo presupuesto fue aprobado hasta septiembre. La medida impacta únicamente a las agencias bajo el DHS, entre ellas el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).

    La mayoría del personal es considerado esencial, por lo que deberá permanecer en funciones sin pago temporal. En esta ocasión, los controladores aéreos no resultarán afectados, ya que dependen del Departamento de Transporte.

    ICE, eje de la disputa política

    En los últimos años, el DHS destinó aproximadamente $10,000 millones anuales al funcionamiento del ICE. Esa es la partida que permanece bloqueada en el Congreso.

    El ICE se convirtió en el rostro visible de las políticas migratorias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su segundo mandato. Junto con el CBP, ejecutó redadas en ciudades con mayoría demócrata como Minéapolis, Minnesota, operativos que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

    Pese a que la disputa gira en torno a esta agencia, la ley presupuestaria y fiscal promovida por el Presidente de Estados Unidos otorga margen de maniobra a la secretaria del DHS, Kristi Noem, para redistribuir fondos destinados a operaciones migratorias y garantizar el pago a los agentes, a diferencia de otras dependencias.

    Sectores con mayores repercusiones

    La Guardia Costera y FEMA mantendrán misiones críticas de rescate y atención de desastres, pero reducirán entrenamientos, viajes oficiales y actividades rutinarias. Sus miembros podrían permanecer semanas sin recibir salario si la situación se prolonga.

    El personal de la TSA también deberá laborar sin garantía de pago por tercera ocasión en este mandato. Si el cierre continúa, podrían generarse retrasos en los controles de seguridad en aeropuertos, afectando a viajeros en todo el país.

     

  • Organizaciones piden juicio político contra Secretaria de Seguridad de EEUU por abusos migratorios

    Organizaciones piden juicio político contra Secretaria de Seguridad de EEUU por abusos migratorios

    Más de 50 organizaciones civiles, incluyendo colectivos latinos y defensores de migrantes, exigieron este día a la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciar un juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por lo que calificaron como una gestión migratoria «violenta, imprudente y violatoria de la Constitución».

    La petición fue formalizada mediante una carta enviada al presidente de la Cámara, Mike Johnson, y otros líderes legislativos, en la que acusan a Noem de incentivar prácticas represivas que han dejado múltiples víctimas y de “socavar intencionalmente la misión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

    Entre los grupos firmantes figuran Voto Latino, Freedom for Immigrants (FFI), Hispanic Federation, UnidosUS y Latino Victory Project, quienes destacaron que al menos 187 congresistas ya respaldan la iniciativa de juicio político presentada en enero por la legisladora Robin Kelly por “altos crímenes y faltas menores”.

    Las denuncias contra Noem incluyen la obstrucción del acceso del Congreso a centros de detención migratoria, el uso excesivo de la fuerza —con al menos 14 personas baleadas desde julio de 2025—, y tres muertes documentadas, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

    También criticaron la detención de menores migrantes, como Liam Conejo Ramos, de cinco años, arrestado en Minnesota el mes pasado, lo que desató una fuerte controversia a nivel nacional.

    Las agrupaciones señalaron además que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han resultado en violaciones al debido proceso, detenciones ilegales de ciudadanos indígenas y desacato a órdenes judiciales. Aseguran que Noem ha “desmantelado” las garantías de derechos civiles dentro del DHS y que ha mostrado desconocimiento de principios constitucionales, como el “habeas corpus”.

    “Demandamos que hagan que la secretaria Noem rinda cuentas por sus violaciones sistemáticas a las protecciones constitucionales y su ataque directo a la autoridad del Congreso. El Congreso debe actuar ahora para removerla de su puesto antes de que más vidas se pierdan”, expresaron las organizaciones en el cierre de la carta.

     

  • La administración Trump ha arrestado a 379,000 migrantes en un año, según ICE

    La administración Trump ha arrestado a 379,000 migrantes en un año, según ICE

    Un total de 379,000 inmigrantes fueron arrestados entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026 por la administración del presidente Donald Trump, según reveló este martes el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, en una comparecencia ante el Congreso estadounidense.

    Lyons detalló que entre los arrestados figuran “más de 7,000 presuntos pandilleros y más de 1,400 terroristas conocidos o sospechosos”. El funcionario aseguró que ICE “mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas”.

    La comparecencia ante la Cámara de Representantes ocurre en medio de crecientes tensiones por la política migratoria del gobierno de Trump, especialmente tras las redadas realizadas en Minnesota, que generaron rechazo ciudadano luego de la muerte de dos estadounidenses por disparos de agentes federales.

    El episodio ha obligado a la Casa Blanca a moderar su discurso migratorio, justo cuando los demócratas mantienen su oposición a financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras no se reformen aspectos clave de sus operaciones.

    Entre las exigencias del bloque demócrata se encuentran restricciones al ingreso de agentes a viviendas sin una orden judicial firmada, así como la prohibición o limitación del uso de máscaras por parte de los funcionarios en operativos.

    Si no se alcanza un acuerdo presupuestario antes del fin de semana, el DHS podría enfrentar un cierre administrativo, lo que paralizaría sus funciones esenciales a nivel nacional.